Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán.
EPR: ¿Quién fue?
Aceptan represión Oaxaca, en la mira
Pasó desapercibida para buena parte de la ciudadanía una noticia que no sólo le dará un vuelco a la concepción represora del Estado mexicano, sino que podría ser la punta de la madeja para saber quién y por qué se ordenó la desaparición de los dos eperristas reclamados, así como su destino.
Como se sabe, desde hace poco más de un año, la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario denunció que dos de sus líderes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, habían sido detenidos por presuntos policías y desaparecidos. Acusó a los gobiernos de Oaxaca y federal de la “desaparición forzada”, en tanto que el gobernador Ulises Ruiz negó la especie y el de Calderón no dio respuesta clara.
Los eperristas iniciaron acciones de sabotaje contra instalaciones petroleras a manera de presión contra el gobierno federal, que se comprometió a investigar a fondo, y apenas en semanas anteriores aceptó la creación de una comisión de mediación entre los guerrilleros y el Estado.
Pero apenas este jueves, en un comunicado oficial, Gobernación reconoció, por primera vez desde que se denunció la desaparición, que para el Estado y para el gobierno de Calderón, el hecho es considerado “bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”. ¿Qué quiere decir eso?
ESTADO REPRESOR
Resulta que esas nueve palabras bajo las que define la Segob la indagatoria respecto a la desaparición de los eperristas son el reconocimiento del gobierno de Calderón de que se presume que, en efecto, Edmundo y Gabriel fueron desaparecidos por alguna autoridad del Estado, en forma directa o por personas que contaron con el aval de alguna autoridad para llevar a cabo la desaparición.
El gobierno panista de Calderón ha reconocido lo que nunca aceptaron gobiernos del PRI —sobre todo en la guerra sucia— o del PRD —en la democracia electoral—: que la PGR del segundo gobierno en manos del derechista PAN investiga si instituciones del Estado cometieron delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas. O desde otra óptica, que instituciones diversas, de niveles no precisados, habrían actuado como si fueran parte de un Estado represor.
El gobierno de Calderón se había cuidado de no referirse a los eperristas desaparecidos como un caso de “desaparición forzada”, porque según el derecho internacional estos casos se tipifican como producto de la desaparición ordenada y llevada a cabo por el Estado, por alguna de sus instituciones o por terceros avalados por él o sus instituciones.
Así, cuando la Segob reconoce el tipo penal de la desaparición de los eperristas como “desaparición forzada”, la propia dependencia encargada de la seguridad interna y la gobernación acepta la posibilidad de que alguna institución del Estado llevó a cabo esa desaparición. La pregunta es natural: ¿quién es el responsable? ¿A qué posible institución se refiere Gobernación?
OAXACA, EN LA MIRA
La revelación no es menor. Debemos recordar que en el sistema presidencialista mexicano, el presidente de la República es, al mismo tiempo, jefe del gobierno y jefe del Estado. Frente a esa jefatura dual, la responsabilidad final de la desaparición es de Calderón, quien no la puede evadir por ningún lado.
Ahora bien, si el jefe del gobierno y del Estado ha reconocido que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, podemos suponer que cuenta con elementos para ello. ¿Qué información conoció la Segob en los 15 meses que han transcurrido desde la desaparición?
Se podría hablar de información privilegiada, de secreto de Estado y llevar el imaginario hasta el infinito. Lo cierto es que todos los indicios conducen a Oaxaca, y, sobre todo, al gobierno del priísta con suerte, mucha suerte, Ulises Ruiz. Toda la información pública apunta a que policías del gobierno de Oaxaca habrían detenido en un hotel de la capital de esa entidad a los dos jefes guerrilleros. Por supuesto, Ruiz siempre ha negado la especie.
Pero lo que no todos saben es que desde la aparición del conflicto magisterial que casi lo derriba, desde los tiempos de la crisis que dio origen a la APPO y a la participación del EPR en ese movimiento, el gobernador oaxaqueño compró protección política en las trincheras del PRI.
Si se recuerda, el conflicto violento que durante más de un semestre llevó a Oaxaca a una virtual guerra civil se produjo en medio del polarizado proceso electoral de 2006 —y pretendió ser usado por uno de los actores políticos como ariete para sus reacciones—, lo que obligó a una alianza forzada entre el candidato Calderón y luego presidente electo, y luego el presidente constitucional, con el PRI para mantener en su puesto a Ruiz.
Esa alianza, político-electoral en un principio, pero luego estratégica y hasta de seguridad nacional para el naciente gobierno federal, obligó al jefe del Estado y del gobierno a mirar para otro lado cuando se hablaba de Oaxaca y de su gobernador. Pero al parecer las cosas han llegado a un límite y el de Ruiz ya no es un gobierno útil para la administración de Calderón.
CONTRA LOS RADICALES
Pero aquí no estamos diciendo que mañana o en la semana por venir sean las últimas horas del gobierno de Ruiz. Lo cierto es que están en puerta dos acontecimientos que podrían ser determinantes para el oaxaqueño. Uno, la reforma petrolera. ¿Cuánto vale el gobierno de Oaxaca para esa reforma? La pregunta es pertinente sobre todo si se toma en cuenta que desde la Segob ya lanzaron la advertencia con dedicatoria al gobierno de Ulises Ruiz. Al reconocer que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, el mensaje es que se busca un culpable en las instituciones del Estado.
El segundo acontecimiento es la eventual movilización que provocaría la reforma petrolera. En el gobierno de Calderón tienen claro que los amagos de AMLO respecto a la movilización son un hecho. Que al amparo de los grupos más radicales y de buena parte del lumpen político, el obradorismo pretenderá echar abajo al gobierno de Calderón, y que el cuento de la privatización petrolera será el pretexto ideal.
Como quedó claro en la casi guerra civil de Oaxaca, grupos vinculados al EPR son capaces de una virtual guerra de guerrillas urbana, capaz de desestabilizar, por ejemplo, a la capital del país. En Los Pinos están urgidos a quitarle al EPR y a otros grupos radicales todos los argumentos para impedir que se sumen a una locura golpista como la que prepara López Obrador.
Pero tampoco ahí acaba el asunto. Ya están encima las elecciones de 2009, y la política mediática del gobierno de Calderón entrará muy pronto a la dinámica de los resultados. Es decir, a ofrecer soluciones de fuerte impacto: la reforma petrolera será una, la aclaración de la desaparición de los eperristas, otra, y así, una por una. En todo caso, la pregunta que falta por responder es: ¿y qué haría el PRI si cae Ulises Ruiz? Al tiempo.
Pasó desapercibida para buena parte de la ciudadanía una noticia que no sólo le dará un vuelco a la concepción represora del Estado mexicano, sino que podría ser la punta de la madeja para saber quién y por qué se ordenó la desaparición de los dos eperristas reclamados, así como su destino.
Como se sabe, desde hace poco más de un año, la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario denunció que dos de sus líderes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, habían sido detenidos por presuntos policías y desaparecidos. Acusó a los gobiernos de Oaxaca y federal de la “desaparición forzada”, en tanto que el gobernador Ulises Ruiz negó la especie y el de Calderón no dio respuesta clara.
Los eperristas iniciaron acciones de sabotaje contra instalaciones petroleras a manera de presión contra el gobierno federal, que se comprometió a investigar a fondo, y apenas en semanas anteriores aceptó la creación de una comisión de mediación entre los guerrilleros y el Estado.
Pero apenas este jueves, en un comunicado oficial, Gobernación reconoció, por primera vez desde que se denunció la desaparición, que para el Estado y para el gobierno de Calderón, el hecho es considerado “bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”. ¿Qué quiere decir eso?
ESTADO REPRESOR
Resulta que esas nueve palabras bajo las que define la Segob la indagatoria respecto a la desaparición de los eperristas son el reconocimiento del gobierno de Calderón de que se presume que, en efecto, Edmundo y Gabriel fueron desaparecidos por alguna autoridad del Estado, en forma directa o por personas que contaron con el aval de alguna autoridad para llevar a cabo la desaparición.
El gobierno panista de Calderón ha reconocido lo que nunca aceptaron gobiernos del PRI —sobre todo en la guerra sucia— o del PRD —en la democracia electoral—: que la PGR del segundo gobierno en manos del derechista PAN investiga si instituciones del Estado cometieron delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas. O desde otra óptica, que instituciones diversas, de niveles no precisados, habrían actuado como si fueran parte de un Estado represor.
El gobierno de Calderón se había cuidado de no referirse a los eperristas desaparecidos como un caso de “desaparición forzada”, porque según el derecho internacional estos casos se tipifican como producto de la desaparición ordenada y llevada a cabo por el Estado, por alguna de sus instituciones o por terceros avalados por él o sus instituciones.
Así, cuando la Segob reconoce el tipo penal de la desaparición de los eperristas como “desaparición forzada”, la propia dependencia encargada de la seguridad interna y la gobernación acepta la posibilidad de que alguna institución del Estado llevó a cabo esa desaparición. La pregunta es natural: ¿quién es el responsable? ¿A qué posible institución se refiere Gobernación?
OAXACA, EN LA MIRA
La revelación no es menor. Debemos recordar que en el sistema presidencialista mexicano, el presidente de la República es, al mismo tiempo, jefe del gobierno y jefe del Estado. Frente a esa jefatura dual, la responsabilidad final de la desaparición es de Calderón, quien no la puede evadir por ningún lado.
Ahora bien, si el jefe del gobierno y del Estado ha reconocido que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, podemos suponer que cuenta con elementos para ello. ¿Qué información conoció la Segob en los 15 meses que han transcurrido desde la desaparición?
Se podría hablar de información privilegiada, de secreto de Estado y llevar el imaginario hasta el infinito. Lo cierto es que todos los indicios conducen a Oaxaca, y, sobre todo, al gobierno del priísta con suerte, mucha suerte, Ulises Ruiz. Toda la información pública apunta a que policías del gobierno de Oaxaca habrían detenido en un hotel de la capital de esa entidad a los dos jefes guerrilleros. Por supuesto, Ruiz siempre ha negado la especie.
Pero lo que no todos saben es que desde la aparición del conflicto magisterial que casi lo derriba, desde los tiempos de la crisis que dio origen a la APPO y a la participación del EPR en ese movimiento, el gobernador oaxaqueño compró protección política en las trincheras del PRI.
Si se recuerda, el conflicto violento que durante más de un semestre llevó a Oaxaca a una virtual guerra civil se produjo en medio del polarizado proceso electoral de 2006 —y pretendió ser usado por uno de los actores políticos como ariete para sus reacciones—, lo que obligó a una alianza forzada entre el candidato Calderón y luego presidente electo, y luego el presidente constitucional, con el PRI para mantener en su puesto a Ruiz.
Esa alianza, político-electoral en un principio, pero luego estratégica y hasta de seguridad nacional para el naciente gobierno federal, obligó al jefe del Estado y del gobierno a mirar para otro lado cuando se hablaba de Oaxaca y de su gobernador. Pero al parecer las cosas han llegado a un límite y el de Ruiz ya no es un gobierno útil para la administración de Calderón.
CONTRA LOS RADICALES
Pero aquí no estamos diciendo que mañana o en la semana por venir sean las últimas horas del gobierno de Ruiz. Lo cierto es que están en puerta dos acontecimientos que podrían ser determinantes para el oaxaqueño. Uno, la reforma petrolera. ¿Cuánto vale el gobierno de Oaxaca para esa reforma? La pregunta es pertinente sobre todo si se toma en cuenta que desde la Segob ya lanzaron la advertencia con dedicatoria al gobierno de Ulises Ruiz. Al reconocer que la PGR investiga la desaparición de los eperristas bajo el estatus de “desaparición forzada”, el mensaje es que se busca un culpable en las instituciones del Estado.
El segundo acontecimiento es la eventual movilización que provocaría la reforma petrolera. En el gobierno de Calderón tienen claro que los amagos de AMLO respecto a la movilización son un hecho. Que al amparo de los grupos más radicales y de buena parte del lumpen político, el obradorismo pretenderá echar abajo al gobierno de Calderón, y que el cuento de la privatización petrolera será el pretexto ideal.
Como quedó claro en la casi guerra civil de Oaxaca, grupos vinculados al EPR son capaces de una virtual guerra de guerrillas urbana, capaz de desestabilizar, por ejemplo, a la capital del país. En Los Pinos están urgidos a quitarle al EPR y a otros grupos radicales todos los argumentos para impedir que se sumen a una locura golpista como la que prepara López Obrador.
Pero tampoco ahí acaba el asunto. Ya están encima las elecciones de 2009, y la política mediática del gobierno de Calderón entrará muy pronto a la dinámica de los resultados. Es decir, a ofrecer soluciones de fuerte impacto: la reforma petrolera será una, la aclaración de la desaparición de los eperristas, otra, y así, una por una. En todo caso, la pregunta que falta por responder es: ¿y qué haría el PRI si cae Ulises Ruiz? Al tiempo.
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