21 mar 2012

Hacia el debido proceso


 La defensa de Cassez/Agustín Acosta Azcón, El autor es uno de los abogados defensores de Florence Cassez.
Reforma, 21 de marzo de 2012
"Pero mientras sostengo los derechos... de la invencible verdad, si pudiese contribuir a salvar de una muerte horrenda, a algunas de las desgraciadas víctimas de la tiranía, o de la ignorancia que es igualmente funesta, las bendiciones y las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y felicidad, me consolarían del desprecio del resto de los hombres". César Bonesana, Marqués de Beccaria
Defiendo a Florence Cassez porque creo en su inocencia. La conocí cuando fue condenada en primera instancia a 96 años de cárcel. Asumí su defensa pues inmediatamente me asaltaron las dudas y las enormes inconsistencias del caso. Hoy, a 4 años de distancia, esa convicción me sostiene.


El derecho es discurso y eso es precisamente el proyecto del ministro Zaldívar. Un discurso que toma en serio nuestros derechos. Por vez primera, una instancia judicial examina el caso en toda su complejidad. No es posible entender la historia de Florence si no se empieza por el principio. Ese principio fue una mentira urdida por una autoridad cuya misión es descubrir la verdad. Hasta ahora, ningún tribunal había buscado explicar el caso desde el hecho incontrovertible del montaje.
El montaje dice muchas cosas. En primer lugar contradice la versión oficial de la policía y sobre todo las primeras narraciones de los testigos. La policía dijo haber entrado al rancho a las 7.15 de la mañana y la televisión registró las 6.47. Lo digo pues de ese tamaño son las contradicciones. La escenificación es un acto prohibido por la Constitución. De mi parte agrego es una mentira grosera que nos quiso tomar el pelo.
Florence no fue sorprendida en el rancho, ni en flagrancia, ni en presencia de personas secuestradas. Fue detenida un día antes en la carretera y luego incomunicada cerca de 24 horas, encerrada en una camioneta donde nunca se le dijo de qué se le acusaba o quién la acusaba. En la madrugada fue llevada al rancho donde se le obligó a jugar el papel de villana en una mala película policiaca. En ese momento, un monosílabo la salvó. Entonces, colocada en la más desnuda indefensión, Florence dijo: No.
Nuestra justicia no puede cerrar los ojos ante semejante abuso. Hoy el proyecto nos está indicando que no se vale torcer la ley.
En cambio, el gobierno sigue instalado en la negación. Las explicaciones de algunos han rayado en el ridículo. ¡Un fiscal salió a justificar que Florence no fue puesta a disposición por el tráfico del periférico y una precandidata afirmó que hubo debido proceso porque Florence no fue torturada! Y lo más grave, el presidente pareció olvidarse que en nuestra República hay división de poderes. En su exabrupto tampoco pareció importarle que los queremos cada día más independientes.
En esta semana, no he escuchado ningún argumento sólido que contradiga el proyecto. Realmente no hemos sido capaces de articular un debate sereno. Lo ideal hubiera sido una audiencia pública en la que fiscales y defensa hubiésemos contrastado argumentos ante los ministros de la Suprema Corte y frente a la sociedad.
Con todo, esta semana ha sido singular. Como nunca un proyecto judicial nos convocó a discutir y a pensar el país donde queremos vivir. Para mí, las preguntas son sencillas: ¿Queremos un lugar donde el abuso más flagrante sea tolerado? ¿Queremos debido proceso? ¿Queremos que la manipulación se imponga sobre los hechos, que la mentira prevalezca sobre la verdad?
Las preguntas parecen sencillas, pero el caso no lo es. Catorce tomos de expediente judicial y una condena cuya única base son testimonios contradictorios. Además, ante la avalancha declarativa, me veo obligado a decirlo: un expediente en el que los testigos han variado sus versiones según las necesidades mediáticas del escándalo. A mí también me preocupan las víctimas y mucho. Ellas tienen ante todo el derecho a la verdad, pues sin verdad no hay justicia, ni reparación posible, sólo venganza.
La Corte tiene la elevada misión de corregir los actos contrarios a la Constitución y así se alza como última palabra. Su decisión no cambiará las cosas de la noche a la mañana, pero por algún lado tenemos que empezar.

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