Juicios públicos /Sergio Sarmiento

Juicios públicos /Sergio Sarmiento

Reforma, 21 Mar. 12

"Las averiguaciones deben ser privadas; los juicios, públicos". Principio jurídico
Por primera vez el país está discutiendo un caso penal con algún conocimiento de los hechos registrados en el expediente. No es que haya habido un cambio en la política de transparencia judicial: a los ciudadanos que no somos parte de un juicio se nos sigue impidiendo de manera sistemática el acceso a los expedientes. Pero en este caso, cuando menos, el dictamen del ministro Arturo Zaldívar nos ha permitido un acceso indirecto a estos documentos.

Quizá por eso la Procuraduría General de la República se ha molestado tanto con la divulgación del dictamen del ministro Zaldívar. Después de que surgieron una serie de negativos "comentarios filtrados" en distintos medios de comunicación sobre la decisión de la Corte de difundir el dictamen, el subprocurador de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, comentó molesto el 11 de marzo: "Habrá que preguntarle a la Corte si a partir de ahora los jueces y los magistrados harán públicas las resoluciones antes de publicarlas oficialmente".

Un viejo principio jurídico internacional establece que las averiguaciones deben mantenerse bajo secrecía, pero los juicios tienen que ser públicos. Este principio se respeta en los países que viven en un Estado de derecho, pero en México se mantienen los expedientes bajo secreto no sólo durante el juicio sino varios años después.

Se dice que con la opacidad se evita que los juicios sean dirimidos en los medios, como en otros países, pero esto es una tontería. Los juicios importantes, como el Medina-Abraham de Mérida o el de Florence Cassez en la actualidad, se ventilan abiertamente en los medios, sólo que sin la base que puede dar el conocimiento de los hechos. La única manera en que hoy en día los medios y el público se enteran de los expedientes es a través de filtraciones, siempre interesadas, de las autoridades o de los abogados que representan a una parte en los juicios.

Millones de mexicanos han juzgado ya a Florence Cassez sin conocer los detalles del caso. El escritor Héctor de Mauleón tuvo acceso a los 13 tomos del caso y los leyó con detenimiento. El resultado fue el interesante artículo "La verdad secuestrada", publicado en Nexos en julio de 2011, que concluyó que los expedientes no permiten determinar si Cassez es culpable o inocente, en buena medida por las contradicciones en las declaraciones de las víctimas y testigos, pero sí deja en claro que las autoridades operan en la opacidad, torturan, inducen declaraciones, falsean los hechos y hacen montajes falsos.

No sé cuál vaya a ser la decisión de los cinco ministros de la primera sala sobre el caso de Florence Cassez. Bastantes han sido las presiones que han sufrido de los dos lados en esta batalla como para que yo me una a alguno. Me parece, eso sí, que el presidente Felipe Calderón cometió un error importante al sumarse al coro de quienes presionan a los ministros. Pero estoy convencido de que los cinco ministros juzgarán con honestidad, y atendiendo a las reglas que establece la ley... y también sé que serán cuestionados después por quienes no estén de acuerdo con su fallo.
Este caso, sin embargo, debería servir de fundamento para exigir que ahora sí se cumpla en México el precepto de que los juicios deben ser públicos. Todos los interesados -víctimas y acusados- podrán gozar de una mayor justicia si los procedimientos son sometidos al escrutinio público. Muchas opiniones sin fundamento se seguirán emitiendo, es cierto, como ocurre ahora a pesar de la opacidad judicial, pero por lo menos habrá un mayor conocimiento sobre cuáles son los elementos de cada caso.
Twitter: @sergiosarmient4