Proceso # 1884, 9 de diciembre de 2012
Recién estrenado el nuevo gobierno ya sintió la presión del duopolio televisivo. El domingo 2, el presidente Enrique Peña Nieto acudió al Palacio Nacional para signar el Pacto por México. Entre los “compromisos” de su gobierno, el décimo causó expectativa: iniciar el proceso de licitación de dos cadenas de televisión abierta; planteaba, además, la obligación para la televisión abierta de “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los operadores del servicio de paga. Esto último desató la cólera de los potentados del duopolio, quienes de inmediato ejercieron su poder para anular el punto. Tardaron menos de 24 horas en conseguir su objetivo.
Cuando Enrique Peña Nieto concluyó la lectura de su “décima decisión presidencial” y ofreció que su gobierno “licitará dos cadenas de televisión abierta en los siguientes meses”, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, se levantó de su asiento.
Iba a marcharse del recinto del Palacio Nacional, en clara señal de disgusto. No obstante, Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y su mano derecha, le sugirió que permaneciera sentado.
Curiosos, los empresarios ubicados en los lugares aledaños al asiento de los hombres que llevan las riendas de Televisa observaron la escena. Entre ellos, Bernardo Quintana, de Grupo ICA; Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, y a unos cuantos asientos de distancia, Carlos Slim, el magnate de la telefonía mexicana (Telmex-Telcel) y adversario de Azcárraga Jean en el terreno del triple play.
La
incomodidad se le notaba en el rostro al heredero del imperio fundado por
Emilio Azcárraga Vidaurreta. A la salida del recinto, Azcárraga Jean comentó:
“A ver quién le entra a lo de las cadenas de televisión abierta. El pastel de
la publicidad ahí no crece. Es de sólo 2% o 3%. La banda ancha sí es el
negocio”.
En el mismo
compromiso décimo, Peña Nieto prometió “generar mayor competencia económica,
particularmente en el sector de las telecomunicaciones. El objetivo es que
todos los mexicanos tengamos acceso a productos y servicios de mayor calidad y
a mejores precios”.
Y agregó
que, por ello, en los próximos días enviará “una iniciativa para reconocer en
la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas
para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y
radio”; es decir, el triple play.
Tras bambalinas, los operadores de
Televisa y de TV Azteca presionaron a los negociadores del Pacto por México
para que se modificara el texto del Compromiso 43, relativo a la competencia en
radio y televisión.
Hasta la
madrugada del domingo 2, el texto original contenía una frase que molestó a los
dos potentados de la televisión en México, quienes controlan 95% de las señales
de televisión y acaparan los contenidos tanto en señal abierta como en restringida.
El texto original comprometía a la
televisión abierta a “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los
operadores de televisión de paga; es decir, que se aplicara la regla conocida como must offer.
Esta obligación, existente en otras legislaciones internacionales de
telecomunicaciones, afectaría el dominio de Televisa sobre los sistemas de
televisión por cable (tiene más de 55% de los suscriptores a través de
Cablevisión, Cablemás y TVI); de televisión satelital (Sky, cuya competencia más
fuerte es Grupo Dish, de MVS), así como los planes de TV Azteca de ingresar al
mercado de la televisión de paga.
Por medio de
algunos legisladores del PRI y del Partido Verde, así como de asesores de
Televisa, los dueños del duopolio presionaron para que en el texto del
“Compromiso 43” se modificara la frase relativa a la gratuidad de las señales
de televisión abierta. Así quedó la redacción final:
“Se
licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de
operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la
obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio
difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de
ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos (subrayado del
reportero) sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer),
imponiendo límites a la concentración de mercados y a los concesionarios de
varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar
un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y
televisión.”
De esta
manera, en menos de 24 horas el poder fáctico de las televisoras obligó a
cambiar una frase sustancial que hubiera garantizado una competencia efectiva
en el mercado de las telecomunicaciones.
“Si dicho
cambio se logró en unas horas, no hay que tener mucha imaginación para
anticipar lo que podría lograrse después”,
comentó el especialista Gabriel Sosa Plata.
“Se doblaron
los negociadores”, afirmó la diputada federal del PRD, Purificación
Carpinteyro, impulsora de una iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio
y Televisión, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Derechos
de Autor, cuyo objetivo principal es garantizar un must offer gratuito para
todos los sistemas de televisión de paga.
“Yo no avalo
el texto de ese compromiso. Seguiré empujando mi iniciativa de ley. El PRD
seguirá pugnando por que la televisión abierta sea gratuita”, afirma
Carpinteyro en entrevista con Proceso.
–¿Qué sucedió en esta
negociación? –se le pregunta.
–Yo no
participé directamente. No hubo consenso en esta parte, mientras tuvieron que
aceptar lo de la licitación de las dos cadenas de televisión. Hacer que paguen
por la señal de televisión abierta es un síntoma del poder que tienen las
televisoras.
Otros
sectores descontentos con la redacción final de este compromiso son la mayoría
de los cableros que no pertenecen al “bloque Televisa”, formado por las empresas
más grandes (Cablevisión, Cablemás, TVI y la sociedad con Megacable).
Entre ellos,
la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ATRM), que agrupa a la
mayoría de cableros que ha denunciado el dominio monopólico y las tarifas
impuestas por Televisa y TV Azteca para ofrecer sus señales de televisión
abierta a todas aquellas empresas de televisión por cable no dominadas por las
filiales de Azcárraga Jean o por PCTV.
“La
redacción implica una obligación con dedicatoria únicamente a los cableros y un
derecho de cobrar sus servicios ‘a precios competitivos’ disfrazados de
obligación”, afirma Salomón Padilla, vicepresidente y representante legal de
ATRM.
La propia
Comisión Federal de Competencia (CFC) ha respaldado la iniciativa de la
diputada Carpinteyro. En un oficio enviado el lunes 3 a la legisladora del PRD,
el presidente de este órgano desconcentrado, Eduardo Pérez Motta, advierte que
“el cobro por la retransmisión de señales de televisión abierta por televisión
restringida podría ser utilizado para desplazar o impedir indebidamente la
entrada de operadores de televisión restringida, lo que podría generar
ineficiencias en el mercado de televisión restringida.
“Por ello, el acceso gratuito de los medios de
comunicación a las señales de televisión abierta contribuiría a eliminar los
incentivos que tienen las empresas que manejan múltiples plataformas (que
transmiten por televisión abierta y televisión restringida) a realizar
prácticas anticompetitivas, lo que permitiría eliminar las ineficiencias que se
generen con este tipo de conductas, en beneficio de los consumidores”, plantea
en su parte medular el oficio de Pérez Motta enviado para comentar la
iniciativa de ley impulsada por Carpinteyro.
Sólo
promesas
Otras partes
medulares del Pacto por México, firmado el domingo 2, prometen fortalecer las
funciones de la CFC, organismo responsable de combatir las prácticas
monopólicas; utilizar las bandas de los 700 MHz y de los 2.5 GHz para el acceso
a la banda ancha en sitios públicos; “crear una instancia responsable de la
agenda digital”, y regular “a cualquier operador dominante en telefonía y
servicios de datos”, en clara referencia al dominio ejercido por empresas como
Telmex y Telcel.
En el caso
de la CFC, el pacto promete dotarla de “mayores herramientas legales mediante
las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de
mercado en todos los sectores de la economía; en particular se le otorgará la
facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos
penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para
hacerlos efectivos. Asimismo, se acotarán los procedimientos para dar eficacia
a la ley”.
Al
preguntarle cuál es su postura respecto a este compromiso, Pérez Motta dice a
este semanario que lo más importante no es agregarle facultades al organismo
que encabeza, sino “cuidar las que ya tenemos por ley y que no se puedan
erosionar a través de nuevas reformas”.
El
presidente de la CFC no muestra mucho entusiasmo con este compromiso. Relata
que en Estados Unidos sólo se ha utilizado tres veces en más de 100 años la
facultad del organismo antimonopolios para partir empresas, como en el caso de
AT&T.
“Esta facultad debe utilizarse en casos
verdaderamente excepcionales. Es más importante preservar la facultad que tiene
la comisión para incidir en los activos de las empresas monopólicas”, plantea.
Por su
parte, en declaraciones a la agencia Bloomberg, Carlos Slim, presidente de
Grupo Carso, afirmó en referencia indirecta a este tema:
“Necesitamos regulaciones que estimulen la
inversión, que promuevan la cobertura y la competencia en todos los servicios.
No necesitamos regulaciones que únicamente penalizan a las compañías por su
tamaño.”
Entre los
compromisos del Pacto por México no se aclara cuál será la posición del nuevo
gobierno frente a la posibilidad del cambio de título de concesión de Telmex
para que pueda ofrecer servicios de televisión restringida y competir en el
mercado del triple play con Televisa y TV Azteca, sus adversarios frontales en
este tema.
Por otro lado, el polémico tema de la
banda de los 2.5 GHz, detentada en su mayoría por la empresa MVS, se distendió por ahora, luego del
conflicto suscitado entre funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y el
consorcio encabezado por Joaquín Vargas.
En su primera conferencia de prensa,
el nuevo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dejó abierta la posibilidad
de un arreglo con MVS, al afirmar que la administración de Peña Nieto “podría dar marcha atrás al proceso de rescate de la banda de los 2.5
GHz del espectro radioeléctrico”.
Acerca del
cambio de título de concesión de Telmex, Ruiz Esparza fue aún más vago. Afirmó
que la SCT “estará abierta” a las distintas posibilidades y todo dependerá de
la posición de la empresa.
Nuevas
cadenas
En el único
asunto donde han sido más claros Ruiz Esparza y el propio Peña Nieto en
entrevistas de prensa es en el de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
El titular
de la SCT, quien formó parte del gabinete de Alfredo del Mazo en el Estado de
México, reiteró que la licitación de las dos cadenas se efectuará en los
próximos tres a cinco meses.
“Tenemos la instrucción de sacar en los
próximos meses la licitación de las dos cadenas de televisión digital, lo que
será un evento sumamente importante para el país. Estamos analizando las bases
de la licitación”, abundó el funcionario.
Las bases de
licitación están en manos de los integrantes de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel). El proyecto fue impulsado desde principios de
2011 por el actual presidente de este organismo, Mony de Swaan, pero ha
enfrentado múltiples obstáculos, así como diferencias con los otros cuatro
comisionados.
Al autorizar
la fusión de Televisa y Iusacell, la CFC puso como una de las seis condiciones
que se licitaran dos nuevas cadenas de televisión digital. El plazo límite para
conocer las bases de licitación se cumplió el 30 de noviembre pasado, y no se
cumplieron.
Al
preguntarle qué opina acerca de este tema, Pérez Motta comenta que la
licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital “es un compromiso
que aplaudo” y constituye “una muestra de que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder
Legislativo se están haciendo bolas”.
–¿Tiene
confianza en esta posibilidad a pesar de que se cumplió el plazo del 30 de
noviembre y no estuvieron listas las bases de licitación?
–Mire, hay
declaraciones del presidente Peña Nieto en este sentido y además hay un
calendario que ya estableció el nuevo titular de la SCT. Eso garantiza que, al
menos, en este tema hay un compromiso claro.
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