México,
D.F., 3 de septiembre de 2014 Comunicado No. 56
FIRMAN
PJF, SEGOB Y PGR SOLICITUD DE DECLARATORIA DE INICIO GRADUAL DE VIGENCIA DEL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL CONGRESO DE LA UNIÓN
La
reforma penal constituye la piedra angular del México que apuesta por un régimen
donde las victimas del delito no puedan ser revictimizadas por actos de las
autoridades; ni los procesados ser victimas del Estado, subrayó el ministro
presidente Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al firmar la Solicitud de
Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de
Procedimientos Penales, conjuntamente con Monte Alejandro Rubido, comisionado
Nacional de Seguridad, en representación del secretario de Gobernación, y el
procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam.
En
la ceremonia de Solicitud de Declaratoria al Congreso de la Unión, el ministro
Silva Meza señaló que la reforma penal y la implementación del Nuevo Sistema
Penal Acusatorio es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de
justicia de un sentido más humano, al fortalecer los derechos y las libertades
de las personas, reconocidos en nuestra Norma Suprema y por los tratados
internacionales de los que formamos parte.
Reconoció́
la participación comprometida, coordinada y puntual de los Poderes de la Unión,
para facilitar las herramientas necesarias y hacer efectivo el mandato
constitucional de implementar la reforma constitucional en materia penal.
“La
confianza de la sociedad pasa por una defensa irrestricta a los derechos
humanos y el combate a la impunidad, razón por la cual, los tres órganos de
gobierno, estamos comprometidos a llevar por buen puerto la implementación de
estas reformas, a fin de otorgar las garantías institucionales a los
gobernados, al
confiar
en que sus derechos serán eficazmente tutelados”, sostuvo.
La
implementación de la reforma en materia penal, representa una gran oportunidad
para que el Estado mexicano redefina y perfeccione su política criminal,
puntualizó.
“Sigamos,
con este compromiso compartido, fortaleciendo las instituciones de impartición
y procuración de justicia, para así́, recuperar la confianza de la sociedad.
Esta, es la oportunidad para robustecer nuestro Estado de Derecho”, dijo.
Silva
Meza señaló que con este acto se da cumplimiento al mandato establecido en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, que en su Articulo Segundo Transitorio
dispone que el Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos
previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa
solicitud del Poder Judicial de la Federación, la Secretaria de Gobernación y
la Procuraduría General de la Republica.
Reunidos
en el auditorio de la sede alterna, el ministro Juan Silva Meza dijo que la
judicatura federal está convencida de las bondades que tendrá́ la reforma
penal para la sociedad, por lo que ha iniciado un intenso y comprometido
proceso de implementación, bajo la firme convicción de transformar la cultura
penal y las actitudes que, tradicionalmente, han caracterizado la impartición
de justicia en la materia. “Nuestra búsqueda es consolidarnos como una institución
que brinde confianza a la sociedad”, subrayó.
Participamos,
dijo, activamente en el Grupo Interinstitucional Encargado de Acelerar el
Proceso de Implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia
Penal, integrado por el PJF, Segob y PGR, a efecto de dar seguimiento a la
declaratoria de inicio a la gradualidad del nuevo sistema de justicia penal, a
la gestión al interior de los centros de justicia, a los métodos de
videoconferencias, protocolos de seguridad y proyectos de modificaciones a la
Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley
Federal de Defensoría Publica.
Destacó
las cinco etapas de trabajo acordadas para la implementación gradual del nuevo
Sistema de Justicia Penal: en la primera, correspondiente a los estados de Durango
y Puebla, el Consejo de la Judicatura Federal trabaja con el fin de concluir lo
más pronto posible, para continuar con una segunda, enfocada a las entidades de
Yucatán y Zacatecas.
La
tercera etapa, indicó, se dirige al estado de Baja California y se espera
concluir en marzo de 2015; la cuarta etapa agrupa a San Luis Potosí́,
Guanajuato, Querétaro y Morelos y finalizará en junio de 2015; por ultimo, una
quinta etapa, que considera a Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz, se
establecerá́ en enero de 2016.
Con
estas acciones, tendremos la certeza de que el dialogo y colaboración
institucional entre Poderes será́ permanente, ya que el Código Nacional de
Procedimientos Penales requiere ser complementado con diversas adecuaciones
legales a varios ordenamientos orgánicos y sustantivos, con la finalidad de
dotar a los operadores del sistema, el andamiaje jurídico necesario para dar
cumplimiento a los mandatos específicos que han sido conferidos por el marco jurídico
procesal.
HABRÁ
UN PROCEDIMIENTO PENAL MÁS ÁGIL Y CREÍBLE: MURILLO KARAM
Por
su parte, el procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, afirmó
que este evento representa un cambio enorme en cuanto a la visión de lo que
tiene que ver con la seguridad, la procuración y la impartición de justicia.
“En
este acatamiento y cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales,
deben aplicarse términos fundamentales de justicia, de orden y de equidad”,
destacó.
La
coordinación entre el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General
de la Republica y la Secretaria de Gobernación tiene un solo propósito, que es
la de generar un mucho mejor procedimiento penal, más rápido, más justo, más creíble
y más útil, subrayó el titular de la PGR.
EL
RETO, ROMPER INERCIAS: MONTE ALEJANDRO RUBIDO
Por
su parte, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García,
dijo que el Código incorpora el nuevo sistema como establece la Constitución
y permite la aplicación de la reforma de 2011 en materia de protección a
derechos humanos.
Agregó
que actualmente 18 estados de la República ya incorporaron el Sistema
Acusatorio y un número importante está por hacerlo; sin embargo, señaló que
para que esta profunda reforma logre sus objetivos se requiere que la
Federación adopte el nuevo sistema. Y para ello la primera piedra de este
nuevo modelo en el ámbito federal es la puesta en vigencia de este código.
Explicó
que Durango y Puebla son las entidades que dan el primer paso hacia la
operación gradual del nuevo código en el territorio nacional.
Rubido
García dijo que la implementación del nuevo sistema de justicia penal se
encuentra en una etapa decisiva y parte del reto de lograr un cambio cultural
en la sociedad mexicana a efecto de que las personas tengan confianza en la
autoridad y colaboren con ella.
Explicó que el reto para las instituciones es romper inercias y prácticas que desgastaron el sistema inquisitivo.
Versión estrenográfica:
http://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2014/comunicado56_1.pdf
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