Revista Proceso
2011, 16 de mayo de 2015
Guerrero:
Entre el terror y el desencanto de votar/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Dos
terceras partes de la geografía guerrerense presentan “focos rojos” para las
elecciones del próximo 7 de junio. No es de extrañar, porque el panorama es
desolador: dos candidatos y 433 civiles han sido asesinados en lo que va del
año; las organizaciones indignadas por Ayotzinapa se movilizan; se enquistan
los grupos oportunistas; el narcotráfico y la corrupción son las verdaderas
autoridades… Así, crece la demanda de que las elecciones se cancelen, y hay
aspirantes que ven las manos de los gobiernos federal y estatal detrás de esta
exigencia.
ACAPULCO,
GRO.- Marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
el proceso electoral en esta entidad transita entre la violencia sin límites
atribuida al crimen organizado y una campaña contra los comicios en la que
participan decenas de agrupaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento
Popular Guerrerense (MPG).
Desde
que se iniciaron las campañas proselitistas en marzo, los grupos que integran
el MPG –de manera prominente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas– han pasado de la descalificación
del proceso electoral a la destrucción de propaganda y al boicoteo de actos
políticos.
El
movimiento antielectoral, concentrado en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, tensó
aún más el ambiente, tocado ya por el crimen organizado y una violencia
galopante pese a la presencia de fuerzas federales de seguridad desplegadas en
todo el estado.
En
2014, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
Guerrero –con 3.4 millones de habitantes– registró mil 514 homicidios dolosos.
En el primer trimestre de este año ocurrieron 433. En este rubro, de hecho, la
entidad sólo es superada por el Estado de México, que con 15.5 millones de
habitantes cerró 2014 con mil 994 ejecuciones y lleva 498 en los primeros tres
meses de 2015.
Un
síntoma que pinta bien el ambiente es que en los dos distritos electorales de
Acapulco 783 funcionarios de casilla renunciaron presuntamente por temor.
El
consejero electoral local Silvestre Pacheco León, presidente de la Comisión de
Promoción del Voto, sostiene que más allá del movimiento social contra el
sufragio, la auténtica amenaza para el proceso electoral es el crimen
organizado, “y no de ahora, de hace mucho tiempo”.
Tras
afirmar que para el MPG será “prácticamente imposible” parar la jornada del 7
de junio, Pacheco admite que hay “focos rojos” en dos terceras partes del
territorio guerrerense.
“Los
temores tienen orígenes distintos en Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, donde las
alertas son por lo social; en tanto que en Chilapa, Iguala y Ciudad Altamirano
son por el narcotráfico y el crimen organizado”, continúa. Aún es peor,
lamenta, que “la sociedad está aceptando todo eso como un hecho inevitable”.
Para
el proceso electoral que culmina el 7 de junio, “hubo un acuerdo de no poner en
riesgo ni a los funcionarios ni a los ciudadanos; no estamos pensando en que se
resguarden (las elecciones) con militares porque la ley prohíbe que cerca de
las casillas haya gente armada, sólo hay que recordar que evitar la instalación
de una casilla es un delito penado con cárcel”.
Analista
político, desestimó que prospere la movilización contra el voto en Guerrero.
“Las fuerzas más radicalizadas en torno al dolor de los padres (de los 43
desaparecidos) se agarraron de esa demanda para plantear su catálogo de
demandas gremiales. Han negociado desde los maestros de la CETEG hasta los
transportistas que quieren concesiones”.
Perspectivas
En
entrevistas por separado, los candidatos a gobernador por el PRD-PT, PRI-PVEM,
y Morena, Beatriz Mojica, Héctor Astudillo y Pablo Sandoval, respectivamente,
así como el coordinador general de campaña de Luis Walton, Ricardo Mejía,
coincidieron en solicitar garantías de seguridad para la realización del
proceso.
Astudillo,
Sandoval y Mejía coincidieron en que no existen las condiciones idóneas para
realizar la elección.
Exdiputado
local y federal, exsenador, dos veces alcalde de Chilpancingo, Astudillo Flores
compite por segunda ocasión por la gubernatura. La anterior fue en 2005, frente
a Zeferino Torreblanca.
Si
algo distingue a la actual contienda de la de hace 10 años, apunta, “es la
presencia de la delincuencia organizada y su traducción en violencia. (…) Es
una elección histórica por el ambiente, que no es normal, es de mucha
crispación, que parte o se infla a partir de lo de Iguala. A nosotros ya nos
costó un candidato”, recuerda, aludiendo a Ulises Quiroz, de Chilapa.
El
priista, que dice no formar parte de ninguna de las corrientes internas del
PRI, califica de inédita la “indisposición ante los candidatos en la zona de la
Montaña. (Los inconformes) son los de la CETEG, a quienes el asunto de
Iguala-Ayotzinapa les dio un elemento por el cual manifestarse, en ocasiones
violentamente”.
Astudillo
Flores reconoce que ante esa violencia, su estrategia se ha enfocado en evitar
viajar de noche y no acudir a zonas controladas por el MPG, como Tlapa y
Chilpancingo, para que su presencia no se tome como una provocación.
El
exalcalde sostiene que después de casi ocho meses de movilizaciones por la
desaparición de los estudiantes, “hay un hartazgo social, sobre todo en Chilpancingo
y Acapulco. A la capital (cuyo Zócalo está tomado desde octubre) la
destruyeron; la población tiene un sentimiento de impotencia y desesperación”.
Ahora bien, para el aspirante el “sentimiento de agravio” de esas dos ciudades
operará a favor de la participación ciudadana.
Entrevistada
el martes 12, Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social en la
administración de Ángel Aguirre e integrante de la corriente perredista Nueva
Izquierda, conocida popularmente como Los Chuchos, advierte que en materia de
seguridad la entidad vive “una circunstancia difícil desde hace mucho tiempo,
pero la gente en su vida cotidiana sale a trabajar”.
Para
ella, los riesgos electorales “tienen más que ver con movimientos sociales que
llaman a no salir a votar. Desde luego que nosotros estamos en el
convencimiento de que la gente sí salga a las urnas”.
Asevera
que hasta el 12 de mayo había visitado 55 de los 81 ayuntamientos, y que en
ningún lugar ha tenido “incidentes” ni se ha visto obligada a suspender
mítines.
En
contraparte, integrantes del MPG en Tlapa denunciaron el decomiso de propaganda
electoral y despensas que supuestamente serían repartidas en actos de campaña
de Mojica, el 7 de mayo, así como una pistola escuadra de nueve milímetros y un
rifle de asalto R-15, cartuchos útiles y la identificación del portador del
armamento, Humebro Martínez Celestino, supuesto policía federal que
presuntamente pertenece al cuerpo de seguridad de la candidata. Mojica ha
negado cualquier irregularidad.
Consultados
por separado, Mejía Berdeja y Sandoval Ballesteros ven con sospechas el
movimiento contra las elecciones. Coinciden también en que un escenario de
miedo sólo beneficia a los partidos con estructuras electoreras: el PRI y al
PRD.
Descendiente
de dirigentes del Partido Comunista Mexicano y fundadores del PRD, Sandoval
Ballesteros identifica a Morena como el partido al que más afecta el movimiento
contra los comicios:
“A
partidos como el PRI y el PRD les conviene que en algunos distritos y
municipios no haya elecciones, sobre todo donde hay votación alta. Vemos una
utilización de la campaña contra el voto y del descontento social en la
Montaña, que es donde hubo más votos a favor de Andrés Manuel López Obrador en
2012.”
Sandoval
teme que el movimiento social “sea utilizado por los partidos para decir que no
hay condiciones para la elección en municipios y distritos específicos”.
Para
el aspirante, detrás de esa estrategia estaría “la mano del gobierno federal en
temas como la suspensión de los salarios a los maestros, lo que generó severas
protestas, y ahora los últimos eventos de inseguridad, siendo que es
responsabilidad del gobierno federal combatir al crimen organizado y ha sido
totalmente omiso”.
La
negligencia federal, apunta, es evidente: “No se trata sólo de dos o tres
candidatos. De enero para acá han muerto más de 300 personas en actos
violentos, y a esas personas nadie les hace caso. El problema es que el pueblo
de Guerrero no tiene seguridad, se están generando condiciones de normalidad
antidemocrática, y creen que así se puede hacer una elección, con los muertos,
las desapariciones… y pretenden que Guerrero se acostumbre a ello”.
Mejía
Berdeja, estratega de las campañas de Convergencia –ahora Movimiento
Ciudadano–, asevera que las campañas de miedo ya se han ensayado en Guerrero.
Hace ocho años, en la jornada para elegir alcalde de Acapulco en 2008, se
documentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) un operativo en el que participaron “hombres de negro”.
En
la sentencia de revisión constitucional 165/2008, prosigue, “el TEPJF nos dio
la razón: hubo una operativo paraelectoral con el fin de generar miedo en las
casillas. Hubo gente vestida de negro que, aparentando ser de una corporación
policiaca o algún grupo delictivo, asustaba a quienes iban a votar. A unos los
amedrentaban y a otros los agredían directamente”.
Pese
a que el TEPJF logró vincular a los “hombres de negro” con integrantes de la
planilla del PRI encabezada por Manuel Añorve Baños, actual vicecoordinador de
la bancada priista en la Cámara de Diputados, el tribunal no invalidó la
elección como lo demandaban los representantes de Luis Walton, que quedó en
segundo lugar por estrecho margen.
Un
año más tarde, apunta Mejía, en los comicios intermedios de 2009, también en
Acapulco “hubo hechos de violencia, donde gente vinculada a la delincuencia
llegaba armada a diferentes casillas a asustar a los ciudadanos. Eso fue
denunciado ante el Consejo General del IFE”.
Con
estos antecedentes, puntualiza, “lo que estamos viviendo es un coctel en el que
se mezclan movimientos sociales en contra del voto, el crimen organizado y
estrategias de inhibición de la participación ciudadana”.
A
diferencia de Sandoval Ballesteros, que identifica al gobierno federal como
responsable de la ingobernabilidad, para Mejía “no sólo la mano, sino el cuerpo
del gobernador sustituto (Rogelio Ortega) está metida, está operando para Los
Chuchos como parte de una estrategia: por un lado asustas, inhibes, generas
miedo, y por otro lado movilizas las estructuras clientelares, que son producto
de la manipulación de programas sociales”.
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