Revista
Proceso
# 2021, 25 de julio de 2015..’’
Las cinco
grandes vergüenzas del PRI/JUAN ALBERTO
CEDILLO
Por lo menos
cinco gobernadores y exgobernadores surgidos de las filas del PRI están siendo
investigados en tribunales de Texas. Les han decomisado el equivalente a 640
millones de pesos, y contra dos incluso ya se libraron órdenes de aprehensión.
Se trata de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Jorge Torres, Humberto Moreira
y Rodrigo Medina. Y no obstante que los sobornos, robos y desfalcos presuntamente
fueron perpetrados en México, las autoridades federales de este país apenas han
molestado a esos políticos.
A Yarrington,
Hernández y Torres ya se les requisaron alrededor de 640 millones de pesos,
además de mansiones, departamentos de lujo, negocios y aeronaves. A otros dos
se les indaga por la adquisición irregular de fraccionamientos en zonas
exclusivas y lavado de millones de dólares en bancos de Estados Unidos y de
paraísos fiscales.
Dos ya tienen
órdenes de aprehensión debido a que, según las evidencias, colaboraron con los
cárteles del narcotráfico. Se trata de Yarrington y Hernández. De hecho, se
ofrece una recompensa a quien proporcione datos que permitan localizar a este
último.
Medina, en
tanto, está siendo investigado por las enormes compras inmobiliarias y
operaciones financieras que realizaron su padre y su hermano. Moreira se
encuentra en calidad de indiciado y próximamente será acusado de lavar
“millones de dólares del erario” coahuilense que, se consigna, se robó cuando
fue gobernador. Al exmandatario interino de ese mismo estado, Jorge Torres,
está por vencérsele el plazo para que compruebe le posesión legal de 2 millones
800 mil dólares.
Sobresale el
hecho de que sólo uno de ellos, Yarrington, tiene procesos pendientes con la
justicia mexicana.
Del narco
Yarrington,
gobernador entre 1999 y 2004, ya perdió demandas civiles en las cortes
federales de Estados Unidos. Le incautaron cuentas millonarias en bancos de
Texas y Bermudas, además de una aeronave, negocios y bienes inmuebles. Entre
otras viviendas destacan un lujoso departamento en la Isla del Padre y dos
residencias –una de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de la ciudad
fronteriza de McAllen. La suma total de los bienes incautados es de alrededor
de 7.5 millones de dólares.
Las propiedades
fueron adquiridas –desde que el priista fue alcalde de Matamoros y luego como
mandatario de Tamaulipas– a través de prestanombres: el empresario ferretero
Napoleón Rodríguez de la Garza, el constructor Fernando Cano y su exsecretaria
Cindy Chapa, con recursos que supuestamente le entregó Antonio Peña Argüelles,
empresario que fungió de enlace primero con el Cártel del Golfo y
posteriormente con Los Zetas, según las averiguaciones.
A Hernández
Flores, titular del Poder Ejecutivo entre 2004 y 2010, también se le acusa de
recibir dinero de Los Zetas, el cual fue depositado en bancos de Texas a través
de dos testaferros: su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y el empresario coahuilense
Guillermo Flores Cordero, quien fue detenido junto con su esposa en San
Antonio, Texas.
El proceso
judicial C-14-178-S que se le sigue a Hernández en la Corte Federal del
Distrito Sur sostiene que el exmandatario y su cuñado, con “conocimiento de las
ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero a partir del 1 de enero de 2008.
“Hernández ha
sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas
Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que ésta
tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas mientras fue gobernador”,
precisa la denuncia.
Los sobornos
suman presuntamente alrededor de 30 millones de dólares. La fiscalía federal,
con autorización de la Corte, ya le confiscó cuatro propiedades: tres en
McAllen, que suman 2 millones de dólares, y otra más en Austin, Texas.
Los Medina
A Jorge Torres
López, sustituto de Moreira de enero a noviembre de 2011, se le termina el
periodo para que reclame 2.8 millones de dólares, provenientes tanto de dinero
que poseía en Bermudas como en propiedades con un valor aproximado de 592 mil
dólares. La Corte de Distrito Sur en Corpus Christi confiscó sus cuentas, pues
se presume que los recursos fueron desviados del erario de Coahuila.
Torres López es
miembro de la familia que controla el Grupo Industrial Saltillo, y junto con su
esposa, María Carlota Llaguno, acumula desde hace años una fortuna muy superior
a la que Estados Unidos mantiene congelada.
En cambio, la
familia del actual gobernador Rodrigo Medina en menos de cinco años abandonó la
clase media para volverse propietaria de dos exclusivos fraccionamientos en
Texas, siete inmuebles en San Pedro Garza García y hasta de terrenos ejidales
en el municipio de Mina.
“La DEA y el
IRS (Departamento de Impuestos de Texas, por sus siglas en inglés) tienen una
investigación abierta acerca del asunto de los Medina”, confía a Proceso una
fuente de las cortes de San Antonio que solicita el anonimato.
“Hasta el
momento no se han presentado cargos ni decomisado propiedades, como ya se ha
hecho en otras investigaciones de lavado de dinero, como del efectivo robado de
Coahuila por Humberto Moreira”, agrega.
Destaca que
esta investigación comenzó cuando en Nuevo León comenzaron a divulgarse en los
medios de comunicación denuncias en contra de Humberto Medina Ainslie, padre
del actual gobernador.
Puntualiza:
“Hemos visto varias indagatorias iniciadas de esa manera. Si sale alguien que
proporcione información de robos, las autoridades comienzan a averiguar si
alguien moviliza dinero de un banco mexicano a cuentas bancarias en Texas. Se
mira a dónde va el dinero, si se usó para comprar una casa, autos, bienes
raíces, inversión en un restaurante, etcétera”.
Se prevé que
próximamente se inicie una demanda civil titulada USA vs fraccionamientos
Sundance Ranch y Clearwater Ranch, merced a la cual se le decomisarán esas
propiedades al papá de Medina, quien deberá demostrar documentalmente que las
adquirió con dinero legal, concluye.
Humberto Medina
renunció a su puesto como procurador de Coahuila en 1994 debido a una denuncia
de la Procuraduría General de la República en su contra, en la cual se le acusó
de robar equipo médico confiscado en patios aduaneros de la Secretaría de
Hacienda.
Cuando su hijo
Rodrigo Medina de la Cruz ganó la gubernatura de Nuevo León, el padre tomó en
la práctica el control de la administración. Su despacho, ubicado en la calle
Mississippi 51 del municipio de San Pedro, se transformó en una
supersecretaría, donde se decidieron licitaciones de obra pública, el destino
del presupuesto y la designación de funcionarios.
Empresarios de
la construcción han denunciado que para entrar a una licitación estatal, las
compañías primero deben acudir a la oficina del papá de Medina y acordar el
monto que le pagarán si quieren ganar la obra pública.
Años atrás,
Medina Ainslie sólo tenía un pequeño despacho como abogado, y en menos de cinco
años se hizo propietario de dos fraccionamientos, 10 empresas y otras viviendas
en las zonas de mayor plusvalía de San Antonio.
A las denuncias
contra el padre del gobernador se sumaron otras: ejidatarios del municipio de
Mina presentaron documentos oficiales donde se ve que Humberto Medina y su
esposa se hicieron pasar por “campesinos” residentes en Mina para adquirir
ilegalmente terrenos ejidales donde hoy se planean proyectos eólicos.
Otra denuncia
contra el exprocurador fue presentada por el Partido Acción Nacional. Ahí se
precisa que la familia Medina es dueña de siete inmuebles en San Pedro, con un
valor comercial que supera los 300 millones de pesos.
Un empresario
del ramo de la educación, a quien Humberto Medina le ofreció sus servicios,
denunció que el abogado también buscó a varias familias ricas de Nuevo León que
mantienen disputas por herencias y conflictos mercantiles para ofrecerles sus
servicios con la promesa de que ganaría los procesos gracias a sus influencias.
El ambicioso
padre de Rodrigo Medina les decía a esas familias que su comisión no sería de
30%, como se acostumbra en estos casos. No, “el papá de Medina demandaba 75%
del monto que se recuperara”, asevera el hombre de negocios.
“A clientes que
llegaron a su despacho les comenzó a cobrar 1 millón de pesos por audiencia. Y
especificaba que ese dinero estaba al margen de su comisión tras ganar el
juicio”. También se convirtió en gestor para concesiones federales y
municipales, por lo cual cobraba 3 millones de pesos.
El próximo
escándalo
Coincidentemente,
días antes de que se iniciara el periodo de transición para entregar la
administración a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, supuesto personal de la
Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León trasladó cientos de cajas con
expedientes y documentos a una casa ubicada en la calle Mina 528/521 del Barrio
Antiguo, propiedad de César González Quiroga, reconocido miembro del PRI y
socio de Natividad González Parás.
Según se
denunció públicamente, aprovecharon el traslado para destruir y tirar a la
basura cientos de expedientes con pagos por diversas obras y carpetas nunca
abiertas de empresas que participaron en licitaciones, entre otros documentos.
Algunas de las carpetas fueron rescatadas de la basura por vecinos y se le
harán llegar a El Bronco. El lunes 6 arribó a la casa mencionada un camión de
la empresa Semex para llevarse decenas de cajas con rumbo desconocido.
Entre los
hechos criticados durante la administración de Rodrigo Medina está ofrecer todo
tipo de contratos a Construcciones Chavana, una presunta constructora que hacía
todo tipo de negocios para diversas dependencias, como “Servicios profesionales
de dibujante”. Se sospecha que con ello ayudó a encubrir desvíos de recursos
públicos.
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