Revista
Proceso
# 2027, 6 de septiembre de 2015..
Contra
los narcoplantíos la Sedena actúa a ciegas/Juan Veldíaz.
En
2007 la responsabilidad de destruir plantíos de mariguana y amapola se le quitó
a la PGR y se le dio al Ejército. Y según datos de la Sedena, la destrucción de
estos sembradíos se ha triplicado. Sin embargo, esos cálculos fueron obtenidos
“al tanteo”, sin metodología ni supervisión. Exfuncionarios de la PGR,
especialistas en seguridad y militares en activo confirman lo endeble de las
cifras oficiales.
La
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que desde 2007 –cuando el
Ejército se hizo cargo de la destrucción de narcoplantíos– en promedio
multiplicó por tres la destrucción de estos sembradíos. Pero no hay pruebas que
respalden su dicho. Al contrario.
Merced
a una solicitud de acceso a la información, en julio pasado la Sedena entregó
cifras que muestran que la superficie sembrada de droga en el país creció
durante el sexenio de Felipe Calderón, y así se ha mantenido hasta mayo de
2015, tras dos años y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora
bien, los documentos refieren que la destrucción de plantíos de mariguana y
amapola durante este lapso se triplicó desde 2007, cuando los militares se
hicieron cargo de esta tarea, que antes correspondía a la Dirección General de
Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Procuraduría General de la República
(PGR).
Informes
de la PGR que abarcan del sexenio de Ernesto Zedillo (1994 a 2000) al de
Vicente Fox (de 2000 a julio de 2006) muestran que el año en que se alcanzó el
mayor número de hectáreas de amapola erradicadas por tierra y aire en todo el
país fue 2001, con 5 mil 451; en lo que atañe a los campos de mariguana, fue
1999, con 7 mil 462. En general hubo un alza entre 1996 y 2005, cuando el
promedio anual de destrucción de amapola se mantuvo por arriba de las 3 mil
hectáreas, mientras que el correspondiente a la mariguana estuvo en más de 6
mil.
En
tanto, la información que se le solicitó a la Sedena fue la cantidad de
hectáreas de amapola y mariguana erradicadas vía aérea y terrestre entre enero
de 2007 y mayo de 2015. En su respuesta la dependencia no especifica métodos,
sólo da cifras de “plantíos y hectáreas erradicadas por mano de obra a nivel
nacional del 1 de enero de 2007 al 15 de mayo de 2015”. Y como subtítulo del
informe añade: “por personal militar”.
Según
las cifras, en los últimos dos sexenios el Ejército tuvo su año más activo en
2007, cuando destruyó 22 mil 138 hectáreas de mariguana en todo el país; el más
bajo fue 2013, con 3 mil 826. En los primeros cinco meses de 2015 iban 2 mil 85
hectáreas erradicadas de esta droga.
Los
documentos refieren que en 2014 se destruyó la mayor cantidad de hectáreas de
amapola: 19 mil 505. El más bajo fue 2007, con 11 mil 609. En los primeros
cinco meses de 2015, la Defensa Nacional reportó 13 mil 944 hectáreas de esta
planta erradicadas en todo el país.
En
comparación con las estadísticas de la PGR, las cantidades de hectáreas de
mariguana destruidas por el Ejército se triplicaron de 2001, cuando hubo poco
más de 7 mil, a 2007, en que se registraron más de 22 mil. Lo mismo ocurre con
las hectáreas de amapola: la PGR reportó el año 2001 como el de mayor
destrucción –con poco más de 5 mil–, en tanto que la Sedena asentó que en 2014
destruyó más de 19 mil.
Del
comparativo de documentos se desprende que mientras la PGR contaba con
mecanismos de verificación de las superficies erradicadas –registraba número de
vuelos y equipo aéreo utilizado, tiempo de vuelo, cantidad de herbicida
utilizado, número de plantíos y cantidad de hectáreas, entre otros factores–,
el Ejército no aporta datos metodológicos ni especifica, por ejemplo, cuántas
hectáreas se destruyeron vía aérea.
Por
correo electrónico y mediante una carta entregada en la dependencia se solicitó
una entrevista con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Roble
Arturo Granados Gallardo, para aclarar las cifras, pero al cierre de esta
edición no hubo respuesta.
Cifras
“infladas”
Cuando
en abril de 2007 la Sedena inició operaciones de erradicación aérea de plantíos
ilícitos, recibió 50 helicópteros Bell y ocho aviones Cessna 206. En respuesta
a una solicitud de información enviada en la primavera de 2010, la dependencia
argumentó que no podía dar a conocer cuántas de esas aeronaves se encontraban operativas,
puesto que se trataba de información de “carácter reservado”.
Añadió
sólo que 547 oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana habían sido capacitados para
operarlas, algo que resultó insuficiente, pues en mayo de aquel año firmó un
convenio de colaboración con la dependencia “para proporcionar apoyo aéreo en
materia de recursos humanos y materiales para operaciones contra el
narcotráfico”.
En
la solicitud de información se le pidió a la Sedena que detallara cuántas
hectáreas de amapola y mariguana había erradicado vía aérea desde que se hizo
cargo de esas operaciones. La respuesta muestra que en 2007 y 2008, en Durango
–el segundo estado donde más amapola se produce y uno de los cinco primeros de
mariguana– los plantíos no fueron tocados desde el aire.
De
hecho, en esa entidad la operación de la flota aérea fue reducida al mínimo
durante 2009 y el primer trimestre de 2010. Lo mismo ocurrió en Guerrero,
primer lugar nacional en producción de amapola y uno de los principales de
mariguana, donde no se reportó ninguna hectárea destruida por aspersión aérea.
La
cuestión es que antes de 2007 la PGR mantenía toda una estructura organizada
para eliminar sistemáticamente los cultivos ilícitos, y cada año efectuaba
operativos en las zonas de Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua que solían
estar sembradas de estupefacientes.
Cuando
se le quitó esa responsabilidad, se multiplicó la siembra en partes que antes
no tenían el problema, dice un piloto de la PGR que durante más de 20 años
participó en las labores de erradicación y quien pidió que no se publicara su
nombre.
Después
de analizar los documentos que entregó la Sedena con las estadísticas
actualizadas a mayo de 2015, el piloto afirma que los números están “inflados”.
Sería
imposible que con los efectivos que tiene el Ejército mexicano asignados a
dicha misión se destruya tal cantidad, abunda. “¿Cómo lo miden, qué autoridad
judicial da fe si no llevan ministerios públicos? La diferencia que había
cuando reportaba la PGR y ahora la Sedena es la buena fe. La PGR reportaba
menos porque se apegaba más a la realidad. Tenía navegantes, gente experta que
desde el aire podía determinar con precisión la extensión de plantíos. Al
navegante le importaba, más que los números, que las dimensiones fueran las
reales. Sabía que podía haber problemas legales si alteraba las cifras”.
En
el área de erradicación de cultivos ilícitos de la PGR había personal con 20 a
30 años de experiencia, recuerda. Había ingenieros agrónomos, geógrafos,
biólogos, actuarios. Su trabajo técnico era preciso, supervisado por diferentes
áreas. Además, realizaban investigación en mecánica de suelos, composición del
tipo de plantas que se sembraban de acuerdo con la zona del país, y qué tipo de
herbicida era más efectivo.
En
la actualidad, detalla, la flota aérea que la Sedena utiliza para ese fin se
compone de seis helicópteros, y está programada la llegada de 14 naves ligeras,
lo que sigue dando una cifra muy distante de las 36 que en algún momento
funcionaron en la PGR.
De
acuerdo con el piloto hay otro problema: Mover aunque sea a un pelotón de
soldados –alrededor de 12 efectivos– requiere de apoyo aéreo, y el Ejército
adolece de graves carencias al respecto. Así, por ejemplo, la PGR ha tenido que
dar ayuda continua a la base militar de Ciudad Altamirano, Guerrero.
Hacer
la erradicación manualmente implica desplazamientos que duran horas, y además
hay que encontrar las brechas por las cuales atravesar los montes. Por eso lo
mejor es situar el plantío desde el aire. “Si (los soldados) no tienen apoyo
aéreo en amplias zonas del país, ¿cómo le hacen?”, pregunta el oficial de
aviación civil entrevistado.
La
cuestión es que 75% de las aeronaves que la PGR cedió a la Sedena se perdió,
dice Gerónimo Morales Olivares, exsubdelegado de Erradicación de la PGR. Para
él –quien laboró por más de 25 años en la dependencia– hubo dos realidades que
los militares enfrentaron cuando llegaron a hacerse cargo de la destrucción de
plantíos ilegales: la falta de pericia para operar los equipos y su mentalidad
cerrada, cuadrada.
Basado
en su experiencia, dice que un pelotón de soldados podía destruir
aproximadamente una hectárea por día, siempre que los plantíos que sumaran esa
hectárea estuvieran juntos, algo que no pasaba con frecuencia. “Lo normal era
que estuvieran dispersos, eso dificulta el trabajo. En ocasiones el otro
plantío se encontraba en el otro cerro, y el traslado por tierra de los
soldados tardaba hasta un día”.
Explica
que, en cambio, una pareja de aeronaves podía destruir 10 hectáreas al día,
asesorada por técnicos y meteorólogos.
Él
detectó otro problema: La dificultad que representaba el relieve implicó que
algunos militares, como no tenían supervisión, “inflaran” las cifras.
“Se
presentaba una constante: los oficiales no saben cuantificar. Para muchos mil
metros es una hectárea; a lo mejor no era intencional, pero se equivocaban. No
sabían que equivale a 100 metros por 100 metros, que es un cuadrado, es decir,
un total de 10 mil metros (cuadrados). En números, la Sedena destruía una
tercera parte anual de lo que la PGR destruía. Y sale más barata la destrucción
vía aérea que la manual; en su momento se hizo un estudio por rubro. En el
Ejército, una vez que se hizo cargo, se dejó de realizar un seguimiento
organizado”, dice Morales Olivares.
El
teniente coronel Eduardo Navarrete Montes, oficial de infantería graduado en el
curso de Gendarmería en Francia y con cuatro especializaciones en fuerzas
especiales en el extranjero, reconoce que en la zona donde se une Chihuahua con
Sonora –donde estuvo asignado hasta hace unos años al Batallón 24 de
Infantería– la medición de hectáreas erradicadas se realizaba “al tanteo, a ojo
de buen cubero”.
Otro
jefe militar entrevistado al respecto, de quien se omite su identidad, admite
que el Ejército tiene poco personal para la erradicación. “Los recursos humanos
de que disponen no son suficientes para cumplir al ciento por ciento. La
capacidad en áreas rurales disminuyó a partir del despliegue en áreas urbanas y
fronterizas”.
Las
fuerzas enemigas
En
contraparte, el narco cuenta con una flota aérea numerosa y una gran capacidad
operativa. Desde que comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta mayo
pasado, la Sedena reportó el aseguramiento de 53 aeronaves que transportaban
droga desde Sudamérica, el Caribe y Centroamérica.
Los
datos, que abarcan de enero de 2007 a mayo de 2015, señalan que durante ese
lapso han sido aseguradas en total 40 toneladas de mariguana, 706 kilos de
cocaína, 389 de cristal y 15 de heroína. Con el desmantelamiento del aérea de
intercepciones aéreas de la PGR, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar)
pusieron en marcha el Sistema de Vigilancia Aérea, Marítima y Terrestre, el
cual, de acuerdo con los anexos del tercer informe de gobierno de Peña Nieto,
opera con medios electrónicos en áreas estratégicas.
“A
través del Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea
de la Sedena, se coordinaron 416 misiones de vigilancia (en el periodo de
septiembre de 2014 a agosto de 2015) y reconocimiento aéreo para localizar
aeronaves ilícitas, pistas o áreas susceptibles de aterrizaje clandestino,
resguardar instalaciones estratégicas y coadyuvar en operaciones en contra de
la delincuencia organizada, haciendo uso de radares terrestres y
aerotransportados, plataformas de vigilancia aérea EMB-145 y aviones no
tripulados de la Fuerza Aérea Mexicana.” l
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