Revista
Proceso
# 2027, 6 de septiembre de 2015...
Inocultable, la
participación militar/ Anabel Hernández y Steve Fisher (*Trabajo
financiado con recursos del Fondo para Periodismo de Investigación y con apoyo
del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en
Berkeley.)
Durante
un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver
con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con
pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a
mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27
Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de
lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que
eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
Integrantes
del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel
crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron
10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
Así
lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón,
coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares
más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4
de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la
Ley Federal de Transparencia.
Esas
declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que
durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de
los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido
sino hasta varias horas después.
Los
militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes
desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30.
Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa
información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo,
Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández,
ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también
en Guerrero.
Aunque
nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus
confesiones indican que al menos presenciaron todo.
“Civiles”
dispararon
Recibimos
la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a
salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda
matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se
identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al
igual que el de varias decenas de declarantes más.
Un
comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra
el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, en la
carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo
están desaparecidos.
Además,
Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los
Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de
civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado
26 de septiembre.
Según
testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la
Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
De
acuerdo con las inspecciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero
(PGJG) realizadas el 27 de septiembre, de cuyos informes se obtuvo copia, en la
calle Juan N. Álvarez de Iguala, donde ocurrió uno de los ataques, así como en
la escena del tiroteo contra el camión del equipo de futbol Avispones
–confundido esa noche con normalistas– había decenas de casquillos calibre
7.62, el de los fusiles G3, arma usual del Ejército y no utilizada por la
Policía Municipal.
Las
declaraciones ministeriales de los militares refieren que esa noche también
salieron a las calles de Iguala dos escuadrones del Grupo de Fuerza de
Reacción, uno de los cuales iba comandando por el capitán Martínez Crespo y el
otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la PGR en los documentos.
Además de ir todos armados con fusiles G3, uno de los escuadrones usó un vehículo
de guerra llamado Sand Cat; en la escotilla de éste hubo en todo momento un
soldado empuñando una metralleta.
Vigilados
desde el principio
En
julio último el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en
entrevista con el periodista radiofónico José Cárdenas que la noche del 26 de
septiembre en el cuartel de Iguala no había personal ni vehículos disponibles
para atender la emergencia. “Y qué bueno que fue así”, agregó, “porque de haber
salido, hubiéramos creado un problema mayor”. Pero las declaraciones de los
elementos del 27 Batallón de Infantería lo desmienten.
Rodríguez
Pérez compareció el 4 de diciembre de 2014 ante la PGR en Iguala. Lo hizo en su
calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, cargo del que fue relevado
el pasado julio. Dijo que desde las 19:00 horas del 26 de septiembre hasta las
10:00 de la mañana siguiente hubo militares en las calles de Iguala.
Agregó
que en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4, instancia
de seguridad pública estatal) de Iguala hay presencia de dos militares por
turno, como informó este semanario en diciembre de 2014 (Proceso 1989). Señaló
que el 27 Batallón tiene efectivos de los OBI: “Son personas de civiles quienes
nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala”.
Explicó
que envió un representante al informe de la presidenta local del DIF, María de
los Ángeles Pineda Villa, y también a un miembro del OBI para que vigilara el
acto, que tuvo lugar en la plaza central de Iguala.
A
las 19:00 o 19:30 horas le ordenó al efectivo de OBI trasladarse a la caseta de
cobro de la autopista Iguala-Puente de Ixtla para verificar la información de
que había ahí estudiantes de Ayotzinapa.
Minutos
después se le informó que los estudiantes habían secuestrado uno de los
camiones que iba a la central de autobuses; también que al llegar a esa central
“se robaron dos camiones e hicieron destrozos”.
Una
fuente militar de alto rango consultada para esta investigación y que pidió el
anonimato explica que todos los batallones, zonas, regiones militares e incluso
la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen pelotones de
información (OBI) que forman parte de la Sección Segunda –la de inteligencia y
contrainteligencia– de la institución.
La
fuente agrega que los militares del pelotón de información no se uniforman; se
mezclan con la población para obtener datos. Muchos de ellos no usan el corte
de cabello de casquete corto (obligatorio en las Fuerzas Armadas) ni duermen en
las bases militares.
Rodríguez
Pérez afirmó: “Siguen los estudiantes su camino, pasando por el centro y
siguiendo su camino llegan a la calle Juan N. Álvarez, los detienen las
patrullas y se observa que las patrullas rodean los camiones, sabemos por el C4
que se encontraban tres patrullas delante de los camiones y tres detrás de los
mismos, de ahí sólo sabemos que se encuentran detenidos estudiantes y camiones
por la Policía Municipal”. Nunca habló de los disparos contra los normalistas
en la Juan N. Álvarez.
Vecinos
que a las 21:00 horas estaban en Juan N. Álvarez esquina con Emiliano Zapata
dijeron que personas vestidas de civil comenzaron a disparar. Grabaron los
audios de ese momento. “Eran civiles que estaban persiguiendo a los
estudiantes”, dijo uno de los testigos.
“También
sabemos por el C4 que personas se habían trasladado al Hospital General de
Iguala, donde nos enteramos que solamente tres personas entraron heridas por
arma de fuego”, declaró Rodríguez Pérez a la PGR. Se trataba de los lesionados
del primer ataque: Fernando Marín, Jonathán Maldonado y Aldo Gutiérrez.
Un
teniente a quien en este reportaje se identifica como el militar 31 trabaja en
el Centro de Información, Instrucción y Operaciones del 27 Batallón y fue
responsable de recibir, desde la tarde del 26 de septiembre hasta la mañana
siguiente, las llamadas de los militares adscritos al C4.
Afirmó
que recibió nueve informes detallados del C4 entre las 19:30 horas del 26 de
septiembre hasta las 10:00 del 27. Declaró que de cada llamada rindió
inmediatamente un informe tanto a su superior en el batallón como a la 35 Zona
Militar.
El
militar 31 nada dijo sobre la desaparición de los estudiantes en la calle Juan
N. Álvarez, ocurrida entre las 23:15 y las 23:30 horas, ni mencionó el tercer
ataque, registrado a las 00:15 del 27 de septiembre. Cuando esos eventos
ocurrieron, los escuadrones del Ejército ya habían salido a la calle.
Afirmó
que la novena llamada de esa jornada la recibió entre las 10:00 y las 12:00
horas del 27 de septiembre, donde el militar adscrito al C4 le informó que
reportaban el hallazgo de una persona desollada en la zona industrial. Era
Julio César Mondragón, el tercer normalista asesinado.
Hubo
fotografías
El
pasado 3 de diciembre declaró ante la PGR el comandante del pelotón de información
en funciones la noche del 26 de septiembre. Ese militar dijo ser el operador
del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos, un “sistema de la Sedena que
opera por internet, por donde se envía y recibe toda la documentación oficial
de las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea”.
Dijo
que a las 22:00 horas, es decir, en el punto más intenso de los ataques contra
los normalistas, su superior le ordenó: “Dicen que hay un autobús abandonado o
que al parecer tiene estudiantes en la carretera que conduce a Chilpancingo. Ve
a ver qué se ve”.
Según
su declaración fue solo, en motocicleta, al punto indicado “y al circular por
la carretera, justo abajo del puente que cruza la carretera que va a
Chilpancingo, cerca del Palacio de Justicia, vi que se encontraba un autobús de
pasajeros de la empresa Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía
Municipal de Iguala, quienes iban en camionetas tipo pick up con logotipos de
la Policía Municipal, quienes trataban de bajar a las personas que venían en el
autobús”.
Agregó
que reportó esto a su superior “y él me indicó: ‘Quédate por ahí por otro rato
para ver qué se ve, pero no te arriesgues ni te acerques mucho’”. Confesó que
se quedó en el lugar una hora y en ese lapso vio que los estudiantes lanzaban piedras
desde adentro mientras los policías intentaban abrir la puerta del autobús.
“Me
di cuenta que llegaron otras tres camionetas oficiales de la Policía Municipal
de Iguala a apoyar los elementos municipales que se encontraban en el lugar
pero estos últimos llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas
lacrimógenas por las ventanillas del autobús, después de eso comenzaron a
bajarse los jóvenes”, dijo a la PGR.
Agrega
que vio que al bajarlos, los policías municipales los esposaban y los tendían
en el piso boca abajo. Según él, en ese momento se retiró, pero afirmó que de
todo eso tomó cuatro o cinco fotografías con su teléfono y se las entregó a
Rodríguez Pérez.
Esas
imágenes no están incluidas en los expedientes abiertos por la PGR ni en los
partes informativos enviados por Rodríguez Pérez a la 35 Zona Militar un día
después de los hechos.
Vecinos
que esa noche pasaron por ese tramo del Periférico afirmaron a los reporteros
que quienes cerraron el paso al camión donde viajaban los estudiantes fueron
policías federales.
Fuerza
de Reacción
De
acuerdo con las declaraciones de los militares, el primer Grupo de Fuerza de
Reacción –con 16 efectivos– salió del 27 Batallón entre las 22:15 y las 22:30
horas en dos vehículos Cheyenne, comandados por un teniente cuyo nombre fue
tachado por la PGR en los documentos.
Su
salida no fue registrada en las bitácoras, y aunque partió en dos vehículos,
oficialmente sólo iba al Hospital General, que está a un costado del batallón,
a investigar si habían llegado heridos de bala, sin que ningún militar explicara
por qué o para qué necesitaban esa información.
Ahí
ya estaban los primeros tres estudiantes heridos.
El
militar 13 declaró a la PGR que su superior, un teniente, salió del hospital
con una libreta en la mano y luego ambos regresaron al batallón.
El
teniente recibió nuevas órdenes y les dijo a los integrantes del grupo que
cambiaran una Cheyenne por el vehículo blindado y artillado Sand Cat. El
escuadrón salió de nueva cuenta del 27 Batallón hacia las 23:00 horas con la
advertencia de que había un grupo armado en las calles.
“Quiero
manifestar que hasta ese momento yo no sabía a qué fuimos”, dijo el militar 13
respecto a su viaje al Hospital General. Este señalamiento es recurrente entre
los soldados de bajo rango, quienes declararon a la PGR que sus superiores
nunca les dijeron que había habido un ataque contra los estudiantes, sino sólo
que había gente armada.
Debe
hacerse notar que el militar número 17 dijo en su declaración: “Una de las
reglas del Ejército es que las órdenes se acatan, no se discuten”.
El
grupo partió rumbo a la autopista Iguala-Guerrero y pasó frente al Palacio
Judicial; varios miembros del escuadrón declararon haber visto el camión
Estrella de Oro vacío, con los vidrios rotos y las llantas desinfladas.
Estos
declarantes refieren que cuando iban rumbo al crucero de Santa Teresa notaron
la presencia de la Policía Federal y vieron dos taxis baleados; más adelante,
un camión de pasajeros donde viajaba el equipo de futbol Avispones. En sus
declaraciones, los integrantes de este equipo deportivo dijeron que cerca de
las 23:40 horas fueron atacados por un grupo armado.
Según
los miembros de ese escuadrón del Grupo de Fuerza de Reacción, regresaron a la
base a las 03:30. Inmediatamente volvieron a salir otra vez en los dos
vehículos al Hospital General para tomar los nombres de los lesionados, que a
esa hora eran más de una docena.
Declaraciones
contradictorias
Martínez
Crespo fue interrogado por la PGR el 3 de diciembre de 2014. Dijo que hacia las
00:15 del 27 de septiembre recibió la orden de salir con un escuadrón de Fuerza
de Reacción en dos vehículos Cheyenne; iban equipados con casco, chaleco
antibalas y fusiles G3. Al menos uno de los vehículos llevaba en el techo una
ametralladora.
El
capitán pidió al comandante del pelotón de información que lo llevara al
Palacio de Justicia, pero supuestamente cuando llegaron ya no había ahí
estudiantes ni policías. Una grúa estaba a punto de llevarse el camión Estrella
de Oro.
El
militar número 8 declaró que sus compañeros revisaron el autobús. Otros tres
integrantes del escuadrón dijeron que después fueron a la Policía Municipal de
Iguala, a la cual entró Martínez Crespo con otros uniformados.
Entrevistado
por los reporteros, Ulises Ramírez, juez de barandilla, indicó que los
estudiantes nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala
(Proceso 2015) y que incluso Martínez Crespo había revisado las instalaciones.
En su declaración ministerial el capitán omitió esta información.
El
tercer ataque contra los estudiantes, en la esquina de Juan N. Álvarez y
Periférico, ocurrió entre las 00:00 y 00:30 del 27 de septiembre. Ahí
asesinaron a los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez y se llevaron a
Julio César Mondragón, cuyo cadáver apareció después.
El
comandante del pelotón de información declaró que los militares adscritos al C4
le avisaron vía telefónica que al hospital Cristina, en Juan N. Álvarez, habían
entrado hombres armados.
Varios
militares declararon que entre las 00:40 y las 00:50 horas pasaron por la
esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, donde vieron los tres autobuses
tiroteados y que dos personas (se trataba de Solís y Ramírez) yacían en el
pavimento. No se detuvieron a auxiliarlos.
Al
militar 15 la PGR le preguntó por qué no se detuvieron a dar auxilio a los
caídos o establecer seguridad perimetral. Respondió: “Desconozco. Las órdenes
las da mi jefe inmediato”. Es decir, Martínez Crespo.
El
gobierno de Guerrero hizo las necropsias a los cuerpos de Solís y Ramírez el 27
de septiembre. Se tiene copia de los informes respectivos. El primero murió
hacia las 00:50 horas y el segundo cerca de la 01:00. Podrían haber estado
vivos cuando Martínez Crespo pasó frente a ellos.
El
comandante del pelotón de información declaró que llegaron al hospital
Cristina, y entraron cinco militares; que él tomó una fotografía al estudiante
herido en el labio. Esa foto no está en los expedientes de la PGR ni en los
informes enviados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar.
Respecto
a la visita al hospital hay diferencias entre las declaraciones de los
militares. Unos dicen que nunca se solicitaron los nombres de los estudiantes y
otros afirman que sí tomaron sus datos. Estuvieron ahí entre las 00:55 y las
01:10 horas.
Entrevistado
por los reporteros en noviembre de 2014, Omar García, líder del Comité de
Orientación Política e Ideológica de la Normal de Ayotzinapa, contó que estaba
en el hospital cuando llegaron los militares.
“El
Ejército llego rápidamente, entró, cortaron cartucho a modo de que iban… no sé…
contra delincuentes. Nos acusó de que estábamos allanando morada… que nos iban
a llevar a todos…”. Narró cómo los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si
traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres:
“No
quiero que me den nombres falsos, porque si me dan un nombre falso, nunca los
van a encontrar. Eso lo dijo así, textualmente. Nos estaban insinuando que nos
iban a desaparecer”, dijo García.
El
militar número 9 declaró a la PGR que al salir del hospital, Martínez Crespo
dijo que “él ya tenía conocimiento de que las personas tiradas al lado de los
camiones estaban muertas y que por esa razón no nos habíamos bajado y que la
premura era llegar a donde al parecer había gente armada”.
La
PGR no preguntó cómo sabía que los normalistas estaban muertos.
Cerca
de las 01:11 horas, Martínez Crespo y su escuadrón volvieron a la esquina de
Juan N. Álvarez y Periférico. El militar 8 declaró a la PGR que al menos uno de
sus compañeros subió a uno de los tres camiones antes de que se les hicieran
las pruebas periciales.
El
Ejército no llamó a la PGJG sino hasta una hora y 40 minutos después del
ataque. El personal de la procuraduría llegó a las 03:20 horas a hacer las
primeras diligencias. Encontró 61 casquillos percutidos –unos calibre 5.56,
otros 17.62, 7.92 y 7.62– donde ocurrió el ataque contra los Avispones. En Juan
N. Álvarez hallaron 51 casquillos, 36 calibre 7.62 y otros 5.56.
El
calibre 7.62 corresponde a los fusiles G3 que portaba el Ejército esa noche. El
calibre 5.56 corresponde a las armas de la Policía Municipal de Iguala: los
fusiles G36 y Beretta. La PGJG realizó peritajes a las armas de los policías
municipales; dos casquillos correspondieron a éstas. Nunca se hizo un peritaje
a las armas del Ejército.
El
cuerpo de Mondragón fue encontrado a las 10:00 horas del 27 de septiembre.
Estaba desollado, sin ojos, con golpes en el cráneo y heridas de cuchillo en el
cuerpo. Según el dictamen de necropsia, la hora estimada de su muerte fue entre
las 02:40 y las 2:45 horas, cuando la tropa estaba en Iguala.
La
fuente militar consultada explica que los Grupos de Fuerza de Reacción están en
emergencia permanente, actúan en momentos de crisis y nunca adoptan actitudes
pasivas o de observación. En el campo pueden tomar iniciativas y actuar, y sólo
después informan a sus superiores, dice. Añade que cuando hay acciones abusivas
del Ejército, estos batallones tienen mucho margen de maniobra para falsear sus
informes.
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