29 sept 2015

Las víctimas, desoídas e ignoradas

Revista Proceso # 2030, 27 de septiembre de 2015
Las víctimas, desoídas e ignoradas/MATHIEU TOURLIERE Y ARTURO RODRÍGUEZ
La segunda reunión del presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los normalistas de Ayotzinapa –la primera se efectuó el 29 de octubre de 2014– resultó infructuosa, revelan a Proceso dos de los participantes. El mandatario, dicen, cumplió con el protocolo y hasta anunció su decisión de hacer una tercera investigación, pero en realidad estuvo frío y distante; ni siquiera abordó los ocho puntos que le hizo llegar la comitiva. Peña Nieto “demostró que no tiene la voluntad de ayudarnos”, sostiene Anayeli Guerrero de la Cruz, hermana de Jhosivani, uno de los 43 desaparecidos.
 Eran las 16:30 horas cuando los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se dieron cuenta de que el presidente Enrique Peña Nieto no se comprometería a cumplir con los ocho planteamientos que le presentaron una hora antes, cuando les tocó exponer durante la reunión del jueves 24 en el Museo Tecnológico de la CFE (Mutec), en la segunda sección del bosque de Chapultepec.
 Algunos se levantaron de sus asientos e intentaron salir de la sala por unas escaleritas, pero elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) se interpusieron. Por protocolo, el presidente siempre sale primero y ese día no sería la excepción.
 El ambiente se tornó ríspido. Hubo empujones, intercambios verbales, molestia generalizada entre los visitantes, relatan por separado dos integrantes de la comitiva.
 “Pobre de ti, muchacha. Tú le estás sirviendo a esta persona (Peña Nieto), pero al ratito te va a dar una patada en el trasero y no se va a acordar de ti”, dijo una señora a una integrante del EMP, relata a Proceso Anayeli Guerrero de la Cruz, hermana del normalista Jhosivani.


El segundo encuentro entre Peña Nieto y los familiares de los normalistas –acompañados por una comitiva de 110 personas– fue infructuosa. No se llegó a nada, según Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres.

En sus propuestas, los visitantes exigieron al presidente la creación de una unidad especializada encabezada por un fiscal avalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la tarea de retomar de manera “inmediata” la búsqueda de los 43 desaparecidos, así como investigar a los funcionarios que “por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia, fabricando versiones carentes de prueba”.

Y citan de manera explícita a Jesús Murillo Karam, quien presentó la versión de la “verdad histórica” cuando era titular de la Procuraduría General de la República; al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; al exprocurador estatal Iñaky Blanco, y al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, como potenciales objetos de indagación de la fiscalía que ellos proponen.

En su documento también pidieron a Peña Nieto reconocer de manera pública la legitimidad de su movimiento; que la investigación sobre los 43 normalistas sigue abierta, y que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las observaciones y recomendaciones del GIEI.

A De la Cruz y los familiares de los estudiantes desaparecidos, Peña Nieto les pareció “frío e insensible”, de mente calculadora y facciones duras. “Te escucha pero está pensando en otra cosa. A mí me decía: ‘Tú, Felipe’, pero no me miraba a mí, miraba al espacio”, comenta De La Cruz.

Hace 11 meses, cuando Peña Nieto recibió a los padres, lo hizo en la residencia de Los Pinos, pero el jueves 24 los convocó en el Mutec. “El lugar era inadecuado, pues no es una dependencia oficial, sino un museo que no tiene nada que ver”, dice el entrevistado.

Una vez en el Mutec, la comitiva permaneció en un jardín durante 40 minutos, hasta que se les pidió que ingresaran a la sala, donde mesas y sillas estaban instaladas en forma de semicírculo. Los padres se encontraban entonces a la mitad de su ayuno de 43 horas, iniciado el día anterior.

Antes de ingresar, los elementos del EMP les advirtieron que no podrían llevar bolsas ni celulares. Y cuando estaban en la sala, comenzaron a revisarlos uno por uno. “Había militares, policías y gente de civil; hasta perros tenían afuera”, añade Anayeli.

Para evitar a los reporteros, se colocó un cerco metálico sobre Avenida de los Compositores. Los guardias presidenciales y agentes federales se desplegaron desde la segunda sección del bosque de Chapultepec hasta Los Pinos. Fue imposible ingresar a la reunión, ni siquiera cuando concluyó.

La postura oficial se fijó al final, en el Club Naval, ubicado a dos kilómetros del Mutec, un lugar frecuentado por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández.

“Campaña” contra el GIEI

El encuentro se inició cuando llegó Peña Nieto. Saludó a los integrantes de su gabinete, a los cuatro expertos del GIEI, sentados en una mesa aparte para “moderar” la discusión, y a los 110 integrantes de la comitiva.

Peña Nieto se acomodó en su asiento, al centro de la fila de mesas dispuestas frente al semicírculo. En la pared de atrás se veía la bandera nacional; a sus costados quedaron la procuradora Arely Gómez González y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

También estaban presentes Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal; Manelich Castilla Craviotto, comisionado de la Gendarmería Nacional; Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como otros integrantes de la oficina presidencial, subsecretarios y subprocuradores.

“A Peña Nieto se le notaba la cara de descontento, pues, de vernos ahí. Venía serio, muy serio. Dijo que quería escuchar la palabra de los padres”, comenta Anayeli. Pero los invitados insistieron en que los expertos del GIEI hablaran primero.

La penalista colombiana María Ángela Buitrago tomó el micrófono e hizo una síntesis de los principales hallazgos del informe presentado el domingo 6. Dijo a los funcionarios que si realmente tienen voluntad de facilitar el trabajo de ella y sus compañeros, deben permitir que se aborde el tema de los militares.

También denunció una “campaña” de “elementos internos” al Estado dirigida a descalificar el trabajo del GIEI. Buitrago precisó: esa campaña de desprestigio no proviene de las instituciones como tales, sino “del interior de ellas”, por lo que el Estado tiene la obligación de desincentivarla.

Su compañero Carlos Martín Beristáin explicó a los funcionarios que ganarían mucho si se acercan a las víctimas.

“Aquí le dejo el resultado de seis meses de trabajo”, dijo Buitrago al entregar a Peña Nieto el informe del GIEI. Tras recibirlo, dijo que lo valoraría y lo puso en su mesa, donde permaneció durante la reunión, de acuerdo con Anayeli.

Después de los expertos, los padres tomaron la palabra. Uno tras otro hablaron, se dirigieron a los altos funcionarios durante más de una hora y les entregaron los documentos con su propuestas.

Algunos estaban nerviosos, relatan los entrevistados. Peña Nieto se agarraba la sien, bebía agua de manera mecánica; Osorio Chong movía la pierna y se mordía el labio cuando los padres lo calificaban de mentiroso, comenta Anayeli.

“La vez pasada nos pidió que le diéramos aunque sea un poquito de confianza. Pero le repetimos que esa pequeña confianza la perdió porque no cumplió con las 10 medidas con las que se comprometió. Nos mintió a nosotros y a los mexicanos”, dice De la Cruz.

A su vez, Anayeli le dijo a la procuradora Gómez González: “Usted no tiene ética profesional y es insensible”, en referencia a la conferencia de prensa que dio la funcionaria el miércoles16 para informar de la probable identificación de su hermano Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Y recordó que Murillo Karam había acordado con los padres de los normalistas que en caso de nuevos hallazgos las autoridades informarían primero a los familiares.

La procuradora “no dio la cara –cuenta Anayeli–. Se agachaba. Escribía y escribía, pero no dio la cara. Luego dijo que quizá fue un error de su parte, que ella tenía esa información y que debía dar su conferencia su prensa”.

El último de los padres que intervino, entregó a Peña Nieto el documento con los ocho puntos y le pidió que firmara de recibido.

Después de que Gómez González leyó su discurso, en el que dijo que “entendía el dolor de los padres” porque ella también era madre, Peña Nieto se puso de pie. Tomó el micrófono y respondió a algunos de los puntos que plantearon los padres.

“Estoy de su lado –expuso–. Aunque ustedes no lo crean, estoy preocupado por el tiempo que ha pasado; buscamos la misma cosa.”

Peña Nieto nunca abordó el tema de los militares, señalaron los familiares entrevistados, aunque lo cuestionaron sobre el papel del 27 Batallón de Iguala; el mandatario se centró en la responsabilidad del gobierno igualteco y en la desaparición de los normalistas.

Los padres se molestaron cuando Peña Nieto explicó que el peritaje de los expertos y el que realizó la PGR sobre el basurero de Cocula constituyen dos “hipótesis” y que un tercer peritaje esclarecería los hechos.

Los familiares interrumpieron al presidente varias veces, admite De la Cruz, por lo que la colombiana Buitrago intervino y les pidió “tolerancia” hacia las autoridades.

Peña Nieto planteó que entregaría los planteamientos de los familiares a la PGR y a Gobernación para que ambas dependencias los valoren y expuso que posteriormente daría una respuesta a los padres. Esa “negativa disfrazada” fue lo que provocó el descontento de los padres, quienes le respondieron que las exigencias no necesitaban valoración, pues ellos eran “simples y sencillos”.

Fue cuando entendieron que sus reclamos quedarían en letra muerta.

Nueva verdad oficial

Al terminar el encuentro, el vocero Sánchez Hernández dio a conocer la postura oficial del gobierno.

Con un reciclaje de planteamientos, la oferta de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y la falta de respuestas a las exigencias que hicieron los padres de familia de los normalistas desaparecidos, el gobierno de Peña Nieto quiso imponer otra verdad oficial: la de un supuesto diálogo en el que el mandatario se mostró solidario y comprensivo.

Según esa versión, “la reunión se llevó a cabo en un clima que permitió dialogar en torno al curso de las investigaciones y sobre la atención a las víctimas”.

Peña Nieto, según el vocero, “escuchó las diversas intervenciones de los padres de familia y de quienes hicieron uso de la palabra, manifestando libremente lo que cada uno de ellos consideró más conveniente”.

Sánchez Hernández reiteró que la averiguación previa seguía abierta. De ahí que la instrucción presidencial fue que se investiguen todos los hallazgos y posibles responsables; que se incorporen las recomendaciones y líneas de investigación del GIEI; que se continúen los trabajos para saber qué pasó con cada uno de los desaparecidos.

También dijo que todos los afectados tendrán acceso a los mecanismos de atención a víctimas y atención médica a los lesionados.

La falta de respuestas no sólo fue para las familias de los normalistas. Luego de que el funcionario anunció la creación de una fiscalía especializada que se abocará a la búsqueda de desaparecidos y se le preguntó cómo funcionaría, respondió que no sabía porque la reunión apenas había concluido.

Dijo también que desconocía el contenido del documento que entregaron los padres de familia a Peña Nieto. Y aunque no había un plazo para responderles, se comprometió a analizar la viabilidad de sus planteamientos.

Con respecto a los ocho puntos, Peña Nieto instruyó a Gobernación, a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a analizar su viabilidad.

El vocero desestimó las declaraciones de los familiares y jugadores del equipo Avispones, quienes habían acusado un día antes el abandono del gobierno, al afirmar que a todas las víctimas se les había dado la atención correspondiente.

Al ser cuestionado sobre el cumplimiento de los 10 puntos ofrecidos por Peña Nieto en la reunión del 29 de octubre de 2014, Sánchez Hernández aseguró que se habían cumplido “cabalmente”.

Antes de presentarse a la reunión del jueves 24, los padres habían declarado que no confiaban en las instituciones que representan los funcionarios que los recibieron. Los reporteros les preguntaron por qué habían aceptado la invitación.

“Fuimos más que nada para cuestionarlo sobre su verdad histórica y la versión que tienen los expertos. Son totalmente diferentes, pero la conclusión es que no sirvió de nada porque no se comprometió en nada; Peña Nieto demostró que no tiene la voluntad de ayudarnos”, sostiene Anayeli.

De la Cruz aclara: “Si buscábamos el acercamiento con él, la máxima instancia de este país, era para adquirir compromisos, pensando posiblemente en la sensibilidad por los padres”. l



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