Recibe
el Senado de la República iniciativa de Código Nacional de Justicia para
Adolescentes
Martes,
29 de Septiembre de 2015
Comunicado Número-188
- Elaborada
por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RENACE, Reintegra, la Red
por los Derechos de la Infancia en México, Cauce Ciudadano A. C., y el
Instituto de Justicia Procesal Penal.
- Contó
con la participación del Fondo de las Naciones Unidas en México (UNICEF) y de
la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del
Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación.
En
el marco del Foro Nacional de Justicia para Adolescentes, organizado por la
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la
República, que preside la senadora Martha Elena García Gómez, el senador José
Rosas Aispuro, vicepresidente de la Mesa Directiva y la senadora Pilar Ortega,
recibieron con beneplácito la propuesta.
Por
su parte, la senadora García Gómez se comprometió a impulsar un Sistema Único
de Justicia Penal para Adolescentes que garantice la oralidad de los procesos,
así como la especialización de los encargados de operarlo, y que brinde a las y
los adolescentes la responsabilidad ante una conducta en conflicto con la ley
penal, además de contar con opciones eficaces de reinserción social.
Asimismo,
José Alberto Rodríguez Calderón, titular de la Subprocuraduría Jurídica y
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR),
señaló que la reforma constitucional de 2005, en materia de justicia penal para
adolescentes, permitió que el Estado Mexicano cumpliera con algunos de sus
compromisos internacionales y de esta manera proteger a niñas, niños y
adolescentes.
Comentó
que esta reforma permitió superar el concepto de readaptación social, pero
también facultar al Congreso de la Unión para homologar los sistemas en materia
de justicia penal para adolescentes en todas las entidades federativas con el
sistema de justicia penal acusatorio.
La
reforma que hoy estaremos discutiendo demuestra el interés que el Estado
Mexicano tiene con la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, como Estado y gobierno, dijo, por lo que debemos brindar certeza
y seguridad jurídica a los adolescentes, por lo que requerimos contar con
herramientas que nos permitan protegerlos.
Manifestó
que desde la PGR se plantean algunos criterios centrales que deben incorporarse
en la discusión. Destacó que deben establecerse los principios que regirán el
sistema de justicia penal para adolescentes y señalar a las autoridades y
órganos que estarán a cargo de la ley; así como establecer una clara
distribución de competencias e implementar reglas claras en los casos que se le
atribuya a un adolescente la comisión de un delito; destacó la necesidad de
contar con un procedimiento para llevar a cabo el tratamiento de los
adolescentes así como la obligación de evaluar la conducta en la que ha
incurrido el adolescente para establecimiento de una medida privativa; y
finalmente establecer un procedimiento de supervisión y seguimiento de medidas
cautelares aplicadas al adolescente.
Al
respecto, la doctora María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC), agradeció a la senadora Martha Elena García por el
esfuerzo para convocar este foro.
Señaló
que en este momento, en nuestro país, nos encontramos en un proceso de
actualización para un nuevo sistema de justicia penal acusatorio para adultos.
No obstante, la ley de justicia para adolescentes tiene grandes retos y por
ello celebró la realización de este foro en donde sociedad civil, academia, las
y los integrantes de los poderes del Estado y los estudiantes reflexionaron
sobre la aplicación del sistema de justicia penal para adolescentes en
conflicto con la ley.
Comentó
que desde la perspectiva de la SETEC se debe tener en cuenta, algunos criterios
importantes tales como: la sistematización del modelo de justicia para
adolescentes en las entidades federativas; favorecer la concurrencia entre los
niveles de gobierno, así como la reinserción efectiva del adolescente a su
núcleo familiar y respetar los derechos especiales que tienen los adolescentes.
Señaló
que debe dotarse de un sistema integral apegado a la protección de los derechos
de los adolescentes bajo los estándares internacionales, en el que se contemple
un trato diferencial para ellos y se dé prioridad a las medidas cautelares y
los mecanismos de solución de controversias, así como a la prevención social.
Por
su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, señaló
que los legisladores deben cumplir con las disposiciones transitorias de la
reforma constitucional de junio de 2015 y valoró que en los últimos años se ha
hecho un gran esfuerzo para armonizar la legislación en materia de justicia
penal para adolescentes.
Manifestó
que la reforma, debe ajustarse al nuevo sistema de justicia penal acusatorio; y
que la legislación debe realizarse acorde con lo dispuesto a los tratados
internacionales en donde se proteja los derechos de los niños y los
adolescentes.
Puntualizó
la responsabilidad de los poderes públicos para incorporar políticas y expedir
normas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de los
adolescentes.
La
senadora Pilar Ortega, vicecoordinadora Jurídica del GPPAN, comentó que esta reforma
viene a reforzar lo que se legisló en el año 2006, específicamente lo dispuesto
por los artículos 18 y 73 fracción 21 constitucional, relativa a las bases para
la expedición nacional del sistema justicia para adolescentes.
Dijo
que de los 51 centros de readaptación que existen en el país en los que se
encuentran adolescentes, diez mil 900 han infringido la ley bajo con el delito
de robo. No obstante, consideró importante que el Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes se establezca como una garantía de debido proceso legal, en
la que se contemple tanto la reinserción social como la familiar del
adolescente.
Señaló
la necesidad de contar con una legislación que ayude a fortalecer el sistema de
justicia penal y se garanticen todos los derechos de los adolescentes. Destacó
algunos aspectos fundamentales que la reforma debe considerar, tales como el
establecimiento de procedimientos de justicia apegados a las bases y principios
del sistema penal acusatorio, es decir, apegadas a las reglas del debido
proceso; consideró la necesidad de establecer mecanismos especializados para
atender la justicia penal para adolescentes y establecer instancias
especializadas de procuración de justicia.
La
diputada Mariana Benítez Tiburcio consideró que el interés en el tema de
justicia penal para adolescentes se incorporó a partir de la reforma de 2008.
Señaló que, a diferencia del sistema para adultos, el sistema penal para
adolescentes debe implicar que el proceso penal y las sanciones estén
íntimamente ligados con las acciones de prevención. Manifestó que en el ámbito
federal hay un rezago importante aun cuando hace siete años se expidió la
reforma constitucional en materia de justicia penal para adolescentes.
Consideró
importante igualar la justicia para adolescentes en todo el país y desarrollar
los principios constitucionales en armonía con el nuevo sistema de justicia
penal acusatorio.
Puntualizó
como puntos centrales para la discusión la incorporación de la prevención, ya
que implica que se pueda incorporar la posibilidad de reinserción y
reincorporación de los menores a la sociedad; señaló que deben indicarse los
plazos máximos de la sanción de internamiento de los adolescentes así como la
homologación de los rangos de edad para establecer las medidas sancionadoras.
Expuso
que debe cuidarse la regulación en materia de medidas cautelares, ya que se ha
visto que en las entidades federativas, éstas han sido implementadas de manera
que se le impide al menor dar seguimiento a su proceso.
Señaló
que es necesaria la especialización de quienes operan el sistema, ya que
implica que las autoridades conozcan la legislación que protege los derechos de
niñas, niños y adolescentes.
Concluyó
que es necesaria la implementación de programas de capacitación para
ministerios públicos, jueces, peritos y policías; así como evitar el duplicar
disposiciones ya contempladas en el código de procedimientos penales y otras
disposiciones en materia penal.
La
representante del UNICEF Isabel Crowley, comentó que México atraviesa un
momento histórico en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Expuso que este momento es una oportunidad para establecer
mecanismos que nos permitan seguir avanzando en el cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para que cada
niño o niña alcance su pleno potencial.
Explicó
que, en materia de justicia penal para adolescentes, se deben uniformar
criterios que permitan responder de una forma adecuada cuando un adolescente ha
cometido un delito. Manifestó su preocupación por que en algunas entidades
federativas se apliquen penas hasta de 18 años de prisión, cuando esta sanción
debería de ser considerada como último recurso para los adolescentes que hayan
cometido un delito. De igual manera dijo, que algunos estados no han
desarrollado opciones alternativas a la privación de la libertad y programas
que les ayuden a los adolescentes a construir proyectos de vida.
Manifestó
que este foro constituye una oportunidad para analizar y discutir los elementos
que una nueva legislación requiere para responder de manera efectiva a los
retos que plantea la nueva justicia para adolescentes.
Expuso
que UNICEF está comprometido para que en concordancia con el sistema nacional
de protección de niñas, niños y adolescentes se consolide un nuevo sistema de
justicia penal para adolescentes, porque concluyó que apostar por los derechos
de los adolescentes, es apostar por el desarrollo efectivo de México.
Martín
Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la Institución Renace, señaló que
hace más de un año la sociedad civil se encuentra trabajando en un proyecto de
ley para influir en la discusión de un nuevo sistema de justicia penal para
adolescentes. Dijo que es necesario homologar todo el tema de la justicia en
México, pues todavía hay estados de la República que continúan con prácticas
tutelares, mientras que los adultos si tienen un sistema penal acusatorio bajo
los más altos estándares internacionales los adolescentes no, lo cual es
desproporcional e injusto para ellos.
Demandó
que no existen recursos suficientes para proteger los derechos de los
adolescentes en los centros de readaptación, además, hizo la entrega oficial de
la propuesta de Iniciativa para expedir un Código Nacional de Justicia para
Adolescentes, de conformidad con la Reforma Constitucional a los artículos 18 y
73, recién aprobada por el Congreso de la Unión.
El
senador José Rosas Aispuro Torres, señaló que como parte transversal a las
reformas estructurales, fue aprobaba la reforma que protege los derechos de
niñas, niños y adolescentes, reforma que permite generar certidumbre jurídica
entre los tres órdenes de gobierno que trabajan en favor de los adolescentes en
conflicto con la ley.
Afirmó
que la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil así como de los
operadores de los sistemas de justicia penal será de gran importancia para
enriquecer la discusión de la reforma. Señaló que el papel del Estado debe
consolidar la construcción de la práctica cotidiana de los valores cívicos.
Apuntó
que los legisladores tienen una gran responsabilidad para implementar un
sistema de justicia penal y que este sistema debe considerar recursos
suficientes para proteger los derechos de los adolescentes, reparar el daño a
las víctimas y fomentar la reinserción social del adolescente, atendiendo
especialmente su situación familiar, a nivel federal, estatal y municipal.
Finalmente,
agradeció y felicito a la senadora Martha Elena García por la organización del
foro y dio por inaugurados los trabajos.
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