Martes,
06 de Octubre de 2015 15:10
Comunicado Número-227
Ante una
iniciativa de ONG’s, proponen también que se garantice la equidad de género.
Presentan
25 mil 333 firmas ciudadanas que apoyan esta propuesta.
Senadores
del PRD, PT, PAN e independientes solicitaron al Presidente de la República que
la terna que presente para la designación de dos ministros en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), cuente con perfiles doctos en la abogacía y
que permitan garantizar la paridad de género.
Lo
anterior, al recibir de la plataforma change.org, integrada por diversas
organizaciones sociales, una lista de 25 mil 333 firmas que avalan la petición
de que la SCJN no se integre por “cuotas ni cuates”, es decir, que no se
asignen ministros derivados de pactos entre los partidos políticos, o a favor
de amistades.
En
diciembre próximo, los jueces Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza sus cargos
como ministro en la SCJN. Para su relevo, el presidente Enrique Peña Nieto
deberá enviar al Senado de la República, a más tardar durante la primera semana
de noviembre, un par de ternas.
En
conferencia de prensa, la senadora independiente Martha Tagle Martínez hizo un
llamado a sus compañeros de los diversos grupos parlamentarios, para que “no
nos dobleguemos al poder ni ayudemos con nuestra decisión a que otro poder sea
subyugado, como es el Poder Judicial”.
Solicitó
al presidente Enrique Peña Nieto que, en concordancia con el impuso a la
igualdad de género, envíe al Senado dos ternas que estén integradas por
mujeres.
“En la
carrera judicial hay mujeres de probada calidad, experiencia y conocimientos
que sin duda pueden cumplir ampliamente el perfil que se requiere para ocupar
el cargo de ministras de la Suprema Corte de Justicia”, afirmó la legisladora.
En ello
coincidió el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN, al
advertir que aceptar que se den acuerdos políticos en la designación de
magistrados provocaría que se debilite a la Suprema Corte, “una instancia que
aún goza de prestigio como última instancia en decir el derecho frente al
conflicto y frente a la controversia”.
Se
pronunció a favor de que sea abierta y no secreta la votación de los senadores
para designar a los ministros. Consideró que, igual que el Ejecutivo, el Senado
está obligado a respetar la Constitución, cuyo artículo 95 señala que para ser
ministro de la Corte se requiere haberse separado de la función y del cargo de
Secretario de Estado, diputado o senador, un año antes de la designación;
además de que señala que los ministros deben ser preferentemente de carrera
judicial.
La
senadora por el PRD, Angélica de la Peña Gómez, pidió al Presidente de la
República: “que no se trastoque la dinámica que con mucho trabajo se ha
construido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de las nuevas
reformas constitucionales y sobre todo la del 11 de julio de 2011”.
Indicó
que mientras no se modifique el artículo 95 constitucional, el Ejecutivo
federal tiene la responsabilidad de presentar en las ternas los perfiles que
correspondan a la responsabilidad de ocupar una magistratura en la SCJN. “El
llamado al presidente es que no nos meta en esos menesteres oprobiosos, sino
que tome las riendas de la conducción republicana y entonces decida integrar
ternas con personalidades doctas, idóneas”, y tome en cuenta la equidad de
género.
En este
mismo sentido el coordinador parlamentario del PT, senador Manuel Bartlett
Díaz, dijo que el país necesita una SCJN que sirva a toda la población, y no se
debe visualizar como un poder de la Unión que sólo está al servicio de la
Presidencia de la República. Felicitó a las organizaciones sociales que han
buscado participar directamente en los asuntos prioritarios para el país y
“exigir a todos los funcionarios que cumplan con su responsabilidad”.
Los
senadores Armando Ríos Píter, Zoé Robledo Aburto, coincidieron en que “está en
manos del Ejecutivo federal recuperar la confianza de los ciudadanos en la
Corte. Y en eso, creo que el resultado tiene que pasar por tres elementos”. Los
dos primeros son la paridad de género y la selección de perfiles doctos de
abogados, con equilibrio en un criterio progresivo y conservador.
El tercer
elemento, dijo Robledo Aburto, es tener presente el riesgo de vulnerar “de una
manera terrible” un espacio de confianza, de contrapesos, de división de
poderes. Los nombramientos, advirtió, podrían indicarle a la gente que la Corte
será un espacio de autonomía, o bien de militancia partidista.
El
coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, planteó que el
Presidente de la República deber asumir su posición de Jefe de Estado y
garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal. Reconoció
además que entre sus atribuciones está participar en la integración de los
órganos de este Poder Judicial.
En cuanto
al Senado, expuso, es necesario que asuman los cambios que se han dado desde la
ciudadanía, pues los legisladores “somos parte de una sociedad que transita por
un proceso evolutivo, por un proceso complicado y comprometidos con este tipo
de razones. Nuestra obligación es opinar, es formar parte del escenario
político de lo que se construye”.
El
diputado federal Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena,
anunció que en la Cámara de Diputados se presentará un punto de acuerdo para
evitar nominaciones que no permitan mantener fuera de la política a la Suprema
Corte. Dijo además que la acción de organizaciones sociales “tiene como
propósito presionar, exigir el estricto apego a los requisitos constitucionales
en la designación de candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”.
Al
presentar la propuesta de change.org, Alejandro Madrazo Lajous explicó que su
petición a la Presidencia de la República es que presente ternas “sin cuotas ni
cuates” y que los perfiles de los aspirantes a magistrado cumplan cabalmente
con los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución Política.
Al
Senado, continuó, se le solicita una “auscultación abierta, robusta en la que
se ventilen ampliamente los perfiles propuestos por el Presidente y se convoque
a la sociedad civil para dar su opinión”.
El
estudioso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) advirtió que
no registrarse un proceso abierto y deliberativo, “los ciudadanos difícilmente
vamos a confiar en nuestra justicia”; al tiempo de advertir que de hecho ya
existen sesgos de desconfianza “porque hemos visto imágenes de policías
sembrando armas, y hemos conocido casos de policías secuestrando ciudadanos”.
Estableció
que las organizaciones no gubernamentales han observado que “históricamente, el
proceso de auscultación ha sido muy pobre, no pasa de 40 minutos de preguntas y
respuestas en alguna comisión; no es un proceso deliberativo en el cual la
ciudadanía participe, así sea escuchando acerca de cómo se va a conformar y por
qué se va a conformar de esa forma uno de los Poderes de la Unión”.
Finalmente,
apuntó, se solicita que se haga valer la paridad de género, pues si se privilegia
a hombres en la asignación de los dos espacios, pues “la Suprema Corte quedará
con menos del 10 por ciento de mujeres; y eso nos parece muy grave”.
Entre los
representantes de las organizaciones sociales se encontraron los politólogos
José Merino, Carlos Heredia, Genaro Lozano y la periodista Denisse Dresser.
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