Revista
Proceso
# 2081, 18 de septiembre de 2016...
En la Cámara,
la comisión investigadora se boicotea a sí misma/
Tomás
Zerón, cabeza en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa, ocultó información a la comisión especial de diputados creada ex
profeso, pese a lo cual ésta protegió al funcionario, al Ejército y al otrora
procurador, Jesús Murillo Karam, artífices de “la verdad histórica”.
Creada
el 15 de septiembre de 2015, la “Segunda Comisión Especial para Continuar las
Investigaciones y dar Seguimiento a los Resultados del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), Designados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a
Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos” se reunió
el 2 de octubre de ese año con la procuradora general de la República, Arely
Gómez.
El
24 de abril de este año el GIEI presentó su segundo y último informe, en el que
difundió un video tomado por el fotógrafo José Manuel Jiménez, que registraba
la “diligencia” en la que Zerón llevó a Agustín García Reyes El Chereje,
presunto implicado en la quema de los jóvenes, para mostrar cómo y dónde
supuestamente había arrojado las cenizas de los estudiantes. Después de esto,
Damián demandó que la comisión exigiera el despido de Zerón.
En
la grabación aparecen también algunas bolsas negras a la orilla del río. Y sólo
días después de la revelación, el propio Zerón relató en conferencia de prensa
–en la que presentó otro video, tomado por gente de su equipo– que al pasar por
el puente del río San Juan los agentes detectaron esas bolsas, que
presuntamente contenían restos de los jóvenes.
Damián,
diputada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insiste en que
durante su encuentro con Zerón del 2 de octubre de 2015, él nunca hizo
referencia a “las bolsas” con las cenizas. Sin embargo, el 16 de octubre de
2015, los integrantes de la comisión asistieron a las oficinas centrales de la
Marina para entrevistarse con el almirante secretario Vidal Francisco Soberón,
y fue ahí donde por vez primera escucharon de “una bolsa” con los supuestos
restos.
La
agencia Apro y la página web de Proceso dieron a conocer dicho encuentro. Hoy,
la diputada lo recuerda y detalla cómo se contradice la versión del militar con
la de Zerón: “El almirante hizo referencia a una sola bolsa y dijo que fue un
marino quien la encontró, y no autoridades civiles. Nos dijo que Murillo Karam,
entonces procurador, le pidió algunos buzos para explorar el río San Juan, de
Cocula”.
Soberón
también les refirió ese día, a cinco de los siete miembros de la comisión, que
la PGR nunca le notificó que durante la búsqueda de los buzos deberían estar
presentes los expertos del equipo forense argentino.
Damián
dice que, a partir de la revelación del almirante, la comisión estuvo tratando
de entrevistarse con el buzo que halló la bolsa negra, más aún cuando Zerón
hizo referencia a ocho bolsas negras. “Pero no hemos podido hablar con él”,
dice. Además, y contra la voluntad de la legisladora de izquierda, nunca se
volvió a citar a Zerón.
El
7 de septiembre pasado, la Segunda Comisión Especial emitió su segundo informe
de actividades referente a sus actuaciones durante 2016. Ninguna de relevancia.
Incluso, el documento es calificado como “vergonzoso” por la diputada de
Morena, pues se trata de una simple relatoría de fechas de reuniones de trabajo
y no fija posicionamiento alguno sobre las dudas que han surgido en torno a la
“verdad histórica”.
Damián
presentó un informe alterno. En él delinea todos los obstáculos que han
impuesto el PRI, el PVEM, el Panal y el PES, que con voto ponderado han
bloqueado los trabajos de la comisión.
A
la Corte Interamericana
Tras
el arranque de la Segunda Comisión, encabezada por la panista Guadalupe
Murguía, los siete miembros lograron grandes avances durante octubre y
noviembre y descubrieron hechos que evidenciaban cómo las principales
autoridades de seguridad de este país sabían, al momento de los hechos, del
ataque del que eran objeto los estudiantes de Ayotzinapa.
El
5 de octubre de 2015, durante su encuentro en la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) con el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, los
legisladores lograron obtener de él el compromiso de permitirles la entrada a
las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
Para
mitigar las consecuencias del abrupto ofrecimiento de Cienfuegos, el general
José Carlos Beltrán Benítez, director de Derechos Humanos de la Sedena, paró en
seco el entusiasmo de los diputados de izquierda: “Habría que ver en calidad de
qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los soldados, porque
en términos de derechos humanos también (sic) podríamos violárselos. Hay que
establecer qué papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen que
acordar las bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”.
Luego
vinieron las entrevistas –fuera de la Cámara de Diputados– con el exgobernador
de Guerrero Ángel Aguirre y el exfiscal Iñaky Blanco. El primero de ellos les
reveló “en corto” que hizo algunas llamadas telefónicas el día de los hechos:
una al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para notificarle del
ataque que estaba ocurriendo, otra a la Secretaría de Gobernación, una más a la
Sedena y la última a la Policía Federal.
El
20 de octubre, la comisión dialogó con el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, quien les confesó que la noche del 26 de septiembre,
mientras los estudiantes eran agredidos, él cenaba con el director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz.
El
delegado del Cisen en Guerrero, admitió, les informaba de la embestida contra
los normalistas, “pero todo era muy confuso”.
El
22 de octubre, la panista y presidenta de la Segunda Comisión, Guadalupe
Murguía, cuestionó: “No se puede entender por qué no intervino ninguna otra
autoridad. La Secretaría de Gobernación ¿seguirá desestimando las recomendaciones
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas en Derechos Humanos manteniendo la actitud de descalificar
al mensajero?”.
A
partir de ese momento la comisión se estancó: según supieron sus integrantes,
Chong se molestó por las críticas de Murguía.
Al
llegar enero, la comisión discutía la petición de los padres de familia de ser
escuchados, desde la máxima tribuna, por todos los diputados. Incluso la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), entonces dirigida por el priista César
Camacho, había dicho que sólo necesitaban la solicitud por escrito.
Durante
ese mes los miembros de la comisión se ocuparon en ello y en delinear cómo
sería el encuentro con los miembros del 27 Batallón. Pero el 3 de febrero de
2016 y durante una reunión ordinaria, el PVEM, a través del diputado
guerrerense Arturo Álvarez Angli, solicitó que la junta se hiciera privada y
que se sometiera a votación “cancelar la comparecencia de los militares” bajo
el argumento de que el 5 de octubre ya había comparecido el titular de la
Sedena. El PRI, el Panal y el PES lo respaldaron.
Los
legisladores Aracely Damián y Roberto Guzmán Jacobo interpusieron un amparo
indirecto ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa el 24 de
febrero. Su argumento fue que resulta “inconstitucional e ilegal que mediante
una votación de un tema que no estaba ni en la agenda, la comisión para el caso
Ayotzinapa renuncie, abdique o se abstenga de ir contra el segundo punto de su
creación, que es allegarse de información que considere pertinente llamando a
reunión a autoridades competentes”. El juzgado les negó el amparo.
El
15 de marzo los diputados demandaron ante el Tribunal Colegiado la revisión del
amparo, pero también fue rechazada. Por ello, y una vez agotadas las
instancias, los legisladores acudieron a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos “para que obligue al Estado a que el Ejército nos reciba como instancia
investigadora”.
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