18 sept 2016

Otra víctima de pederastia clerical denuncia encubrimiento

Revista Proceso # 2081, 18 de septiembre de 2016...
Otra víctima de pederastia clerical denuncia encubrimiento/RODRIGO VERA
Con el telón de fondo de una sociedad polarizada a escala nacional por quienes se manifiestan a favor y en contra de los llamados matrimonios igualitarios, repudiados estos últimos por el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, el cardenal enfrenta una acusación por el presunto encubrimiento de un sacerdote adscrito a su comunidad procesado por señalamientos de pederastia. El cura fue detenido en agosto pasado, pero el denunciante y sus abogados consideran que también Rivera debe ser consignado, pues aseguran tener pruebas de que solapó por años al sacerdote.

El polémico Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, se encuentra en medio de dos fuegos en su contra: por un lado, se intenta llevarlo a juicio por la supuesta protección que le brindó a un sacerdote pederasta suyo que acaba de ser arrestado y, por el otro, varias organizaciones sociales ya están exigiendo su renuncia debido a sus fuertes críticas contra los llamados matrimonios igualitarios.
El pasado 27 de agosto fue detenido Carlos López Valdés, quien siendo sacerdote de Rivera Carrera estuvo abusando sexualmente, entre 1994 y 1999, de Jesús Romero Colín, quien entonces era un niño. El joven lo denunció desde 2007 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que apenas hasta ahora lo detuvo.

 Cuenta el propio Romero Colín:
 “Estoy muy sorprendido con el arresto. Yo denuncié al sacerdote del cardenal Rivera desde hace nueve años ante la procuraduría capitalina. Y ésta jamás hizo nada. Lo mantuvo en la impunidad pese a las pruebas en su contra. Hasta ahora se le arrestó, justo cuando el cardenal se está oponiendo duramente a la iniciativa del presidente Peña Nieto que intenta legalizar los matrimonios gay.”
 Uno de los abogados de Romero, David Peña, asegura por su parte:
 “Hubo acuerdos no escritos entre la Iglesia y el poder público. La detención de Carlos López se debió a un cambio, a una recomposición de estos acuerdos. Sólo eso explica que hoy se le haya arrestado, luego de varios años de que las autoridades no hicieron absolutamente nada.”  
 –¿A partir de este arresto, intentarán que se castigue a supuestos encubridores de nivel jerárquico más alto?
 –Mire, el arresto de Carlos es sólo la punta del iceberg. Detrás de sus abusos hubo todo un entramado que le dio protección y nosotros estamos decididos a desenmarañarlo. Por lo menos desde 2007, cuando la víctima denunció al sacerdote, está comprobado que Norberto supo de sus abusos –aunque nosotros suponemos que lo sabía desde años antes– y aun así no lo denunció ante las autoridades civiles ni tampoco quiso aportar elementos para la investigación. Y quien está obligado a colaborar y no lo hace, se convierte en cómplice.
 “Norberto se limitó a hacerle un juicio eclesiástico a su sacerdote, en el que se le encontró culpable. Y luego se le quitó el ministerio sacerdotal. Es como si un miembro de un club deportivo cometiera un asesinato dentro del club y las autoridades de éste sólo le quitaran la membresía al asesino sin denunciarlo a las autoridades. Norberto hizo exactamente lo mismo.
 “Por lo pronto ya tenemos al exsacerdote en la cárcel. Hay pruebas suficientes para sujetarlo a proceso y para sentenciarlo. A partir de ahí jalaremos el hilo para ver hasta dónde llega. ¿Quién estuvo ocultando sus delitos dentro del arzobispado? ¿Quién maniobró para que no se le arrestara durante tanto tiempo? ¿Quiénes mantuvieron congelado el caso dentro de la procuraduría?… Intentaremos dar con los responsables.”
 La víctima, Romero Colín, era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Desde entonces y hasta 1999 el sacerdote estuvo abusando sexualmente de su monaguillo en la misma casa parroquial.
 Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a comentarle los hechos a sus padres, quienes eran muy devotos y cercanos al párroco. Hasta 2007 se atrevió a revelarles el doloroso secreto. Su madre inmediatamente denunció al sacerdote con el entonces obispo auxiliar Jonás Guerrero, encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del sacerdote acusado de pederastia.
 Pero asegura Romero Colín que, desde años atrás, Jonás ya sabía de la conducta delictiva de su subalterno:
 “En 2004, el seminarista Alexander Félix, muy allegado a la parroquia del padre Carlos, descubrió una serie de fotografías donde éste aparecía violando niños. Muy decepcionado, el seminarista le entregó las fotos al obispo Jonás. Y éste no hizo nada. Decidió encubrir a su subalterno”, asegura.    
 En 2007 la madre de Romero Colín no sólo se quejó ante la arquidiócesis, sino también denunció al sacerdote en la PGJDF, cuya Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales tomó el caso y lo mantuvo congelado.
 La arquidiócesis, por su lado, ese mismo año le abrió un proceso en su tribunal eclesiástico. Además, el obispo Jonás le pidió a monseñor Marcelino Hernández, también obispo auxiliar de la arquidiócesis, que le diera tratamiento al acusado de pederastia en la Casa Damasco, un internado para sacerdotes con problemas psicológicos y de adicción y que entonces dirigía Marcelino.
 El tribunal de la arquidiócesis finalmente encontró culpable de pederastia al cura, por lo que en 2011 el Vaticano lo inhabilitó como sacerdote. Sin embargo, durante todo el tiempo que duró su juicio eclesiástico el padre Carlos indebidamente estuvo oficiando misas en la Ciudad de México. Y después de quedar inhabilitado se fue a vivir tranquilamente a su casa de descanso de Jiutepec.  
 Ante tanta impunidad, en 2013 Romero Colín le envió una carta al Papa Francisco contándole sus tribulaciones. Y el pontífice, inusitadamente, le contestó a través de otra misiva que escribió de puño y letra. En ella le dice a la víctima que siente “dolor” y “vergüenza” por su caso. Y le pide “perdón en nombre de la Iglesia” (Proceso 2004).
 Mientras tanto, la procuraduría seguía dándole largas al asunto, por lo que, en abril de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le emitió una recomendación –la 1/2015 – en la que le pidió actuar y también sancionar a sus funcionarios que, con prácticas dilatorias, le obstaculizaban el acceso a la justicia a Romero Colín.
 Fue hasta octubre de ese año cuando la procuraduría por fin citó a declarar a Jonás Guerrero, ya siendo obispo de Culiacán. Dos meses después, en diciembre, citó a Marcelino Hernández, actual obispo de Colima. Ambos confesaron que supieron de los abusos de López Valdés. Pero nunca lo denunciaron ante las autoridades civiles. Sólo le recomendaron tratamiento psicológico en Casa Damasco.
 Finalmente, el pasado 27 de agosto, fue arrestado en Jiutepec, donde ya se ganaba la vida trabajando de “cerillo” en un centro comercial. Fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Ahí está preso y acusado por el presunto delito de “violación”, con el número de expediente 244/2008, llevado por el Juzgado 55 de lo Penal, de ese reclusorio.
 Luis Ángel Salas, otro de los abogados de la víctima, comenta:
 “El exsacerdote ya rindió su declaración preparatoria en el reclusorio. Sólo dio sus datos generales, negándose a responder las preguntas del órgano acusador. Pero tendrá que aceptar su culpabilidad en algún momento, cuando venga el ofrecimiento de pruebas. Tenemos muchos elementos probatorios. En eso no hay problema.
 “A partir de sus declaraciones se irá valorando la responsabilidad de la Iglesia como institución, ya que, entre otros puntos, López Valdés utilizó instalaciones de la arquidiócesis para cometer sus abusos. Es decir; ésta le facilitó el medio comisivo del delito.”
 –¿Hay posibilidades de que vuelvan a comparecer los obispos Jonás y Marcelino?   
 –Esa es nuestra intención. Podrán volver a testificar dentro del ofrecimiento de pruebas. Ya reconocieron mientras tanto que supieron de los abusos del sacerdote.
 Por su lado, Alberto Athié, quien presentó el caso ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en la ciudad de Ginebra, comenta:
 “No olvidemos que Jonás y Marcelino eran en ese tiempo obispos auxiliares de Norberto. Y un auxiliar  –como su nombre lo indica y de acuerdo a las leyes canónicas– no tiene autoridad propia; depende totalmente del obispo titular, en este caso de Norberto, quien estuvo obligado a saber lo que hacían sus auxiliares y, por consiguiente, su sacerdote abusador. No tengo duda alguna de que hubo encubrimiento institucional.”
 Athié se muestra igualmente sorprendido de que se haya detenido al sacerdote acusado de pederastia justo cuando el cardenal está golpeando a Peña Nieto por su iniciativa a favor de las bodas gay. Dice sobre el punto:  
 “Puede ser que hasta ahora se integró el expediente del caso y así se ejecutó muy tardíamente el arresto del pederasta. Quizás. Pero tampoco seamos ingenuos. Igual es muy probable que el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien siempre ha sido muy cercano al cardenal y además era titular de la procuraduría cuando se dio la denuncia, ahora haya intervenido en el arresto porque consideró que este asunto es una ‘papa caliente’ y obstruye sus aspiraciones presidenciales. De ahí que haya decidido deslindarse de Norberto.
 “También es probable que se hayan desbaratado arreglos políticos entre el cardenal y Peña Nieto. No olvidemos que para poder casarse Peña Nieto con Angélica Rivera, La Gaviota, ésta tuvo que anular primero su anterior matrimonio eclesiástico. Y para esto, se dice, la apoyó el cardenal Rivera. Pero ahora Norberto trae pleito con el presidente. Por ello el gobierno quizá maniobró para encarcelar al pederasta porque Norberto así puede quedar implicado como encubridor.”
 Ante estas versiones, el abogado del cardenal, Armando Martínez, comenta:
 “Simplemente coinciden en el tiempo el arresto de Carlos López y el fuerte rechazo del cardenal a la iniciativa presidencial. Así lo veo yo. Es pura coincidencia. No le veo ningún trasfondo político.”
 A diferencia de los abogados de la víctima, Martínez asegura que en todo momento la arquidiócesis estuvo colaborando y aportando elementos a la procuraduría, para que realizara su investigación sobre el caso. Afirma:
 “Siempre colaboramos con las autoridades civiles. Les entregamos todo lo que nos pidió. Y los obispos Jonás y Marcelino se presentaron a declarar ante el Ministerio Público en calidad de testigos. Es más, hasta le entregamos a las autoridades el expediente del juicio eclesiástico que la arquidiócesis le hizo a López Valdés.”
 Asegura también que “la arquidiócesis no estuvo obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo había hecho la víctima”.
 –¿En estos momentos la arquidiócesis está totalmente al margen de su exsacerdote?
 –Por supuesto. ¡Totalmente! Y desde hace años, desde que se le dio de baja como ministro de culto. Nada tenemos que ver con él.
 –¿Se deslindarán del juicio que se le hará?
 –¡Claro! No somos parte del juicio ni tenemos interés jurídico. No tenemos ninguna injerencia en ese proceso.
 –¿Hay posibilidades de que pueda ser citado a declarar el cardenal Rivera Carrera?
 –Todo depende del juez, quien tiene la facultad de citar a cualquier ciudadano relacionado con el caso. El cardenal acudirá a cualquier cita que requiera la autoridad, como ya lo hizo cuando lo requirió la Corte de Los Ángeles por el caso del sacerdote Nicolás Aguilar. Ha sido el único jerarca mexicano que ha sido sometido a un tribunal extranjero. Entonces también se le tildaba de encubridor y todos esos infundios. Y ya ve. Ganó el juicio. No se le encontró culpable.
 Armando Martínez reconoce que el cardenal es blanco de muchos ataques. Y ahora tiene que lidiar con los golpes que le llueven de otro flanco: el de las organizaciones lésbico-gay que están exigiendo su renuncia porque es el jerarca que más se opone públicamente a las bodas gay. Dice al respecto:
 “Actualmente hay una campaña contra el cardenal por parte de estas organizaciones. Su grito es: ‘¡Duro contra Norberto! ¡Duro contra Norberto!’. La manifestación que realizaron el pasado domingo 11, frente a Catedral, no fue para pedir por sus derechos, sino más bien para exigir la renuncia del cardenal.”
 Ese día, los manifestantes partieron de la Plaza de Tlaxcoaque a la Catedral Metropolitana, ondeando banderas del arcoíris y coreando al unísono:
 –¡Fuera Norberto de la Iglesia católica!
 –¡Fuera por homófobo!
 Encabezó la marcha el Frente Orgullo Nacional México (FONMX), el cual señaló  –en su comunicado con el que convocó a la manifestación– que el cardenal está poniendo en “riesgo el tejido social, las libertades y el progreso de la República Mexicana”.
 El FONMX le pedirá formalmente al Papa Francisco que quite a Norberto de la arquidiócesis. Para ello abrió la plataforma Change.org, donde juntará firmas a favor de esta propuesta.
 El vocero de la arquidiócesis, el sacerdote Hugo Valdemar, comentó irónico al día siguiente:
 “Me hace mucha gracia. Entre más firmas se junten, mejor, porque el Papa se va a dar cuenta que el cardenal Norberto defiende con gran ahínco a la familia, a los valores del evangelio. Cada firma que se junte es a favor del ­cardenal.”

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