¿Qué pasa en la U de G?

U deG: institucionalidad subvertida/Editorial

La Jornada (www.jornada.unam.mx), 31 de agosto de 2008;

Este viernes, los integrantes del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destituyeron a Carlos Briseño Torres como rector general, en una decisión que, por la forma y el contexto en que se dio, bien pudiera ser considerada un golpe en el seno de esa casa de estudios: la determinación se tomó fast track, una vez que Briseño había abandonado el recinto y clausurado la sesión, y luego de horas de discusión en que fue imposible fijar siquiera el orden del día. La remoción, además, se produjo a contrapelo de un amparo obtenido por Briseño el pasado martes.
Este episodio, lamentable por cuanto afecta la normalidad de la vida institucional y académica de la segunda universidad del país en importancia, se inserta en la historia de herencias caciquiles a la que esa casa de estudios ha estado estrechamente vinculada. Por lo que puede verse, el principal error de Briseño ha sido desafiar la autoridad fáctica de Raúl Padilla López, rector de la UdeG entre 1989 y 1995 y poseedor de enorme influencia en la universidad, que le ha permitido, entre otras cosas, designar a todos sus sucesores, incluido el ahora rector destituido.
Padilla López mantiene relaciones con estamentos políticos y empresariales del estado y el país, y cuenta con un historial de vínculos con grupos gansteriles, como la Federación de Estudiantes de Guadalajara, fundada en 1948 por Raúl Padilla Gutiérrez (padre de Padilla López), Carlos Ramírez Ladewig y los hijos del ex gobernador jalisciense, José Guadalupe Zuno. Esta organización ejerció durante décadas un enorme control en la vida universitaria, fungió como importante formadora de cuadros priístas, y sus brazos armados se desempeñaron como grupos de persecución al servicio del gobierno durante la guerra sucia.
Fue en el contexto de dominio de la FEG en la UdeG que se erigió el emporio padillista. Bajo la padrinazgo de Álvaro Ramírez Ladewig –presidente de la FEG tras el asesinato de su hermano Carlos, en 1975–, Padilla López escaló hacia la rectoría de la máxima casa de estudios jalisciense. Una vez en el cargo, significativamente, el hoy denominado “líder moral” de la UdeG retó la autoridad de su protector, de manera similiar a como ahora lo ha hecho Briseño, sólo que con resultados opuestos: en aquel entonces Padilla resistió exitosamente los embates de la FEG y logró permanecer en el puesto. A raíz de ese episodio, acaso con la intención de deslindarse de su pasado fegista y de Ramírez Ladewig, Padilla López emprendió una serie de medidas que ciertamente fueron bien recibidas por la comunidad universitaria: durante su gestión fue aprobada una reforma académica y una nueva ley orgánica; se formó el sistema departamental vigente y se impulsó el área de investigación de la institución, al tiempo que se crearon la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine en Guadalajara y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Asimismo, Padilla promovió la formación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que al día de hoy controla la mayor parte del estudiantado de la UdeG, y que desempeñó un papel central como grupo de presión el pasado viernes.
Más allá del episodio de confrontación entre dos personajes que hasta hace unas semanas pertenecían a la misma camarilla política, lo que acontece en la UdeG refleja vicios tan añejos como condenables, que han sobrevivido al paso del tiempo. En efecto, es evidente que, a casi dos décadas de la intentona de Ramírez Ladewig por deponer a Padilla López, los poderes fácticos de la UdeG siguen subvirtiendo la institucionalidad de esa casa de estudios, algo inaceptable bajo cualquier óptica y contrario al espíritu que debiera imperar en una institución de educación superior como la UdeG.
Por añadidura, este conflicto ha acabado por hundir a la institución y a su comunidad en una dinámica de temor y zozobra ante posibles actos de violencia de ambos bandos, que merma el desarrollo normal de la vida académica y deteriora profundamente a esa importante casa de estudios.
Por último, puede pasarse por alto que lo ocurrido este fin de semana en la UdeG constituye un reflejo de lo que sucede en tantos otros ámbitos de la vida nacional, en los que figuras caciquiles y dirigencias corruptas y descompuestas ejercen enormes cuotas de poder de manera ilegítima y antidemocrática, ante la inacción de las autoridades o bien bajo el amparo de éstas.

Inteligencia y seguridad

Inteligencia de seguridad interior/Andrés Montero Gómez, director del Instituto de Psicología de la Violencia

Publicado en EL CORREO DIGITAL, 30/08/2008;

Arnaldo Otegi abandona hoy la prisión de Martutene… ¿Será vigilado por los servicios de información e inteligencia? A raíz de lo ocurrido con la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos se ha desatado un debate jurídico sobre los ingredientes penales a incluir en la condenas judiciales a terroristas. La pena accesoria de alejamiento de la víctima y la vigilancia del terrorista una vez ha sido puesto en libertad son las propuestas que más están siendo consideradas. De ser incorporadas ambas a una ley no serían de aplicación ni a Iñaki de Juana ni a ninguno de los terroristas que actualmente cumplen condena, debido a la irretroactividad de las normas penales en tanto no beneficien al reo.
Los juristas están de acuerdo en considerar que no es necesario legislar adicionalmente acerca de las penas de alejamiento de los terroristas respecto de sus víctimas, puesto que esa medida ya puede dictarla cualquier juez. Lo que PSOE y PP están analizando es si debiera introducirse en la tipificación penal como una obligación que los jueces tengan que dictar de manera inherente a una condena por terrorismo. En todo caso, lo cierto es que bajo el Código Penal actual un juez puede decretar una pena de alejamiento de la víctima de hasta cinco años para un criminal que haya cometido un delito grave. Hay que preguntarse si cinco años son suficientes. Y esta pregunta es independiente de si el criminal ha avanzado en su proceso de reinserción, puesto que el alejamiento es una medida para incrementar la seguridad de la víctima. En los supuestos de violencia de género el alejamiento se implanta antes de la pena para disminuir el riesgo de la mujer ante la inminencia de la amenaza que supone el agresor, que como sabemos en determinados casos ni siquiera se arredra por el alejamiento impuesto. Sin embargo esa seguridad no es la única que proporciona una medida de alejamiento. En los crímenes violentos, prohibir el acercamiento a la víctima de su agresor o terrorista busca impedir una re-victimización que sacudiría de nuevo la integridad psicológica del ciudadano directamente afectado por la acción violenta. Por tanto, en los alejamientos post-internamiento el bien jurídico protegido es la integridad personal de la víctima.
La otra propuesta que está sobre la mesa de este verano es la vigilancia del terrorista una vez que ha cumplido su condena. La vigilancia post-condena es un planteamiento común a muchos de los crímenes violentos o sistemáticos. Tanto violadores como agresores sistemáticos, terroristas o criminales organizados son objeto de reflexión recurrente sobre si el Estado tiene derecho a someterles a algún tipo de control una vez que han cumplido la pena que les fue impuesta por sus crímenes. La suposición de fondo más general es que la pena es una deuda que el criminal contrae con la sociedad a causa de una conducta delictiva, y que una vez saldada esa deuda puede considerarse al criminal como un ciudadano reinsertado. De entrada es una suposición que presume una identificación neta entre el proceso jurídico y el proceso psicológico. Es decir, que si aceptamos eso de la deuda es porque entendemos que la condena por sí misma tiene efecto terapéutico, que simplemente por cumplir la sentencia en prisión un criminal violento habrá dejado de serlo. Como sabemos, en muchos casos así será pero en otros no. Aunque pretendemos que así sea, prisión y reinserción no son equivalentes.
Y ahí no acaba la cosa. Sumado al argumento de que la prisión significa la reinserción y la pena salda la deuda social del criminal, existe otro razonamiento de, digamos, filosofía democrática en contra de las vigilancias post-condena de los delincuentes. Ese razonamiento implica que el Estado no tiene porqué vigilar a un ciudadano libre. El axioma de partida es que una persona que ha sido privada de libertad por un delito y ha cumplido su condena se reintegra de nuevo a la sociedad rehabilitado en todos sus derechos constitucionales. Desde luego es un precepto necesario si aceptamos que el fin de la pena es la reinserción de los delincuentes, la conversión del ciudadano-criminal en un ciudadano integrado. Con la sanción penal, la sociedad no busca retribución, no tiene como fin la venganza, sino curar moralmente al individuo desviado. Así, privado el delincuente de algunos de sus derechos durante la condena, al finalizarla es un ciudadano pleno como otro cualquiera. Es un planteamiento de muy buena voluntad y que la inmensa mayoría de los demócratas suscribimos, aunque perfectamente ilógico en muchos delitos violentos. Ilógico, de entrada, porque los primeros sospechosos de un delito sexual son precisamente quienes ya han cumplido condena por un delito sexual; ilógico porque el predictor más consistente de la violencia es haber ejercido violencia previa; ilógico porque un buen número de delincuentes organizados tienen un interminable historial penitenciario; ilógico porque en ciertas modalidades de delitos como el terrorismo las cárceles actúan a modo de centros de reclutamiento de nuevos agresores o de adoctrinamiento de quienes ya están condenados por serlo. De manera que el argumento filosófico es válido, pero no para todas las expresiones graves de criminalidad. Esos tipos de ciudadanos que han sido delincuentes tienen alguna probabilidad de continuar representando una amenaza aún cuando abandonan la prisión, incluso sobre todo cuando han abandonado la prisión.
Esa naturaleza de amenaza que puede significar un riesgo para la sociedad es, a mi modo de ver, el carril conceptual por donde hay que pensar las medidas post-condena. Y no necesariamente tienen que ser planteamientos penales los que ofrezcan una solución, sino también administrativos, de policía administrativa. Existen multitud de amenazas que están siendo prevenidas a través de regulación administrativa y multitud de ciudadanos que están siendo vigilados incluso antes de delinquir, principalmente sin llegar nunca a delinquir. El sistema de prevención del blanqueo de dinero es un ejemplo de lo primero y la hacienda pública de lo segundo. En el mismo sentido, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia no son fuerza de policía pero tienen el mandato de prevenir amenazas casi siempre graves. El CNI desarrolla su labor preventiva fuera del sistema penal, aunque está sometido a control judicial cuando investiga colisionando algún derecho fundamental.
Los franceses tienen una palabra, ‘renseignements’, que significa investigación con propósito de inteligencia. En Francia, dos direcciones de inteligencia encuadradas en el Ministerio del Interior acaban de fusionarse. Los Renseignements Généraux, que tanto y tan bien se han involucrado contra ETA, y la Dirección para la Vigilancia del Territorio se han unificado bajo la denominación de Dirección Central de Inteligencia Interior. Ambas por separado y ahora integradas constituyen un verdadero servicio de inteligencia de seguridad interior; ambas también son departamentos de la policía nacional. Los británicos tienen un servicio de inteligencia interior que no es policial, el MI5. El FBI norteamericano, por su parte, es el prototipo de agencia de seguridad con poderes investigativos policiales frente al crimen que al mismo tiempo ejerce de servicio de inteligencia ante amenazas de seguridad interior. Todos ellos son los encargados de prevenir aquello que pueda constituirse en riesgo para la seguridad del Estado. En España no tenemos una agencia o dirección con poderes operativos de inteligencia de seguridad interior, compartiendo esa labor el CNI y los servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas incluidas.
A ningún servicio de inteligencia exterior se le ocurre solicitar autorización judicial en su país para intervenir una línea telefónica en el extranjero. Los servicios de inteligencia operan con reglas distintas cuando se enfocan hacia el exterior sobre ciudadanos ajenos o hacia el interior de sus fronteras sobre ciudadanos propios. En todas las legislaciones, salvo las derivadas del derecho británico, los servicios de policía y las agencias de inteligencia de seguridad interior necesitan un mandato judicial para quebrar derechos fundamentales de los ciudadanos. Ninguna legislación impide, por el contrario, que los servicios de seguridad monitoricen sin tocar derechos constitucionales a individuos que representan amenazas, requiriendo si acaso sospechas sustentables de que un individuo o grupo vigilados representan un riesgo. En todo caso, ya hay jueces que autorizan a quebrar motivadamente el derecho fundamental para prevenir un riesgo a la seguridad nacional, aunque no necesariamente constituya un crimen tipificado.

Calderón ante "Iluminemos México"

El Presidente Felipe Calderón, al término de la reunión que sostuvo con los organizadores de la marcha Iluminemos México
Los Pinos, Domingo, 31 de Agosto de 2008 Discurso
Qué tal. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señoras y señores de los medios de comunicación.
Quiero informar a ustedes acerca de la reunión que tuvimos con los organizadores de la marcha Iluminemos México.
El día de ayer miles y miles de mexicanos se volcaron a las calles para manifestar su inconformidad por la inseguridad y la delincuencia que se vive en el país y que hoy representan la mayor amenaza para la tranquilidad de las familias mexicanas.
Cientos de miles de ciudadanos se unieron en torno a esta causa y, verdaderamente, iluminaron México.
Reconozco este esfuerzo ciudadano y estoy consciente de que todas las autoridades, sin excepción, debemos escuchar sus reclamos y actuar en consecuencia.
Su condena a la impunidad y a la corrupción no sólo es legítima, es un severo reclamo hacia las autoridades para que más allá de banderas políticas o diferencias partidistas nos pongamos de acuerdo, nos unamos en el combate a la delincuencia y corrijamos de raíz, precisamente, la impunidad que la hace posible.
Esta demanda ciudadana por la seguridad pública por desgracia no es nueva. Es un clamor que ha unido a los mexicanos por varios años, que se ha visto manifestada en marchas, como la del día de ayer, que se habían realizado en años anteriores, en diversas ocasiones.
Alguna vez tuve ocasión de participar en varias de ellas, desde hace una década, como un ciudadano más.
Hoy, como Presidente de la República, reconozco como un deber fundamental el hacer valer los reclamos que han hecho los ciudadanos y también comprometer la acción del Gobierno Federal, en lo que a su responsabilidad corresponde, para erradicar este mal.
Debo también señalar que el Gobierno Federal hace suyos los reclamos que ha expresado la ciudadanía, que comparte precisamente y entiende la exigencia y la indignación de la gente.
Quiero hoy compartir con los mexicanos una opinión acerca de las causas que rodean a este fenómeno delictivo que se vive en el país y señalar, en consecuencia con ese diagnóstico, las medidas que se han tomado y que hay que tomar, que en el caso del Gobierno Federal se están tomando algunas de ellas desde un principio para combatirlo.
Sabemos que el mayor problema de México es la inseguridad pública; ésta es consecuencia de una descomposición gradual y creciente de instituciones públicas y gubernamentales en los tres órdenes de Gobierno, que se ha vivido a lo largo de los años.
La delincuencia, lo sabemos todos, es en gran medida fruto de la impunidad y ésta, a su vez, es consecuencia de la falta de acción de las autoridades, por negligencia, por incapacidad institucional o por franca corrupción en algunos casos.
Es por ello que desde el inicio del Gobierno Federal giré instrucciones para poner en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que destaca la depuración, profesionalización y control de confianza de los cuerpos policiacos; dotándoles a los policías confiables de armamento, capacitación, equipo, tecnología y reconocimiento.
También por eso estamos haciendo un esfuerzo para que todas las policías del país, sin excepción, federales, pero también estatales y municipales, tengan los mismos estándares de capacitación, honradez y profesionalismo que se requiere para combatir la delincuencia.
Sólo así podremos recuperar la confianza de los mexicanos en nuestras policías; además, este flagelo ha evolucionado y se ha diversificado.
La delincuencia común es la que más agravia a los ciudadanos; es decir, los delitos de robo, asalto, homicidio, extorsión o secuestro.
Muchos delincuentes menores, que ayer no se pusieron tras las rejas o fueron liberados al poco tiempo de ser detenidos, escalaron sus actividades a otros crímenes, cometiendo ahora hechos mucho más violentos, hasta incurrir en el secuestro o la extorsión, que es, precisamente, el delito que más indigna a la ciudadanía.
También, y acorde a las exigencias ciudadanas hoy planteadas y al diagnóstico que hemos formulado en el Gobierno Federal, estamos poniendo en marcha la Plataforma México, mediante la cual estamos impulsando la cooperación y la conectividad de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, a fin de cerrarle espacios a la impunidad.
Queremos combatir con información actualizada a la delincuencia, información actualizada, precisamente, sobre el fenómeno delictivo.
Por otra parte, frente a este deterioro gradual de las instituciones de seguridad y justicia, sabemos que el crimen organizado incrementó su capacidad operativa, logística y financiera en muchas regiones del país.
Muchas poblaciones de México se han visto presas de la violencia y el miedo ante la embestida de las bandas de delincuentes que buscan, además, anular la capacidad de respuesta de las autoridades.
Esto ha sido posible, en gran parte, por una autoridad y una fuerza policiaca cada vez con menos incentivos para rechazar de manera contundente la acción intimidatoria o corruptora del crimen.
El crecimiento de la actividad criminal y la virulencia con la que actúa obedecen, como he dicho, a la impunidad.
Precisamente por la debilidad, la vulnerabilidad o la descomposición que existe en muchos lugares donde las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y el crimen en al ámbito local.

Es por eso que hemos puesto en marcha los Operativos Conjuntos.

Por ello no hemos dudado en utilizar toda la fuerza del Estado Federal, incluyendo la participación del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República; es decir, toda la fuerza que tiene disponible el Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar condiciones mínimas de seguridad en esos estados y regiones del país.
El crecimiento del crimen también se debe a un deterioro del tejido social, a una sociedad que tiene, en algunos casos, menor solidez en términos de valores y principios, de manera tal que pueda rechazar con contundencia la acción del crimen y la ilegalidad; una sociedad cada vez más vulnerable y con menor solidez en términos de valores que puedan defenderla de la acción de la delincuencia.
Sabemos que si no hay una sociedad más fuerte, no habrá esfuerzo policiaco que pueda defenderla verdaderamente del crimen.
Por eso también, sabedores de que no basta la acción policiaca y persecutoria, sino que se requiere de una estrategia integral, con un componente preventivo, también hemos puesto en marcha la estrategia Limpiemos México.
Pensamos que debemos perseverar precisamente en el rescate de espacios públicos, porque sólo contando con espacios libres de delincuencia, donde los niños, los jóvenes y las familias puedan tener esparcimiento y actividades lejos de las bandas de delincuentes, podemos formar comunidades libres del delito. Para que padres de familia, autoridades y alumnos le digan no a los delincuentes que rodean las escuelas, pusimos en marcha el Programa Escuela Segura, que también tiene que multiplicarse.
Buscamos fortalecer a la sociedad para que pueda ser parte de la solución al participar, organizar y denunciar y exigir cuentas de nosotros, sus autoridades, y que entre todos pongamos un fin a la delincuencia.
Todos los gobiernos, todas las autoridades somos responsables; los tres órdenes de Gobierno y los tres Poderes de la Unión debemos resolver este problema, ponernos de acuerdo para hacerlo y la delincuencia, porque sabemos que la delincuencia sólo se puede combatir de manera integral y actuando al mismo tiempo en todos los frentes.
Es por ello que, con esta convicción que compartimos con otros poderes y órdenes de Gobierno, celebramos el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Bajo ese Acuerdo, los tres órdenes de Gobierno y los tres Poderes de la Unión, medios de comunicación, organizaciones sociales, asumimos compromisos, entre los que destacan: fortalecer y depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia, a fin de contar con cuerpos policiacos profesionales, honestos y confiables en los tres órdenes de Gobierno y reducir así el margen de complicidad e impunidad que propicia el crecimiento del delito.
Consolidar una estrategia nacional antisecuestro que permita concentrar la energía y voluntad del Estado en la proyección y combate de este delito, que tanto daño hace a la sociedad; consolidar un sistema de denuncia ciudadana para cerrarle precisamente los márgenes a la impunidad y tener la información necesaria para construir inteligencia que permita combatir a la criminalidad.
Con el mismo propósito consolidar el Sistema Único de Información Criminal, para garantizar el intercambio de información entre instancias y órdenes de Gobierno, promover una ley general del delito de secuestro para contar con más herramientas legales para la investigación del delito y la captura de los culpables.
Promover y fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia y la participación ciudadana, que son cruciales para triunfar en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Conscientes de que ningún esfuerzo de la autoridad puede por sí solo poner punto final a la delincuencia, si no se cuenta con la participación de los ciudadanos, en este Acuerdo se planteó la creación de un Observatorio Ciudadano que le dé el poder a la sociedad para dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades.
Sabemos que este Acuerdo se puede y debe enriquecer con el trabajo conjunto entre todas las autoridades y la sociedad.
Es por ello que el día de hoy, en la reunión que sostuve con los dirigentes de las organizaciones que se participaron en la marcha del día de ayer, Iluminemos México, recibí de ellos un pliego petitorio en el que externan sus principales preocupaciones sobre la seguridad pública.
Me he comprometido con todos ellos a que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el de la competencia del Gobierno Federal, revisaremos todos y cada uno de los puntos que plantean, con el fin de darle una respuesta satisfactoria a cada uno de ellos por parte de las instituciones del Estado, relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia.
En lo particular, el Gobierno Federal acepta, por mi conducto, los planteamientos y exigencias de la sociedad civil formuladas en el documento que me fue entregado por escrito, con la salvedad de aquellas materias que por disposición constitucional son competencia de otros poderes u órdenes de Gobierno o que esta disposición establece plazos previstos para su realización.
Me refiero, por ejemplo, a lo referente a la organización de policías municipales o estatales o la implementación de la Reforma de Justicia.
He escuchado y, desde luego, hacemos propias las propuestas entregadas, la mayoría de las cuales están contenidas en compromisos concretos, de meta, tiempo y responsables, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
También le he expresado a las ciudadanas y ciudadanos con los que me reuní el día de hoy, mi interés por la conformación no sólo de instancias ciudadanas a nivel nacional, sino que existan también instancias de vigilancia y exigencia ciudadana en cada estado de la República y en los municipios más importantes del país, de manera que estos Comités Ciudadanos o cualquier otra que sea la figura que ellos quieran darle, sirvan precisamente para vigilar, denunciar y promover una cultura de participación y denuncia.
Bienvenida la exigencia ciudadana.
Señoras y señores:

El agravio de la sociedad exige medidas drásticas de las autoridades para frenar, de una vez por todas, la delicada situación que vive el país en materia de seguridad pública.
El Gobierno Federal refrenda su compromiso con la ciudadanía y redoblará esfuerzos, precisamente, para erradicar este mal.
Es tarea urgente que todas las autoridades y todos los ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México de la delincuencia.
Hoy reitero el firme compromiso de mi Gobierno de seguir al frente de esta lucha contra la inseguridad. Esta es nuestra responsabilidad primaria ante la ciudadanía.
Ante el movimiento ciudadano expresado el día de ayer, estoy seguro que inicia una nueva etapa, marcada por la mayor fuerza y energía con la cual podemos hacer frente a la criminalidad, que es la exigencia ciudadana.Ahora toca cumplir los acuerdos a los cuales arribamos los Poderes de la Unión y los distintos órdenes de Gobierno. Juntos, sociedad y Gobierno, pondremos fin a este cáncer, que daña y que lastima a nuestro México.
Muchas gracias.
***

Gobierno Federal hace suyos los reclamos expresados por la ciudadanía en materia de seguridad pública: Presidente Calderón
Domingo, 31 de Agosto de 2008 Nota Informativa
Refrenda su compromiso con la ciudadanía para redoblar esfuerzos y erradicar la inseguridad
Es urgente que autoridades y ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que ante el problema de la inseguridad pública y la impunidad, el Gobierno Federal hace suyos los reclamos expresados por la ciudadanía, y comparte y entiende la exigencia social manifestada ayer en la marcha Iluminemos México.
Luego de reunirse con los dirigentes de las organizaciones que participaron en esta movilización, el Titular del Ejecutivo Federal se comprometió a revisar todas y cada una de las propuestas que le fueron presentadas hoy, a fin de dar una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad pública y la procuración de la justicia.
En un mensaje a los medios de comunicación en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció la participación de miles de mexicanos que manifestaron su inconformidad por la inseguridad que se vive en el país, y aseguró que todas las autoridades, sin excepción, deben escuchar los reclamos y actuar en consecuencia.
“En lo particular, el Gobierno Federal acepta, por mi conducto, los planteamientos y exigencias de la sociedad civil formuladas en el documento que me fue entregado por escrito, con la salvedad de aquellas materias que por disposición constitucional son competencia de otros poderes u órdenes de Gobierno o que esta disposición establece plazos previstos para su realización”, refirió.
El Presidente Calderón dijo que la condena a la impunidad y a la corrupción no sólo es legítima, sino que es un reclamo a las autoridades para que más allá de las diferencias políticas, se unan en el combate a la delincuencia y se corrija y elimine de raíz la impunidad.
“Hoy, como Presidente de la República, reconozco como un deber fundamental el hacer valer los reclamos que han hecho los ciudadanos y también comprometer la acción de Gobierno, en lo que a su responsabilidad corresponda, para erradicar este mal”, abundó.
El Primer Mandatario aseveró que desde el inicio de su Administración se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que destaca la depuración, profesionalización y control de confianza de los cuerpos policiacos, dotándoles a los policías confiables de armamento, capacitación, equipo y tecnología.
No obstante, mencionó que ante la magnitud del problema, no basta la acción policiaca y persecutoria, sino que se requieren acciones integrales, como las que el Gobierno está instrumentando a través de la estrategia Limpiemos México, que busca rescatar de las manos de la delincuencia los espacios públicos y devolvérselos a los niños y jóvenes para su sano esparcimiento y convivencia.
También destacó que en días pasados se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en donde los tres órdenes de Gobierno, Poderes de la Unión, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros actores, formularon propuestas con acciones y tiempos de ejecución concretos, para combatir de manera integral a la delincuencia, actuando al mismo tiempo desde distintos frentes.
El Presidente Calderón aseguró que es tarea urgente que todas las autoridades y todos los ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México de la delincuencia.
“Ante el movimiento ciudadano expresado el día de ayer, estoy seguro que inicia una nueva etapa marcada por la mayor fuerza y energía, con la cual podemos hacer frente a la criminalidad, que es la exigencia ciudadana”, concluyó.
Última modificación:

La marcha de 2004, opinión de Rincón

Retrospetiva

El Estado y la marcha/Gilberto Rincón Gallardo

Artículo publicado en REFORMA el 26 de junio de 2004

El día de mañana, domingo 27 de junio, se celebrará la marcha ciudadana en la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad y para exigir a todas las autoridades el cumplimiento de su obligación fundamental de garantizar seguridad y de combatir eficazmente a la delincuencia.Se trata de un llamado de la sociedad justo y digno de atención. Debe destacarse, en primer lugar, que se trata de un ejercicio civilizado y pacífico de los derechos democráticos a la expresión y manifestación. La gente en la calle, exigiendo que las autoridades cumplan con sus obligaciones primordiales, es una muestra, en efecto, de que las cosas no van bien en materia de seguridad pública; pero, a la vez, es una expresión de que se ha decidido utilizar los recursos pacíficos de la democracia para generar una voz colectiva que debe ser escuchada.

Se trata, desde luego, de una marcha política. La exigencia de un derecho es siempre una expresión política, porque participar en las cuestiones públicas es el ejercicio clásico de la política. Así que la acusación de que la marcha es ilegítima porque es política carece de sensatez. Pero si lo que se quiere decir es que las decenas de miles de ciudadanos que allí se congregarán son el instrumento de un grupúsculo de la ultraderecha para atacar a un proyecto político, entonces la acusación se hace absurda, pues, aunque sin duda existen, no hay grupo de ultraderecha capaz de movilizar, manipulándola, a tanta gente adulta. Lo cierto es que más allá de los usos que grupos de interés seguramente querrán darle a esta protesta, se trata de una expresión ciudadana genuina, respetable y atendible.Seguramente estará presente en esa marcha la llamada ultraderecha; como lo estará la derecha liberal, el centro, la izquierda y gente que ni siquiera se adscribe a visión política alguna. Seguramente, también, habrá quien trate de instrumentar la marcha para atacar políticamente a algún gobernante; pero el tema de fondo es si existe o no la situación de tragedia y alarma por la que se protesta; y lo cierto es que ésta existe y no hay manera sensata de ocultarla.

La inseguridad nos ha quitado a todos libertad, tranquilidad, bienestar y, a muchas personas, incluso a sus seres queridos. Ya existen demasiadas familias con daños irreparables a las que se debe una respuesta satisfactoria. La voz y la acción del Estado mexicano deben ser claras y eficaces, sin minimizar ni los problemas ni las exigencias de los afectados. Pero todavía estamos en el momento de aprovechar los cauces legales y las instituciones de justicia para demostrar que la democracia es el sistema que mejor resuelve los problemas sociales y que los atajos autoritarios son más gravosos a la postre, por muy atractivos que los hagan la desesperación y el miedo.

Este contexto hace entendible que la ciudadanía exija penas mayores para delitos como el secuestro o los asesinatos y que las condenas se cumplan completamente. En una entrevista reciente, el admirable ingeniero Gallo, cuya hija fue asesinada por sus plagiarios y quien logró que los criminales fueran no sólo detenidos sino también condenados, decía que existe una sola vía para hacer que un culpable sea condenado, pero muchísimas para revertir esta condena. Sin duda, las garantías procesales deben ser defendidas y preservadas, pero una revisión exhaustiva de nuestro sistema de justicia se ha convertido en una necesidad.

Es entendible, también, que en este ambiente de inseguridad y temor, mucha gente defienda hasta la pena de muerte como una solución a la criminalidad más abusiva y desalmada. El que la exigencia en sí misma pueda ser inaceptable, no nos exime de escuchar las razones que están detrás de ésta.Sería muy grave minimizar o ridiculizar estos temores y estas exigencias ciudadanas. Aunque un Estado democrático no puede permitirse actuar como vengador en vez de impartidor de justicia, y a sabiendas de que en otros países con sistemas de justicia más eficaces la pena de muerte no sólo es objeta le en términos éticos sino también en su capacidad de atajar la criminalidad, es necesario entender por qué la gente en México hace este tipo de exigencias.

La escasez de resultados por parte del sistema de justicia, el nivel de impunidad, la descoordinación visible entre instituciones y entre gobiernos, la tendencia de nuestra clase política a ir a remolque de los problemas y nunca adelantarse a ellos, generan, en conjunto, el caldo del cultivo para l desconfianza ciudadana y para el surgimiento de exigencias como las de la pena de muerte.

La conducta y expectativas de los ciudadanos son moldeadas por las instituciones que los rodean. En el caso de la criminalidad, si los ciudadanos no encuentran en las instituciones de justicia estímulos para creer en la ley y en los derechos humanos fundamentales, responderán con exigencias perfect mente lógicas de justicia sin mediaciones y de actos de venganza. Es tarea del Estado convencer a todos, con sus acciones, de que la ruta del derecho pleno es la única garantía de seguridad y tranquilidad, sin renunciar a derechos humanos fundamentales.

Nuestro país, y no sólo la zona metropolitana de la Ciudad de México, requiere de manera urgente una política de Estado en materia de seguridad pública. Es decir, una serie de acuerdos de cooperación, profesionalización, continuidad en el combate a la delincuencia, reforma al sistema de justicia y e construcción de estrategias integrales que debe mantenerse al margen de la lucha partidista; una serie de acuerdos que, no obstante, es de tipo político.

No partimos de cero para la construcción de estas estrategias. Por contraste entre regiones, destaca lo que sucede en estados como Sinaloa, Jalisco o Nuevo León, donde se ha reducido tanto la incidencia de secuestros como el peso social del crimen organizado. Esos ejemplos muestran que hay estrateg as locales que han funcionado, y nada sería más absurdo que no aprender de sus logros, por muy relativos que éstos pudieran ser. Una política de Estado en materia de seguridad pública no se construye de la noche a la mañana ni se genera sólo por la abundancia de declaraciones. Requiere no sólo volu tad política, sino trabajo, preparación e incluso generosidad. Por ello, sería un generoso tributo de las autoridades (todas, de todos los niveles) a la ciudadanía (toda, en todos sus niveles) que tal política se empezara a construir de inmediato; un tributo más que merecido por todo lo que esta ci dadanía ha tenido que padecer.

Esa es, en el fondo, la exigencia de la marcha de este domingo: que el Estado mexicano, más allá de cada una de sus partes, pero con todas las partes a la vez, sea capaz de demostrarle a la ciudadanía que puede cumplir con su obligación primordial de darle seguridad y certidumbre.

Don Gilberto, de seminarista a comunista

Gilberto Rincón Gallardo murió ayer al mediodía; tenía 69 añosVocación por los cambios y para convocar a diferentes
Publicado en Milenio, 31-Agosto-08;

Nota especial de Rogelio Hernández López

Rió a carcajadas, semanas atrás, cuando los once de su círculo cercano de socialdemócratas decidieron, entre bromas, ya no decirle como siempre (Rincón) sino dirigirse a él como “¡Don Gilberto!”. Antes de eso había agradecido, también con alegría, un perfil político suyo que resaltaba sus dones para los cambios… “Sí me reconozco allí”.
Ese perfil político de Gilberto Rincón Gallardo, que escribió alguno de sus cercanos meses antes de que lo postraran sus trastornos físicos, lo expuso como uno de los políticos más respetados de México, con un inusitado poder moral para convocar a diferentes, no obstante su historial de izquierda.