“...Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense.
El periodismo de investigación hace su trabajo, y nos ofrece algunos datos...desafortunadamente es sólo una versión.
Cuatro columnistas abordan el tema hoy, Carlos Ramírez, Rafael Cardona, Becerra Acosta y Carlos Puig. Asimismo Bajo Reserva de El Universal.
Indicador Político/Carlos Ramírez
BAJO RESERVA/EL Universal
Tlatlaya, zona “caliente”
AUN ANTES de que el municipio de Tlatlaya saltara a luz pública, primero cuando se conoció la noticia de que 22 personas murieron tras un enfrentamiento con el Ejército, y después por los señalamientos de que se trató de una presunta ejecución masiva, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que dirige Michele Leonhart, ya consideraban esta localidad como un foco rojo. Según informes de agencias estadounidenses el municipio tiene una fuerte presencia del crimen organizado que realiza actividades de secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso y, por supuesto, narcotráfico. La muerte de las 22 personas, nos dicen, sólo fue la conformación de que se trata de una zona “caliente”.
BAJO RESERVA/EL Universal
Tlatlaya, zona “caliente”
AUN ANTES de que el municipio de Tlatlaya saltara a luz pública, primero cuando se conoció la noticia de que 22 personas murieron tras un enfrentamiento con el Ejército, y después por los señalamientos de que se trató de una presunta ejecución masiva, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que dirige Michele Leonhart, ya consideraban esta localidad como un foco rojo. Según informes de agencias estadounidenses el municipio tiene una fuerte presencia del crimen organizado que realiza actividades de secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso y, por supuesto, narcotráfico. La muerte de las 22 personas, nos dicen, sólo fue la conformación de que se trata de una zona “caliente”.
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Indicador Político/ Carlos Ramirez
Indicador Político/ Carlos Ramirez
24 Horas,
Sedena: eran secuestradores
La segunda fase de apertura económica con las reformas estructurales del gobierno penañietista ha llevado a un fenómeno interesante: el arribo de medios de comunicación extranjeros asociados a los intereses de los nuevos inversionistas.
Las revistas Forbes, Fortune, Rolling Stone, Esquire, Newsweek, The Economist y el servicio de noticias financieras Bloomberg se han convertido en factores de presión de intereses transnacionales, mientras los medios mexicanos los toman a ciegas de referencia.
Así ha ocurrido con las informaciones sin fuente abierta de Esquire sobre el enfrentamiento entre secuestradores y militares en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio. Las revelaciones de la edición mexicana de la revista estadunidense ocultan la fuente y le otorgan credibilidad a los delincuentes atrapados in fraganti. Sin embargo, la información carece de un contexto criminal por el control del crimen organizado de esa parte suroeste mexiquense. No debe pasar desapercibido que se trata del estado de nacimiento del presidente Peña Nieto.
Tampoco se debe perder de vista que en casos concretos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la zona norte de Tamaulipas, las bandas criminales tomaron la bandera de los derechos humanos para paralizar las acciones federales en su contra. Inclusive, en Ciudad Juárez, los delincuentes portaban una tarjeta informativa sobre cómo llevar su caso criminal al terreno de los derechos humanos, y cárteles pagaban a grupos sociales para organizar marchas de protesta por supuesta violación de derechos humanos.
La zona de Tlatlaya es agreste, de difícil acceso y por tanto de controles oficiales complicados. La disputa entre grupos diferentes del crimen organizado ha sembrado el terror entre la población. Se han documentado actividades criminales de delincuentes: extorsiones, secuestros cobro de piso, además de imponer ilegalmente y de acuerdo con sus intereses toques de queda, limitaciones al libre tránsito con retenes. Asimismo, se acumulan denuncias de violaciones, asesinatos y desapariciones de personas. Estas violaciones de derechos humanos han sido ignoradas por los medios de comunicación.
El 30 de junio una partida de militares detectó vigilancia armada en una bodega, aplicó los protocolos para conminar a la rendición y la entrega de armas pero encontró como respuesta fuego nutrido de los delincuentes. Los militares respondieron a la agresión con un soldado herido y un vehículo militar destruido por el fuego enemigo. En la refriega murieron veintidós delincuentes y se encontraron tres mujeres secuestradas.
La edición mexicana de la revista Esquire reventó la versión de familiares de los delincuentes acusando al ejército de “ejecución”. La información se basa en la versión de denunciantes, sin que haya ninguna indagación propia, ninguna documentación de las bandas criminales que controlaban el lugar y nada de las armas que portaban y usaron los secuestradores. Se trata de la misma estrategia informativa manipuladora de los medios estadunidenses para cubrir los asesinatos de civiles en Irak y Afganistán.
La nota de Esquire permite atar cabos sobre la irrupción en México de intereses informativos estadunidenses en temas que preocupan a los inversionistas atraídos por las reformas privatizadoras. No es gratuita la presión de la comunidad militar estadunidense por someter a las fuerzas armadas mexicanas a sus intereses para conseguir la presencia extranjera en acciones de seguridad y de espionaje. Hasta ahora, por cierto, el Ejército mexicano ha cerrado las puertas a la intentona de instalar “asesores militares” en México, un enfoque de contexto ignorado por la prensa mexicana que repite acríticamente las denuncias de medios estadunidenses.
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TLATLAYA, LA LEYENDA NEGRA/Rafael Cardona
El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas.
La paradoja, comenta un jefe militar, es terrible para nosotros: por una parte somos una institución regularmente descalificada por los defensores de derechos humanos, pero por la otra, tenemos altos grados de aprobación y confianza en todas las encuestas del país.
Hoy esa paradoja se muestra en toda su dimensión.
A los pocos días de recibir el aplauso popular generalizado en el Desfile Militar del 16 de septiembre, y gracias a las indagatorias de la prensa estadunidense (incapaz de investigar Guantánamo, pero siempre preocupada por los derechos humanos en el Tercer Mundo) una corriente interesada o no —lo mismo da— esparce la especie negra: los militares ejecutaron a una veintena de personas, quienes ya no hacían nada por defenderse.
Como se sabe el pasado 30 de junio, en la comunidad de San Pedro Limón, una patrulla militar fue agredida por supuestos secuestradores, contra quienes abrieron fuego. En los hechos murieron 21 personas. Los soldados no tuvieron bajas.
Más allá de la siempre evidente disparidad entre la capacidad de fuego y el entrenamiento de los soldados contra los delincuentes, el hecho llamó la atención de la agencia informativa AP (cuyas primicias en casos de narcotráfico son inexplicables a la luz de la sola habilidad periodística), la cual desplegó todas sus habilidades reporteriles y concluyó sombríamente: los muertos estaban dentro de un galpón y no hay pruebas del supuesto enfrentamiento.
El fantasma de la múltiple ejecución extrajudicial ya había sido sembrado y recogido, después, por el semanario Esquire.
“…Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dice que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron…
“…Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
Frente a esto la Secretaría de la Defensa Nacional emitió el siguiente comunicado:
“En relación al incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Méx, el 30 de junio de 2014, donde personal militar repelió una agresión armada, se informa lo siguiente:
“Esta Dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas.
“La Secretaría de la Defensa Nacional, prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los Derechos Humanos de los ciudadanos”.
¿A quién beneficia el desprestigio del Ejército a través de la prensa americana?∞∞∞
Tlatlaya, la CNDH y el incentivo perverso/CARLOS PUIG
Milenio, 22 de septiembre de 2014,
El 17 de septiembre El País publicó una nota firmada por Luis Pablo Beauregard sobre derechos humanos y los militares en México; en un párrafo se refería a los sucesos de Tlatlaya en el cual Marat Paredes, primer visitador de la CNDH, decía que no había investigación alguna sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 civiles armados murieron tras un supuesto enfrentamiento con soldados. “No hemos recibido una queja de los hechos. Cuando se recibe una queja, pedimos un informe a las autoridades y hacemos diligencias en el lugar de los hechos”, dice Paredes. La CNDH tampoco ha comenzado una investigación de oficio.
Dos días después, el corresponsal jefe de El País en México, Jan Martínez Ahrens, firmó una nota de seguimiento sobre los hechos en Tlatlaya.
Cito: “La Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que hace ya varias semanas que había recogido este testimonio, junto al de otros dos supervivientes (dos mujeres que aseguraron haber sido secuestradas) (…) Los peritos de la comisión están haciendo su trabajo y se va a solicitar al Ejército que nos entregue un informe sobre los hechos”, afirmó el segundo visitador general de la comisión, Marat Paredes Montiel.
Entiendo que Paredes no hizo la primera declaración a El País el 16 ni el 15, tal vez ni el 10 de septiembre, pero el visitador le dijo después a Martínez Ahrens que “desde hace semanas” habían recogido el mismo testimonio que publicó la agencia AP, y Esquire la semana pasada, respecto a que lo sucedido en Tlatlaya había sido una ejecución.
Esta administración de la CNDH ha hecho un esfuerzo enorme en capacitar a los soldados mexicanos en derechos humanos. Según informes de la Sedena, más de 20 mil elementos castrenses han pasado por algún tipo de capacitación en estos años. De hecho, el presidente de la CNDH presume como gran logro (suyo) la disminución de las quejas contra el Ejército. En dos años no ha hecho sola recomendación contra el Ejército.
¿Qué pasaría si resulta que lo de Tlatlaya fue una atrocidad? ¿No sería en parte un fracaso de ese programa? Es decir, en el fondo, ¿no se están investigando a ellos mismos? ¿En tiempos de elección en la CNDH?
Tal vez por eso se confunde el visitador Paredes cuando habla con El País.
Tal vez por eso yo sigo confundido.
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Las necropsias de los 22 de Tlatlaya…/Juan Pablo Becerra Acosta
Milenio
Columna Doble Fondo
El pasado 30 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se había producido un enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Tlatlaya (Estado de México), en una zona que colinda con Guerrero y Michoacán. Es un área en la cual hay intensa actividad criminal: tráfico de drogas, secuestro y extorsiones.
La Sedena indicó que, alrededor de las 5:30 de la mañana de ese día, un grupo de soldados realizaba un recorrido de vigilancia cuando avistó una bodega que era custodiada por personas armadas. Al aproximarse para efectuar una inspección del lugar, los soldados fueron recibidos a balazos. Los militares repelieron la agresión y en el enfrentamiento murieron 22 delincuentes, entre ellos una mujer menor de edad. Un militar resultó herido.
De acuerdo con la versión de la Sedena, en la bodega se cocinaban drogas, aparentemente metanfetaminas. En el lugar de los hechos fueron encontradas y decomisadas 38 armas. Además, tres mujeres que permanecían secuestradas fueron rescatadas. De todo esto se dio parte al Ministerio Público federal. No hubo mucha más información, solo trascendió que los criminales supuestamente pertenecían al grupo narco conocido como Guerreros Unidos.
Mi compañero Carlos Puig fue el primer periodista que empezó a obtener más información de los hechos, datos que publicó en sus columnas aparecidas en días posteriores a los hechos. Había cabos sueltos sobre lo ocurrido, en especial en lo que se refiere a la forma en que perecieron los delincuentes, porque, de que se trataba de criminales, no hay duda: solo quien delinque dispara a un grupo de soldados perfectamente identificados. A lo recabado por Carlos ya se suman dos trabajos adicionales: la revista Esquire, en su edición mexicana, así como la agencia Associated Press, publicaron hace unos días un par de notas con dichos de mujeres, quienes aseguran que los soldados mataron a tiros a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido y estaban sometidos en el piso. Es decir, que los habrían ejecutado.
Esto se desprende del testimonio de quien se dice madre de la única mujer abatida en el lugar, entrevistada por AP, y de quien afirma ser una de las mujeres liberadas en la bodega, entrevistada por Esquire. Ya han circulado versiones informativas para desacreditar a ambas mujeres. No sería la primera vez que grupos criminales utilizan a gente que forma parte de su base social para golpear instituciones, a fin de desviar la atención de sus atroces actos criminales, pero tampoco sería la primera vez que alguien en el poder intenta desacreditar testigos cuando se pilla a fuerzas del orden en terribles violaciones a los derechos humanos, o en monstruosos excesos de poder.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que se va a investigar lo ocurrido. Lo mismo han dicho la PGR y la Sedena. La CNDH afirmó que hará lo propio. Qué bueno. Urge, porque además, el caso ya trascendió las fronteras.
Lo primero que yo, como reportero, quiero que me muestren, que me permitan ver, son las necropsias y los certificados de defunción, con todo y fotos de los cadáveres completos, de los 22 de Tlatlaya. A partir de ahí se puede iniciar un tejido reporteril para averiguar quién miente en este delicadísimo caso, porque aquí lo único claro es que alguien engaña. O más bien: que algunos mienten y engañan…
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