Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la Sesión
Plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas
Nueva York, 22 SEP
Excelentísimo Presidente de
la Asamblea General.
Excelentísimas señoras y
excelentísimos señores Jefes de Estado y de Gobierno.
Muy distinguido Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Honorables integrantes de las
delegaciones y representaciones indígenas del mundo.
Señoras y señores:
Como Presidente de México y
como representante de una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas, es un alto honor participar en esta Conferencia Mundial.
Asisto a esta Sesión Plenaria
para refrendar el compromiso permanente de México con la protección y
reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas
las regiones y países del mundo.
Expreso mi más amplio
reconocimiento a la Asamblea General por su decisión, en 2010, de realizar este
encuentro histórico, el primero de alto nivel, dedicado exclusivamente al
bienestar de los pueblos indígenas.
Para México, para América
Latina y el Caribe, la cuestión indígena está en las raíces de nuestras
identidades y nuestras circunstancias históricas, sociales y políticas.
Lo señalo por la diversidad
lingüística y el gran número de pueblos indígenas de América Latina y el
Caribe, que representan una población cercana a los 45 millones de personas.
Pero, sobre todo, por el
compromiso y liderazgo de mujeres y hombres indígenas, manifestado a lo largo
de años en favor del reconocimiento, protección y promoción de sus derechos.
Para México ha sido un gran
honor contribuir a la preparación de esta Conferencia Mundial y a la
negociación de su documento final.
El gran propósito es lograr
el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en todas las
naciones. Se trata de un logro muy importante, resultado de un diálogo abierto,
inclusivo y constructivo entre los Estados miembros y las representaciones
indígenas.
Además, se ha cuidado que sus
recomendaciones estén en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.
México confía en que el
documento final sea una hoja de ruta para reposicionar el tema indígena en la
agenda internacional y dar un renovado impulso a las acciones de las organizaciones
de las Naciones Unidas en esta materia.
La Delegación mexicana valora
la incorporación de varios de los planteamientos que presentó en favor de los
indígenas del mundo, como son los siguientes:
Que la Agenda de Desarrollo
Post 2015 procure los derechos de los pueblos indígenas.
Que la participación de los
pueblos originarios en los trabajos de la ONU, sea bajo un estatus distinto al
de Organizaciones No Gubernamentales.
Que se armonicen las leyes
nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la
aplicación de esta declaración en cada Estado miembro.
México desea que estas ideas
se traduzcan en beneficios concretos para los cinco mil pueblos indígenas que,
se estima, existen en el mundo.
Tenemos que seguir trabajando
juntos. La desigualdad, injusticia y discriminación en contra de los pueblos
indígenas, todavía, y lamentablemente, es una realidad lacerante.
Para erradicar estas
prácticas y hacer valer sus derechos, debemos fortalecer la cooperación
internacional y, sobre todo, intensificar las acciones al interior de cada
país.
En México, nuestra
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para
decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
También reconoce su derecho a
preservar y difundir su cultura, tradiciones y costumbres en un entorno de
igualdad y no discriminación.
Para que los más de 15
millones de indígenas de México puedan ejercer plenamente estos derechos, el
Estado cuenta con una política transversal, enfocada al mejoramiento de su
calidad de vida y a la generación de mayores oportunidades de desarrollo.
Esta política incluye
acciones específicas para erradicar el hambre y superar la pobreza extrema en
los municipios indígenas, así como la construcción de la infraestructura básica
en sus comunidades.
Además, se rediseñó y
fortaleció el principal programa de combate a la pobreza que atiende a más de
seis millones de personas de origen indígena.
También, estamos respaldando
con determinación su incorporación a la educación pública, a los servicios de
salud y a una vivienda digna.
Igualmente, impulsamos su
acceso a la justicia, así como sus iniciativas para elevar la producción y
comercialización de sus productos y artesanías, con un enfoque de
sustentabilidad.
En síntesis.
El Gobierno de México
respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo
incluyente, que mejore su ingreso y su calidad de vida, sin perder su identidad
cultural ni comprometer el patrimonio natural del país.
Y en este sentido, en
cumplimiento de compromisos internacionales, hemos establecido un diálogo
respetuoso y directo con diversas comunidades indígenas para orientar políticas
públicas, y proyectos de infraestructura en sus áreas de influencia.
Así, se asegura que
participen eficazmente en la definición de acciones que impulsen su desarrollo
integral, con pleno respeto a su libre determinación.
Señor Presidente de la
Asamblea General.
Señoras y señores:
Las iniciativas de desarrollo
de la ONU merecen la suma de las capacidades y experiencias de todos los
países, porque sólo juntos podremos hacer realidad el propósito de construir un
mejor futuro para toda la humanidad.
Por convicción, los mexicanos
seguiremos actuando con responsabilidad global al interior de este organismo
internacional, por ser la instancia que mejor representa la diversidad de las
naciones y la aspiración compartida de paz, desarrollo y prosperidad para todos
los pueblos del mundo.
En México estamos decididos a
construir una verdadera sociedad de derechos en la que todas las personas,
independientemente de su origen étnico, puedan ejercer, en su vida diaria, los
derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución y los tratados
internacionales.
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