La celebración anticipada del Día del Abogado,..
Salón Adolfo
López Mateos de la Residencia Oficial Presidencia de la República, a 9 de julio de 2015
Diversas
intervenciones durante la celebración del Día del Abogado, que tuvo lugar en el
Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial
Humberto Castillejos Cervantes, Consejero
Jurídico del Ejecutivo Federal: Señor Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Señores
Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, así como de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Señoras
y señores integrantes del presídium.
Amigos
abogados:
En
los últimos años, hemos experimentado la transformación más profunda de nuestro
Sistema Constitucional desde 1917, cuando se incorporaron como primer país en
el mundo los derechos sociales a la educación, a la tierra y al trabajo.
Hay,
hoy, en México, un cambio de paradigma.
Hoy, toda política de Estado, toda norma y toda interpretación legal se centra
en el ser humano y en sus derechos, que es la causa y el fin de todo el orden
jurídico mexicano.
Las
reformas estructurales que ha impulsado el Presidente de la República, tienen
esta visión humanista, porque su concepción se basa en reconocer nuevos
derechos humanos o en fortalecer otros, para hacerlos verdaderamente efectivos.
Se
reconocieron los derechos humanos de acceso a las tecnologías de la información
y las comunicaciones, de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la
paridad en las candidaturas a cargos de elección popular en materia
legislativa.
También,
se ensancharon los derechos humanos a la educación de calidad, el acceso a la
información pública gubernamental, y a contar con un sistema económico que
genere competencia para adquirir productos a precios más baratos.
Además,
con la Reforma Energética, se crearon los instrumentos constitucionales para
dar viabilidad financiera a los derechos sociales, económicos y culturales de
los mexicanos.
Estos
cambios, por supuesto, exigen de nuestra profesión un gran compromiso, entender
y reflexionar sobre los retos y sobre sus oportunidades, pero también requieren
mayor unidad como gremio, mejor capacitación y, por supuesto, más ética para
prestar servicios legales de calidad, tanto por los abogados del Estado, cuanto
por los abogados particulares.
No
hay derecho humano, sin embargo, sin una tutela judicial efectiva. Como decía
Morelos: todo aquél que pida justicia, debe contar con un tribunal que lo
escuche, lo ampara y lo protege.
Por
eso, es momento de que sumemos esfuerzos para lograr esta justicia; una
justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Una
justicia que haga realidad los derechos humanos. Una justicia cotidiana que dé
respuesta rápida y efectiva a quien la demanda. Una justicia accesible, que
deje los formalismos para centrarse en la solución de los problemas.
Una
justicia que privilegie la solución amistosa de los conflictos, para contribuir
a la armonía y a la paz social. Una justicia que permita superar la desigualdad
entre las partes y que proteja al débil frente al fuerte, y al ciudadano de
cualquier arbitrariedad.
Una
justicia que sea una justicia efectiva, que sea el día a día de los mexicanos
La
sociedad espera de nosotros, de todos los abogados, una verdadera vocación por
esta justicia. Cambiar la mentalidad, las normas, los procedimientos y la
visión del derecho para lograr la solución de los problemas en forma expedita,
porque la justicia que tarda, la justicia que tarda, no es justicia.
Por
ello, debemos sí, felicitarnos por este Día del Abogado. Reconocer lo mucho que
ha hecho el gremio en la construcción del sistema social, económico y político
de México.
Pero
sobre todo, debemos comprometernos, como abogados, con los más altos valores de
la profesión, para hacer la justicia lo más cotidiano del quehacer social.
Sólo
juntos; sociedad, academia, abogados, y poderes de todos los niveles del
Gobierno, podremos hacer efectiva la aspiración de justicia que plantea nuestra
Constitución.
Hoy,
creo que debemos poner en el centro de los derechos humanos, a la tutela
judicial efectiva, porque es la que hace realidad los derechos fundamentales.
Las
naciones son verdaderamente fuertes y potentes cuando logran una justicia
efectiva, que proteja los derechos humanos. Trabajemos todos, para hacer
cotidiana la justicia.
Muchas
gracias.
#
Arely Gómez González, Procuradora General
de la República.
Buenos días a todas y
todos ustedes.
Licenciado
Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado
Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados;
Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; integrantes
del presídium; amigos y amigas abogados:
Es
un honor dirigirme a todos ustedes. Honor que mucho agradezco.
Los
abogados son actores esenciales en la conservación del orden social. Si el
derecho es la base de toda la sociedad, entonces, los abogados son la piedra
angular del Estado moderno. Su rol en nuestra vida cotidiana, es fundamental.
En
virtud de su trabajo, es posible soñar con una institución, una sociedad justa,
íntegra, donde se respeten los derechos humanos. Si el vínculo que mantiene
unida a la sociedad es la ley, aquí estamos los que tenemos la responsabilidad
de ser garantes que eso suceda.
Las
y los juzgadores, las y los Ministerios Públicos, las y los abogados
postulantes, las y los fiscales y procuradores. En este momento, más que nunca,
no escatimemos nuestro empeño por cumplirle a la sociedad.
La
ley es libertad y también responsabilidad, la forma más elevada de ofrecer
certidumbre a los derechos y a las obligaciones.
En
este sentido, la función del abogado está dirigida a la búsqueda de la
justicia. Por ello, la probidad y la rectitud son los principales elementos en
el ejercicio de esta profesión.
Asegurar
la calidad ética y el profesionalismo de los servicios jurídicos, a través de
la colegiación y certificación periódica, debe ser un tema de análisis
prioritario en la agenda pública.
Hoy,
es un buen día que aprovecho para hacer patente que los derechos humanos que
todos los mexicanos gozamos, han sido parte de un largo proceso de
reconocimiento y consolidación en nuestro sistema jurídico.
En
este sentido, la erradicación de la violencia de género, el combate a la
corrupción y el fomento a una mejor rendición de cuentas y transparencia,
consolidan nuestra democracia.
Éste
es el marco de actuar, ésa es la directriz permanente del Ejecutivo Federal,
ése es el objetivo principal de su Gobierno; lograr el ejercicio pleno de los
derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos.
Esto
nos obliga a trabajar decididamente en que el lenguaje de los derechos humanos
sea un idioma común en todos los sectores e instituciones. Debemos garantizar
que sean conocidos y respetados en todos los niveles, y desde temprana edad.
Tiene que convertirse en materia de nuestro sistema educativo y en parte
inherente de nuestra sociedad.
Desde
el inicio de su mandato, señor Presidente, su Administración ha trabajado para
bridar seguridad a los mexicanos que han visto vulnerada su tranquilidad,
implementando una estrategia nacional para reducir la violencia, a través de
una real y eficaz coordinación entre
diversos órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y, hacer prevalecer
la justicia y la paz y el Estado de derecho en México.
Los
servidores públicos de las instituciones del Gobierno de la República, estamos
trabajando con todas nuestras capacidades para mantener un México en paz, donde
el imperio de la ley sea la constante, donde
el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su
población sea lo cotidiano. Un México que sancione el abuso y reconozca el
cumplimiento.
En
la Procuraduría General de la República, sabemos y estamos conscientes que la
sociedad en su conjunto exige resultados, investigaciones apegadas a derecho,
rigurosas en sus alcances y eficaces en sus resultados en el combate a la
delincuencia y la impunidad en el país.
Hoy,
nos enfrentamos a un reto y un hecho histórico.
Estamos
en la transición de un sistema procesal mixto, a uno de tipo acusatorio y oral.
Las reformas constitucionales en materia penal logradas bajo su gestión, señor Presidente, y de las que menciono sólo
un ejemplo; el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas del
juicio de amparo en materia de derechos humanos, nos reclaman actualización y
especialización.
Las
abogadas y los abogados debemos estar preparados para la entrada en vigor del
nuevo Sistema de Justicia Penal, que deberá operar de manera plena el 18 de
junio del próximo año.
Una
procuración de justicia ejemplar que todos deseamos, requiere de agentes del
Ministerio Público, de policías de
investigación y personal pericial honesto y de excelencia, a través de la permanente actualización de
conocimientos jurídicos y el perfeccionamiento de las técnicas de
investigación.
Por
ello, nos hemos planteado fortalecer las capacidades ministeriales para mejorar
la atención a víctimas, mediante un renovado esfuerzo de profesionalización y
modernización; velar por un desempeño probo y apegado a derecho por parte de
los servidores públicos de la institución.
Pero
además, sabemos que la confianza de la ciudadanía se logra acercando las
instituciones a las personas y con el cumplimiento de las exigencias legales
que tenemos los servidores públicos.
Las
desigualdades socioeconómicas, las diferencias regionales y las prácticas
acendradas, han generado en nuestro país estructuras dispares que complican el
acceso de los ciudadanos a uno de los derechos fundamentales del ser humano; la
igualdad ante la ley.
La
legalidad y la justicia sólo se construyen, sólo se conciben desde la debida
aplicación de la ley. Nunca al margen de ella.
El
combate a la impunidad exige una participación responsable de todos para evitar
abusos y corregir deficiencias históricas.
No
podemos, no debemos tolerar a quienes se imaginan un México en que la ley no
aplica para ellos, en el que se pretende disfrutar de una aplicación a modo de
la ley. Eso se llama impunidad, y no se puede tolerar más.
Es
deseable que la sociedad reconozca a quienes hacen bien su tarea de procuración
de justicia, y también que castigue con la exclusión y la denuncia a quienes
transgreden la ley.
Para
que México alcance su máximo potencial, debemos garantizar a cada persona el
derecho a la seguridad y un acceso efectivo a la justicia. Nuestro esfuerzo
está enfocado en la necesidad imperiosa de rescatar y fortalecer la
credibilidad y confianza ciudadana en instituciones de procuración de justicia.
Señor
Presidente.
Señoras
y señores:
Hago
propicia la ocasión, para enaltecer a las abogadas y abogados que han aportado
su conocimiento para el desarrollo de nuestra Nación.
Reciban
todos ustedes una cordial felicitación y mi reconocimiento por la labor que cada
una desempeña de manera significativa en la promoción, protección y defensa a
la seguridad jurídica de todos los mexicanos.
Muchas
felicidades a todos y todas ustedes.
Muchas
gracias.
#
Luis María Aguilar Morales,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor
Presidente, don Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos; señor Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Don
Miguel Alemán, que nos acompaña; la maestra, desde luego, doña Arely Gómez
González, Procuradora General de la República; señor licenciado don Humberto
Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
Distinguidos
miembros del presídium, que ha sido ya motivo de reconocimiento su presencia, y
cosa que yo agradezco infinitamente.
En
1842, André Dupín, jurista francés, publicó una obra intitulada La Profesión
del Abogado, que también fue conocida como El Arte del Abogado. En ella, el
autor sugería que las funciones del abogado son mucho más antiguas que el
título en sí mismo.
Y
que, en efecto, decía, entre todas las naciones civilizadas ha habido siempre
hombres celosos y virtuosos, que siendo muy versados en los principios del
derecho y de la equidad, ayudaban a los otros con sus consejos y defendían en
los juicios a los que no se encontraban en estado de defenderse por sí mismos,
o que tenían menos confianza en sus propias ideas que en las luces de estos
generosos defensores.
La
historia guarda en sus vetustos anaqueles testimonios de la notable labor de
estos individuos que consagraban sus esfuerzos en defensa de los intereses de
otros.
Por
ejemplo, Demóstenes era un defensor gratuito que componía argumentos para que
con sus conciudadanos pronunciaran al sostener sus derechos en juicio. Incluso,
Demóstenes llegó al extremo de elaborar argumentos para cada una de las partes
aún contrarias entre sí.
Isócrates,
orador, logógrafo, político y educador, fue algunas veces citado a comparecer
ante los tribunales como infractor de las leyes por haber sugerido a las partes
medios capaces de sorprender a sus adversarios, lo cual fue causa que se le
impidiese asesorar más a los otros.
Por
su lado, se dice que Antisoaes, que fue el primero que recibió de sus clientes
una recompensa por el cuidado que había puesto en su defensa. Hasta entonces,
había sido simplemente una ayuda generosa y gratuita.
Estos
y otros tantos personajes de la historia se condujeron motivados más por un
principio de honor que de interés, mientras que aquellos en quienes se
reconocía un espíritu mercenario, fueron reprendidos vivamente, como se
aprecia, por ejemplo, en las propias oraciones de Demóstenes.
Tal
fue la disciplina del Foro de Atenas, que sirvió de modelo al de Roma,
semillero de muchos de los más grandes juristas de la historia.
Fue,
precisamente, Justiniano quien comparó a los abogados con los guerreros, por
ser defensores de la libertad y del derecho a costa, incluso, de su propia
tranquilidad, ya que no luchaban solamente contra adversarios, sino contra la
arbitrariedad y el despotismo de la autoridad.
Seguramente
por ello, a la postre, Las Institutas de Justiniano se volvieron parte medular de
la enseñanza del derecho.
La
Real y Pontificia Universidad de México fue inaugurada el 25 de enero de 1553
y, según el cronista don Bernardo de la Plaza y Jaén, la cátedra de Leyes fue
una de las siete columnas con la que se dio inicio a los cursos de la
universidad. Las otras seis cátedras restantes, fueron: Teología, Escritura
Sagrada, Cánones, Artes, Retórica y Gramática.
Si
bien es memorable el 5 de junio de 1553, cuando don Pedro Morones, Fiscal de la
Real Audiencia, disertó acerca de las Decretales, fue precisamente el jueves 12
de julio de 1553, cuando el doctor en Derecho, don Bartolomé de Frías y
Albornoz, autor del Arte de Los Contratos y descrito por sus contemporáneos
como un varón doctísimo, consumado en toda las lenguas, de sumo ingenio y de
memoria monstruosa, impartió en esta Ciudad de México, la Prima de Leyes
Instituta.
Con
ese notable antecedente, a finales de 1959, mediante iniciativa del licenciado
Rolando Rueda de León, redactor del Diario de México, se concibió la idea de
instituir el Día del Abogado, quien para lograrlo ofreció al licenciado
Federico Bracamontes, director del periódico, realizar la idea y promover la
institución.
Por
ello, el 12 de julio de 1960, se celebró por primera ocasión en nuestro país el
Día del Abogado, con la finalidad de enaltecer y exaltar la dignidad
profesional.
Cada
ceremonia, como la que hoy nos congrega, es propicia para tener presente el rol
del abogado en la sociedad.
De
la misma manera en que lo hacen con precisión los colegios de profesionistas, con
sus respectivos códigos de ética.
Así,
por ejemplo, tenemos al ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, que
sostiene que en una sociedad fundada en el respeto a la justicia, el abogado
tiene un papel fundamental; su misión no se limita a ejecutar fielmente un mandato en el marco del
derecho, sino que en un Estado de derecho, el abogado es indispensable para
lograr el respeto y cumplimiento de la justicia y de los justiciables, pues
tiene la obligación de defender sus
derechos y libertades. Es, por tanto, el asesor y defensor de su cliente, que
en todo momento deberá buscar la prevalencia de la justicia.
La
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, señala en esencia, que el deber
profesional del abogado es, que ha de tener presente que es un servidor del
derecho y un coadyuvante de la justicia, y que la esencia de su deber
profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas
morales, los derechos de su cliente.
La
independencia, la libertad, la dignidad, la integridad y el secreto profesional
son tan sólo algunos de los prerrequisitos fundamentales para el ejercicio de
la profesión. Y a la defensa de esos principios, ha estado orientada la labor
de los colegios de profesionistas.
A
todos ellos, a todos sin excepción, expreso mi más amplio reconocimiento por su
actividad perseverante, en aras del mejoramiento y la vigilancia del ejercicio
profesional.
Como
defensores de los derechos de sus clientes y tal como es reconocido en los
principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados en el Octavo
Congreso de Naciones Unidas sobre la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana,
en 1990, los abogados deben tener en todo momento, el honor y la dignidad de su
profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de
justicia. Ya que al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa
de la justicia, propiciarán el apoyo y la defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, reconocidos tanto por nuestra ley suprema, como por
el derecho internacional.
De
manera destacada, el Décimonoveno de esos principios básicos, dispone que
ningún tribunal, ni organismo administrativo ante el que se reconozca el
derecho de ser asistido por un abogado,
se negará a reconocer el derecho de éste, a presentarse ante el juzgador en
nombre de un cliente, salvo, claro, que el abogado haya sido previamente
inhabilitado.
En
torno a las interacciones de los abogados con el sistema de impartición de
justicia, quiero destacar que para garantizar el derecho humano de acceso a la
impartición de justicia o de acceso a una tutela judicial efectiva, debe
considerarse también, a todos aquellos que interactúan de manera cotidiana con
el sistema y cuya intervención, máxime cuando está marcada por la calidad
profesional, la técnica, la ética y la argumentativa de los abogados, resulta
crucial para el buen desempeño de los jueces.
Son
los tribunales los que reciben las demandas, los planteamientos y las formas
primeras de interpretación del derecho que los abogados plantean.
Los
Tribunales, generalmente, actúan frente a las peticiones que los abogados les
plantean, les generan. Es por eso que para mí, la labor de los abogados es
parte fundamental del sistema de justicia, no es un elemento ajeno y es parte
sustantiva de la impartición de justicia.
Lo
reconoció el licenciado Manuel G. Escobedo, Presidente de la Barra Mexicana, en
su discurso de 1963, cuando instó a todos los abogados a colaborar con los
funcionarios judiciales, considerándose, con ellos, como parte de la misma
institución de justicia.
No
me cabe duda que tiene notable vigencia la aseveración de Calamandrei, cuando
dice que los abogados proporcionan al juez las sustancias elementales de cuya
combinación nace en cierto momento, en justo medio, la decisión imparcial,
síntesis química de dos contrapuestas parcialidades. Deben ser considerados,
los abogados, como pares en el sentido que esta expresión tiene en mecánica,
sistema de dos fuerzas equivalentes, las cuales obrando sobre líneas paralelas
en dirección opuesta, engendran el movimiento que da vida al proceso y
encuentra reposo en la justicia.
Somos,
los abogados y los jueces, operadores jurídicos, identificados por actuar en el
ámbito jurídico, sea como creadores, como intérpretes, como consultores, como
aplicadores o como destinatarios del derecho.
Como
sostiene el profesor Gregorio Peces-Barba, debe ponerse de relieve, que los
operadores jurídicos tratan con personas, en unos casos para regular su
conducta; en otro, para juzgarlos; y en otro, para aconsejarlos.
Señoras
y señores:
Los
abogados han escrito grandes capítulos de la historia de este país. Su función,
indudablemente, es trascendental en la sociedad y han sido protagonistas de las
más destacadas transformaciones que ha vivido nuestro país en tiempos
recientes.
Es,
precisamente, en el marco de las recientes reformas constitucionales, con
especial trascendencia en materia del reconocimiento y respeto a los derechos
humanos, así como en las reformas de amparo y materia penal], que resulta
evidente que los abogados requieren de habilidades y capacidades, acordes con
los nuevos paradigmas de argumentación e interpretación.
Los
jueces federales tenemos, como misión fundamental, la protección de los
derechos humanos mediante nuestras sentencias.
Del
más, del poco más de millón de asuntos que conoce la justicia federal cada año,
el 95 por ciento de ellas son juicios, el que conocemos como el juicio de
amparo, en los que se busca la protección de los derechos humanos reconocidos
por nuestra Constitución.
Por
ello, nuestra ley suprema dispone que los abogados y defensores son baluarte de
la defensa adecuada en materia penal.
Las
garantías de autonomía e independencia judicial son, a su vez, instrumentos del
derecho humano de acceso a la justicia, a través del acceso a recursos
efectivos y ágiles.
Por
ello, como he sostenido desde el inicio de mi administración como Presidente de
la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, la
prontitud en la impartición de la justicia federal, es un asunto de la mayor
trascendencia e importancia para alcanzar la efectiva acción del Estado en este
sentido, y favorecer las condiciones necesarias para legitimar, ante los ojos
de la sociedad, la actuación de los juzgadores federales que no tenemos más
legitimación que nuestro propio actuar y la percepción de la gente en general.
Jueces,
abogados y todos los operadores jurídicos, debemos interactuar de manera
franca, constructiva, honesta y sincera, no sólo con la finalidad de enaltecer
el ejercicio profesional, sino especialmente con la convicción de servir a la
sociedad y proteger la dignidad humana.
Ya
para finalizar, sólo quisiera recordar algunos renglones de la senda del
derecho, escrita en 1897 por el Justice Oliver Holmes, que decía: un intelecto
lo suficientemente grande como para obtener el premio, necesita otro aliciente,
además del éxito puramente material, son los aspectos más remotos y generales
del derecho los que le dan interés universal. Sólo a través de ellos podrán, no
simplemente llegar a ser grandes maestros en el ejercicio de su profesión, sino
relacionar el objeto de sus estudios con el universo y pretender un eco del
infinito, un momento de insondable proceso, un atisbo del derecho universal.
A
todos los abogados de mi país, a todos los que son ya grandes maestros, a los
que están estudiándolo, a los que participan en todas las actividades que los
abogados participamos, les deseo muchas felicidades por este día.
Muchas
gracias.
-MODERADOR:
Escuchemos las palabras del licenciado Miguel Alemán Velasco, representante del
Comité Rector de la Institución del Día del Abogado.
-LIC.
MIGUEL ALEMÁN VELASCO: Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos; señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal; señor Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados; maestra Arely Gómez González, Procuradora
General de la República:
Muy
buenos días a todos.
Agradezco
la presencia en este acto a los hombres y mujeres que ejercen la profesión de
la abogacía, así como a los altos funcionarios del Gobierno Federal y de los
Poderes Legislativo y Judicial que nos acompañan.
También,
nos distinguen con su presencia los representantes y dirigentes de más de 80
organizaciones de abogados, instituciones académicas, barras, colegios de
notarios y asociaciones, que abarcan el gran espectro de las especialidades que
cubre la ciencia jurídica de México, y que han demostrado su convicción de
servir a las más nobles causas de nuestro país, inspirados en la más elevada
tarea de la disciplina del derecho.
Mucho
agradezco a los organizadores del Día del Abogado y, en especial, al licenciado
Luis Maldonado Venegas, por la distinción inmerecida de ser portavoz de nuestra
organización en este evento.
Efectivamente,
hoy, hace 55 años del inicio de esta ceremonia, recordamos siempre con aprecio
y respeto la memoria del Presidente Adolfo López Mateos, quien reinauguró la
celebración de este evento conmemorativo, a iniciativa del Director del Diario
de México, Federico Bracamontes.
Esta
mañana, señor Presidente, sostuvimos un desayuno donde se entregaron los
reconocimientos a un selecto grupo de abogados que, a lo largo de la vida
profesional, han hecho del derecho una vocación de servicio y una misión de
vida.
La
institución del Día del Abogado ha reconocido a distinguidos profesionales de
derechos, a Legisladores, a promotores de la educación y formación jurídica, a
quienes imparten y procuran la justicia
y los menciono en orden alfabético:
Agustín
Téllez Cruces; Alejandro Carrillo Castro; Alejandro Ramos Flores; Angélica de
la Peña Gómez; Bernardo Sepúlveda Amor; Constancio Carrasco Daza; Daniel Guzmán
López; Diego Fernández de Cevallos Ramos; Eduardo Luis Feger; Fauzi Hamdan Amad; Gabriel Vicente
Sarmiento Hoyo; Gustavo Carvajal Moreno; Héctor Fix-Zamudio; Héctor Guillermo
Galeano Inclán; Heriberto Manuel Galindo Quiñones; Humberto Benítez Treviño;
Jorge Madrazo Cuéllar; José Alfonso Esparza
Ortiz; José Elías Romero Apis; José Gerardo Mata Temoltzin; Julio César
Vázquez Mellado; Lorena Martínez Rodríguez; Lorenzo Córdova Vianello; Luis
Ernesto Derbez Bautista; Luis María Aguilar Morales; Luis Ponce de León Armenta; Luis Urrutia Corral;
Luz Verónica Morales Alfaro; Mario Chapital de la Rosa; Martha Cecilia Romero
Apis Hernández; Martha Elena García Gómez; Máximo Carvajal Contreras; Miguel
Limón Rojas; Napoleón Fiyat Martínez; Pericles Olivares Flores; Ricardo Celis
Aguilar Álvarez; Ricardo Franco Guzmán; Ricardo Velázquez Cruz; Roberto L.
Duque Roquero; Sergio García Ramírez; Verónica Beatriz Juárez Piña, Víctor
Antonio Carrancá Burguet.
De
manera muy especial, quiero hacer referencia a las dos condecoraciones post
mórtem, que reconocen la trayectoria ejemplar de dos abogados que han dejado
huella indeleble con su ejemplo y enseñanza, y que yo siempre los tendré en mi corazón como
amigos y compañeros de trabajo de muchos años: Jacobo Zabludovsky Kraveski y
Fernando Castro y Castro.
El
Gobierno de la República ha dado pasos firmes en la construcción de una nueva
base estructural que ha puesto a México en la vanguardia en materia de
reformas.
A
partir de una nueva visión, de una visión de la responsabilidad pública en
materia de derechos humanos, se han venido integrando las reformas
estructurales que amplían derechos, modernizan diversas actividades, ámbitos de
competencia, procesos, instituciones y sectores productivos.
Son
avances que el país requería desde hace muchos años y que, gracias a la visión
y a la convicción, pero sobre todo, a la decisión del Presidente, que es
abogado, Enrique Peña Nieto, y de las dirigencias de los partidos políticos,
así como de nuestros legisladores en ambas Cámaras, fue posible lograr una de
las más grandes agendas de reformas de las que se tenga memoria.
Por
ello, merecen nuestro reconocimiento a la tarea emprendida para la
modernización en materia energética, competencia económica, telecomunicaciones,
telefonía, televisión y radiodifusión con organismos reguladores autónomos,
cuyo ámbito de la competencia ha sido fortalecido con más facultades para su
mejor funcionamiento.
De
igual manera, destaca la Reforma Hacendaria, que consolida a las finanzas
públicas mediante los avances en materia fiscal y presupuestal, así como
garantizar el derecho ciudadano a la transparencia y, sobretodo, a la rendición
de cuentas. Destaca, de igual manera, la Reforma Financiera, Laboral.
No
satisfecho con estos avances sin precedente, el señor Presidente ha impulsado,
además, avances en materia electoral, así como la Ley de Amparo, y la
homologación de los procedimientos penales, y la Ley Anticorrupción.
De
manera subrayada, reconocemos y apoyamos la Reforma Educativa, y reprobamos las
posiciones extremas que se oponen al progreso de muchas generaciones.
Podrá
pensarse que la tarea está cumplida, pero el reto sigue. Tenemos proyecto,
tenemos liderazgos, liderazgos comprometidos con el futuro de la Nación. El
nuevo escenario nacional, presenta un país que ha decidido tomar las decisiones
para conquistar mejores niveles de bienestar.
Es
cierto que se han tenido que dejar atrás algunos preceptos que, en el pasado,
contribuyeron a consolidar el Estado mexicano, y que hoy, las condiciones
reclaman innovación y modernización.
Sabemos
que se gobierna para el futuro. Por ello, debemos superarnos aún más, en un
mundo en donde el mercado solamente obedece al mercado, y el Estado reclama su
fortalecimiento mediante sistemas políticos consistentes, gobiernos pragmáticos
y políticas públicas eficaces.
Nuestro
sistema emana de la Constitución. De ahí la importancia de prepararnos como
profesionistas, como funcionarios y, sobre todo, sobre todo como ciudadanos
para conmemorar el 2017, el Centenario de la Promulgación de nuestra Carta
Magna.
Más
que una celebración, en una fecha reconocemos la importancia de construir a
diario, los fundamentos del que la sociedad aspira para avanzar en el
fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.
Rechazamos
todas las prácticas que constituyen delitos que someten a la sociedad, a la más
grave condición de la injusticia, la impunidad. En donde la delincuencia
representa el atentado más flagrante contra los derechos humanos de toda
sociedad.
Apoyamos
la cruzada por la paz social, para garantizar convivencia armónica, pacífica y
dentro de la ley de toda la sociedad sin excepción, sin omisión. Consideramos
que es el momento de iniciar una tarea de convocatoria nacional, de amplio
espectro ideológico y social que nos invite a emprender una profunda reforma
institucional que permita consolidar y modernizar los procesos de
gobernabilidad sustentados en la norma constitucional.
De
esta manera, podremos elevar el horizonte del desempeño del quehacer público;
es así, que una reforma institucional nos permitirá integrar una estrategia a
favor de la legalidad como elemento que conjuga la negociación, el acuerdo y el
consenso con el estricto cumplimiento de la norma fundamental para todos los
mexicanos.
Señor
Presidente:
Estamos
aquí para reiterar nuestro compromiso, para continuar aportando lo mejor de
cada uno para ser parte activa en la tarea superior por la preeminencia de la
ley, la justicia, la libertad y la equidad.
Muchas
gracias.
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