38ª
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
María de los
Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia, presentará la
propuesta de acuerdo para implementar un plan estratégico de capacitación para
elementos estatales y municipales en materia de justicia penal y capacidades
policiales básicas.
-DRA.
MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW: Con su venia señor Presidente de la República,
licenciado Enrique Peña Nieto.
Saludo
cordialmente a todos los integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad
Pública, invitados y agradezco la oportunidad de estar hoy aquí, con todos y
todas ustedes.
La
consolidación del Estado de Derecho en nuestro país es una responsabilidad que
a todos nos involucra.
Se
trata de una condición necesaria para el desarrollo de nuestro sistema de vida
democrático; esto significa, en esencia, que cada persona tenga acceso a la
justicia de manera pronta y expedita con base al debido proceso.
Ésta
es una tarea que vamos avanzando de manera sistemática y acelerada, con base en
el diálogo y en la coordinación.
Autoridades
de los tres órdenes de Gobierno trabajamos para garantizar a todos los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a una justicia
ágil, imparcial, transparente, que sirva a la sociedad.
Falta
muy poco para concluir el plazo constitucional que establece un nuevo
compromiso ante la sociedad, una nueva justicia que protege a las víctimas, que
combate a la impunidad, a la corrupción; que responde a los retos de seguridad
que enfrenta nuestro país y que contribuye a recuperar la tranquilidad de las
familias mexicanas.
Señoras
y señores.
El
trabajo de la policía es fundamental, ya que es la autoridad que tiene el
primer contacto con el hecho delictivo y con los ciudadanos lastimados por la
delincuencia.
Por
tanto, es sustantivo capacitar y profesionalizar a los cuerpos de policía para
garantizar que cumplan con el debido proceso y el respeto a los derechos
humanos de las personas involucradas, tanto lo establece así nuestra
Constitución, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
Código General de Procedimientos Penales y los ordenamientos locales.
Todas
las autoridades e instancias aquí representadas han realizado esfuerzos comunes
para capacitar a los cuerpos policiales.
La
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, así
como las instituciones estatales de procuración de justicia y seguridad de las
entidades federativas, se han focalizado en programar de forma estratégica
recursos para la capacitación, así como en emitir programas específicos hacia
el interior de sus instituciones con base al Programa Rector de
Profesionalización, aprobado en agosto del 2014 por este Consejo.
Sin
embargo, faltan por capacitar a miles de policías en el Sistema Penal
Acusatorio y en las siete competencias básicas de la función policial, lo que
representa un reto de gran envergadura que exige acciones contundentes para
hacerle frente de manera inmediata.
Ante
ello, el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong,
como Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, convocó a trabajar en la elaboración y puesta en
marcha de un plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y
competencias policiales básicas, para cubrir la totalidad del estado de fuerza
del país antes del 18 de junio del 2016.
Y
enfatizó que el objetivo clave es que cada elemento adquiera los conocimientos
y las habilidades para actuar de forma eficaz y común en el marco del Sistema
Penal Acusatorio.
Este
programa de capacitación es el que hoy se somete a consideración de este
Consejo. Y en lo que respecta a la justicia penal, tiene un esquema de tres
etapas:
En
la primera, la Policía Federal formará 90 instructores nacional.
Durante
la segunda fase, estos instructores replicarán sus conocimientos en el Sistema
Penal Acusatorio a 714 instructores estatales.
Y,
finalmente, en la tercera fase, los instructores estatales capacitarán al total
de la fuerza estatal y municipal de cada entidad federativa.
Esta
capacitación policial será práctica y se estructurará conforme a los protocolos
y guías que serán diseñados, y están siendo diseñados para el trabajo de los
servidores públicos del Sistema de Justicia Penal.
Gracias
al esfuerzo sin precedente de las instituciones del Estado mexicano de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, con el impulso y el
liderazgo de la Procuraduría General de la República, se logró construir el
Protocolo Nacional del Primer Respondiente, instrumento que incluye como anexos
el formato del informe policial homologado, elaborado por el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, la cartilla de derechos y un mapa de procedimientos, así
como el protocolo de seguridad de salas.
Este
protocolo fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Ambos
instrumentos serán la base de un plan de capacitación y van a guiar la
actuación de los policías en su trabajo cotidiano.
Destacamos
el trabajo comprometido de la Procuraduría General de la República, de la
Comisión Nacional de Seguridad, de las Conferencias Nacionales de Procuración
de Justicia y Seguridad, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
y del Poder Judicial de la Federación para tener estos instrumentos.
Asimismo,
debe resaltarse que gracias a la colaboración de las instituciones mencionadas,
estamos en el camino de que en breve se emitan los protocolos de traslado, de
cadena de custodia y de capacidades para procesar el lugar de los hechos.
Por
ello, se convocará a una sesión conjunta de las conferencias de seguridad y
procuración de justicia antes del 15 de septiembre.
Estos
instrumentos, sumados a los anteriores, serán la clave para la formación y el
desempeño de los operadores.
Estos
documentos son el conjunto de procedimientos homologados, diseñados, para la
ejecución de procesos transversales y sustantivos que reducen la
discrecionalidad, brindan la certeza del actuar de los policías a la ciudadanía
y garantizan la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ahora
bien, el éxito de este Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia
Penal y Competencias Policiales Básicas, requiere el compromiso de los
Gobernadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de todos los
presidentes municipales del país para establecer como una prioridad nacional la
capacitación de los cuerpos policiales e incentivar su profesionalización.
De
igual forma, se tendrán que destinar los recursos humanos, económicos y
materiales que aseguren que todos los elementos reciban esta capacitación, lo
que finalmente va a redundar en un servicio eficaz y de calidad para cada entidad.
Se
requiere además poner en práctica en cada una de las entidades federativas un
programa de implementación que concrete de forma puntual los alcances de este
plan con cada uno de los elementos que conforman la fuerza policial.
Sin
este compromiso, sin duda, no se cumplirá este esquema. Por ello estamos
ciertos que este acuerdo es fundamental.
Este
plan de capacitación será financiado con los recursos de los distintos fondos y
subsidios federales, destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública y a la implementación del sistema de justicia penal.
Distinguidos
integrantes del Consejo de Seguridad Pública.
Señor
Presidente:
La
implementación del Sistema Penal Acusatorio y el fortalecimiento de nuestras
instituciones de Seguridad y Justicia es, como usted lo ha dicho, una prioridad
nacional de su Gobierno.
Asimismo,
durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia, que se celebró en mayo
pasado, usted instruyó a fortalecer la colaboración interinstitucional con la
finalidad de agilizar y ampliar los procesos de capacitación de policías,
ministerios públicos, defensores de oficio, peritos y otros servidores
públicos.
Hoy,
tenemos la oportunidad como funcionarios y ciudadanía de avanzar al aprobar
este Plan de Capacitación Policial, y con ello también atendemos la
preocupación del Congreso de la Unión, de impulsar el desarrollo integral de
los cuerpos policiales del país, que les permita funcionar con mayor
transparencia y mejor oportunidad en el desempeño del nuevo Sistema de Justica
Penal Acusatorio.
No
sólo se trata de cumplir con la implementación del Sistema Penal en el plazo
Constitucional, así lo ha instruido a esta Secretaría el Secretario de
Gobernación; se trata de garantizar que su operación se perfeccione de manera
constante, y para lo cual el servicio que debemos brindar a la ciudadanía debe
de ser efectivo y de calidad.
Por
ello, permítanme reconocer y agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de
ustedes, porque juntos estamos logrando transformar a las diversas instituciones
de procuración e impartición de justicia.
Como
generación, y bajo el liderazgo del Presidente de la República, estamos
construyendo con el esfuerzo de los tres Poderes de la Unión, de los tres
órdenes de Gobierno, de la sociedad civil organizada, y de las instituciones de
educación superior, la justicia del Siglo XXI.
De
esa magnitud es el reto que tenemos, hoy el privilegio de asumir ante la
ciudadanía y estamos ciertos que lo vamos a lograr.
Muchas
gracias.
-LIC.
JORGE MÁRQUEZ MONTES: Gracias, doctora María de los Ángeles Fromow.
Con
base en lo expuesto, se ponen a consideración de los miembros de este Consejo,
los siguientes acuerdos.
Primero.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ratifica el acuerdo CNPJ/33/11 del
2015, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mediante
el cual se aprueban: el protocolo de primer respondiente, con los anexos del
informe policial homologado, cartilla de derechos y mapa del procedimiento, así
como el protocolo de seguridad en salas, como instrumentos de actuación en el
marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Se
instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
para que el protocolo de primer respondiente con sus anexos y el protocolo de
seguridad en salas, sean publicados en el Diario Oficial de la Federación como
anexo del presente acuerdo.
Se
solicita al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, que por conducto de la Secretaría Técnica, distribuya a los gobernadores
de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y
alcaldes, los protocolos aprobados.
Los
gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y por conducto de las instancias
competentes, se comprometen a impulsar a la brevedad la adopción e
implementación de los protocolos a que se refiere el presente acuerdo y, en
caso de ser necesario, impulsar la adecuación normativa correspondiente.
Asimismo,
se instruye a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y a la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública someter a la
consideración de sus integrantes los protocolos en materia de traslado, de
cadena de custodia y de capacidades para procesar el lugar de los hechos, y
realizar las acciones pertinentes.
Para
que, a más tardar el 15 de septiembre de 2015, se aprueben en el marco de una
sesión conjunta de las conferencias de secretarios de seguridad pública y de
procuración de justicia.
Segundo.
En el marco del Acuerdo 06/36/14, mediante el cual el Consejo Nacional de
Seguridad Pública ratificó la aprobación del programa rector de
profesionalización, se aprueba la puesta en marcha del plan estratégico de
capacitación en materia de justicia penal y competencias policiales básicas,
mismo que tiene por objeto dotar a todos los elementos policiales, estatales y
municipales de la formación necesaria para el cumplimiento de sus funciones en
el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Para
tal efecto, se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a que conjuntamente conduzcan y
den seguimiento a la estrategia que permita el cumplimiento en tiempo y forma
de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico que hoy se aprueba.
Para
garantizar la implementación eficaz del referido plan, los Gobernadores, Jefe
de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales, asumen el
compromiso de destinar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios
en el proceso de concertación de recursos federales en materia de seguridad
2016.
Asimismo,
se comprometen a diseñar e implementar un calendario que garantice la rotación
del total de los elementos policiales, estatales y municipales a efecto de que
éstos dispongan del tiempo necesario para recibir la capacitación, sin que ello
comprometa el cumplimiento de la función de seguridad pública en la entidad y/o
en el municipio.
Con
el objetivo de diseñar el Programa de Implementación Estatal, que incluya a sus
municipios y evaluar su cumplimiento, cada entidad federativa deberá integrar
un grupo de trabajo, liderado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, en el cual participará el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Los
Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales,
también se comprometen a comisionar al personal policial que reúna el perfil
requerido y que sea aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que el mismo sea
formado como capacitador y para que participe en tal carácter durante el tiempo
que tome la implementación del Plan Estratégico de Capacitación.
Consulto
a los miembros de este Consejo si están a favor de la propuesta, se sirvan
expresarlo levantando la mano.
Gracias,
señores miembros del Consejo.
El
acuerdo ha sido aprobado.
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