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Guerra sucia en el TSJDF/...venganza de Edgar Elías Azar?

Revista Proceso # 2052, 27 de febrero de 2016
Guerra sucia en el TSJDF/JENARO VILLAMIL
Édgar Elías Azar se reeligió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que desató una lluvia de amparos en su contra. Sin embargo, el debate rebasó la arena jurídica y tres de las magistradas inconformes denuncian una guerra sucia en su contra. Están en juego, afirman, el respeto a la Constitución, el estado de derecho y la credibilidad del tribunal.
Amenazas vía telefónica, “maniobras dilatorias” en los juzgados que analizan los amparos promovidos desde diciembre pasado en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), “guerra sucia” en medios impresos a través de columnistas, auditorías fiscales en sus domicilios y a sus ingresos privados, así como presiones a sus familiares para que se desistan de las acciones jurídicas constituyen algunas de las prácticas denunciadas por las tres magistradas que impugnan la segunda reelección consecutiva de Édgar Elías Azar.

 En dos cartas que circularon este mes en el pleno del TSJDF, cuyas copias posee Proceso, las magistradas María de Jesús Medel Díaz, Concepción Ornelas Clemente y Petra Quezada Guzmán denuncian lo que consideran una persecución y claro hostigamiento en su contra por haber interpuesto amparos contra la reelección de Elías Azar.
 “El 23 de enero pasado, la que esto suscribe fue víctima de amenazas vía telefónica; situación que, en pleno siglo XXI, resulta inconcebible, no obstante, tal parece que, en la actualidad, por no convalidar la opinión de la mayoría del Pleno de Magistrados del Tribunal más grande de la República Mexicana y por haber actuado con la convicción de una postura cien por ciento jurídica y pensando que aun siendo minoría mi investidura sería respetada, ahora sea sujeto de intimidaciones en mi número telefónico, de uso particular, a través de la más sofisticada tecnología que impidió conocer a su artífice y que no dejó rastro alguno para evitar su identificación”, asienta la magistrada Medel Díaz en la carta que entregó a los otros 69 integrantes del pleno del TSJDF a principios de este mes.
 “No cabe duda que la vileza no tiene límites; en 36 años de carrera judicial, y pese a lo delicado de la materia en la que me ­desempeño, jamás había recibido amenazas de ‘tal naturaleza’, es decir, con tintes de cobardía, propios de las personas que no tienen el valor de dar la cara. Motivo por el cual, la mañana del lunes 25 de enero, comuniqué lo ocurrido al magistrado Édgar Elías Azar, en presencia de los magistrados José Guadalupe Carrera y Concepción Ornelas Clemente”, relata Medel, quien entre otros casos delicados juzgó a Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía capitalina en el sexenio de José López Portillo.
 La carta de cuatro cuartillas también describe las “maniobras dilatorias” que se han generado en los juzgados federales que han dirimido los amparos. Se queja por una nota informativa aparecida en el periódico Excélsior en la que se adelantó la noticia de la “concentración de los amparos” que ordenó el Consejo de la Judicatura Federal el pasado lunes 8, “circunstancia que, dicho sea de paso, hasta el momento era desconocida para mí, ya que fue hasta el día 9 de febrero que la autoridad federal notificó formalmente a las partes de esa determinación”.
 La magistrada aclara que “es totalmente falso que la que escribe y la magistrada Concepción Ornelas Clemente hubiésemos abandonado conjuntamente el pleno, lanzando amenazas al magistrado Édgar Elías Azar, referente a que esa decisión no se quedaría así y que utilizaríamos los medios para informarlo, puesto que la suscrita salió del salón de plenos sola y sin emitir pronunciamiento alguno, menos aún, amenazas. Mi causa es jurídica.
 “Ojalá la suscrita pudiera tener a su alcance las herramientas necesarias para informar a la sociedad, a nuestra comunidad jurídica y a los medios de comunicación de todas y cada una de las ‘artimañas jurídicas y no jurídicas’ que se han empleado para evitar que los amparos se resuelvan de fondo”, manifiesta Medel.
 Entre esas “artimañas jurídicas y no jurídicas”, Medel recuerda que en diciembre de 2015, antes de una de las audiencias incidentales de su amparo, se cerró la Oficialía de Partes del pleno para evitar que la Comisión de Ética fuera notificada.
Otra artimaña fue involucrar “de manera infame” en una columna periodística a la ministra Margarita Luna Ramos, al señalarla como amiga del magistrado Luis Pérez de la Fuente, esposo de la magistrada Medel Díaz. “Usted sabe que ni siquiera tienen el gusto de conocerse”, le reprochó a Elías.
 La juzgadora también cuestionó que los abogados defensores de Elías Azar hayan contratado a un notario público para dar fe de la actuación del juez de distrito que analizaba el amparo. “Tal proceder es una maniobra intimidatoria”.
 Otro caso alude a la encargada del amparo de la magistrada Ornelas Clemente. “Repentinamente” la juez federal se excusó para conocer del asunto “debido a la existencia de una estrecha e íntima amistad, desde hace más de 30 años, con uno de los terceros interesados”, afirmó en su misiva.
 “Ante este panorama, ¿qué más puedo esperar, así como la sociedad, de un presidente del tribunal del Fuero Común más importante de la República mexicana, del magistrado Édgar Elías Azar, que no tiene el mínimo respeto por los magistrados que no convalidan su forma de pensar?, ¿cuál es el mensaje para nosotros, sus pares, y para la comunidad?, ¿en dónde queda el Estado de derecho?”, se pregunta la inconforme.
 Consultada por Proceso, Medel reitera sus afirmaciones y la autenticidad de la carta. Subraya que no se trata de una “lucha personal”, sino del ejercicio de un derecho. “Al protestar nuestros cargos como magistrados de este tribunal juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, apunta.
 Otra voz
 El martes 23, otra carta dirigida a todos los magistrados fue difundida por la magistrada Petra Quezada Guzmán. Ahí subraya que el clima de persecución contra ella y sus dos compañeras “ha llegado a límites que no se pueden tolerar”.
Revela que ocurrió “una serie de acercamientos para convencerme de desistirme de los amparos promovidos, todos del dominio de este H. pleno, los cuales, lejos de constituir aproximaciones con el fin de exponerme argumentos de diverso orden, terminaron por trastornar la integridad de miembros de mi familia, prefiero no ahondar en detalles; de cualquier manera, el propio magistrado Édgar Elías Azar sabe muy bien a qué me refiero.
“¿Acaso no habrá límites para perseguir y hostigar a quienes no convalidan una determinada forma de pensar? ¿Se tratará de hacer valer errores para lograr un determinado fin?”, se pregunta.
“Públicamente, Elías Azar ha dicho que ‘a mí me quitan del camino consignándome’. ¿Así resuelve las contiendas judiciales el magistrado? Tristemente, eso me gané por no convalidar su forma de pensar, después de haber entregado 38 años de mi vida a este H. Tribunal.
“Finalmente, concluyo estas líneas con una pregunta: ¿estaría usted de acuerdo en que su par se vuelva su verdugo por ejercer un derecho legítimo?”
Por parte de Elías Azar no hay respuesta a esos escritos.
La reelección inédita
El trasfondo de estas cartas es un caso inédito en la historia del máximo poder judicial capitalino y mexicano: Elías Azar se reeligió por segunda vez consecutiva, valiéndose de una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal y de un transitorio de la misma, que le permitió asumir tres años más la presidencia, a pesar de haber cumplido ocho años ya al frente (Proceso 2034).
Desde diciembre del año pasado, siete magistrados impugnaron el procedimiento e interpusieron el amparo 1939/2015, que fue desechado por el juez 14 federal en diciembre, pero se mantuvieron vivos los otros tres amparos interpuestos por las magistradas Medel, Ornelas y Quezada.
En estas solicitudes se argumenta que “es evidente que (Elías Azar) ya agotó su derecho a ser reelecto como presidente, por una sola vez, para el periodo siguiente y, por ende, jurídicamente, no debió aspirar a ser reelecto”.
Los defensores del jurista y el propio presidente del tribunal se defienden señalando que la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica constituye “una nueva regla” y, por lo tanto, el cambio de la regla equivale a que después de ocho años al frente del Poder Judicial capitalino, el magistrado presidente tiene derecho a reelegirse otros tres años más y con una posibilidad más de reelección.
De tal manera que Elías Azar, quien asumió el cargo en 2008, podría completar un periodo de 14 años al frente del TSJDF, lo que constituye un hecho insólito para la mayoría de los observadores de dentro y fuera del Poder Judicial.
El abogado Ignacio Herrerías Cuevas, quien lleva los tres amparos junto con el abogado Vicente Fernández Fernández, asienta en entrevista que las peticiones sí proceden porque “la sociedad está interesada en saber si quienes ocupan los cargos públicos cumplen con lo establecido en la Constitución”.
“La reelección de Édgar Elías ya se agotó. Era en una única ocasión”, sentencia. “La intención de los magistrados que promovieron los amparos no es otra que la de respetar, al interior del propio tribunal, los principios democráticos y éticos de dicha institución, evitando que una persona se eternice en el cargo. Debemos recordar que ellos mismos, al protestar el cargo, juraron guardar y hacer guardar la Constitución”, argumentó Herrerías Cuevas.
Las presiones y maniobras para frenar los amparos también son relatadas por Herrerías. Desde la admisión de los amparos, a finales de noviembre de 2015, “un sinnúmero de gente empezó a interesarse por las demandas”. Estas personas fueron identificadas como abogados de los terceros interesados y magistrados integrantes del pleno del TSJDF. “¿Qué hacen 10 magistrados del pleno buscando hablar con los jueces y magistrados que conocen de los amparos y los recursos? ¿Acaso no deberían estar sentenciando en días y horas hábiles en sus respectivas salas? ¿Obedecen a alguna orden o fue por iniciativa propia?”, se pregunta el abogado.
El rostro optimista
La última vez que Elías Azar se refirió públicamente a los amparos en su contra fue en la presentación del libro Derecho anticoncursal mexicano, el lunes 8, cuando señaló que “no existe” la inelegibilidad de su cargo.
“Lo están litigando ellos, por un lado, yo lo estoy litigando por el otro lado, ya lo concentraron en un solo juzgado, ese juez va a resolver ya pronto y pues se verá que la tal inelegibilidad no existe”, expresó en rueda de prensa.
Un análisis de los años en que fueron nombrados y ratificados los actuales magistrados que integran el pleno del TSJDF revela que 43 de los 70 fueron nombrados desde 2009 hasta la fecha, periodo en el que Édgar Elías Azar ha sido presidente.
También se valió de otras maniobras para eliminar a posibles contendientes. El magistrado Eduardo Guerrero, feroz crítico del intento de reelección y quien amenazó, incluso, con una huelga de hambre, se retiró de la contienda interna ante el ofrecimiento del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, de formar parte de la terna presidencial para ocupar la silla de ministro en la Suprema Corte de Justicia.
Elías cuenta con el respaldo público del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y presume constantemente sus relaciones con el gobierno federal y con la cúpula priista. Elías Azar fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Francisco Ruiz Massieu (Guerrero), asesinado en septiembre de 1994.
También ha presumido ante el pleno de magistrados de la asesoría que recibe por parte del secretario de Hacienda durante el salinismo, Pedro Aspe, quien el 28 de mayo de 2015 presentó un plan para discutir la enajenación inmobiliaria de cinco edificios del TSJDF en la calle Río de la Plata de la colonia Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.
Y es conocida su amistad con el magnate inmobiliario y de las telecomunicaciones Carlos Slim. El tribunal enajenó los cinco edificios de su sede a Inmuebles Carso, a cambio de que construyera una nueva “Ciudad Judicial” en la colonia Doctores.

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