EPN y las Fuerzas Armadas, en guerra contra los derechos humanos

Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, en guerra contra los derechos humanos/JENARO VILLAMIL

Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...

Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.

El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta cerrada con 10 senadores y dipu­tados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.

–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México, utiliza todos sus recursos… y están en eso”.

Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.

El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango, Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.

Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que había “excesos” en ella. “Es una ley perfectible”, afirmó.­

Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.

Mientras cientos de personas colocaban veladoras a las afueras del recinto y gritaban consignas contra la militarización del país, 15 senadores del PRI, del Partido Verde y del PAN mayoritearon en comisiones con el propósito de aprobar un dictamen con cambios sólo en nueve artículos para tratar de minimizar la inconstitucionalidad de la ley.

La madrugada del viernes 15, tras más de 20 horas de monólogos y escaso debate entre defensores y opositores al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general –con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones– una Ley de Seguridad Interior cuestionada ampliamente dentro y fuera del país.

La bancada del PAN se dividió, pero el PRI y el Verde, solos, ya tenían mayoría. El bloque PT-Morena, más el PRD y algunos senadores panistas votaron en contra.

La minuta se envió el mismo viernes 15 a la Cámara de Diputados, la cual en hora y media la avaló con 262 votos a favor –del PRI, Verde, Panal, algunos del PAN y dos del Partido Encuentro Social–, y sólo 25 en contra, de Morena y Movimiento Ciudadano.

Franca colisión

La discusión de la Ley de Seguridad Interior mostró la clara colisión entre el respeto a los derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado y la demanda de permitir el uso de “las capacidades de fuego” de las Fuerzas Armadas.

La victoria es para el alto mando castrense, para los gobernadores priistas y panistas que apoyaron la ley y para los tres principales personajes del gobierno federal que presionaron para su aprobación: el presidente Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y en un hecho sin precedente, se manifestaron en contra los cuatro altos comisionados de la ONU: los de derecho a la privacidad; derechos humanos; contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y derecho a la libertad de opinión y de expresión.

A ellos se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como 25 comisiones estatales de derechos humanos, el colectivo ciudadano Seguridad Sin Guerra –que aglutinó a 240 organizaciones civiles–, la Coparmex, los rectores de tres de las más importantes universidades del país –la Nacional Autónoma de México, la de Guadalajara y la Iberoamericana– y prácticamente todos los especialistas en derecho constitucional.

“Nunca antes cuatro altos comisionados se habían pronunciado sobre un problema específico en México”, apuntó en tribuna la senadora panista Laura Rojas, quien reprochó durante el debate que “no se puede participar activamente y liderar en los organismos, cuando éstos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a los mismos en nuestro país”.

El jueves 14, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores le respondieron a Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que era motivo de “gran sorpresa” su crítica a la Ley de Seguridad Interior porque “no considera” los retos que México enfrenta en esta materia: el mercado más grande de drogas ilícitas, el persistente tráfico ilícito de armas de alto poder, la decisión de Estados Unidos de “desviar hacia nuestro territorio el flujo de drogas ilícitas”.

“Es preciso subrayar que el proyecto de ley no tiene por objetivo que las Fuerzas Armadas asuman un papel policiaco permanente, sino limita –a un año– la duración de sus intervenciones”, afirmó el comunicado de las dependencias federales. No mencionó que esos operativos se pueden prorrogar.

Según testimonios de varios senadores, el principal argumento que utilizaron los promotores de la ley para presionar su aprobación antes del inicio de las precampañas electorales de 2018 fue el siguiente: habrá casi 15 mil candidatos a 3 mil 400 cargos de elección, que no podrían recibir la protección de las Fuerzas Armadas sin una Ley de Seguridad Interior.

El proceso electoral de 2018 fue “el punto de inflexión” que aceleró el cabildeo a favor de la ley, como apuntó el experto en temas de seguridad nacional Javier Oliva Posadas, durante su participación en los foros del lunes 11 en el Senado.

Otros argumentos se ventilaron durante la discusión en el pleno del Senado. El panista Roberto Gil Zuarth subió a tribuna a defender el dictamen. Acusó a los opositores a la ley de hacer acusaciones “frívolas”. Y ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna –“¿cuál ha sido el resultado para los derechos humanos tras 11 años de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?”–, calificó de maniqueo decir que el Ejército es el mayor violador de esos derechos.

La filípica de Gil Zuarth a favor de la ley y del papel de las fuerzas armadas recibió aplausos de las bancadas del PRI y del Verde, mientras sus correligionarios del PAN apoyaron las intervenciones de las senadoras Torres Peimbert y Adriana Dávila, así como la del yucateco Daniel Ávila Ruiz, quienes argumentaron contra una mayor presencia militar.

Gil Zuarth añadió que la fracción VI del artículo 89 de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para regular y disponer del Ejército en funciones de seguridad pública.

Los senadores Isidro Pedraza, del PRD, y Fidel Demédicis provocaron reacciones airadas de la bancada del PRI. El primero les recordó cómo se creó en el seno del Ejército un grupo de élite –los “gafes”–, que luego se convirtió en el cártel de Los Zetas, uno de los más peligrosos y sanguinarios. Demédicis acusó directamente a Peña Nieto de ser el máximo responsable de las matanzas y violaciones cometidas por el Ejército en Tanhuato, Tlatlaya y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El senador Miguel Barbosa, vicecoordinador del PT-Morena, señaló que “los delincuentes cometen delitos y los derechos humanos son violados por las autoridades”. Esta intervención generó otro debate con Gil Zuarth, quien habló de las nuevas tesis alemanas sobre el “efecto irradiador” de los derechos humanos y, según él, el crimen organizado es el principal violador de esos mismos derechos.

Provocadora, Dávila dijo que sus correligionarios del PAN que apoyaron la ley “están legalizando el fracaso” y señaló que el PRI ahora creó otro sector: la Confederación con Acción Nacional (“el CAN”, dijo).

En su tercera intervención, el senador Manuel Bartlett, coordinador de PT-Morena, enumeró todas las violaciones a los artículos constitucionales que contiene la ley: al 73, porque no es competencia del Congreso legislar en materia de seguridad interior; a los 39, 40 y 41, porque “no puede establecerse un régimen militar de excepción”; a los 119, 124 y 129, sobre derechos humanos; a los 39, 115, 116 y 124, porque se altera la certeza jurídica; y al 6, porque viola el principio de máxima publicidad.

“Constituye un golpe de Estado esta ley. En lugar de buscar la paz, ustedes decretan el exterminio”, sentenció Bartlett.

La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y una de las responsables de la dictaminación, sentenció a gritos desde la tribuna: “¡Que quede claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden!”.

De nada sirvió la moción suspensiva y la continua argumentación de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que una y otra vez criticó la “simulación” del diálogo. Su petición fue rechazada por 69 votos contra 39.

El cabildero militar

La victoria más clara fue para el principal cabildero de la Ley de Seguridad Interior, el general brigadier Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa desde noviembre de 2016, quien estuvo presente en casi todas las reuniones cerradas con las bancadas y con los representantes de organismos públicos, para convencerlos de que esta ley no está hecha para beneficiar a las Fuerzas Armadas.

Así se los dijo el lunes 4 a los representantes de organizaciones civiles que acudieron, en franca protesta, a la Junta de Coordinación Política del Senado. Ramos Flores insistió en que esta ley “no es para las Fuerzas Armadas, sino para la seguridad de todo el Estado”.

También regañó al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quien a nombre del organismo autónomo reprochó que la propia Ley de Seguridad Interior, en su artículo 9, consagra la reserva de toda su información.

Se reunió el miércoles 6 con la bancada del PAN para convencer a los “indecisos”, y contó con el apoyo de gobernadores como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes acudieron a la “cargada” de mandatarios a favor de la ley.

Vinculado al procurador general del sexenio de Fox, general Rafael Macedo de la Concha, Ramos Flores participó en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004, y en 2011 asesoró en temas de corrupción a la procuradora del último tramo del calderonismo: Marisela Morales.

A finales del año pasado fue mencionado como candidato para ocupar la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, desde donde tendría acceso a los casos de abusos y crímenes de militares en distintos operativos, como la matanza de 22 personas en Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La presión de los organismos de víctimas sobre la entonces procuradora Arely Gómez y su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, frenó el nombramiento.

En entrevista con la revista Foro Jurídico, publicada en noviembre de 2016, Ramos Flores expuso ampliamente la necesidad de una Ley de Seguridad Interior que distinga claramente entre seguridad nacional y seguridad pública.

Para el militar, la seguridad interior no se trata de la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.

“Ha sido necesario apoyar en esta materia (de seguridad pública) con las Fuerzas Armadas, en tanto implique un problema de seguridad interior. Actuamos en coadyuvancia ante un problema de envergadura (el crimen organizado), pero en mi opinión nos encontramos en una línea muy delgada entre las funciones de la policía y el Ejército en ese terreno”, argumentó.

“Lo anterior ha provocado que erróneamente se pretenda que para auxiliar a esas instancias, sin afectar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas se despojen de las características propias de su naturaleza, como armamento, equipamiento y adiestramiento militar, limitando sus capacidades para enfrentar la amenaza que representan los grupos criminales, de tal suerte que, al final del día, la fortaleza que se buscaba con su empleo se pierde, favoreciendo las acciones de los grupos criminales”, se quejó.

La Ley de Seguridad Interior, tal como se aprobó en el Congreso, le da la razón a la demanda de la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente se privilegiará el uso de las Fuerzas Armadas y “las características propias de su naturaleza” frente al respeto a los derechos humanos.

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