El fin de la presunción de inocencia financiera

 El fin de la presunción de inocencia financiera

La justicia en México acaba de dar un viraje de timón que sacude la confianza en nuestro sistema financiero. En una decisión histórica, la Suprema Corte decidió soltarle la mano a la jurisprudencia de 2018 para entregarle a la UIF un poder que se siente absoluto: congelar cuentas bancarias sin orden judicial, basándose solo en "indicios razonables".

Con seis votos a favor y tres en contra- Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa-, el pleno desechó la inconstitucionalidad promovida por la oposición. La ministra Loretta Ortiz sostiene que esto no es una sanción, sino una "molestia temporal" para agilizar la lucha contra el lavado de dinero. Pero seamos claros: en la vida real, esa "molestia" es una sentencia anticipada. Lo que antes era una excepción —activada solo por peticiones internacionales— hoy es la regla local. El Estado decidió que la eficiencia burocrática vale más que la Constitución. Esa es nuestra nueva Corte… la del acordeón.

La votación evidenció una Corte fracturada. Mientras ministras como María Estela Ríos defendieron el bloqueo como un compromiso internacional, otros, como Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, advirtieron que no era necesario destruir la jurisprudencia anterior para castigar a los delincuentes; bastaba con aplicar la ley vigente. Sin embargo, la mayoría prefirió inclinar la balanza hacia el poder administrativo, dejando en la indefensión la propiedad privada y abriendo, de par en par, la caja de Pandora.

 Lo más grave es la perversa inversión de la carga de la prueba. En el México actual, tus ahorros son culpables hasta que tú demuestres su pureza. El ciudadano se enfrenta a un sistema donde el amparo ha sido debilitado y donde el SAT y la UIF se erigen, al mismo tiempo, como supervisores, fiscales y jueces.

Y no nos engañemos: no hablamos solo de grandes cárteles. Aunque usaron el caso de una empresa vinculada a Ismael Zambada para justificar el cambio, el reglamento parece diseñado para cercar al contribuyente de a pie. Con plazos asfixiantes y sanciones "exprés", el sistema convierte a contadores y notarios en informantes forzados. Te enteras de la sospecha cuando el daño ya está hecho: la cuenta bloqueada y el patrimonio inmovilizado.

Ojo aquí: el próximo 9 de abril, la Corte revisará si la UIF puede hurgar en tus historiales patrimoniales sin permiso de un juez. Si esto se avala —y seguramente van a avalar esa barbaridad— el artículo 16 constitucional quedará en letra muerta.

¡Total una raya mas al tigre no se nota!

La seguridad nacional podrá haber ganado una batalla táctica, pero la seguridad jurídica ha perdido su principal trinchera.

Con este fallo, el artículo publicado en el DOF el 11 de marzo de 2022 queda firme…

Hoy, estar registrado en el SAT parece ser el primer paso para ser sospechoso. ¿Quién nos protege de un error de la autoridad si los jueces han decidido dejar de juzgar para comenzar a acatar? 

¡Dios nos coja confesados!

Comunicados de Prensa   No.053/2026

Ciudad de México, 06 de abril de 2026

LA SUPREMA CORTE FORTALECE EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DEL BLOQUEO DE CUENTAS; GARANTIZA PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA; Y DETERMINA OMISIÓN LEGISLATIVA EN NUEVO LEÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Se garantiza que el bloqueo de cuentas bancarias opere como medida administrativa y preventiva, con derecho de audiencia y garantía de defensa:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022, el cual regula la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados. 

El Máximo Tribunal estableció que esta disposición regula un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa de las personas, pues prevé plazos definidos, asegura el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas, la obligación de la autoridad de emitir una resolución debidamente fundada y motivada, así como la opción de impugnarlas ante tribunales administrativos. 

El Pleno consideró que el bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En consecuencia, determinó que no equivale a una pena ni sustituye la función del ministerio público, pues no implica declarar culpabilidad penal ni imponer sanciones, ya que se inserta en un modelo de coordinación en el que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa como órgano técnico auxiliar, mientras que la persecución de delitos sigue a cargo de la autoridad ministerial.

Asimismo, determinó que las porciones normativas que se refieren a delitos “asociados” y la exigencia de contar con “indicios suficientes” garantizan el principio de seguridad jurídica y de taxatividad, porque, por un lado, se refieren a delitos claramente plasmados e identificables en normas financieras y penales y, por otro lado, se exige que la autoridad documente los elementos de riesgo en el expediente, funde y motive la inclusión en la lista y otorgue a la persona afectada una oportunidad real de defenderse. 

Acción de Inconstitucionalidad 58/2022. Resuelta en sesión de Pleno el 06 de abril de 2026.

Se fortalece el combate al lavado de dinero, al confirmar que el bloqueo de cuentas se ajusta a la Constitución Política Federal y a los estándares internacionales:

La Suprema Corte resolvió dos asuntos en los que determinó la validez de las resoluciones que respaldaron la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de incluir a una empresa y una persona en la Lista de Personas Bloqueadas, así como ordenar el bloqueo de sus cuentas bancarias, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de Carácter General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En el primer asunto, una empresa extranjera dedicada a la comercialización de productos perecederos impugnó su inclusión en la lista y el bloqueo de una de sus cuentas, al considerar que la decisión carecía de motivación suficiente, no se sustentaba en acuerdos internacionales, no cumplía con el principio de tipicidad y se basaba en una valoración incorrecta de las pruebas. En el segundo asunto, la persona afectada cuestionó la negativa de retirarla de la lista, argumentando que el bloqueo solo debía proceder cuando existiera una solicitud expresa de una autoridad extranjera.

Al analizar ambos casos, la Corte determinó que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar de carácter administrativo, cuyo objetivo es prevenir riesgos en el sistema financiero. No se trata de una sanción definitiva ni implica declarar culpable a una persona, por lo que puede aplicarse cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Máximo Tribunal concluyó que la disposición respeta la seguridad jurídica, ya que contempla un procedimiento que garantiza el derecho de audiencia y defensa de las personas afectadas, quienes pueden impugnar estas decisiones por las vías legales correspondientes.

La SCJN también destacó que las facultades de la UIF para ordenar bloqueos derivados de información nacional e internacional se deben interpretar conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y a los compromisos asumidos por México en tratados internacionales, de manera que no se limita el congelamiento de bienes únicamente a solicitudes de autoridades extranjeras. La Corte explicó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con las Disposiciones de Carácter General 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, permiten actuar con oportunidad frente a operaciones sospechosas sin dejar a las personas afectadas en estado de indefensión, pues cuentan con medios administrativos y jurisdiccionales para impugnar su inclusión en la lista. 

Finalmente, el Pleno determinó interrumpir los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 (10a.) y 2a./J. 101/2024 (11a.), que exigían que una autoridad extranjera solicitara de manera manifiesta la medida de bloqueo de cuentas y precisara de forma indubitable las acciones y medidas que el Estado solicitante deseaba realizar. Ello, porque requerir una solicitud extranjera tan detallada limita injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, y crea un obstáculo innecesario para que la UIF combata de manera oportuna las operaciones relacionadas con lavado de dinero y otros delitos.

Amparo Directo 14/2025 y Amparo Directo en Revisión 6320/2024. Resueltos en sesión de Pleno el 06 de abril de 2026.