El juicio a la Justicia: México ante el tribunal del Mundo

El juicio a la Justicia: México ante el tribunal del Mundo

Por: Fred Álvarez Palafox

La historia, esa jueza implacable que no admite amparos, suele registrar las crisis no como eventos aislados, sino como crónicas de naufragios anunciados. Lo que hoy vivimos en México es precisamente eso: el crujir de una estructura institucional que, desde febrero de 2024, ignoró las luces rojas que parpadeaban desde el exterior.

No fue falta de aviso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió con una celeridad que en diplomacia equivale a un grito de auxilio, que nuestro Estado de Derecho estaba por fracturarse. Hoy, esas alarmas han dejado de ser retórica de café para convertirse en un robusto expediente judicial en Washington.

El centro del dolor institucional es el cese masivo de más de 7 mil juzgadores. No hablemos de frías cifras de nómina; hablemos de siete mil historias de vida, de décadas de especialización técnica que se van por la borda bajo la premisa de que el voto popular es mejor filtro que el mérito.

Como bien señala el abogado Zamir Fajardo —en la reveladora entrevista de Rolando Herrera en la revista R de Reforma de este domingo—, se le ha arrebatado a la ciudadanía el derecho a tener jueces independientes. Porque cuando el juez llega por la urna, su lealtad ya no es con la Constitución, sino con la estructura política o los poderes fácticos que le pavimentaron el camino.

Es aquí donde la advertencia de mi amigo, el constitucionalista José Barragán, cobra un sentido trágico: México nació del desacuerdo y la resistencia, no de la sumisión. Con el aval del Congreso y el Tribunal Electoral, se ha violentado el pacto federal. No estamos ante un ajuste administrativo; estamos ante el rompimiento del pacto de 1824 que nos ha dejado en la orfandad jurídica.

El Artículo 136: Nuestra Póliza de Seguro

Pero ante este panorama sombrío, nuestra Carta Magna guarda un último refugio: el Artículo 136. Heredado de los liberales de 1857, este precepto es nuestra brújula en la tormenta. Establece que, aunque un gobierno logre silenciar las instituciones, la Constitución no pierde su vigor. Está ahí, esperando en silencio a que el pueblo recobre su memoria y su dignidad.., y puede llegar muy pronto pero desde afuera..

Hemos transitado de la justicia técnica a una "justicia de consigna", donde el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se asoma como una figura que, lejos de corregir, amenaza el debido proceso. Por ello, la admisión de la denuncia ante la CIDH es un hito sin precedentes: el Estado mexicano tendrá que explicarle al mundo por qué decidió desmantelar su propia casa.

El Camino a San José

Lo que sigue es una bifurcación histórica: o se busca una solución amistosa, o nos encaminamos a un litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Sus resoluciones son definitivas e inatacables. El principio de "buena fe" internacional obliga; no es opcional.

Como advertía José Natividad Macías: la legalidad que no se custodia con unidad es el puente hacia la dictadura. La politización de la justicia es una tragedia para el ciudadano de a pie, porque cuando el veredicto depende de la mayoría en turno, las víctimas se quedan sin refugio.

Hoy, mientras el mundo nos observa, la apuesta es que la razón jurídica logre prevalecer sobre la voluntad política. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo una reforma, sino el aire que respira nuestra democracia. La ley, como bien sabemos, no es de quien la grita, sino de quien la habita.

Comparto parte de la entrevista con el abogado Fajardo que le hace el reportero Rolando Herrera que se publica en la revista R de Reforma, de este domingo 12 de abril, pagina 14,,

¿Cuál es la importancia de que la CIDH haya admitido la denuncia de 65 impartidores de justicia afectados por la reforma judicial? 

Zamir Fajardo: Mira, en principio, me parece que la importancia radica en que el Estado mexicano va a tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre esta reforma y sus implicaciones, tanto para la democracia como para las personas que se están viendo afectadas con el cese masivo.  

Recordarán ustedes que esta reforma, entre otras implicaciones, dejó fuera a más de 7 mil personas que obtuvieron su empleo mediante concursos de méritos dentro de la carrera judicial. Entonces, el Estado tendrá que explicar ante la comunidad internacional por qué hizo ese cese masivo y cuál es el sentido de destruir una carrera judicial que, con sus dificultades y sus oportunidades, era una de las dimensiones institucionales más sólidas del Estado.  

¿Qué es lo que seguiría?

 Lo que suele pasar en estos casos es que primero el Estado tiene que decidir si quiere un litigio internacional o quiere intentar resolver el caso con una solución amistosa. Si el Estado quiere un litigio y llegamos al fondo y la Comisión Interamericana considera que violó los derechos humanos, lo procedente es que hace un informe y le dice al Estado qué debe hacer para reparar las violaciones cometidas. Si el Estado no puede o no quiere por la razón que fuere, política o de cualquier otra orden, la Comisión Interamericana presenta el caso ante la Corte. Nosotros, representantes de víctimas, compareceríamos también a defender el enfoque del caso que hemos venido trabajando. 

¿La resolución de la Corte Interamericana sería vinculante?  

En efecto, la decisión de la Corte es definitiva e inatacable, es decir, es claramente vinculante. Pero yo diría algo muy importante, y es que también el informe que hace la Comisión Interamericana es un informe que vincula al Estado, porque el procedimiento que sigue la comisión está en un tratado, y México se obligó con ese tratado a respetar esos procedimientos.

Entonces, bajo el principio de buena fe del derecho internacional público, el Estado estaría obligado a cumplir con ese informe. 

En el caso de la reforma judicial, además es la afectación a los derechos de las otras personas, de los justiciables, al privarlos de tener jueces competentes, preparados, que hicieron carrera judicial. 

Absolutamente, yo creo que esa es una dimensión muy fuerte de este caso y de la situación que estamos viviendo, y es que no sólo se están viendo afectados miles de proyectos de vida de las personas juzgadoras, sino que se le está quitando a la ciudadanía, a la sociedad en general, la posibilidad de tener jueces que resuelvan a partir de criterios técnicos, de criterios objetivos, y ponemos a resolver, o puso el régimen a resolver a jueces que deben sus cargos a la política, con lo cual le quitó el derecho a la protección judicial y el acceso a la justicia a la ciudadanía en general y a las víctimas de violaciones a derechos humanos en específico. 

¿Qué alcance podría tener una resolución de la Comisión favorable a los impartidores de justicia mexicanos? ¿Puede recomendar revertir la reforma judicial? 

Eso es lo que se está solicitando, que la reforma judicial sea declarada violatoria a derechos humanos como un todo, es decir, integralmente, y que se le ordene al Estado mexicano restituir la carrera judicial y mantener los principios de independencia judicial como estaban antes de la reforma. 

Esperamos que la Comisión Interamericana pueda entrar a hacer el estudio, pero, por lo pronto, si no, habrá que establecer algunos criterios y medidas básicas que el Estado tendría que asumir.

Cuando menos, revisar el tema de la de la elección judicial, cómo funciona, los mínimos de integridad electoral que no están garantizados, y naturalmente los principios de independencia, sobre todo de cara al Tribunal de Disciplina Judicial, que es una figura abiertamente agresiva de los principios básicos de debido proceso y de independencia judicial, y también, el respeto por los méritos en el acceso a los cargos públicos. 

La politización de la justicia es una mala idea, y eso va a generar que, como ya se ha dicho, no haya justicia para las víctimas, que se decida lo que la mayoría o el régimen en turno quiera, y no lo que los derechos humanos, la Constitución y los tratados establecen. Entonces, lo que se esperaría es que la Comisión Interamericana determine que la reforma es violatoria de derechos humanos, y, en ese sentido, que le ordenen al Estado mexicano revertirla.