Las columnas políticas hoy, domingo 12 de abril de 2026

Título: El eco de un "no" en el Estrecho de Ormuz

El silencio que siguió a las 21 horas de negociaciones en Pakistán no fue un alivio, fue un estallido sordo. Lo que ayer era una tenue esperanza diplomática entre Washington y Teherán, hoy es un cristal hecho añicos por el peso del uranio. Nos encontramos en un tablero internacional que nos devuelve a los días más ácidos de la Guerra Fría; esa zona gris donde la distancia entre un apretón de manos y un bloqueo naval es apenas un "no" rotundo.

La respuesta de la Casa Blanca no llegó en papel membretado, sino en acero. Al tomar el control de facto del Estrecho de Ormuz, el presidente Trump no solo despliega una flota; envía un ultimátum. Mientras Irán agita el fantasma de las minas marinas, esa amenaza invisible bajo el oleaje, la orden de Washington es letal: interceptar cualquier buque que oxigene al régimen. "Cualquier iraní que dispare, será destruido", sentenció Trump. Es una frase que deja el destino de la humanidad a merced del pulso de un solo marinero o de un error de cálculo en el radar.

Pero detrás del acero, hay un gigante con pies de barro. Como bien señala el profesor de Georgetown, Charles Kupchan, el Estrecho de Ormuz es un pasillo traicionero. Aquí, la majestuosidad de los destructores estadounidenses puede ser su propia condena. En aguas bajas, frente a una costa iraní erizada de drones y lanchas rápidas, la superioridad tecnológica se diluye. Kupchan advierte una miopía peligrosa: el régimen iraní no se fracturó tras la muerte de sus líderes; al contrario, muestra una resiliencia sofisticada que el instinto de Trump parece haber subestimado.

Al final, el enemigo más temible de Trump no viste uniforme: es el ciudadano que hoy paga un 30% más por la gasolina, y va a votar.. Al violar su promesa de "no más guerras en Medio Oriente", el presidente queda atrapado en su propia narrativa. Regresamos, tristemente, a la casilla de salida. La paz que ayer se vislumbraba en Pakistán hoy es un eco lejano. El mundo contiene el aliento, esperando que la razón prevalezca antes de que el primer gatillo incendie definitivamente el horizonte.

##

El luto que se volvió expediente: El caso Rosa María Rubio

Cuando el amor de una década termina en funeral, lo natural es el duelo. Pero para Rosa María Rubio, viuda de Carlos Aguirre Gómez (exdirector de Grupo Radio Centro), el duelo fue sustituido por una batalla judicial que parece no tener límites.

Lo que nació como una herencia legítima se ha transformado en una acusación de secuestro y homicidio. Sus abogados denuncian que los hijos del empresario han "manufacturado" delitos para forzarla a renunciar a su patrimonio.

La denuncia apareció apenas ocho días después de la muerte de Aguirre. Sin quejas previas, sin señales de auxilio; solo la urgencia de revertir por la vía penal lo que el empresario decidió por voluntad propia en vida.

Convertir una mesa de sucesión en una sala de interrogatorios no es justicia, es una estrategia de asfixia. Hoy, detenida en Miami, Rosa María enfrenta una maquinaria que busca borrar la última voluntad de quien ya no puede hablar…

Interesante el caso hoy, lo trae Reforma…

##

El Bienestar que se impone con el dedo índice

El guion en San José Chiapa estaba diseñado para la ovación cerrada. La Presidenta Sheinbaum llegó con la narrativa de la justicia social bajo el brazo, anunciando la condonación de 577 créditos del Fovissste. Desde el podio, desafiaba las críticas de "populismo" con una pregunta retórica: “¿Cómo va a ser justo que paguen dos veces su vivienda?”. Sin embargo, la ironía no tardó en presentarse: la justicia de los números oficiales no siempre sobrevive al encuentro con la justicia del territorio.

Mientras se entregaban llaves de departamentos de 62 metros cuadrados en el ambicioso marco de Ciudad Modelo, un murmullo persistente rompió la burbuja del evento. Unas 200 personas, de piel curtida y pancartas que exigían "agua y vida", no estaban allí para agradecer el techo, sino para defender el suelo. Una planta recicladora de basura —el "vecino incómodo" del progreso— amenaza con instalarse a pasos de sus camas.

El Choque de dos Mundos

Gracias a los medios pero en especial a la cobertura de Jorge Ricardo, enviado de Reforma - el vídeo es contundente-, , fuimos testigos del choque frontal entre la frialdad de la planificación estatal y la angustia de la realidad cotidiana. Por un lado, la visión técnica que asegura desde un escritorio que "todo está lejos"; por el otro, el testimonio de una mujer que mide la distancia en pasos: 20 metros. Para ella, el proyecto no es una cifra estadística; son moscas, ratas y el hedor de la basura frente a una primaria y un hospital. En San José Chiapa, el Polo de Desarrollo Económico no huele a bienestar; huele a desecho.

La intolerancia vestida de Autoridad

Lo que siguió fue un despliegue de verticalismo que dista mucho de la prometida "escucha circular". Ante la crisis comunitaria, la Presidenta no optó por la empatía, sino por el reproche. Con el dedo índice apuntando, como quien amonesta a un alumno indisciplinado, soltó la frase que definió la jornada: “A pesar de que les dije que los iba a recibir, se manifestaron”.

Como si la protesta fuera un acto de mala educación y no un derecho constitucional. Como si su promesa de audiencia fuera moneda de cambio suficiente para que un pueblo acepte, en silencio, un basurero frente a su puerta.

El momento alcanzó tintes de autoritarismo escénico cuando la mandataria, en lugar de abrir el diálogo, sometió la protesta a una votación de plaza: “¿Quién vota porque se callen para que yo pueda hablar?”. El coro de leales y los movilizados por el gobernador cumplieron su función: alzaron la mano para silenciar al vecino. Fue una victoria de la mayoría sobre la angustia; una democracia de fachada utilizada para aplastar a una minoría que se siente traicionada. Se votó por el silencio, pero el problema sigue ahí, a los mismos 20 metros de distancia.

El veredicto de la imposición

Lo más punzante fue la decepción de los "propios". Militantes que se dicen morenistas tuvieron que mirar al gobernador Alejandro Armenta para espetarle una verdad incómoda: “Usted es un poco mentiroso”. La respuesta de la Presidenta fue la estocada final al consenso: habrá asamblea, sí, pero “no es para votar, es solo para escuchar el proyecto”.

En otras palabras: el veredicto ya fue dictado en las alturas. La asamblea no es un espacio de deliberación, sino el trámite burocrático para informar la imposición.

La crónica de Ricardo nos deja una lección amarga. El bienestar no se construye solo condonando deudas o entregando concreto; se construye respetando la dignidad de quienes no quieren que su comunidad sea el vertedero de un modelo de desarrollo que no los incluye. En San José Chiapa, la Presidenta demostró que su paciencia tiene un límite muy corto cuando el "pueblo sabio" deja de aplaudir y empieza a cuestionar. Les fue mal a los manifestantes en el mitin, pero le fue peor a la imagen de un gobierno que presume mandar obedeciendo, pero que termina regañando a quien no se alinea.

#

Protestan contra recicladora en mitin de CSP en Puebla

Crónica de Jorge Ricardo / Enviado de Reforma..

Unas 200 personas protestaron contra la instalación de una planta recicladora de basura proyectada en el municipio de San José Chiapa, previo a un mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre gritos y pancartas, los inconformes exigieron la cancelación de la obra, al advertir posibles afectaciones a la comunidad y a los mantos acuíferos. También acusaron que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, habría informado de manera incorrecta a la presidenta al asegurar que no habría daños.

"Nuestra gente se nos va a estar muriendo, porque va a estar contaminado. Miles de ratas, moscas. No lo queremos, señores. Por eso es nuestro por eso es nuestra manifestación", dijo un poblador que encabezó la protesta.

"Quieren poner la recicladora cerca del pueblo, tenemos una escuela primaria donde puede perjudicar a los niños, la enfermedad, todos. Hay muchas personas que ya padecen, o sea, están enfermos. No tenemos ni medicamentos en los hospitales, en las clínicas. Entonces, no", agregó.

Los manifestantes portaron carteles en rechazo al proyecto, entre ellos uno del comité de defensa del agua, la tierra y la vida de San José Chiapa.

Afirmaron que la presidenta Sheinbaum no está bien informada, luego de que en su conferencia matutina señalara que la obra se ubicaría lejos de la población, lo cual, aseguraron, es falso.

"Mi casa está a unos metros, menos de 20 m de la Obra", dijo una mujer, quien sostuvo que incluso los nuevos departamentos que la mandataria entregará como parte del programa de Vivienda para el Bienestar resultarían afectados.

"Haz de cuenta, aquí va a ser la recicladora y ahí donde está la avenida, ya están las casas. O sea, estamos cerca. A a mil metros está un hospital", dijo otra mujer.

Los manifestantes permanecieron afuera de una carpa donde otros cientos de personas esperaban a la presidenta, y acusaron que se les intentó impedir el acceso, pese a que llegaron desde las dos de la tarde.

Regaña Sheinbaum a manifestantes en Puebla

Al final del mitin, Sheinbaum regañó a pobladores del municipio de San José Chiapa, Puebla, que protestaron durante su mitin contra la instalación de una planta de reciclaje de basura, y aseguró que el proyecto no está a votación.

"Les dije desde que iba a venir, que iba a dialogar con ustedes y de todas maneras, ustedes se manifestaron, a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. A pesar de que en un evento de vivienda, donde estamos entregando a la gente vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir", exclamó mientras apuntaba con su dedo índice.

El encuentro entre la presidenta y los inconformes ocurrió tras el mitin, donde algunos manifestantes lograron infiltrarse, tras lo cual pidió respeto.

"A nadie le vamos a quitar sus tierras, a nadie le vamos a comprar tierras, que no los engañen. Es un proyecto que, además, se va a trabajar y consultar con las comunidades. Así que no necesitan gritar ni decirnos nada, porque siempre escuchamos", afirmó la presidenta durante su discurso.

"¿Quién vota porque terminemos de hablar y luego ya atendemos a los que se están manifestando? Bajen la mano. ¿Quién vota? Porque sigan hablando ellos ahorita. Bueno, es mayoría. La democracia es la mayoría, ¿verdad?", agregó.

Al encararlos, la presidenta les preguntó de quién es el terreno donde se instalará la planta.

"¡Del pueblo!", le respondió una mujer, quien acusó que un tiradero ya se encuentra a menos de 30 metros de las casas.

La presidenta pareció desconcertada al escuchar la respuesta de la mujer, quien dijo ser morenista y admiradora suya.

"Es del gobierno del estado", reviró entonces la mandataria. "Pero el pueblo somos muchos, presidenta", insistieron.

La presidenta negó afectaciones del proyecto y dijo que enviaría representantes para organizar una asamblea, aunque rechazó que esta sea de consulta.

"No es esa votación, nada más es para escuchar el proyecto", dijo.

La mujer respondió si entonces no importaba la opinión del pueblo.

"No vamos a hacer nada que esté en contra del pueblo, pero ustedes tienen que también escuchar", insistió Sheinbaum.

Los pobladores dijeron ser militantes de Morena, pero reprocharon al gobernador Alejandro Armenta presuntamente mentir sobre los alcances del proyecto.

" Usted es un poco mentiroso gobernador", le dijeron al ex priista, ubicado junto a la presidenta.

Les fue mal…y el tema es nota..

##

Las columnas políticas hoy, domingo 12 de abril de 2026 

Enoja a emecistas que les digan Fosforena

Bajo Reserva/EL UNIVERSAL

Nos cuentan que el voto en bloque de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para aprobar el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó algunos dolidos en el partido. A más de uno de los diputados naranjas que coordina Ivonne Ortega sorprendió la instrucción de votar a favor cuando el acuerdo inicial era oponerse a las reformas enviadas. Además de que los naranjas en San Lázaro habían evaluado que los cambios propuestos por el gobierno no eran solo administrativos, los senadores del partido votaron en contra. Lo que más les duele, nos comentan, es que la decisión reavivó los señalamientos de que MC es un partido esquirol al servicio de Morena. Aunque la dirigencia naranja sostiene que se enfocarán en lograr algunas modificaciones basadas en la reforma electoral que presentó el partido hace algunas semanas, la verdad es que más de uno levanta la ceja de cara al proceso de 2027. Fosforena vive, la lucha sigue.

Inversiones petroleras México-Brasil

Nos dicen que la próxima asistencia de la presidenta Sheinbaum a Barcelona busca también un acercamiento específico con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde marzo le había pedido acudir a la reunión Global Progressive Mobilisation. Nos cuentan que tras una llamada con el nuevo canciller Roberto Velasco, finalmente se formalizó el viaje. El interés de Lula, nos aseguran, va más allá del foro: busca acercar a México y Brasil, con miras a una posible visita de la mandataria mexicana a territorio brasileño en mayo, para impulsar inversiones en ambos sentidos, principalmente en el área del petróleo. Frente a las presiones estadounidenses, nos comentan, nunca sobra abrir opciones y estrechar lazos con naciones hermanas.

Gasolineros piden regularización sencilla

Nos cuentan que representantes del sector energético se quejan de presuntas irregularidades en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tras los recientes cambios en su estructura directiva. Nos hacen ver que las inconformidades surgieron a partir de la llegada de nuevas titulares vinculadas previamente a la Procuraduría Federal del Consumidor que han coincidido con modificaciones en los criterios de supervisión y verificación. En las últimas semanas, nos detallan, se incrementaron las clausuras a estaciones de servicio y expendios de gas, pese a que el programa RENAGAS consideraba incentivos para facilitar la regularización del sector.

##

Templo Mayor/ REFORMA

CUENTAN por ahí que alguien convenció a Claudia Sheinbaum de que el informe de Naciones Unidas sobre desaparecidos era la punta de lanza de un acto de "intervencionismo" de EU en México.

Y, CON ESA idea, desde el gobierno y Morena construyeron el argumento de que el documento es inaceptable, exagerado, etcétera.

BUENO, hasta han dicho que, como en esa comisión hay redactores de origen peruano y ecuatoriano, países cuyos gobiernos tienen conflictos con la 4T, fue elaborado de mala leche. ¡Vaya manera de construir versiones con tal de no reconocer la realidad!

PEOR AÚN, cuando ese informe le ofrece salidas al gobierno de México en temas como la cooperación forense y la asistencia internacional.

QUIZÁS lo más contradictorio es que, cuando los morenistas eran opositores, promovieron la llegada de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014. Y ahora, ya en el gobierno, desacreditan esos informes.

UN FUERTE choque se vislumbra en el ámbito del combate a la corrupción en el gobierno federal a raíz del nombramiento de Aureliano Hernández al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

EL RECIÉN nombrado auditor tiene que coordinar su trabajo con el Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza José Ramón Amieva, y con la Secretaría Anticorrupción cuya titular es Raquel Buenrostro, con quien trae un pleito cantado.

DICEN que Hernández, a pesar de que tenía todo el apoyo de Palacio Nacional para obtener el cargo, enfrentó una campaña en su contra orquestada por Buenrostro, quien buscaba favorecer a su propia candidata al puesto, Natalia Téllez Torres Orozco.

Y NO ES la primera vez que la secretaria promueve a la actual magistrada anticorrupción para otro cargo, pues, a pesar de las restricciones legales, ya la había impulsado públicamente para ser ministra de la Suprema Corte, pero no logró que quedara en los acordeones oficiales.

ASÍ ES QUE, a menos que Hernández y Buenrostro limen asperezas o alguien funja como mediador para que hagan las paces, se ve muy difícil que logren una coordinación efectiva. ¿Y la lucha contra la corrupción? Bien, gracias.

EN EL gobierno de la CDMX hay preocupación ante los amagos de varios grupos de supuestos vecinos de bloquear vialidades como el Periférico cuando inicie el Mundial en junio.

Y ES QUE, detectaron que esas movilizaciones no tendrían como objetivo abanderar causas ciudadanas, sino dañar la imagen de la administración de Clara Brugada y del gobierno federal cuando los ojos del mundo estén puestos en la ciudad.

LA DUDA es de quién es la mano que mece esa cuna.

##

REVISTA R/ Reforma

México, bajo la lupa internacional

Rolando Herrera y Érika Hernández

En un hecho sin precedentes, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) anunció el pasado 2 de abril su decisión de solicitar al Secretario General a la ONU, António Guterres, llevar a la Asamblea General el tema de las desapariciones forzadas en el País.

La decisión de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, luego de que el Comité concluyera que la información recibida parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con su evaluación, en el País se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes zonas.

"Basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el País requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

"Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos", indicó la ONU en un comunicado fechado el 2 de abril.

El procedimiento, aclaró, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, mas no de establecer la responsabilidad penal individual.

La decisión del Comité fue adoptada con base en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano a la solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al País en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. 

"El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el País, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados. 

"En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al País en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas", indicó.

El 9 de abril, tras la respuesta de México de que el Gobierno federal no lleva a cabo desapariciones forzadas, sino que son perpetradas por los cárteles, el Comité precisó que las circunstancias que definen este delito aplican también a personas vinculadas a la delincuencia organizada, en tanto actúen con la complicidad u omisión de una autoridad estatal, y defendió su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional.

"Las circunstancias contempladas en el artículo 2, se aplican, entre otras cosas, a los denominados grupos paramilitares, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal", refirió.

El organismo también recordó que el artículo 5 de la Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional, y citó el Estatuto de Roma -del que México es parte- para subrayar que dicho delito puede ser perpetrado por "un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia".

Luego de que se diera a conocer la solicitud del CED, el Gobierno de México respondió a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fechado el 2 de abril, en el que rechazó el informe por considerarlo "tendencioso" y por no haber tomado en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.

Argumentó que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de forma generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, circunstancias que, sostiene el gobierno, "no corresponden a la realidad del México actual".

El comunicado señaló que el informe refiere principalmente hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a cuatro estados.

Destacó, además, que el propio CED reconoció que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

El Gobierno también cuestionó "la falta de rigor jurídico" en la argumentación del Comité, así como conflictos de interés de algunos de sus integrantes, señalando que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que presentaron quejas contra el Estado mexicano.

El País, entre las autocracias más recientes

México se sumó a países considerados como "autócratas", pues desde la Presidencia de la República también se controla al Poder Legislativo y Judicial, existe censura y ataque a las organizaciones civiles que difieren de la 4T.

Así lo advierte el Instituto V-Dem, perteneciente a la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en su informe sobre la democracia en el 2026: "¿Desmoronando la era democrática?".

"México es un caso singular de autocratización impulsada por la izquierda durante la 'tercera ola' política. El giro autocrático se produjo tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

"Morena controla actualmente el Poder Ejecutivo y tiene mayoría en el Poder Legislativo. Además, impulsó una reforma para realizar elecciones para el Poder Judicial, politizando así los tribunales. Morena ganó una segunda vuelta y Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia en 2024. México es una autocracia electoral desde 2024", sostiene el reporte.

De acuerdo con la Universidad, desde 2025 se registra un debilitamiento democrático en América Latina y el Caribe, pues aunque parecía revertirse con las elecciones en Brasil en el 2023, empeoró con las elecciones en Argentina y México.

"Si bien las mejoras en Brasil propiciaron un notable aumento en los promedios ponderados por población en 2023, el deterioro en Argentina, México y Perú está revirtiendo nuevamente esta tendencia. Ahora vuelve a revertirse debido a la autocratización en Argentina y México", indica.

Así, México forma parte de los 44 países considerados en el mundo como "autócratas", cuyo primer indicador, sostiene, es obstaculizar la libertad de expresión, así como censurar a los medios.

De esos países, 28 eran democracias cuando comenzó su autocratización, como sucede en el caso de la nación mexicana.

"Los esfuerzos gubernamentales por censurar a los medios de comunicación -que encabezan la lista- se están deteriorando sustancialmente en 44 países. Los gobiernos de Hong Kong, México, Myanmar, Eslovenia y Togo se encuentran entre los principales infractores de la última década.

"La censura de los medios de comunicación sigue siendo la táctica más común entre los gobiernos autócratas, utilizada por 32 países (73 por ciento). Sin embargo, la represión de la sociedad civil se ha intensificado y afecta a 30 países (68 por ciento). Casi una cuarta parte de las naciones del mundo (44) figuran ahora en la lista de países autócratas, lo que refleja un aumento vertiginoso de la autocratización", indica el informe. 

A manera de contexto, el estudio académico indica que sólo el 5 por ciento de la población vive en democracias liberales, como considera a Chile, Costa Rica y Uruguay; otro 65 por ciento en democracias electorales, como Argentina y Brasil; y en autocracias otro 29 por ciento.

De ese último porcentaje, el 20 por ciento de los ciudadanos reside en México.

Además de esta nación, agrega, están otras que son potencias regionales o mundiales influyentes, capaces de influir en el futuro de sus regiones y moldear la política internacional, como Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia, India y Pakistán. 

Además del deterioro de la libertad de expresión, tanto en el sector académico como cultural, la autocensura en medios y el sesgo mediático a favor de los gobernantes en el poder, la libertad de debate se está debilitando significativamente tanto para hombres como para mujeres.

"El acoso a periodistas está aumentando en 23 casos. La oferta de una amplia gama de perspectivas en los medios impresos y audiovisuales está desapareciendo en 22 países, y la crítica de las decisiones y acciones gubernamentales por parte de estos medios está desapareciendo en 21", apunta.

Existe un ataque contra las organizaciones de la sociedad civil más frecuente, como sucede en México.

"La represión contra las OSC ocupa ahora el segundo lugar en la lista de los 20 principales problemas, y ha empeorado sustancialmente en dos tercios de los países autoritarios, por ejemplo, en Bielorrusia, El Salvador, Georgia, Guinea y México. 

"Otro aspecto del declive de la libertad de asociación es el grado en que los gobiernos ejercen un control directo sobre la entrada y salida de las OSC, que está aumentando en 23 países autoritarios, entre ellos Kirguistán, Libia, Madagascar y Mozambique", señala.

En América Latina y el Caribe, cuatro países se encuentran en proceso de democratización, como es República Dominicana, Bolivia, Brasil y Guatemala, los últimos tres, reporta, "están revirtiendo la autocratización".

"Si una democracia comienza a autocratizarse, es más probable que colapse a que sobreviva", advierte el reporte.

Además, indica, las autocracias también se afectan así mismas, haciéndolas más represivas.

Advierten, desde 2024, afectaciones a independencia judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó desde 2024 su preocupación por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y advirtió sobre sus posibles impactos en el acceso a la justicia, las garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho.

El organismo interamericano emitió el 12 de septiembre de 2024 -un día después de que el Senado de la República avalara la reforma- un pronunciamiento en el que reconoció la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano, pero cuestionó la forma, la celeridad y el contenido de los cambios constitucionales impulsados por el Ejecutivo federal.

La reforma fue enviada al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024. La Cámara de Diputados la aprobó el 3 de septiembre y el Senado la ratificó el 11 del mismo mes, en el marco de un paquete de reformas constitucionales que se discutían de manera simultánea en el Poder Legislativo.

Uno de los ejes centrales de la preocupación de la CIDH es la disposición que establece el cese de las autoridades judiciales en funciones -a ejecutarse en fases entre 2025 y 2027- para dar paso a la elección popular de todas las personas juezas, magistradas y Ministras del País.

La Comisión recibió información de organizaciones de la sociedad civil, expertas y operadoras de justicia sobre las afectaciones que derivarían de ese cambio frente a las obligaciones internacionales de México.

Entre las críticas centrales, destacó que la reforma podría vulnerar las garantías de idoneidad y el acceso meritocrático a la carrera judicial.

En su informe sobre Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia, la CIDH había señalado que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia judicial. 

El organismo enfatizó que los sistemas de selección deben basarse en el mérito, las capacidades profesionales y las calificaciones jurídicas, realizarse en el marco de procesos públicos y transparentes, y garantizar la igualdad de género en el acceso a la carrera.

La Comisión también señaló que la reforma no partió de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia, ni contempló cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.

La CIDH reconoció que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en sus informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, subrayó que una reforma de esta envergadura debió conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo.

Si bien el Estado informó sobre diálogos nacionales realizados entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observó que la celeridad en la tramitación impidió considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, como lo demostraban las manifestaciones de las semanas previas a su aprobación.

El organismo también expresó preocupación por las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras realizadas por autoridades impulsoras de la reforma, a raíz de las opiniones que estas emitieron sobre los cambios constitucionales.

En esa línea, la Relatora Especial sobre la independencia de magistradas y abogadas de la ONU había señalado previamente su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. 

La relatora advirtió que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de juzgadores, y alertó sobre riesgos en la estabilidad del cargo y afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura.

La CIDH apuntó además que una reforma comprehensiva del sistema judicial debería haber abarcado a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas, instituciones que la reforma constitucional dejó fuera de su alcance.

Ante el panorama descrito, la Comisión instó a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia.

También las exhortó a garantizar instancias de diálogo real que aseguren la participación de todos los sectores interesados.

'Esperamos que CIDH revierta la reforma judicial'

Hace un par de semanas, tras 11 meses de análisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a la denuncia presentada por 65 jueces y magistrados mexicanos contra la reforma judicial de 2024 por socavar la independencia de los impartidores de justicia y relevarlos de sus cargos, dando fin a la carrera judicial.

Representados por el abogado Zamir Fajardo, los juzgadores buscan que CIDH declare que la reforma judicial, mediante la cual se elige por voto popular a los impartidores de justicia, es violatoria de los derechos humanos al no garantizar la imparcialidad de las resoluciones.

La reforma, que dejó fuera en 2025 a más de 7 mil impartidores de justicia, priva a la sociedad de tener jueces que resuelvan a partir de criterios técnicos, pues al llegar mediante una elección le deben su cargo a la política y a quienes les ayudaron a obtener los votos necesarios.     

¿Cuál es la importancia de que la CIDH haya admitido la denuncia de 65 impartidores de justicia afectados por la reforma judicial? 

Zamir Fajardo: Mira, en principio, me parece que la importancia radica en que el Estado mexicano va a tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre esta reforma y sus implicaciones, tanto para la democracia como para las personas que se están viendo afectadas con el cese masivo.  

Recordarán ustedes que esta reforma, entre otras implicaciones, dejó fuera a más de 7 mil personas que obtuvieron su empleo mediante concursos de méritos dentro de la carrera judicial. Entonces, el Estado tendrá que explicar ante la comunidad internacional por qué hizo ese cese masivo y cuál es el sentido de destruir una carrera judicial que, con sus dificultades y sus oportunidades, era una de las dimensiones institucionales más sólidas del Estado.  

¿Qué es lo que seguiría?

 Lo que suele pasar en estos casos es que primero el Estado tiene que decidir si quiere un litigio internacional o quiere intentar resolver el caso con una solución amistosa. Si el Estado quiere un litigio y llegamos al fondo y la Comisión Interamericana considera que violó los derechos humanos, lo procedente es que hace un informe y le dice al Estado qué debe hacer para reparar las violaciones cometidas. Si el Estado no puede o no quiere por la razón que fuere, política o de cualquier otra orden, la Comisión Interamericana presenta el caso ante la Corte. Nosotros, representantes de víctimas, compareceríamos también a defender el enfoque del caso que hemos venido trabajando. 

¿La resolución de la Corte Interamericana sería vinculante?  

En efecto, la decisión de la Corte es definitiva e inatacable, es decir, es claramente vinculante. Pero yo diría algo muy importante, y es que también el informe que hace la Comisión Interamericana es un informe que vincula al Estado, porque el procedimiento que sigue la comisión está en un tratado, y México se obligó con ese tratado a respetar esos procedimientos.

Entonces, bajo el principio de buena fe del derecho internacional público, el Estado estaría obligado a cumplir con ese informe. 

En el caso de la reforma judicial, además es la afectación a los derechos de las otras personas, de los justiciables, al privarlos de tener jueces competentes, preparados, que hicieron carrera judicial. 

Absolutamente, yo creo que esa es una dimensión muy fuerte de este caso y de la situación que estamos viviendo, y es que no sólo se están viendo afectados miles de proyectos de vida de las personas juzgadoras, sino que se le está quitando a la ciudadanía, a la sociedad en general, la posibilidad de tener jueces que resuelvan a partir de criterios técnicos, de criterios objetivos, y ponemos a resolver, o puso el régimen a resolver a jueces que deben sus cargos a la política, con lo cual le quitó el derecho a la protección judicial y el acceso a la justicia a la ciudadanía en general y a las víctimas de violaciones a derechos humanos en específico. 

¿Qué alcance podría tener una resolución de la Comisión favorable a los impartidores de justicia mexicanos? ¿Puede recomendar revertir la reforma judicial? 

Eso es lo que se está solicitando, que la reforma judicial sea declarada violatoria a derechos humanos como un todo, es decir, integralmente, y que se le ordene al Estado mexicano restituir la carrera judicial y mantener los principios de independencia judicial como estaban antes de la reforma. 

Esperamos que la Comisión Interamericana pueda entrar a hacer el estudio, pero, por lo pronto, si no, habrá que establecer algunos criterios y medidas básicas que el Estado tendría que asumir.

Cuando menos, revisar el tema de la de la elección judicial, cómo funciona, los mínimos de integridad electoral que no están garantizados, y naturalmente los principios de independencia, sobre todo de cara al Tribunal de Disciplina Judicial, que es una figura abiertamente agresiva de los principios básicos de debido proceso y de independencia judicial, y también, el respeto por los méritos en el acceso a los cargos públicos. 

La politización de la justicia es una mala idea, y eso va a generar que, como ya se ha dicho, no haya justicia para las víctimas, que se decida lo que la mayoría o el régimen en turno quiera, y no lo que los derechos humanos, la Constitución y los tratados establecen. Entonces, lo que se esperaría es que la Comisión Interamericana determine que la reforma es violatoria de derechos humanos, y, en ese sentido, que le ordenen al Estado mexicano revertirla.

##

Venezuela, Irán, ¿y luego Cuba?/Emilia Martínez

RR de Reforma, 

En su discurso inaugural el 20 de enero de 2025, Donald Trump habló del Destino Manifiesto, la creencia en el siglo 19 de que Estados Unidos debía expandirse hacia el oeste, y alabó al Presidente William McKinley, conocido, entre otras cosas, por imponer aranceles proteccionistas para impulsar la industria estadounidense.

Y, en efecto, dice Charles A. Kupchan, profesor en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown, Trump tiene muchos aspectos que recuerdan a los Presidentes estadounidenses del siglo 19, como sus amenazas de anexar Canadá, adquirir Groenlandia o retomar la administración del Canal de Panamá.

"Trump quiere ser el Presidente estadounidense que añada la mayor porción de territorio a los Estados Unidos, más grande que la Cesión mexicana (de 1848), más grande que la Compra de Luisiana; ese es Trump", señala en entrevista luego de haber impartido una conferencia magistral en el Tec de Monterrey Campus Santa Fe.

Y es esa obsesión por hacer historia, combinada con lo exitoso que resultó su intervención militar en Venezuela, lo que, en parte, lo llevó a atacar Irán, iniciando una guerra de la que ahora le está siendo complicado salir.

"Pienso que una de las razones por las que está en Irán es porque Venezuela salió bien, fue rápido y sin sobresaltos, con grandes tomas para la televisión con (Nicolás) Maduro aterrizando en Nueva York detenido para ir a comparecer ante el juez en prisión", comenta el profesor en Asuntos Internacionales en la Escuela de Servicio Exterior.

"Ni un solo estadounidense murió, una imagen perfecta. Esto es lo que verías en una película de acción".

A decir de Kupchan, se trató de un ataque quirúrgico inmaculado, tal y como los bombardeos del año pasado a los sitios nucleares de Irán, o los ataques contra varias milicias en Irak, Siria, Nigeria y Yemen.

Todo eso, claro, desde 3 mil pies de altura.

"Realmente pensó que podría hacer lo de Irán en tres días, y luego pasaría a la historia como un héroe", indica el también investigador senior en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, a más de 40 días de iniciada la guerra, la Administración estadounidense no parece tener una salida clara al conflicto.

LA GRAN SORPRESA

La madrugada del 28 de febrero, en un video que compartió en redes sociales para anunciar la guerra, Trump prometió que destruirían los misiles de Irán, su industria armamentística y su armada, y que se asegurarían de que la República Islámica no obtuviera nunca un arma nuclear.

De acuerdo con el último reporte que dio el Pentágono esta semana, las Fuerzas Armadas de EU atacaron más de 13 mil objetivos, entre estos más de mil 500 objetivos de defensas aéreas, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 800 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional.

Asimismo, dijeron haber atacado el 90 por ciento de sus fábricas de armas y casi el 80 por ciento de su base industrial nuclear. También reportaron el hundimiento de 150 barcos y la destrucción de más del 95 por ciento de sus minas navales.

Sin embargo, apunta la agencia de noticias The Associated Press, se desconoce qué tan grande era el arsenal de Irán antes de la guerra, por lo que es complicado dimensionar los logros estadounidenses. También queda la duda de qué tan inutilizables habrían quedado sus sistemas o fábricas, o qué tan poderoso es el arsenal y los barcos que aún poseen.

"No sé cuántos altos mandos (iraníes) han muerto, pero fueron decenas de militares y civiles (incluido el Ayatolá Ali Jamenei), y no funcionó", dice, al respecto, Kupchan.

"El régimen no mostró signos de fractura y ha respondido de una manera sofisticada que no creo que nadie esperara".

HABRÁ ACUERDO, PERO NO EL MEJOR

La falta de objetivos cumplidos pone a Trump en una riesgosa situación. Al día de hoy, pese a un frágil cese al fuego, no está claro si Irán, por ejemplo, dejará de enriquecer uranio. Y el líder republicano, que tanto ha criticado a su antecesor Barack Obama por entablar en 2015 un acuerdo nuclear con el régimen iraní, hoy está nuevamente sentado en la mesa de negociaciones a través de su Vicepresidente JD Vance.

"Va a haber un acuerdo", augura Kupchan.

"Y eso se debe a que el dolor que ambas partes están experimentando es grande. Trump tiene un gran interés en terminar esto cuanto antes, y los iraníes lo saben. Las perturbaciones en la economía global son casi incalculables".

Además, señala el especialista, abrir el Estrecho de Ormuz en plena guerra es muy difícil.

"Es angosto y poco profundo. La costa iraní está llena de lugares para esconder lanchas rápidas, drones y todo tipo de otros materiales, lo cual es una de las razones por las que no hay una misión de escolta. Estados Unidos no quiere poner un destructor en el Estrecho de Ormuz que probablemente se hundiría. Ese es realmente el as bajo la manga de Irán", explica.

Si bien la Administración Trump busca ahora una salida diplomática al conflicto, a decir de Kupchan, quien trabajó en las Administraciones de Obama y Bill Clinton, la gran incógnita es si los iraníes están dispuestos a aceptar algún tipo de acuerdo.

Y en caso de lograrlo, advierte, no será el mejor.

"Lo más probable es que Trump llegue a un acuerdo con el régimen o alguna versión de este régimen, y tenga que hacer un trato que no será óptimo", indica el profesor de Georgetown.

"Él ha dicho que Irán no puede enriquecer uranio, pero hubo un plan flotando anteriormente sobre un consorcio en el que Irán trabajaría con otras potencias del Golfo para el enriquecimiento de bajo nivel. También está el tema de los misiles balísticos, y luego está el apoyo a proxies".

De cualquier forma, hoy ya no parece haber posibilidad para que la guerra en Irán se traslade en un triunfo político para el republicano.

"En términos generales, esta es una guerra que le hará mucho más daño que bien a Trump", expone Kupchan, "y eso se debe a que ha violado sus promesas a su base de no más grandes guerras en Medio Oriente".

Y si hay un tema en el que Trump es más vulnerable, añade, es la asequibilidad. Los estadounidenses hoy están pagando 30 por ciento más de gasolina debido al conflicto.

"Trump ya tenía problemas políticos antes de la guerra con Irán, y ahora tiene enormes problemas políticos", subraya el investigador.

El único escenario que resultaría una victoria política para el republicano es que logre tirar al régimen, Irán se convierta en una democracia secular y la amenaza iraní para la región desaparezca, precisa Kupchan.

"Entonces, Trump pasaría a la historia como el Presidente estadounidense que acabó con la República Islámica. Pero creo que las probabilidades de ese resultado son bastante bajas, como un 10 por ciento", acota.

LA RAÍZ

Para Kupchan, parte del problema en el que se metió Estados Unidos es que las personas realmente con poder de decisión en el Gobierno son pocas: el Presidente Donald Trump; el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Vicepresidente, JD Vance; Jared Kushner, yerno y asesor de Trump; Steve Witkoff; enviado especial para Medio Oriente; y en asuntos internos, Stephen Miller y Russell Vought.

"No existe un proceso político, no hay un flujo constante de documentos que presente opciones al Presidente y que ofrezca evaluaciones minuciosamente meditadas sobre lo que sucederá si comenzamos a bombardear Irán", indica.

"Así que tenemos un Presidente que escucha a un número muy reducido de personas y toma decisiones basándose en su instinto, no en lo que dicen los servicios de inteligencia".

Hoy, añade el autor de diversos libros enfocados en política exterior, no conocemos todavía la historia completa sobre por qué Trump inició la guerra cuando lo hizo, cuánto tiempo pensó que duraría o qué probabilidad había de un cambio de régimen iraní. Pero lo que sí sabemos, expone, es que la falta de un proceso político finalmente le explotó en la cara.

Y en medio de esta falta de ganancias, la sospecha de que Cuba es la siguiente cobra entonces mayor relevancia.

"Pase lo que pase en Irán, Cuba es la siguiente, y en cierto modo, si a Irán le va mal, Cuba puede ser el objetivo más probable, porque entonces dirá: 'Bueno, Irán fue un desastre, necesito una victoria, ¿dónde puedo conseguirla?'", apuntó.

##

Los tentáculos de Palenque irritan a la Presidenta/Claudio Ochoa Huerta

El Universal, | 12/04/2026 |

Hasta hace un par de meses, las críticas que leía o escuchaba sobre su obediencia sumisa para darle continuidad a las políticas de López Obrador, por absurdas que fueran, le causaban gracia. Incluso, si venían de los llamados adversarios, las consideraba un halago. Pero los tiempos han cambiado y ahora tiene rato que sí le calan.

A la presidenta Sheinbaum le sobran motivos para estar molesta. Uno de los principales es que la parte administrativa de su gobierno no está en sus manos sino que continúa bajo control de los tentáculos de los hijos del expresidente. Las fuentes me mencionan dos casos concretos: la Ciudad de México y el Estado de México. En el primero no ha podido remover a Juan Pablo de Bottom como secretario de Finanzas. Él le reporta antes a Andy López Beltrán que a la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. En el segundo, la decadencia de la gobernadora Delfina Gómez por motivos de salud ha dado carta abierta a Horacio Duarte y a los juniors quienes verdaderamente mueven los hilos en presupuestos, cargos y hasta negociaciones para mantener la estabilidad con los personajes más oscuros que se esconden en las sierras.

En el SAT pasa lo mismo. Desde hace meses, la Presidenta tiene listo al relevo de Antonio Martínez Dagnino, otro amigo de los López Beltrán, pero el espiral caótico de grillas le impide dar el manotazo y ahí radica la frustración. A la Presidenta le molesta de sobremanera, y lo ha expresado en varias ocasiones, la voracidad de ese grupo. Hace énfasis en que es injusto que le peguen las esquirlas de los escándalos cuando ni ella ni su esposo ni sus hijos están haciendo negocios con el gobierno. La última petición que les mandó decir es que de una buena vez dejaran de manosear el negocio de las medicinas y envió a Eduardo Clark, subsecretario de atención en Salud, como su hombre de confianza.

Qué decir de la comunicación social ampliamente abordada en esta columna en las dos más recientes entregas. Los peores problemas han sido cortesía de la dupla Jenaro Villamil-Jesús Ramírez Cuevas. En Pemex la disputa está a muerte entre la gente dejada por el agrónomo Octavio Romero Oropeza, quien fue director con López Obrador, y la gente de Víctor Rodríguez, el actual, más la gente de Luz Elena González, secretaria de Energía. Y así podríamos ir oficina por oficina.

Las herencias incómodas, por fin, le parecen una carga y la tienen de malas. Pero hay una buena noticia. Depende de ella decidirse a quitárselas.

Stent:

Como lo de Andy nomás no prende para la diputación federal y lo de Andy nomás no prende para la Ciudad de México, ya pusieron sobre la mesa otra idea: aventarlo como candidato al gobierno de Tabasco. Qué difícil ganar ahí. Morena no la pierde ni aunque pongan a Hernán Bermúdez Requena, el narcosecretario de Adán Augusto y líder de la barredora que está preso en el Altiplano.

#

Las desapariciones y el impertinente choque con la ONU/Raúl Rodríguez Cortés

 EL UNIVERSAL

Más de 130 mil desaparecidos entre 2006 y 2026 contabilizados oficialmente por el gobierno no dejan lugar a dudas sobre la crítica situación de inseguridad que atravesamos y revelan sin tapujos la incapacidad forense y operativa del aparato de procuración de justicia que, por el hecho de que no tener ni un solo dato de unos cuarenta mil para localizarlos y/o identificarlos, sugiere -irrespetuosamente y sin empatía alguna con los adoloridos familiares de las víctimas- concentrar esfuerzos en los que han dado algunas señales de vida después de la fecha de su desaparición.

Los datos estadísticos de ese segmento de veinte años son del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) creado en julio del año pasado y reunido 394 mil 645 casos históricos desde 1952 hasta la fecha, de los que 262 mil ya fueron encontrados, 241 mil 142 de ellos muertos.

Es en el período 2006-2012 donde se encuentra el mayor número de desapariciones, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, pero las desapariciones mantuvieron una tendencia alta y constantes en los gobiernos de Peña Nieto y AMLO.

Lo cierto es que estamos frente a una crisis de tal envergadura que el país ha quedado bajo el escrutinio internacional tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en cuyo más reciente informe se asegura que hay indicios de que las desapariciones son sistemáticas y, por lo tanto, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La gravedad de las desapariciones forzadas y el hecho de que no se haya encontrado la manera de resolverlas y desactivar su escalada son incuestionables, pero de ahí a que sea un delito de lesa humanidad parece un exceso declarativo.

Acaso sea un tema de interpretación conceptual, pero hasta donde se sabe los crímenes contra la humanidad los cometen el Estado, los ejércitos, los aparatos policiacos, situación ésta en la que, hasta donde se sabe, no han incurrido ni éste ni el anterior gobierno y, solo en algunos casos, el que lo precedió del PRI con Peña Nieto (Ayotzinapa) y antes el del PAN de Calderón con los mentados “daños colaterales” de su guerra contra los cárteles de la droga.

Claro que no faltarán quienes digan que la omisión, protección o consentimiento del Estado con la consecuente impunidad, lo hace cómplice y, por lo tanto, responsable de un delito de lesa humanidad.

El caso es que Sheinbaum acusó recibo del informe de Naciones Unidas como un ataque a su gobierno creado para apuntalar una nueva campaña de desprestigio, sin detenerse en pensar que era posible hacer con firmeza los matices correspondientes, entender que no se trata de un recurso punitivo y aceptar la cooperación ofrecida de recursos técnicos y hasta financieros, para enfrentar un problema realmente agobiante.

Por eso el rechazo del gobierno mexicano al informe y ofrecimiento de ayuda de la ONU no fue pertinente ni la respuesta de la 4T fue la mejor, ya que sugirió afanes de ocultamiento de información y falta de transparencia, ni siquiera con el argumento válido, por cierto, de que no incluye en su análisis lo que al respecto se ha hecho recientemente para sistematizar búsquedas e identificaciones.

Réplica a la contra réplica del Cártel de la Limpieza

Una nueva nota aclaratoria sobre lo publicado aquí el pasado viernes 10 de abril bajo el título “Réplica del Cártel de la Limpieza” llegó a esta columna y fue publicada íntegra, conforme a derecho corresponde, en la edición digital de EL UNIVERSAL de ayer sábado 11 de abril.

A través de su representante legal Juan Jorshua Hernández Moreno, el señor José Juan Reyes Domínguez considera “totalmente falso” que él y su hijo José Juan Reyes Mote “tengan relación societaria, propiedad o control” sobre un grupo de empresas mencionadas en esta columna como un conglomerado que supuestamente compiten entre sí, pero están vinculadas para ganar licitaciones de servicios de limpieza en instituciones públicas.

Démosles el beneficio de la duda en cuanto a la formal propiedad y la relación societaria, pero no en cuanto al control, digamos político, de quienes concursan en la licitación.

Juzgue usted tan solo una parte de la trama:

El 13 de marzo de 2019, Luis Gerardo Reyes Mote (hermano de Juan José Reyes Mote -a menos que llevar los mismos apellidos no sea más que una homonimia- e hijo de José Juan Reyes Domínguez) participó como representante legal de la empresa “GERLIM S.A. de C.V.” en la licitación pública nacional Metrobús/LPN/002/2019 que le fue adjudicada para el servicio integral de limpieza de las estaciones y terminales de ese sistema de transporte de la Ciudad de México, de acuerdo con el acta de fallo que aquí le presento.

Documento 1

Documento 1

Luis Gerardo Reyes Mote se identificó en aquel procedimiento licitatorio con el pasaporte mexicano número G18959182 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores vigente en ese momento hasta el 17 de diciembre de 2025 y acreditó su representación legal con el instrumento notarial número 42 mil 457, expedido por el notario público 193 de la CDMX, licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay.

Documento 2

Documento 2

“GERLIM S.A. de C.V.” fue constituida en esa misma notaría el primero de noviembre de 2011 teniendo como representante legal a María Guadalupe Mota Rodríguez, presumiblemente cuñada de José Juan Reyes Domínguez y tía del también representante legal Juan José Reyes Mote.

La representación legal de este último en “GERLIM” fue acreditada para la licitación de la limpieza del Metrobús mediante la escritura pública 36539 fechada el primero de noviembre de 2011 y en la que se informa bajo protesta de decir verdad que sus accionistas son Santiago Reyes López, padre -según se asegura- de José Juan Reyes Domínguez, así como el hermano de éste, Raúl Reyes Domínguez.

Documento 3

Documento 3

Un documento más que acredita la representación legal de María Guadalupe Mota Rodríguez, tía del otro representante legal Juan José Reyes Mote, es el contrato Marco firmado por GERLIM y otros proveedores con las secretarías de Hacienda y de la entonces Función Pública (hoy de Anticorrupción y Buen Gobierno).

Mota Rodríguez también es representante legal de la empresa “Maatdux S.A. de C.V.”, de acuerdo con la información contenida en la escritura pública 38,159 del 14 de enero de 2021 ante la fe del notario número 69 de la CDMX, Heriberto Castillo Villanueva.

“GERLIM”, cuyo representante legal como hemos documentado es Juan José Reyes Mote, ha sido proveedor de limpieza de las instalaciones del ISSSTE desde hace varios años. Ha participado en licitaciones asociadas con la empresa “Grupo Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V.” cuyo representante legal es su primo Francisco Javier Rodríguez Mote.

Esta última se asoció con “Ultra Naya Higienización S.A. de C.V", cuya representante legal es Melva Miriam Mote Ponce, familiar también si nos atenemos a un apellido poco común, de Luis Gerardo Mote Reyes, empresa ganadora del contrato para este 2026.

¿Todos estos vínculos empresariales que involucran a una misma familia no representan algún tipo de relación, por lo menos de control? Ésta es tan solo una de muchas preguntas, no acusación ni mucho menos denuncia, solo solicitud de información, sobre un asunto de interés público. Lo que sí son denuncias son las interpuestas por quienes no son “supuestos” trabajadores, sino personas cuya identidad se respeta por temor a represalias, una de las cuales, por cierto, la interpuso el 17 de septiembre de 2020 ante la FGR y la entonces Secretaría de la Función Pública.

Y dejo al final un punto de la réplica que más bien tiene que ver con la semántica, con el significado de las palabras. En la columna hablamos de un cártel, sí, pero no en su acepción de “organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas” sino en la de “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia o simularla, y así regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”, definiciones ambas contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Instantáneas:

1. VIENTO EN POPA. Veinte de los 32 congresos estatales del país ya dieron su aval al plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esos números se rebasó ya el mínimo de 17 requeridos para la aprobación de una reforma constitucional. El plan B electoral establece la no reelección en todos los cargos de elección popular, el no al nepotismo a partir de 2030, la reducción de recursos a los congresos estatales, la reducción del número de regidores, el fin de las pensiones doradas de funcionarios públicos y la reducción de salarios y la eliminación de bonos y seguros de gastos médicos mayores a los consejeros y magistrados electorales.

2. LA LUCHA POR Q.R. Las disputas políticas entre Morena y sus aliados el Verde y el PT tras el rechazo de estos dos últimos a la eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento público de los partidos, se está dando en los diecisiete estados que renovarán gobierno el año próximo. Especial fuerza han tomado las del Partido Verde en Quintana Roo, por ser ese estado su “joya” de la corona y sede domiciliaria del dueño de la franquicia, Jorge Emilio González Martínez, el ex “niño verde” quien el próximo jueves 16 de abril cumple 52 años en franco camino hacia la adultez mayor. González Martínez hizo un acuerdo político con AMLO para respaldar en 2022 a la favorita del partido ecologista y hoy gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Tanto ella como su líder el ex “niño verde” quieren un sucesor de su partido. Este último respalda sobre todo al actual senador Gino Segura, pero ante la ya cantada posibilidad de que Morena postule a Rafael Marín Mollinedo, quien recientemente renunció a Aduanas para irse como delegado para el Bienestar de la entidad, explora otras posibilidades, entre ellas la de la presidenta municipal de Cancún (Benito Juárez), Ana Paty Peralta. No deja de levantar la mano, sin embargo, Estefanía Mercado Asencio, munícipe de Playa del Carmen.

3. GUERRERO Y LA DISPUTA INTERNA. En Guerrero, mientras tanto, la disputa por la candidatura al gobierno del estado ocurre al interior del estado, cruzada por el tema del no al nepotismo que el partido guinda quiere aplicar desde 2027 aunque su vigencia es a partir de 2030. En Chilpancingo, se reunieron el senador Félix Salgado Macedonio y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán. Después de desayunar en un conocido restaurante, Saldaña respondió a la prensa local que Salgado Macedonio es su líder y siempre lo será y aclaró que su asistencia al evento en San Lázaro donde coincidió con la consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Damián -quién ha manifestado su interés de ser candidata a la gubernatura- fue a invitación del diputado Ricardo Monreal, reiterando que su apoyo es al Senador. Importante aclaración para quienes intentaron difundir el evento de la Cámara de Diputados como una ruptura política entre Salgado Macedonio y el rector guerrerense.

4. FORO EN OAXACA. El Poder Judicial del estado de Oaxaca realizó el foro "Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas” ¿Estamos listos para su implementación de cara al nuevo sistema que se contempla aplicar a partir del 2027? En la inauguración el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que esta legislación representa un antes y un después en la forma en que el Estado mexicano garantiza el acceso a la justicia, al establecer un modelo homologado que busca garantizarla con certeza y equidad en los procesos. Algo que, sin duda, es de vital importancia en una entidad con tantas desigualdades como Oaxaca.

@RaulRodriguezC