Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior, 10/08/2008;
Las FARC y la seguridad nacional
Independientemente de las labores diplomáticas que pudiera desempeñar México en el conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, un dato no puede ocultarse. Ese conflicto implica un desafío directo a la seguridad nacional del país, no sólo por la potencialidad del enfrentamiento militar entre esas naciones, sino también porque en el centro del mismo está el reconocimiento o no de las FARC como fuerza beligerante en Colombia, como lo ha planteado el presidente Hugo Chávez, al darle un estatus de ejército nacional, presumir de que controla una parte del Estado colombiano y aceptar que tiene identificación ideológica y política con sus principios. Lo mismo ha hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En otras circunstancias, o para otros países, el debate sobre las FARC podría transitar por caminos relativamente teóricos, pero no es nuestro caso. Como se ha comprobado con los hechos del primero de marzo, las FARC no sólo son una organización profundamente involucrada en el narcotráfico y en el envío de drogas a México (no se trata de una hipótesis, la información está documentada, tanto que hay personas detenidas y cumpliendo condena por esos hechos), sino que también está entrenando a jóvenes mexicanos en relación con grupos armados de nuestro país. No nos engañemos: los jóvenes mexicanos que estaban en el principal campamento de las FARC, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el mismo campamento donde residía Raúl Reyes (el verdadero jefe operativo de la organización ante la enfermedad de su anciano líder, Manuel Marulanda) con su compañera, la hija de Marulanda (ambos murieron ese primero de marzo), no estaban en un camping ni eran distraídos muchachos que fueron a un “congreso bolivariano” y se encontraron repentinamente en medio de las estribaciones de la selva amazónica, donde es casi imposible llegar. Tienen, por supuesto, todo el derecho de decidir sobre su vida y su futuro y no es ni la primera ni será la última vez que jóvenes deciden participar en movimientos armados de otros países. Pero seamos serios y tratemos las cosas como son: quienes estaban allí, se esté de acuerdo o no con ellos, eran hombres y mujeres que tomaron una decisión consciente de cómo desarrollar sus convicciones políticas y cayeron o resultaron heridos en su ley, insistimos, se comparta o no sus posiciones. Por lo menos en el pasado, ello se asumía con claridad y convicciones. Ahora nos quieren contar una historia absurda, que recuerda a Hansel y Gretel.
El punto es que no sólo estaban combatiendo por la causa de las FARC sino todo indica que son parte de un programa de entrenamiento militar para jóvenes mexicanos que se van rotando en esos campamentos y son ligados a las FARC a través del discurso de los Círculos Bolivarianos que impulsa y financia el gobierno de Hugo Chávez y que, a su vez, están ligados al EPR y a sus distintos frentes políticos. Lo grave es que, no obstante estar documentada la participación de las FARC en el narcotráfico, que tanto para el gobierno de Estados Unidos como los de la Unión Europea es considerada una organización terrorista; que incluso sus lazos con grupos armados mexicanos parecen muy evidentes (cuando se produjeron los atentados a ductos de Pemex, en este mismo espacio explicamos que el tipo de operativo era similar al que usaba esa organización y que incluso el ataque a ductos se había convertido en una norma de actividad de las FARC durante años, algo que hasta ese momento nunca habían hecho el EPR o sus desprendimientos). A pesar de todo eso, las FARC, los Círculos Bolivarianos y sus grupos aliados, siguen operando con total libertad en muchas regiones del país.
Hasta 2002, o sea hasta que fueron declarados como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, e incluso después de que se había comprobado la relación de uno de los principales frentes de las FARC con el cártel de los Arellano Félix, seguían abiertas, con estatus oficial, cuatro oficinas de las FARC en México, oficinas que hasta entonces eran financiadas por la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, la Coppal. Como se recordará, en los primeros años del foxismo se explicó que se mantenían abiertas esas oficinas porque México intentaba jugar un papel mediador en el fracasado proceso de paz que se abrió entre las FARC y el gobierno de Pastrana. No hubo paz y sí una escalada de violencia que consolidó a las FARC, más que como grupo político como una organización estrechamente ligada a la producción y el tráfico de drogas. El cierre formal de las oficinas de ese grupo en México se combinó con la apertura de una serie de oficinas informales, que han aparecido de la mano con los Círculos Bolivarianos en muchos sitios, desde la UNAM hasta el IPN, desde la UAM hasta la Universidad de Guerrero. Esas oficinas fueron impulsados por grupos ligados al EPR o a alas muy radicales del perredismo o por los rescoldos de lo que fue el CGH, luego de la huelga de 2000 en la UNAM.
Como país no podemos volver a equivocarnos. Hasta bien entrada la administración de Fox, se toleró la participación abierta de las FARC en México con la excusa de que podíamos ser un instrumento para la pacificación de Colombia. Era legítimo, aunque ello implicaba cerrar los ojos a las actividades ilegales de esa organización en territorio nacional. Ahora, varios años después, el escenario es más grave, porque no sólo no existe ningún proceso real de pacificación en Colombia que pueda justificar la tolerancia, sino que, además, ahora se ha comprobado que las FARC están entrenando militarmente a jóvenes mexicanos ligados a grupos armados. Ojalá México pueda jugar un papel diplomático importante en la resolución del conflicto, pero debe preservar, también y simultáneamente, los aspectos más delicados de nuestra amenazada seguridad nacional.
Independientemente de las labores diplomáticas que pudiera desempeñar México en el conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, un dato no puede ocultarse. Ese conflicto implica un desafío directo a la seguridad nacional del país, no sólo por la potencialidad del enfrentamiento militar entre esas naciones, sino también porque en el centro del mismo está el reconocimiento o no de las FARC como fuerza beligerante en Colombia, como lo ha planteado el presidente Hugo Chávez, al darle un estatus de ejército nacional, presumir de que controla una parte del Estado colombiano y aceptar que tiene identificación ideológica y política con sus principios. Lo mismo ha hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En otras circunstancias, o para otros países, el debate sobre las FARC podría transitar por caminos relativamente teóricos, pero no es nuestro caso. Como se ha comprobado con los hechos del primero de marzo, las FARC no sólo son una organización profundamente involucrada en el narcotráfico y en el envío de drogas a México (no se trata de una hipótesis, la información está documentada, tanto que hay personas detenidas y cumpliendo condena por esos hechos), sino que también está entrenando a jóvenes mexicanos en relación con grupos armados de nuestro país. No nos engañemos: los jóvenes mexicanos que estaban en el principal campamento de las FARC, en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el mismo campamento donde residía Raúl Reyes (el verdadero jefe operativo de la organización ante la enfermedad de su anciano líder, Manuel Marulanda) con su compañera, la hija de Marulanda (ambos murieron ese primero de marzo), no estaban en un camping ni eran distraídos muchachos que fueron a un “congreso bolivariano” y se encontraron repentinamente en medio de las estribaciones de la selva amazónica, donde es casi imposible llegar. Tienen, por supuesto, todo el derecho de decidir sobre su vida y su futuro y no es ni la primera ni será la última vez que jóvenes deciden participar en movimientos armados de otros países. Pero seamos serios y tratemos las cosas como son: quienes estaban allí, se esté de acuerdo o no con ellos, eran hombres y mujeres que tomaron una decisión consciente de cómo desarrollar sus convicciones políticas y cayeron o resultaron heridos en su ley, insistimos, se comparta o no sus posiciones. Por lo menos en el pasado, ello se asumía con claridad y convicciones. Ahora nos quieren contar una historia absurda, que recuerda a Hansel y Gretel.
El punto es que no sólo estaban combatiendo por la causa de las FARC sino todo indica que son parte de un programa de entrenamiento militar para jóvenes mexicanos que se van rotando en esos campamentos y son ligados a las FARC a través del discurso de los Círculos Bolivarianos que impulsa y financia el gobierno de Hugo Chávez y que, a su vez, están ligados al EPR y a sus distintos frentes políticos. Lo grave es que, no obstante estar documentada la participación de las FARC en el narcotráfico, que tanto para el gobierno de Estados Unidos como los de la Unión Europea es considerada una organización terrorista; que incluso sus lazos con grupos armados mexicanos parecen muy evidentes (cuando se produjeron los atentados a ductos de Pemex, en este mismo espacio explicamos que el tipo de operativo era similar al que usaba esa organización y que incluso el ataque a ductos se había convertido en una norma de actividad de las FARC durante años, algo que hasta ese momento nunca habían hecho el EPR o sus desprendimientos). A pesar de todo eso, las FARC, los Círculos Bolivarianos y sus grupos aliados, siguen operando con total libertad en muchas regiones del país.
Hasta 2002, o sea hasta que fueron declarados como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, e incluso después de que se había comprobado la relación de uno de los principales frentes de las FARC con el cártel de los Arellano Félix, seguían abiertas, con estatus oficial, cuatro oficinas de las FARC en México, oficinas que hasta entonces eran financiadas por la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, la Coppal. Como se recordará, en los primeros años del foxismo se explicó que se mantenían abiertas esas oficinas porque México intentaba jugar un papel mediador en el fracasado proceso de paz que se abrió entre las FARC y el gobierno de Pastrana. No hubo paz y sí una escalada de violencia que consolidó a las FARC, más que como grupo político como una organización estrechamente ligada a la producción y el tráfico de drogas. El cierre formal de las oficinas de ese grupo en México se combinó con la apertura de una serie de oficinas informales, que han aparecido de la mano con los Círculos Bolivarianos en muchos sitios, desde la UNAM hasta el IPN, desde la UAM hasta la Universidad de Guerrero. Esas oficinas fueron impulsados por grupos ligados al EPR o a alas muy radicales del perredismo o por los rescoldos de lo que fue el CGH, luego de la huelga de 2000 en la UNAM.
Como país no podemos volver a equivocarnos. Hasta bien entrada la administración de Fox, se toleró la participación abierta de las FARC en México con la excusa de que podíamos ser un instrumento para la pacificación de Colombia. Era legítimo, aunque ello implicaba cerrar los ojos a las actividades ilegales de esa organización en territorio nacional. Ahora, varios años después, el escenario es más grave, porque no sólo no existe ningún proceso real de pacificación en Colombia que pueda justificar la tolerancia, sino que, además, ahora se ha comprobado que las FARC están entrenando militarmente a jóvenes mexicanos ligados a grupos armados. Ojalá México pueda jugar un papel diplomático importante en la resolución del conflicto, pero debe preservar, también y simultáneamente, los aspectos más delicados de nuestra amenazada seguridad nacional.
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