Uribe en la ruta de Fujimori

Álvaro Uribe, bajo la amenaza del fin de Fujimori/Joaquim Ibarz, corresponsal.

Publicado en La Vanguardia, 07/05/2008;

Alberto Fujimori se convirtió en el presidente más popular en toda la historia de Perú cuando el 5 de abril de 1992 dio un autogolpe de Estado con el que inauguró un régimen dictatorial. El apoyo al mandatario de origen japonés llegó al 83% cuando meses después las fuerzas de seguridad peruanas capturaron a Abimael Guzmán, el sanguinario fundador de Sendero Luminoso. Sin embargo, años después, Fujimori renunció por fax de forma vergonzosa a la presidencia tras huir a Japón. Ahora se encuentra encarcelado en un penal de máxima seguridad de Lima.

Hugo Chávez también ha gozado de índices de popularidad superiores al 80%. Sin embargo, el pasado 2 de diciembre el pueblo venezolano, cansado de la escasez de alimentos, la inseguridad y la autocracia totalitaria, rechazó en las urnas su pretensión de perpetuarse en el poder mediante un referéndum que abría las puertas a un régimen dictatorial. Chávez está ahora involucrado en un fenomenal escándalo de corrupción que compromete a toda su familia, padres y hermanos que durante años han saqueado Barinas, su estado natal. Los juristas ya anticipan que cuando Chávez abandone el poder en 2013, podría ser enjuiciado y condenado por múltiples delitos.

El presidente Álvaro Uribe cuenta con el mayor apoyo que mandatario alguno haya logrado concitar en Colombia: supera el 80 por ciento. Criticar en público a Uribe es casi una ofensa a la patria. Los golpes contundentes que en los últimos años las Fuerzas Militares han dado a una guerrilla que se financia con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, actúan como una especie de pantalla que protege al presidente del escándalo de la parapolítica (nombre que se da a los vínculos políticos y económicos de congresistas, gobernadores y alcaldes con los jefes de los grupos paramilitares). Las FARC también se utilizan como coartada para pasar por alto los señalamientos sobre la limpieza y legitimidad de la votación del Congreso colombiano que permitió cambiar la Constitución, dando vía libre a la reelección presidencial en 2006.

La opinión de Juan Restrepo, ex corresponsal de TVE

Juan Restrepo, que como corresponsal de Televisión Española ha sido agudo observador de la realidad colombiana durante las dos últimas décadas, declara a "La Vanguardia" que lo grave y sintomático de la situación política de su país es que la transformación de las FARC en un grupo criminal que causa mucho dolor y sufrimiento ha dado a Uribe "patente de corso para saltarse la Constitución y las relaciones entre las instituciones". Restrepo señala que el sentir de la mayoría de los colombianos parece ser de aprobar lo que haga o deje de hacer Uribe, sin cuestionamiento alguno. Restrepo afirma que los colombianos le están diciendo a Uribe: "Siga usted por ese camino, señor presidente; no importa lo que haga, nosotros miraremos para otra parte con tal de que siga castigando a la guerrilla como se merece".

Fujimori, Chávez y Uribe tienen en común que han cambiado la Constitución de forma poco democrática para poder reelegirse. Aunque Uribe en algunos aspectos ha seguido los pasos de Hugo Chávez, también mantiene afinidades con el modo de actuar de Alberto Fujimori. En especial por la manera cómo uno y otro consiguieron los votos necesarios en el Congreso para seguir en el poder. De Fujimori tenemos los testimonios de los llamados vladivideos, que grabó su poderoso jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, que precipitaron el derrumbe de un régimen minado por la corrupción y por violaciones a los derechos humanos. A Uribe se le complica la situación al empezar a aflorar testimonios de congresistas que admiten abiertamente que votaron a favor de la reelección a cambio de prebendas y dinero en efectivo.

Hay que hacer justicia a César Gaviria (1990-1994).

Se debe reconocer que ha sido el único presidente iberoamericano que en las últimas décadas ha cambiado la Constitución sin buscar ningún beneficio personal. Un punto básico de la Carta Magna impulsada por Gaviria que aprobaron los colombianos en diciembre de 1990, una de las mejores –si no la mejor- del continente, era el principio de la no reelección, en ninguna de sus formas. La experiencia ha demostrado de manera concluyente que la reelección inmediata es muy perniciosa en América Latina, y más cuando los presidentes hacen nuevas Constituciones a su medida y para su propio beneficio, como han sido los casos de Menem, Fujimori, Chávez, Cardoso y Uribe.

El 25 de octubre de 2003, Uribe sufrió un fuerte varapalo cuando, de manera imprevista, fue derrotado en un referéndum que convocó para aprobar 15 confusos artículos de la Constitución, que podían haber entrado en vigor con un simple decreto del ejecutivo. En uno de los puntos se proponía la congelación salarial y de pensiones de los funcionarios del Estado durante dos años. Pese a la propaganda totalitaria que Uribe monopolizó durante toda la campaña, identificando el voto negativo y la abstención con la violencia guerrillera, no logró ni tan siquiera el 25% de los votos que estipuló –otra argucia poco democrática- para que pudiera ser aprobada la reforma de la Carta Magna.

Uribe no convocó al pueblo para poder reelegirse

Uribe llamó a las urnas a los colombianos para incluir en la Constitución mediante referéndum temas inocuos, que el elector ni tan siquiera entendía. Sin embargo, para un cambio de tanto calado como la reelección inmediata del presidente, que alteraba el espíritu de la Constitución de 1991, recurrió al Congreso y no convocó al pueblo. Uribe escogió un atajo que, por decir lo menos, daba pie a todo tipo de sospechas. En vez de celebrar una consulta para cambiar un punto tan fundamental de la Carta Magna, decidió apelar a un Congreso desprestigiado.Uribe utilizó al mismo Congreso que años antes había absuelto, en medio de otro sonado escándalo, al presidente Ernesto Samper de la acusación formal de financiar su campaña con dinero del narcotráfico. El llamado Proceso 8.000 fue una burda parodia de juicio, con asesinatos de testigos clave, como el de la llamada Monita Retrechera (jefa del cartel de la isla de San Andrés, en cuyo avión viajó Horacio Serpa con fajos de billetes días antes de la elección presidencial y que, tal como ella misma reveló en una grabación, regaló un collar de diamantes a la esposa de Samper) y el chófer de Horacio Serpa, y con acusaciones fundamentadas de compra de votos de legisladores mediante prebendas y cargos administrativos.

Abochornada, toda Colombia pudo comprobar como Heyne Mogollón, quien debía actuar como fiscal acusador en representación de las Cámaras, en el mismo hemiciclo obedecía las instrucciones por escrito que le había hecho llegar el abogado defensor del presidente Samper, Luis Guillermo Nieto Roa. Gracias a una filmación de un cámara del noticiero AM/PM se pudo conocer aquel testimonio en un proceso marcado por la indignidad. La intervención de la congresista Ingrid Betancourt, durante la cual afirmó que estaba avergonzada de tener como presidente a un delincuente elegido por los narcotraficantes, fue de las más contundentes.

Uribe recurrió a ese Congreso tan cuestionado para propiciar la vía más rápida y más simple para reelegirse. Bastaba con ganarse el voto de diputados y senadores para modificar la Carta Magna, sin necesidad de convocar referéndum alguno (ni Chávez ni Fujimori se atrevieron a tanto, los dos hicieron una consulta popular para que los ciudadanos refrendaran la reelección inmediata; Chávez perdió cuando quiso que se aprobara una segunda reelección, que es lo que pretendería ahora el presidente Uribe).

Dudas sobre la legitimidad de la reelección de Uribe

Uribe está en el ojo del huracán no sólo porque una buena parte de los parlamentarios que le apoyan se encuentran en la cárcel o son investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con grupos paramilitares responsables de matanzas atroces, sino porque algunos de sus más cercanos colaboradores están acusados de cohecho por la supuesta compra de votos de parlamentarios que hicieron posible su reelección. Si es grave que se cuestione la legitimidad del Congreso en las dos últimas legislaturas, lo es mucho más que surjan dudas sobre la legitimidad de la reelección presidencial de Uribe.En la última semana, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de la ex congresista Yidis Medina por supuesto cohecho, delito que implica la existencia y la investigación contra los sobornadores. El cohecho es un delito cometido por un funcionario público, o ciudadano que ejerce funciones públicas, cuando acepta sobornos o dádivas para adoptar determinadas decisiones. Y que la jurisprudencia considera tan culpable al sobornado como al sobornador, por lo que se aplica la misma pena a unos y a otros.

La ex congresista Medina también puede ser acusada de fraude procesal, debido a que en declaraciones a la fiscalía en 2004, en una investigación disciplinaria, dio una versión totalmente opuesta.La historia de Yidis Medina, que hasta ahora no merecía excesiva atención, al considerarse un episodio más de clientelismo para la reelección de Uribe, desembocó en un escándalo de consecuencias impredecibles que podría poner contra las cuerdas al presidente colombiano.

El 8 de agosto de 2004, Yidis Medina concedió una entrevista al periodista Daniel Coronell, director de 'Noticias Uno', en la que dijo que el entonces secretario privado de la presidencia, Alberto Velásquez, y otros funcionarios le ofrecieron cargos burocráticos a cambio de su voto a favor de la reelección de Uribe. Medina afirma que el mismo presidente Uribe estuvo al tanto de esas ofertas, versión que la Casa de Nariño y los funcionarios mencionados han negado de plano. La entrevista fue divulgada hace unos días por 'Noticias Uno'. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que las declaraciones de Medina se consideraron como una confesión, por lo que se ordenó su detención.

Desde el momento en el que se abrió la investigación, la Corte contempló llamar a declarar al embajador colombiano en Italia, Sabas Pretelt, en aquellos días ministro del Interior; al actual ministro de Protección Social, Diego Palacios; y al entonces viceministro de Justicia y hoy fiscal general, Mario Iguarán. Todos ellos fueron mencionados por la ex congresista como funcionarios que estaban al tanto o participaron en las supuestas ofertas del Gobierno.Medina afirma que le ofrecieron un consulado y puestos en el Seguro Social en la gobernación del Magdalena Medio, en la Red de Solidaridad Social y en otros organismos del Estado. La diputada podría disponer de esos cargos para repartirlos entre parientes y amigos.

La prueba reinaHace unos días, Yidis Medina entregó al juez lo que podría considerarse la prueba reina de sus explosivas acusaciones: los comprobantes de varias transferencias de dinero en efectivo en una cuenta del ex diputado Teodolindo Avendaño que, según su testimonio, era el pago para que el 2 de junio del 2004 no asistiera a la sesión de la Comisión Primera del Congreso en la que se iba a votar la reelección de Uribe. Ese día la diputada cambió su posición en contra de la reelección presidencial inmediata. Su voto fue determinante para salvar el Acto Legislativo que reformó la Constitución y resucitó la reelección en Colombia.

Yidis Medina y Teodolindo Avendaño habían anunciado que estaban en contra de la reelección del presidente. Sus votos eran decisivos para bloquear las intenciones de Uribe de seguir otro período en la Casa de Nariño. Sin embargo, en la votación Yidis apoyó la reelección y Avendaño no asistió a la sesión. De esta forma, el jefe de Estado tenía el camino libre para aspirar a un segundo mandato, que tenía ganado de antemano. Treinta y seis horas antes de cambiar su voto, Medina y Avendaño firmaron una proposición para bloquear la reforma constitucional y cerrarle el paso a la reelección. Sin embargo, Teodolindo no asistió al debate y Yidis cambió su voto y dio el sí a última hora. Uribe se posesionó por segunda vez como presidente el 7 de agosto de 2006.

Corrupción con dinero contante y sonante

La gravedad de este caso es que ya no se trataría solamente de pagar con puestos a los congresistas por sus votos -práctica común en el legislativo colombiano-, sino con dinero en efectivo. De cara a la justicia, la corrupción con dinero contante y sonante es sin duda más grave que la corrupción con cargos en la administración; en este último caso es muy difícil, casi imposible, diferenciar entre participación burocrática, una práctica condenable aunque pudiera ser legítima, y pago de favores, que es un delito de cohecho.

La columnista María Jimena Duzán, una de las pocas voces que ha mantenido su postura crítica y clarividente sobre los excesos autoritarios de Uribe, escribe en el diario "El Tiempo" que a pesar de la campana neumática que le han aplicado ciertos medios al escándalo de Yidis Medina, las nuevas revelaciones, así como su decisión de autoinculparse ante la Corte, "han reabierto un oscuro y tenebroso episodio que este gobierno había conseguido soslayar y hasta borrar de nuestra memoria reciente". Duzán señala explícitamente "el derroche de favores y de prebendas que el gobierno de Uribe tuvo que desplegar en el Congreso hace tan sólo tres años para comprar los votos necesarios que permitieron su reelección".

Es el talante de Uribe.

Ese que Antanas Mockus cuestiona sin ambages, al decir que no le importan los medios que tenga que utilizar para lograr sus fines. Y cuando esos medios se desbordan, no tiene problema en negar a quienes utilizó para sus propósitos. Y si son exitosos, no duda en atribuirse los éxitos que resulten de allí. "Lo hace casi sin parpadear". Es la ética en la que no importan los principios, sino los resultados.

Quien durante su primera campaña electoral se comprometió a combatir la politiquería, resultó el presidente más politiquero Uribe multiplicó la politiquería y el clientelismo que prometió combatir. Aún peor, ahora se ha lanzado en una campaña de cuestionamiento y desprestigio de la Corte Suprema de Justicia, una de las pocas instituciones que ha podido mantener su independencia y su fuerza moral. Francisco Ricaurte, presidente del alto tribunal, afirma que "la Corte no se amilana". Al preguntarle la revista "Cambio" sobre la denuncia de Uribe referente a que funcionarios judiciales hacen ofertas a paramilitares desmovilizados para que declaren en contra del presidente, Ricaurte responde en forma taxativa: "El presidente Uribe debe señalar con nombres propios a esos funcionarios. Las investigaciones de la Corte no tienen relación directa con el presidente y están fundadas en pruebas recaudadas legalmente". Ricaurte también desmiente que los paramilitares dieran dinero para la elección del fiscal general: "Es una estrategia tendenciosa para deslegitimar las decisiones de la Corte y desacreditar a sus magistrados. Es un expediente ruin fabricado para sembrar un manto de dudas sobre las investigaciones. A pesar de esos virulentos ataques, incluso de funcionarios del Gobierno, la Corte seguirá cumpliendo su función de manera cabal. La Corte no se amilana por agresiva que sea la estrategia de difamación".

El comentarista Pedro Medellín Torres señala que si el presidente colombiano hubiera seguido el camino de Mockus, Fajardo, Bromberg, Cardona y tantos otros que han demostrado que es posible gobernar sin acuerdos por debajo de la mesa, la política se estaría tramitando de otra manera. "Uribe no puede eludir su responsabilidad en la crisis. Las cosas no sucedieron a sus espaldas. Su gobierno gestó la coalición que hoy lo tiene contra los palos. Allí nació el partido de la U, se fortalecieron el Conservador y Cambio Radical y tuvieron un lugar decisivo Colombia Democrática, Colombia Viva y Convergencia Ciudadana. A ellos les entregó la burocracia y la contratación pública. Y su voracidad sólo terminará estrechando el cerco. Esa que, cuando todo se degrada, sólo permite considerar la hora de renunciar, como dice Mockus, antes de que la historia y la justicia den su fallo definitivo", recalca Medellín Torres.

El debate por la reelección inmediata fue intenso y las anomalías no lo fueron menos. Un senador de la Comisión Primera del Senado, Darío Martínez, señaló que había contabilizado 17 vicios de forma y errores de procedimiento en los ocho debates que se requieren en Colombia para que un proyecto de reforma constitucional pueda ser aprobado. El profesor y ensayista Ricardo de Lima afirma que se cometieron muchas irregularidades para no tener que considerar las inhabilidades e incompatibilidades en que estaban incursos miembros de las dos Cámaras.

Embajadas a cambio del voto

Ricardo de Lima sostiene que Uribe repartió puestos y ayudas económicas a los congresistas para asegurar su reelección. "Varios senadores que aprobaron la reelección fueron premiados con embajadas para sus familiares más cercanos". Tres ejemplos para no cansar al lector. Carlos Holmes Trujillo, hermano del senador José Renán Trujillo, fue nombrado embajador en Suecia; el hijo del senador Enrique Gómez Hurtado fue designado embajador en Francia. Alberto Santofimio Hernández, hijo del ex ministro y ex parlamentario Alberto Santofimio (actualmente en la cárcel acusado de ser el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán) fue nombrado primer secretario y agregado comercial de Colombia en París. Cuando fue designado para tan alto cargo diplomático, su padre ya había estado tres veces en la cárcel, eran conocidas sus relaciones con el cartel de Cali y desde 1999 se sospechaba sobre su posible participación en el crimen de Galán. Incluso se divulgaron fotos de Santofimio con el capo Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín.

José Renán Trujillo y Enrique Gómez Hurtado se declararon impedidos para votar en el Congreso. Sin embargo, legisladores favorables a la reelección, como Germán Vargas Lleras (presidente del Senado), inauguraron el carrusel del levantamiento de los impedimentos que, según Ricardo de Luna, funcionó de la siguiente manera: yo me declaro inhabilitado para votar el proyecto porque tengo familiares en el Estado, pero fulano me absuelve y vota que yo no estoy inhabilitado. Cuando le corresponde el turno a fulano que también tiene hermanos embajadores o altos funcionarios en el Estado y quien previamente me había levantado el impedimento, yo voto que tampoco fulano esta inhabilitado.

La revista bogotana "Cambio", revela que Yidis Medina ratificó ante el juez que Avendaño recibió más de 10 entregas de dinero (por un valor superior a los 100.000 euros), que fueron aportados por un contratista del Estado, quien a su vez utilizó fondos públicos para pagar el cohecho. Medina dijo ante magistrados auxiliares de la Corte, que ella recibía los fajos de billetes que luego traspasaba a la cuenta de Avendaño.Si la Corte acepta como prueba el testimonio filmado y grabado de Yidis Medina, en el que se autoinculpa de cohecho, también se debería llamar a juicio a los sobornadores por ella mencionados, nada menos que al presidente de la República, un par de altos funcionarios, Sabas Pretelt y Diego Palacios, y el ex secretario privado de la presidencia, Alberto Velásquez. Todos ellos serían tan culpables como la presunta sobornada. Sin embargo, después de toda una campaña de intimidación y desprestigio que el propio presidente ha desatado contra el alto tribunal, por ahora ni siquiera se plantea que la Corte acuse directamente a Uribe, Se le vendría el mundo encima aunque su argumentos jurídicos fueran irrebatibles.

El analista Germán Patiño escribe en el diario "El País" de Cali que no cabe la suspicacia, pues no se trata de una persona que con su testimonio pretenda perjudicar a otros, sino de alguien que se autoinculpa, al aceptar la condición de persona sobornable. De hecho, si es cierto lo que Yidis afirma, puede ser condenada a entre cuatro y seis años de cárcel. Y lo mismo debería suceder con sus sobornadores. Subraya Patiño que la orden de detención dictada por la Corte tiene innegables consecuencias en el futuro inmediato del país.

Mockus pide la dimisión de UribeAntanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, uno de los pocos políticos colombianos con autoridad moral por una nítida trayectoria de honradez e independencia, ha escrito en el diario bogotano "El Tiempo" que "si yo fuera Uribe ya habría renunciado. Yidis, en toda su ingenuidad, confesó que su voto fue obtenido con promesas de nombramientos (la expresión técnica exacta para designar el delito confesado es cohecho). Y sin su voto no habría habido reelección. Matemático. Si Yidis se hubiera mantenido en su negativa, Uribe no estaría gobernando. (A menos que alguien se hubiera inventado otro atajo)".Mockus le dice a Uribe en forma directa lo que nadie se ha atrevido a pedir: "Apreciado Presidente: sin el voto de Yidis o Teodolindo, usted no habría sido elegido. No nos venga ahora con el cuento de que el fin (indudablemente noble, nada menos que "salvar la patria") justificaba los medios (la oferta de Gabelas a Yidis). No es sólo un tema jurídico. Es también, y sobre todo, un tema político. Pero en Colombia la gente juega a sustituir por un enrevesado juicio legal el juicio moral y cultural que dicta el sentido común. No ocultemos el sol tapándolo con las manos: lo que sabemos todos da para un juicio político claro y sin demoras. Es tiempo de renuncias. Después, la historia, con su sabiduría, y la justicia darán su dictamen definitivo".

Es entendible la crispación que existe en la Casa de Nariño y en la clase política colombiana. No es para menos: 68 parlamentarios han sido vinculados a procesos judiciales por sus vínculos con grupos paramilitares y 33 están presos, entre ellos Mario Uribe, primo hermano del presidente, aliado político y su hombre de máxima confianza. Bajo la misma condición de investigados o encausados viven más de cien dirigentes políticos que han ostentado la representación parlamentaria o las funciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Lo más escandaloso es que la inmensa mayoría de los implicados en la llamada 'parapolítica' son aliados del presidente de la República. La 'parapolítica' no sólo ha echado raíces en el Congreso, sino que se ha extendido a parlamentos regionales, gobernaciones, concejales, alcaldías y un sector empresarial que, de una u otra forma, se ha beneficiado de los tentáculos de una "mafia organizada".

La creciente crisis de la 'parapolítica' paralizó al Congreso. Los legisladores que han renunciado o que están detenidos fueron substituidos por otros miembros de sus mismos partidos. Pero muchos de los suplentes también son investigados. La detención por la fiscalía del ex senador Mario Uribe terminó por confirmar que el escándalo de la 'parapolítica' es el más grave de la historia de Colombia. Un Congreso casi moribundo intenta a última hora una autorreforma que carecería de legitimidad.

El semanario bogotano "El Espectador" destaca en un editorial que la 'parapolítica' ha entrado en una nueva fase. De las denuncias aisladas sobre la complicidad de ciertos congresistas con jefes paramilitares en algunas regiones localizadas, "se ha pasado al sentimiento creciente de que los testimonios de cargo encerraban una verdad inocultable sobre los nexos entre mafia y política". "El Espectador" subraya que la sociedad mira indignada "cómo el voto popular había sido traicionado, hasta convertirse en simple vehículo de una pavorosa corruptela armada". Según "El Espectador", la geografía de la 'parapolítica' "se amplía, y anuncia ya una crisis de dimensiones insospechadas. (…). Si la tendencia continúa, pasaremos del escándalo al colapso del Congreso. Como la ciudadanía exige, con indignación justificada, que los implicados en el estropicio -bien a título directo o como herederos espurios, por la dudosa vía de las suplencias, de un poder que no obtuvieron por el voto limpio- pierdan el derecho a decidir sobre la reforma electoral, ya no luce imposible que el Congreso se paralice". El 27 de mayo de 2007, el día anterior a las elecciones presidenciales, en una rueda de prensa este cronista planteó al entonces candidato a la reelección Álvaro Uribe una pregunta que no tuvo contestación. Dijimos que tanto en los comicios legislativos y presidenciales de 2002 como en los de 2006, se habían formulado múltiples denuncias sobre el respaldo de los paramilitares a políticos que aspiraban llegar a la Cámara, al Senado y a la propia presidencia. Luego le dijimos a Uribe por qué en ningún momento había rechazado de manera explícita el apoyo de los paramilitares. Esta fue su evasiva respuesta: "Joaquim, cómo me preguntas eso, ya me lo preguntaste hace cuatro años". Seguidamente, sin contestar la pregunta, se puso a hablar sobre las prácticas terroristas de las FARC y sus nexos con el narcotráfico.

Pese a la creciente magnitud del escándalo, el comentarista Carlos Castillo Cardona escribe en el diario "El Tiempo" que no va a pasar nada con las investigaciones sobre la reelección de Uribe. En tono sarcástico, afirma: "Este país es una roca. Que esté tranquilo el 84% que apoya a Uribe, nada va a cambiar. No sé por qué tanta alharaca. No se asusten por los excesos verbales de estos días ni por las diligencias que se han practicado y las que vienen ni por las noticias escandalosas que se han oído ni por las muchas que se oirán. El país de los defectos es inamovible. Para los que están del lado del poder no es necesario que se asilen en embajadas (¡santa ingenuidad!), tampoco deben sacar sus capitalitos del país, ni deben correr de sus puestos, suspender sus negocios o abandonar casas y oficinas. Los opositores no deben alegrarse en demasía, no tendrán la oportunidad de desempolvar viejas teorías de gobierno ni de inventar nuevas, pues aquí nada se va a mover".

En este sentido, Antonio Caballero, el analista más mordaz de Colombia, escribe sin tapujos en la revista "Semana" que habiéndose ya hecho reelegir una vez, y quebrado con ello no sólo el espinazo de la Constitución sino también, cosa mucho más grave, la tácita tradición de respeto por el sucesor, "Uribe está obligado a hacerse reelegir otra y otra y otra vez, para toda la vida. No es una ambición, sino una obligación: una condena".Caballero sostiene que si Uribe deja saber ahora que se quiere bajar se lo comerían los suyos, sintiéndose engañados, traicionados. "Las Yidis y los Teodolindos, los parapolíticos y los empresarios, los Santos, los Londoños, los Nogueras, los Mancusos, los Macacos. Y mientras más se quede y más frondoso crezca su rabo de paja -la nacoparapolítica, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos-, más obligado está a seguir quedándose, pues sólo el tigre que monta impide que se lo coman también sus enemigos: la oposición a la que tanto ha calumniado, las Cortes a las que ha tratado con tanta arrogancia, las ONG a las que tanto ha despreciado", afirma Caballero. Según Caballero, si Uribe deja el poder, terminará en el exilio, y perseguido por la justicia internacional; o en la cárcel, y juzgado por la justicia colombiana. El modelo es Alberto Fujimori. "¿Se acuerdan del 'Chinito' salvador del Perú? Ochenta y cuatro por ciento de popularidad en las encuestas. Y hoy está preso, y se queda dormido en el juicio", recuerda el comentarista.

Son muchos los analistas que opinan que el pueblo colombiano está cansado de la guerra interna y, por encima de todo, ansia la paz. Como Uribe ha contribuido a dar tranquilidad al país, le resbalarían las acusaciones que se formulan contra él.

El comentarista Bernardo Gutiérrez comparte la opinión de Castillo Cardona y de Caballero. En declaraciones a "La Vanguardia", señala que Chávez y Fujimori no tenían un pretexto tan contundente para perpetuarse en el poder con la aceptación de las mayorías como la posee Uribe con la existencia de las FARC. "En un país desinformado, manipulado y alienado por la imagen paternalista y autoritaria de Uribe, la presencia de las FARC será siempre el puntal para mantener esos altos índices de popularidad de los que disfruta Uribe". Según Gutiérrez, sólo en el caso de que comenzaran a fracasar los operativos militares contra la guerrilla se podría ver una hipotética baja en la popularidad del presidente. Incluso en este último caso eso tomaría su tiempo.

"A los colombianos poco les importa -poco les ha interesado en la historia reciente- lo que suceda en términos de ordenamiento jurídico y de componendas políticas en general: les basta con percibir que el poder lo ejerce un dirigente con los suficientes pantalones para retar a los matones de las FARC. Tampoco les importa que en términos de costo-beneficio la acción del Estado no sea tan eficiente frente a resultados no muy satisfactorios en la lucha contra las guerrillas; les basta con la alharaca triunfalista de unos medios de comunicación que, salvo uno que otro, corean sin reservas unos supuestos avances definitivos por parte del Estado", afirma Bernardo Gutiérrez.

Recalca Gutiérrez que mientras Uribe tenga oportunidad de pronunciar discursos destemplados, pero vigorosos, contra los "narcoterroristas", tendrá el apoyo de la mayoría. "El colombiano medio –señala- no está preparado para la complejidad de análisis que podría llevarlo a desechar el brillo mediático de Uribe y su gobierno. En fin, veremos, predecir el futuro es cortejar el error..."Álvaro Uribe parece desdeñar la gravedad de los señalamientos que se le formulan. La columnista Salud Hernández-Mora escribe en "El Tiempo" que lejos de pensar en la renuncia del presidente por el juego sucio en la votación de Yidis, como sugiere Antanas Mockus, en la Casa de Nariño sólo se piensa en la segunda reelección. La misma periodista Hernández escribe que Sabas Pretelt, Diego Palacio y el ex secretario Alberto Velásquez deberán agudizar la imaginación "para convencernos de que sólo intentaron persuadir a Yidis con bonitas palabras de las bondades de traicionar a su tribu en aras del supremo bien común, de que no hubo ofrecimiento burocrático alguno para que ejecutara su triple salto mortal".