Entrelas de un amparo

Acteal: Entretelas de un amparo
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso # 1711, 16 de agosto de 2009;
Definido en términos formales, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos por homicidio de 45 personas en Acteal es una resolución ejemplar, porque reivindica los principios del debido proceso (la imposibilidad de que una prueba ilícita genere consecuencias lícitas), incluida la presunción de inocencia. Gracias a esa decisión, 20 personas acusadas de homicidio y lesiones quedaron en libertad en las primeras horas del jueves 13. No se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Y lo concedió porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. Ya habían pasado 11 años y ocho meses presos, y sólo ahora se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal. Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta.
Dado que la Suprema Corte aceptó atraer la revisión del respectivo juicio de amparo impulsada por instancias pertenecientes a la sociedad civil, puede proclamarse que además del beneficio de dejar libres a personas cuya culpabilidad no fue adecuadamente probada, la actuación del máximo tribunal responde a su sensibilidad ante un reclamo de la sociedad, encarnada para estos efectos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la agrupación Alternativa Ciudadana 21, encabezada por el académico y periodista Ricardo Raphael, y por el doctor en historia Héctor Aguilar Camín, en cuya revista Nexos, con textos propios y de otros autores se formuló inicialmente la exigencia del debido proceso para los injustamente encarcelados en El Amate, la cárcel estatal chiapaneca en Cintalapa.
La División de Estudios Jurídicos del CIDE explicó haber escogido este caso para ejemplificar el pésimo estado de la procuración e impartición de justicia. No les hubiera faltado materia prima, por la abundancia de yerros judiciales que mantienen en prisión por largo tiempo a personas sujetas a procesos en extremo irregulares. Para no ir más lejos, en estos días se han cumplido ocho años de la detención de los hermanos Cerezo, cuyo proceso estuvo plagado de irregularidades, lo que no obstó para que se les retuviera en penales de alta seguridad, junto con narcotraficantes y secuestradores, acusados de colocar petardos en instalaciones bancarias y con ello pretender aterrorizar a la sociedad.
La adopción de este caso por una institución tan respetable como el CIDE presenta particularidades que llevan a pensar si una extensión del principio jurídico invocado por los ministros de la primera sala de la Corte –la ilicitud no puede generar licitud– es aplicable a la vida social en general. Porque no parece haber motivaciones meramente académicas en el involucramiento de aquella institución, cuya buena fe pudo quizá ser sorprendida por un profesor-investigador asociado, Hugo Eric Flores Cervantes y su jefe, el director de la División de Ciencias Jurídicas, doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui.
Ambos suscribieron un texto titulado Acteal, la otra injusticia, aparecido en el número de Nexos de junio de 2007. Pero ya antes el CIDE había anunciado su propósito de salir en defensa de los procesados que ahora están en libertad. En la publicación mensual actualmente dirigida de nuevo por Aguilar Camín –que en números posteriores entregaría su propia versión de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, preparado explícitamente con base en lo escrito por Posadas y Flores Cervantes– no quedó claro que por lo menos el segundo de ellos tenía un interés en el caso más allá de lo académico.
Flores Cervantes es “líder moral” de Encuentro Social, una agrupación política nacional que publicó su libro El otro Acteal. Dos son las características principales de esa APN. La primera es que su dirección por lo menos, o su membresía, está compuesta por feligreses de credos cristianos no católicos. Y la segunda es la versatilidad de sus posiciones, expresada en alianzas políticas con quien se deje. Además de los títulos académicos que le permiten ser invitado a una institución exigente como el CIDE, Flores Cervantes es un “predicador evangélico” y un dirigente político, ducho en maniobrar en sendas sinuosas.
Ha contado para ello con el financiamiento provisto por el Instituto Federal Electoral, algunos cientos de miles de pesos cada año. Entre 2002 y 2006 obtuvo un millón 253 mil pesos por esa vía. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y por la misma vía, el acuerdo de participación electoral, tres años más tarde caminó al lado de Acción Nacional. Ambas partes suscribieron el pacto respectivo el 28 de febrero de 2006, y en el convenio correspondiente se estipuló que uno de los compromisos panistas era “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.
El acuerdo fue ventajoso para Encuentro Social, acaso porque sus dirigentes habrán ofrecido una votación importante en un sector ajeno al, y hasta temeroso del PAN, como son los cristianos no católicos. El sinaloense Humberto Rice, “protestante” como se llamaba a los “hermanos separados” antes del Concilio que prefirió la segunda frase para denominarlos, fue militante singular en el PAN hasta que al comienzo de su gobierno Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por eso el PAN pagó un precio alto por vincularse a Encuentro Social. Su presidente formal, Rodolfo Hernández Bojórquez, es suplente de Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado jalisciense por la primera circunscripción.
Mejor destino le estaba acordado al líder “moral” de la agrupación. Para empezar es el suplente de la senadora María Teresa Ortuño, y al comenzar el gobierno de Calderón fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No duró mucho en el cargo. Antes de cumplir un año fue despedido e inhabilitado hasta por 22 años. No se conoce formalmente la causa de su remoción (pues a una solicitud alusiva la Secretaría de la Función Pública contestó que el caso está en reserva durante tres años). Pero la sanción permite conjeturar que Flores Cervantes se ofendió gravemente, pues dio en criticar al gobierno, en relación con el plan Proárbol a cuyo dispendio probablemente está vinculada su separación. Tampoco le pareció bien el año pasado el proyecto de reforma energética que presentó su antiguo aliado. Y para confirmar su nueva afinidad, el 19 de febrero suscribió un acuerdo de participación electoral, ahora con el PRI.
No sé si el líder evangélico tuvo que ver en su nombramiento o simplemente coincidieron allí; el hecho es que mientras Flores Cervantes era oficial mayor de la Semarnat, Alejandro Posadas Urtusuástegui era el representante de esa secretaría en Washington, a través de la embajada mexicana. Por esa liga fue posible que al ser nombrado director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Posadas, doctor en derecho por la Universidad de Duke, invitara a Flores Cervantes. Éste ha de ejercer una considerable influencia sobre aquél, pues recientemente ha escrito sobre derecho penal, un tema que no estaba incluido en sus líneas de investigación según su ficha formal. Proveyó el sustento teórico al asunto que interesa a Flores Cervantes: “Responsabilidad del Estado en México por la violación al derecho humano a un proceso justo. Análisis del estándar y de evidencia de su ejercicio”, con razonamientos que luego se entrelazaron con la información de un caso concreto, el de los presos por Acteal, para dar lugar a sus publicaciones en Nexos.
Aunque no se tenga noticia de su pericia jurídica ni de su experiencia como litigante, el fallo de la Corte es un logro de Flores Cervantes. Lo hicieron posible abogados del CIDE como Javier Cruz Angulo, responsable del proceso en Chiapas mismo, entregado a conseguir que sus defensos tuvieran el proceso debido. No lo tuvieron ni lo tendrán. Están en plena libertad.
(Parte de la información sobre el líder moral de Encuentro Social ha sido publicada por Luis Hernández Navarro en La Jornada, como comprobará quien haya leído sus textos sobre el asunto.) l

Recordar Acteal/Carlos Montemayor

Recordar Acteal/CARLOS MONTEMAYOR
Revista Proceso # 1711, 16 de agosto de 2009;
Los tumbos presidenciales ante la masacre de Acteal en Chiapas, desde Ernesto Zedillo hasta Felipe Calderón, pretenden mostrarla como un conflicto entre indios bárbaros, cuando es una expresión más de la violencia de Estado. Aquí, el autor de Chiapas, la rebelión indígena de México, aporta datos duros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó pasar en su resolución para liberar a 20 presos por un crimen que hasta ahora sigue impune. Frente al argumento de las “irregularidades procesales” que privilegió la Corte, dice Carlos Montemayor, están las más importantes: las “irregularidades” de la violencia de Estado.
En diciembre de 1997 irrumpió en Acteal otra variante de la violencia de Estado a través de grupos de choque. Ya no estuvieron integrados por militares ni policías, como había ocurrido en diversas masacres en la Ciudad de México el 10 y el 11 de mayo de 1952 (en el primer caso, contra obreros; en el segundo, contra Henriquistas), el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 (contra estudiantes), y en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 (contra campesinos). La variante de 1997 es que eran paramilitares indígenas, que perpetraron una de las más brutales masacres en el México del siglo XX en los Altos de Chiapas. Por la importancia del crimen, por la relevancia del modus operandi de Estado y por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revisemos algunos datos esenciales vinculados con los hechos de ese 22 de diciembre de 1997 en Acteal, que la SCJN decidió dejar de lado.1
Los considero esenciales porque la Suprema Corte decidió ponderar solamente irregularidades procesales y concedió un amparo “liso y llano” (es decir, absolutorio), y no un amparo “para efectos”, que con más lógica y equidad hubiera obligado a reponer el procedimiento y subsanar las irregularidades posibles o reales del proceso. Uno de los ministros de la Corte llegó a afirmar: “Aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”. En efecto, la violencia de Estado cierra ciclos de protección a los autores intelectuales y materiales de las masacres a través del Poder Judicial, precisamente en eslabones finales. Así ocurrió en las masacres de 1952, 1968, 1971 y 1995, y en los arrestos multitudinarios y asesinatos de Atenco en 2006. Pero en todos estos casos –incluido Acteal– las “irregularidades” de la violencia de Estado son más importantes que las “irregularidades procesales”. La docilidad de los jueces, por la impunidad que aseguran, forma igualmente parte de la violencia de Estado.
En el municipio de Chenalhó, en Acteal, en los mencionados Altos de Chiapas, se habían concentrado familias campesinas conocidas como las Abejas, desplazadas desde hacía tiempo de su lugar de origen por presiones de grupos paramilitares. Atentas a los rumores de que se preparaba para atacarlas uno de tales grupos entrenados por cuadros de la policía estatal, se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita que habían construido en Acteal, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para disminuir los riesgos de un enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
A las 10:30 de la mañana se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes de color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en una hondonada cercana. Durante seis horas, los paramilitares dispararon y ultimaron a varias decenas de personas; cesaron de accionar las armas cuando consideraron que habían acabado con todos los que se encontraban en la hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietos desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa Acteal con claridad.
Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la Catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para pedirle su intervención inmediata. El funcionario dijo no saber nada, pero a las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la Catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes a dar detalles de la masacre. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar; ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.
A las ocho de la noche, la Cruz Roja movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y la ubicación de cuerpos sin vida en la hondonada. Otras seis unidades de la Cruz Roja se sumaron durante la noche a las tareas de recuperación de cuerpos. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía haber significado un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. La agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.
Sin embargo, debe apuntarse que los agentes de la policía de Seguridad Pública llegaron cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre: no preservaron el área de la matanza, no practicaron legalmente las diligencias para el levantamiento de cadáveres ni guardaron registro de los sitios donde se hallaron los casquillos de las balas percutidas; tampoco permitieron que intervinieran otros peritos en criminalística de campo.
Por ello resalta su intención de inventar muertes con arma blanca y destripamientos de mujeres encintas: así podrían fácilmente caracterizar la masacre como un enfrentamiento entre indígenas primitivos. Esta invención fue propalada por el gobierno estatal en una campaña de medios para sugerir una especie de matanza ritual al estilo de los kaibiles guatemaltecos. El Servicio Médico Forense del estado llegó inclusive a falsear su reporte para afirmar que 33 víctimas fallecieron por arma de fuego, siete por machetes o cuchillos (entre ellas varias mujeres embarazadas) y cinco por golpes en la cabeza.
Más tarde, los Servicios Periciales de la PGR determinaron que 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes; 36 fueron asesinadas en las faldas del cerro, en una hondonada, y las nueve restantes fueron perseguidas y cazadas en las inmediaciones.
El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz fue el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 2 de marzo de 1998 en la revista Proceso. El general permaneció a la entrada de Acteal durante tres horas y media, acompañado de 40 policías estatales, mientras a 200 metros de allí, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre 1:00 y 4:30 de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal:
...no se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres, como el .22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera (…) En esas tres horas y media, ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: “Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro”.
Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que le aconsejó al general ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre, era subcomandante de Seguridad Pública. En un momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó:
Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre, hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba un arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priista, por lo que lo dejé ir.
En declaración ministerial posterior enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban un cargamento de armas conocidas como “cuernos de chivo” dentro de unos costales, en una pick-up. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.
En el Libro Blanco sobre Acteal que preparó la Procuraduría General de la República (PGR) se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y el de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares. En cambio, el nombre de Absalón Gordillo, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros.2
En enero de 1998, dos semanas después, se efectuó una acción militar significativa para requisar armas. Cerca de 2 mil soldados se instalaron en 18 campamentos para realizar cateos e interrogatorios, y saquearon casas, tiendas y cooperativas. Pero no efectuaron la requisa entre los grupos paramilitares que asesinaron en Acteal, sino en 15 municipios zapatistas, algunos muy distantes de Chenalhó: buscaron armas no entre los agresores, sino entre las víctimas. El periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló el 25 de enero, en el suplemento Masiosare del diario La Jornada, que:
Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, Los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas…
Por esos días, los diarios nacionales refirieron que el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN, que:
No ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas, y esto ha sido sumamente traumático, pero realmente albergo la esperanza de que (…) todos los involucrados en este problema (…) regresen a la mesa de negociación y (…) tengamos un acuerdo para poder resolverlo…
Esas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo. Pretendían interpretar la masacre como un conflicto intercomunitario, un combate entre indios bárbaros.
La firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares se evidencia con otro hecho. Tres años después, a las cinco de la mañana del 12 de noviembre de 2000, se efectuó el primer operativo policial de desarme exactamente en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la masacre. Dos centenares de elementos de la PGR, pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, se presentaron en esa comunidad. Pero no pudieron contar con el factor sorpresa, como es común en esos operativos. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar que presenció con indiferencia –para decir lo menos– las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00 de ese mismo día. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del 13 de noviembre de 2000, en la página 21, donde se narra:
A cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión, los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos.3
Es ilustrativo el comportamiento solidario y permisivo del Ejército mexicano con los grupos paramilitares, incluso al atacar a policías federales. El Ejército los llama grupos de “autodefensa civil”, y la PGR “probables grupos civiles armados”. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de septiembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos de la masacre. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica que el Ejército haya emprendido una agresiva campaña de desarme entre las víctimas, no entre los agresores. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy. Son datos esenciales que se pasaron por alto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no debemos pasar por alto. l
1 He ampliado este análisis en el “Apéndice I. Recordar Acteal”, en Chiapas, la rebelión indígena de México, Random House Mondadori, colección Debolsillo, 2009, pp. 291-310.
2 Libro Blanco sobre Acteal, Chiapas, Procuraduría General de la República, México, noviembre, 1998, p. 139.
3 Los documentos hemerográficos, boletines oficiales y fotografías de los vehículos baleados de la PGR a manos de los paramilitares de Los Chorros pueden consultarse en los materiales que sobre el caso Acteal contiene el fondo a mi nombre del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) o en el sitio sistema-archivos.uacj.mx/montemayor

Silvia Raquenel

“No venga... La quieren matar”
RICARDO RAVELO
Revista Proceso # 1711, 16 de agosto de 2009;
La penalista Silvia Raquenel Villanueva, victimada por sicarios el domingo 9 en Monterrey, solía decir: “Yo no defiendo narcotraficantes... Esos no necesitan abogados...tienen a sus generales y a sus coroneles”. Y sentenciaba: “Los presos que represento son la carne de cañón, la gente que les sirve, los empleados, los burreros...”
Por lo menos tres meses antes del asesinato de Silvia Raquenel Villanueva, un reo del penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, le envió varios avisos para que reforzara su seguridad porque sabía que “un capo muy poderoso” pretendía liquidarla.
“No venga a Monterrey. Haga caso, licenciada, porque la quieren matar, le insistió el preso”, refiere a Proceso una fuente cercana a la litigante y quien pidió que su identidad se mantuviera en reserva.
Ante esas advertencias, la abogada inició gestiones para que le pusieran más guardaespaldas de los que le brindaban protección desde hacía varios años. Los escoltas le habían sido asignados por órdenes del extinto José Luis Santiago Vasconcelos, cuando era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Este funcionario mantuvo estrechos vínculos con la litigante desde 1996, cuando el capo Juan García Ábrego fue capturado y extraditado. Según se pudo averiguar, oficialmente nunca hubo respuesta a la solicitud de que se reforzara la seguridad de Villanueva.
La penalista continuó con sus actividades habituales en medio del vértigo al que estaba acostumbrada. Incluso se reía de las amenazas que recibía: “A mí me cuida la maña”, decía con sorna, para luego soltar una andanada de críticas contra funcionarios de la SIEDO, a quienes calificaba de “mugrosos” por su reiterada práctica de “manipular a los testigos protegidos” para incriminar a personas que, según ella, eran inocentes.
Su trabajo abarcaba casi toda la república. Viajaba a Tamaulipas, territorio de Los Zetas. También se le veía en tribunales de Jalisco y Sinaloa, feudo de Joaquín El Chapo Guzmán. En el Distrito Federal defendía a policías y expolicías federales presuntamente implicados en casos de narcotráfico y secuestros.
Iba a Chiapas, y en los últimos siete meses, los más agitados por el trabajo y las presiones que enfrentaba, con frecuencia se trasladaba a Tepic, Nayarit, donde tenía a su cargo la defensa de Javier Herrera Valles, excoordinador Regional de la Policía Federal a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusa de recibir pagos del narco a cambio de protección.
Este caso le preocupaba mucho, comentó con uno de sus clientes, pues consideraba que era inminente la liberación de Herrera, lo cual podría acarrear represalias por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con quien Herrera se confrontó cuando le dijo que altos mandos policiacos estaban coludidos con el crimen organizado.
A pesar de que en cuatro ocasiones atentaron contra su vida, afirmaba que no tenía problemas con los narcotraficantes. Y decía: “Mis respetos para los narcos porque con ellos nunca he tenido broncas. Mis problemas han sido por la corrupción que impera en los altos niveles del gobierno federal, entre los funcionarios responsables de combatir el narcotráfico”.
Lo cierto es que le atraían los casos difíciles y polémicos, por lo que su entorno siempre se mantuvo en ebullición. En los últimos 18 meses representó a personas presuntamente ligadas con distintos cárteles. Entre sus defendidos estaban Rodolfo López Ibarra, El Nito, detenido el 19 de mayo junto con 13 integrantes de la banda comandada por Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, uno de los jefes del narcotráfico en el Pacífico mexicano.
También se encargó de la defensa de una docena de individuos capturados por la Procuraduría General de la República (PGR) al instrumentarse la operación Aceite, que desmanteló una célula criminal presuntamente ligada al grupo armado Los Zetas, que se dedicaba al robo de combustible en los ductos de Pemex.
Abusos policiacos
Entre los clientes de Villanueva había una veintena de policías de Guadalupe, Nuevo León, a quienes se les vinculó con el cártel del Golfo y cuyas labores –según la acusación de la PGR– consistían en operar como halcones para informar a sus jefes acerca de los movimientos de la policía federal y del Ejército y alertarlos sobre la presencia de grupos rivales.
También defendía a 12 policías federales acusados por la PGR de filtrar información para que Jerónimo Gámez, El Primo, pariente y operador financiero de Arturo Beltrán, fuera rescatado por sus cómplices al ser trasladado del aeropuerto de Tepic, Nayarit, a la cárcel de mediana seguridad de esa ciudad.
El ejercicio de su profesión llevó a Raquenel al entorno de Ismael El Mayo Zambada –cabecilla del cártel de Sinaloa– cuando la señora Altagracia Espinoza Aguilar y su novio, el colombiano Ever Villafañe Martínez, fueron secuestrados por un comando al que en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008 se alude como “La policía del Calendario”, presuntamente el grupo armado de Zambada que está conformado por algunos agentes federales.
Espinoza Aguilar fue arraigada y contrató los servicios de Villanueva, quien se enteró de que Villafañe trabajaba para Arturo Beltrán. En la averiguación citada, Espinoza declara que cuando fue detenida varios policías federales la violaron y que le preguntaban a su novio dónde estaba Arturo Beltrán. Al parecer, los agentes trabajaban para Zambada García, quien rompió relaciones con Beltrán.
Otro caso que llevó a Raquenel a una confrontación más (el primero fue la defensa de Herrera Valles) con la Secretaría de Seguridad Pública ocurrió cuando Ángela María Quintero Martínez (de origen colombiano), también solicitó sus servicios tras ser arraigada por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Ella fue detenida el 15 de octubre de 2008 junto con un grupo de presuntos narcos colombianos proveedores de varios cárteles mexicanos en una fastuosa residencia ubicada en el Desierto de Los Leones, donde los agentes Édgar Bayardo y Francisco Navarro cercanos al titular de la SSP, Genaro García Luna irrumpieron con otro grupo de policías en una fiesta de narcos que se realizaba en la mansión.
Según la acusación de Quintero Martínez, consignada en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/347/2008, durante el operativo los agentes despojaron de sus joyas a varias mujeres. Durante su declaración la clienta de Raquenel declaró: “Entregué (a los policías) unos aretes de diamantes de un kilate cada uno, un reloj Cartier y una pulsera de oro de 14 kilates…”.
Entre los clientes de Villanueva también figuró el presunto narco Jaime Valdés Martínez, exagente federal –su compadre y amigo de la infancia–, quien se confrontó con los hermanos Beltrán Leyva supuestamente por el robo de un cargamento de drogas. Antes de ser defensora de Valdés Martínez, la abogada declaró que con frecuencia lo veía en la discoteca La Fe Music Hall, de Monterrey, Nuevo León, en compañía de Fernando Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún (Proceso 1517).
El asesinato
“Tengo fe”, decía Villanueva tras haber sobrevivido al cuarto atentado, en el año 2000, cuando una lluvia de balas le cayó al salir de un tribunal en su natal Monterrey. Y tras haber salvado la vida La abogada de hierro, como le llamaban sus amigos, creyó que la suya era una misión dictada por “un poder superior”, pues a menudo se refería a Dios como su “protector y guía”.
–¿Siente usted miedo de ser abogada de narcotraficantes? –se le preguntaba con frecuencia ante los espinosos casos (secuestro, narcotráfico, entre otros) que solía litigar.
–Yo no defiendo narcotraficantes. Todavía no me ha tocado un capo de peso completo. Esos no necesitan abogados para que los defiendan, para eso tienen a sus generales y a sus coroneles. A un narco de verdad nunca lo veremos en la cárcel. Los presos que represento son la carne de cañón, la gente que les sirve, los empleados, los burreros.
Pero el domingo 9 su buena estrella se apagó. Aquella mañana, después de desayunar con su familia, acudió al mercado La Pulga Río, localizado cerca del Consulado americano, de un cuartel de la Policía Federal y de las oficinas de la Procuraduría del Estado de Nuevo León.
Iba en compañía de su hija, María de los Ángeles Cuéllar Villanueva, de 19 años. Llegaron en una camioneta Cherokee, y a escasos metros de este vehículo, estaban sus tres escoltas a bordo de una Suburban.
Los guardaespaldas permanecieron afuera, mientras Raquenel y su hija recorrían el mercado en medio del bullicio dominical en busca de un puesto de café. Se afirma que sus escoltas fueron bloqueados, pues de pronto se escuchó una ráfaga de cuerno de chivo que espantó a la gente y abrió sitio para que unos cuatro sicarios encapuchados entraran al mercado y se dirigieran hasta el pasillo H, donde uno de los gatilleros le disparó al menos cuatro tiros con una pistola .9 milímetros, aunque otra versión refiere que la abogada recibió 11 balazos.
Herida, la litigante aún alcanzó a correr para evadir a sus agresores, pero otras balas le penetraron por la espalda y cayó. Minutos después murió. Su hija y varias personas que vieron la ejecución sufrieron un ataque de pánico. Uno de los locatarios que se encontraba a escasos metros dijo: “Yo llegué a cerrar el local y a la señora (Villanueva) le estaba saliendo sangre por la cabeza”, señal de que recibió el llamado tiro de gracia.
Los atentados
Raquenel Villanueva se hubiera quedado como secretaria de una oficina gubernamental de Monterrey, Nuevo León, de no decidirse a estudiar leyes. Se recibió en 1983 y por su mente, según refirió en diversas entrevistas, nunca pasó la idea de dedicarse al litigio de casos federales, y menos los relacionados con el narcotráfico.
Durante sus prácticas profesionales tuvo dos maestros: Leopoldo del Real y Agapito Garza Treviño. Ambos fueron ejecutados presuntamente por el crimen organizado. Cuando fue asesinado Garza Treviño, Raquenel trabajaba en su despacho y ella se hizo cargo de todos los casos que dejó pendientes su mentor. Algunos tenían que ver con personas ligadas al narcotráfico y otros delitos federales. Fue así que comenzó a defender a narcos y se metió en el agitado mundo de la mafia.
Uno de los primeros escándalos en que se vio envuelta fue el caso de Carlos Resendez Bertolucci, considerado en 1996 el cerebro financiero del cártel del Golfo, entonces encabezado por Juan García Ábrego. Raquenel lo defendió y tendió puentes –con el respaldo de la PGR– para que Berolucci se acogiera al programa de testigos protegidos en Estados Unidos. Allá declaró lo que sabía sobre su socio y, en enero de 1996, el llamado “capo del Golfo” fue detenido en Nuevo León y se le extraditó a Estados Unidos.
Este caso tuvo consecuencias. La tarde del 13 de mayo de 1998 colocaron un artefacto explosivo en el despacho de la penalista. Era el primer aviso. La persona que puso la bomba falló: el proyectil detonado por la explosión se estrelló en una cruz de fierro que la defensora tenía en su oficina.
El 23 de marzo de 2000 asumió la defensa de Cuauhtémoc Herrera Suástegui, un oscuro funcionario de la PGR a quien se le relacionó con el cártel de Juárez. Acordaron una cita en el hotel Imperial de la avenida Reforma de la Ciudad de México.
Cuando cruzaban el vestíbulo la abogada fue alcanzada por una ráfaga. Logró salvar la vida, “aunque quedé como coladera –dijo entonces– porque las balas me penetraron un pulmón, un riñón y una nalga. Yo llevaba un maletín con todo el expediente de García Ábrego y se lo robaron los policías”, dijo después, aunque oficialmente nada se informó sobre ese asunto.
Cinco meses después, apenas repuesta de ese atentado, sufrió otro. El 31 de agosto de 2000, un sicario del cártel del Golfo conocido como El Tigre Bustamante –hermano de Guadalupe Herrera Bustamante, exprocurador de Tamaulipas– entró a la oficina de Villanueva y le disparó casi a quemarropa. La litigante cayó al piso y el gatillero le quiso dar el tiro de gracia, pero la bala apenas tocó su cabeza.
Y el 14 de noviembre de 2001, cuando salía de las instalaciones del Poder Judicial de Monterrey, Nuevo León, sufrió un cuarto atentado. Sus escoltas repelieron la agresión. Los sicarios volvieron a fallar.
Bragada y temperamental, Villanueva nunca pudo zafarse de su turbulento entorno. El 10 de septiembre de 2006, la SIEDO solicitó un arraigo en su contra por 30 días, junto con César Alejandro Ortiz Plata, exjefe regional de la extinta AFI en Guerrero. Se le relacionó con el secuestro del agente del Ministerio Público guerrerense Martín Gerardo Saldaña Sixtos.
No se le comprobó nada y luego la misma Raquenel difundió lo que le dijo Santiago Vasconcelos sobre su retención: que en realidad el arraigo fue para protegerla porque la querían asesinar.
–¿Usted le creyó? –se le preguntó a Villanueva al abandonar la casa de arraigo.
–Dudé. Yo quise conocer la verdad, pero nunca me recibió.
Durante su etapa de arraigo, Raquenel escribió un diario. Es un escrito de 30 páginas en el que narra lo que vio, lo que sintió y el suplicio que –según su escrito– vivió durante sus días de encierro “y de vigilia”.
Algunos extractos:
El 14 de octubre de 2006, por ejemplo, Raquenel Villanueva escribió: …En cuanto al teléfono, nos dejan hacer tres llamadas por día de tres minutos, yo hago tres cada vez que tomo el teléfono ya que los señores de Tijuana me enseñaron a que, sin sacar la tarjeta, pueda hacer varias llamadas. En esa semana me di cuenta que el teléfono público está intervenido.
El 17 de octubre: …Tienen revueltas a todas las personas, es decir, que en el interior (de la casa de arraigo) es fácil darse cuenta quienes pertenecen a las bandas organizadas y a los cárteles, pero eso no les importa, ya que en el primer piso están revueltos secuestradores y sicarios de todos los cárteles y pese a que se les detuvo in fraganti aquí los tienen, según ellos, para investigarlos, pero yo creo que es para negociar con ellos o para fabricarles algunas cosas y resolver así asuntos inconclusos.
23 de octubre: Hoy es un día tan difícil, Verónica ya se va y está muy nerviosa, anoche le pinté la uñas y el cabello, pues a escondidas nos traen las cosas… Su frase favorita es “muerta antes que sencilla”. Estábamos rezando cuando la llamaron, le ejecutaron cargo por delincuencia organizada y encubrimiento… Nos despedimos con un abrazo de hermanas que ya somos, así como con Paulina. Le pedí que no llorara y no se doblara, que no bajara la cabeza ante nadie y que recordara que las regias nos morimos de pie…

Acteal

Columna PLAZA PÚBLICA /
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 16 de agosto de 2009;
Acteal: atrocidad sobre atrocidades
Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación cuando sucedió la matanza de Acteal, regresará a la Cámara de Diputados gracias a la lenidad del sistema político; desde San Lázaro promoverá la candidatura presidencial de Peña Nieto
Sólo falta que ulteriores indagaciones o razonamientos jurídicos impecables conduzcan a la conclusión de que no es verdad que el 22 de diciembre de 1997 en Acteal fueron asesinadas 45 personas. O que ellas mismas se privaron de la vida. Porque casi 12 años después es verdad jurídica inalterable que no hay culpables de aquel crimen, ya que los señalados como tales fueron incriminados con base en pruebas irregulares o falsas, presentadas por el Ministerio Público y avaladas por el juez que dictó las órdenes de aprehensión, por el que inició los procesos respectivos, por el que dictó las sentencias correspondientes y por el tribunal que resolvió las apelaciones en segunda instancia.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación amparó el miércoles pasado a 26 quejosos que han permanecido presos durante 11 años y ocho meses. Veinte de ellos fueron ya puestos en libertad, en las primeras horas del jueves 13. Conforme a un acuerdo celebrado en la mañana de ese día con el gobierno estatal, no volverán a Chenalhó, su lugar de origen y donde cometieron el crimen del que ahora, en los hechos, se les ha exonerado, sino que residirán en otra parte, en que se les proveerá de medios para ganarse la vida así como de una casa para que inicien una nueva etapa de su existencia. Otros seis quejosos, también amparados, no salieron libres porque debe reponerse el procedimiento que los condenó. Treinta y un presos más, también solicitantes de garantías al Poder Judicial federal, recibirán en los próximos días una sentencia semejante a la de sus compañeros. Tal vez se vayan de El Amate, el penal en que han padecido la pérdida de su libertad no como hasta ahora era cierto, por su conducta criminal, sino por ser víctimas de abuso ministerial y judicial.
Al debatirse el caso, el ministro José Ramón Cossío dijo, con ruda verdad técnica que a la sociedad le cuesta entender, que "para la Sala las razones jurídicas son las únicas que cuentan... Esto es, si para emitir una sentencia penal pudieran contar razones no jurídicas, entonces contaría cualquier regla, la del más fuerte". Este irreprochable rigor formal puede generar, sin embargo, consecuencias socialmente dañinas, como la de dejar impunes delitos de extrema gravedad. Si los liberados son los culpables de la matanza, como afirman desde 1997 sobrevivientes y deudos de las víctimas, su crimen queda parcialmente sin castigo, pues sólo sufrieron un tercio de la condena a 36 años que les fue impuesta. Y si su condena se produjo por irregularidades y errores que en su perjuicio cometieron funcionarios, la conducta de éstos quedará sin castigo, pues la Corte no dio vista al Ministerio Público ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos al incurrir en tales errores.
La imposibilidad formal de los ministros de tener presentes razones que no sean legales les impide contar con una visión panorámica sobre los hechos a los que en último término se refiere su reflexión puramente jurídica. Si ni siquiera examinaron las circunstancias en que fue cometido el brutal crimen colectivo -en el caso de que éste haya en verdad ocurrido y no sea fruto de mitos ideologizados como sugiere la campaña mediática que rodeó la promoción de este juicio de garantías- menos aún tuvieron en cuenta la gestación de ese atentado que tuvo consecuencias políticas inmediatas y generó la ilegal, según han concluido los ministros, consignación de más de 100 implicados, de los que 83 quedaron sujetos a proceso.
El gobierno de Ernesto Zedillo enfrentó las secuelas del alzamiento zapatista de 1994 con una estrategia basada en acciones militares, no políticas como había intentado hacer, o simulado hacer, su antecesor. Una guerra de baja intensidad, una campaña contrainsurgente puso énfasis en combatir a las comunidades leales al zapatismo o que, sin entrar en esa categoría, no eran claramente leales al gobierno, según el medidor usado por el gobierno mismo. Al hostigamiento contra las comunidades así señaladas, practicado por las fuerzas federales y estatales, se añadió la agresividad de grupos paramilitares (entrenados por el Ejército y la seguridad estatal chiapaneca), cuya acción hostilizó a muchos pobladores que eligieron marcharse de sus sitios propios para evitar el continuo ataque a que estaban sujetos. Esa presión originó el desplazamiento de miles de personas que peregrinaban en busca de paz. Uno de esos grupos desplazados, a los que se perseguía por su desesperante neutralidad -pues no compartían la opción armada zapatista pero tampoco estaba en su contra-, era el de Las Abejas, que contaba con el apoyo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cuyo territorio corresponde el municipio de Chenalhó. Hostigado y perseguido, ese grupo tuvo noticia cierta de que pronto sería atacado en una suerte de solución final. Lo advirtieron de muchos modos, entre otros a través de un reportaje grabado para Televisa por Ricardo Rocha. Muchos de los denunciantes de la inminente agresión comprobaron poco después, con su propia muerte, la veracidad de sus temores. Con saña inaudita fueron ultimados por paramilitares a quienes conocían y que por ello fueron identificados y reconocidos por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El gobierno federal no fue ajeno al crimen. Lo prohijó desentendiéndose de las muchas denuncias sobre la generación del clima homicida que se condensaba a lo largo de todo 1997, y favoreciendo la táctica de esconder la acción oficial tras la de grupos paramilitares (cuya existencia ha sido reconocida aunque eufemísticamente se les llame grupos de autodefensa). En Chiapas la estrategia era puntualmente aplicada y reforzada por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que ejercía el Poder Ejecutivo desde que a Eduardo Robledo, elegido formalmente, le fue imposible hacerlo.
Pero cuando fluyó a borbotones la sangre, cuando fue evidente la crueldad de los asesinos, el gobierno los dejó solos, Zedillo despidió a su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet 15 días después de la matanza, después de las vacaciones de fin de año que no interrumpirían la muerte de unos cuantos seres insignificantes. Chuayffet, sin embargo, tuvo tiempo de organizar desde el punto de vista de su función las tareas ministeriales que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar encargó a un fiscal especial, Efrén González Pola. Defenestrado el 4 de enero de 1998, Chuayffet quedaría en receso hasta 2003, en que fue elegido diputado y luego sustituyó en la coordinación de la fracción priista a Elba Esther Gordillo, cuando el doble juego de la secretaria general comenzó a hacerse evidente. El ex secretario de Gobernación volverá a la Cámara dentro de dos semanas, para promover desde allí la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Podrá hacerlo merced a la lenidad del sistema político, que pronto lo resarció de la pena que significó su despido de Gobernación.
Su jefe Ernesto Zedillo goza hoy de prestigio mundial y en México muchos prefieren concederle el blasón democrático de haber admitido el triunfo de la oposición. Se olvida para ese efecto que quiso evitarlo transfiriendo por lo menos 500 millones de pesos de Pemex al PRI. Y se atenúa el peso del gravamen que legó a los mexicanos, el pago del rescate bancario, cuya cuota anual equivale al monto del recorte presupuestal que está en marcha. Forzado a salir de su privacidad, el ex procurador Madrazo protesta inocencia y anuncia una respuesta a los ministros que evidenciaron la deficiencia de las tareas ministeriales que él encabezó.
La intervención de la Corte en este caso fue lograda por el activismo de Hugo Eric Flores Cervantes, un líder evangélico (lo son también las personas liberadas) que se hizo invitar como profesor al Centro de Investigación y Docencia Económicas y lo involucró no sólo en la apreciación doctrinal del asunto sino en su promoción ante los tribunales. La revisión del caso era un propósito político expresamente pactado por Flores Cervantes, como líder de la agrupación política nacional Encuentro Social, con el candidato presidencial del PAN Felipe Calderón, que hizo a Flores oficial mayor de la Semarnat (de donde después fue despedido e inhabilitado).
miguelangel@granadoschapa.com

¡Quiero ser Ombudsman! Paty Olamendi

Suplemento Enfoque de Reforma, 16 de agosto de 2009;

Quiero ser ombudsman: Patricia Olamendi Torres

Una experta en derechos humanos presenta sus motivos para ser el relevo de José Luis Soberanes en noviembre próximo
Representante ante el Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Hace 20 años surgió la primera instancia protectora de los derechos humanos. Dos sucesos marcaron su nacimiento: el abuso de poder de quienes decían combatir el narcotráfico -que llevó a la detención, sin fundamento, de autoridades municipales en Michoacán- y el homicidio brutal, en Sinaloa, de la defensora de derechos humanos Norma Corona. Ambos acontecimientos llenaron de indignación a una sociedad harta de confesiones logradas bajo tortura y de la violación sistemática de sus más elementales garantías. Desde entonces como ahora, la lucha por la defensa de los derechos humanos es para mí compromiso y convicción personal.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, que aún no alcanza a convertirse en la institución que la sociedad reclama para defender sus derechos, más grave todavía es la percepción entre la ciudadanía de que son los delincuentes quienes se ven favorecidos por las acciones de la comisión; sus recomendaciones parecen caer al vacío, perdidas en las limitaciones legales que hoy requieren ser modificadas. Ante este panorama en la CNDH se requieren cambios profundos para exigir y garantizar los derechos de todas las personas.
Por su parte, el Estado mexicano ha llevado a cabo una creciente ampliación y reconocimiento de los derechos humanos, ya sea por convicción al ratificar la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos o por presión comercial o política, como lo fue el tratado comercial con la Unión Europea, que incorporó las cláusulas sobre democracia y derechos humanos, y, recientemente, el llamado Plan Mérida de cooperación con Estados Unidos, donde se establecen estándares de protección a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
En el año 2000 se firmó un acuerdo de cooperación con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que motivó la realización de un diagnóstico en la materia y derivó en un programa nacional. Con ello, México aceptó la visita de todos los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyas 388 recomendaciones aún no se han cumplido, a las que se suman las casi 100 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en este año. Todas identifican las fallas estructurales que generan violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país: "un sistema de justicia inquisitorio", leyes que violentan los derechos humanos, desigualdad y exclusión social, y ausencia de respeto a la vida y dignidad de las mujeres. A todo lo anterior, se suman señalamientos graves que colocan al país como un lugar de origen y destino para la trata de personas: la esclavitud de nuestros días.
La plena vigencia y respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para construir una sociedad en la que el Estado de derecho sea una realidad; se fortalezcan los procesos democráticos necesarios para lograr la seguridad y la paz. A ello también respondió el interés de que nuestro país se comprometiera con el marco internacional de los derechos humanos, lograr que todo aquello beneficie a las personas, que fortalezca su ciudadanía y, con ello, a nuestro país fue el objetivo de la acción de política exterior en la cual participé activamente.
Lograr el bienestar de las personas, erradicar la insultante desigualdad económica y social, hacer posible el derecho a la salud, a la educación, a las oportunidades -todo ello con una política de cero tolerancia a la discriminación- deben ser las banderas de un gobierno que reconoce en la pluralidad y diversidad su fortaleza; ése fue el espíritu que me motivó para elaborar la ley y el programa contra la discriminación en México.
He sido promotora de reformas constitucionales para establecer los derechos humanos de las víctimas, las he defendido ante los tribunales nacionales e internacionales y he construido modelos de atención y de reparación del daño para ellas, particularmente para las mujeres que han sido objeto de diferentes formas de discriminación y de violencia. Estoy convencida de que nuestro sistema de justicia tiene que modificarse de fondo y que la CNDH tiene que jugar un papel significativo para lograrlo.
Me preguntan por qué quiero ser la próxima presidenta de la CNDH y respondo: porque estoy convencida que el respeto a los derechos humanos de todas y todos hará de México el país justo, democrático y equitativo que merecemos, y porque tengo la capacidad para hacerlos valer.

La Jose

Columna Itinerario Político/ Ricardo Alemán
El Universal, 16 de agosto de 2009
Josefina y Encinas
Vázquez Mota: ¿tapada para 2012?
Alejandro: bisagra para unificar
¿Es noticia que Josefina Vázquez Mota haya sido designada coordinadora de los nuevos diputados federales del PAN? No, en todo caso la noticia habría sido que luego de sacarla de la SEP y llevarla a San Lázaro no se convirtiera en pastora del rebaño azul.
¿Es noticia que Alejandro Encinas haya sido designado jefe de los nuevos diputados federales del PRD? Sí. En realidad la verdadera noticia intramuros del partido amarillo es que al impulsar a Encinas Los Chuchos amplían sus alianzas, no como señal de tolerancia o inclusión, sino como supervivencia básica. Encinas es un puente entre Chuchos y AMLO, y jugará el papel de bisagra para mantener unidos y funcionando a los dos grupos amarillos en pugna.
Al final de cuentas —y luego de una elección que convirtió a la derecha y la izquierda partidistas en los grandes damnificados de julio de 2009—, el PAN sigue siendo un partido predecible hasta en sus mayores crisis, lo que le podría costar el poder en 2012, en tanto que el PRD ensaya una modalidad de reunificación que, en una de esas, le permite llegar con vida al fatídico 2012. Pero vamos por partes.
Educar y legislar
La primera pregunta que debemos hacer para entender la llegada de Vázquez Mota a San Lázaro, como jefa de un reducido rebaño azul, es elemental. ¿Por qué fue llevada de la estratégica Secretaría de Educación al trabajo de estratega legislativa? ¿Tiene sentido? Parece que no. Más aún, el de Vázquez Mota parece un monumento al “chambismo”. Si no es que es una meteórica carrera que, por su misma naturaleza meteórica, le permitió regresar al origen.
Si partimos de la premisa —sólo eso, premisa—, de que la señora Vázquez Mota realizaba bien su chamba como titular de la SEP, y que fue llevada a la campaña electoral de julio pasado para aportar sus dotes de estratega electoral al jefe azul, Germán Martínez, en el triunfo azul, entonces asistimos a una ecuación fallida. ¿Por qué? Porque está claro que el de Josefina en la campaña del PAN, junto con el fracasado presidente panista, no fue más que eso, un fracaso. Y si Josefina fracasó en esa encomienda, la pregunta es aún más compleja: ¿por qué la confirmaron en el puesto de jefa del rebaño azul?
Otros dicen que desde que fue convencida de dejar la SEP, la misma “Jose” —como muchos le dicen cariñosos—, condicionó su salida a liderar la bancada azul en San Lázaro. Si así se resolvió el dilema, entonces lo importante era renovar la titularidad de la SEP —no tanto apuntalar al nuevo jefe de la bancada azul—, a donde debían haber llevado a un presidenciable. Pero también se puede concluir que, a la vuelta de los meses, el nuevo titular de la SEP no resultó lo que muchos esperaban. ¿Alguien puede apostar, a estas alturas, que sea presidenciable Alonso Lujambio? Parece que no.
¿Tapada o tapadera?
De esa manera, los hechos demuestran que se habría tratado de dos movimientos del más alto nivel del gobierno de Calderón que resultaron fallidos. Es decir, sacar a “Jose” de la SEP y enviarla como estratega de campaña —lo que fue fallido—, y llevar a Lujambio a Educación, en calidad de presidenciable, lo cual no ha cuajado.
Si vamos bien, entonces Vázquez Mota salió de San Lázaro en 1999, para ser secretaria de Estado en el gobierno de Fox, luego fue llevada a la campaña de Calderón —en donde habría sido determinante—, para luego regresar a una secretaría de Estado: la SEP, de donde salió para regresar a San Lázaro como jefa del rebaño legislativo. ¿Cuántos panistas tienen una carrera así? Muy pocos, y si nos apuran, ninguno. ¿Y entonces? ¿A qué fue llevada a San Lázaro?
Aquí viene lo descabellado. Pocos saben que Vázquez Mota intentó un camino similar al de Calderón, para construirse desde fuera del PAN y del gabinete, como candidata presidencial. Esto ocurrió poco antes de dejar la SEP. Hoy no pocos ven a “Jose” como “el tapado” o “la tapada” del PAN hacia 2012. Y es que como están las cosas, el PAN necesita una apuesta mayor, con todos los riesgos y lo descabellado que parezca. Y esa podría ser la apuesta. ¿O no?
Hijo nada pródigo
El caso del coordinador parlamentario del PRD es muy distinto, en tanto la crisis que viven los amarillos es otra. Para empezar debemos decir que algunos vieron la llegada de Alejandro Encinas, como jefe de los diputados del PRD, como una señal de que Los Chuchos habían entregado la plaza a su adversario AMLO. Nada más falso.
Y si hacemos memoria, recordaremos que Encinas fue relegado por AMLO en las pasadas elecciones, al grado de que si Los Chuchos no le abren un espacio plurinominal, Encinas se hubiese quedado fuera. Pocos saben que AMLO le dio la espalda a Encinas, cuando éste defendió su pertenencia al PRD. Aún así, Encinas representa un sector clave de amarillos que tienen un pie en el PRD, una historia en la izquierda militante de años, y que siguen creyendo en “el mesías”.
Su papel de “bisagra” no sólo será fundamental en San Lázaro, sino en el PRD. La refundación del partido pasa, a querer o no, por la recuperación y el armado de las piezas que quedaron dispersas luego de que AMLO y los suyos hicieran estallar al partido. Si logran armar el rompecabezas, recoger el cochinero, llegarán con vida a 2012. Por eso vemos en el PRD lo inexplicable e impensable. Al tiempo.

El acuerdo de Colombia con EE UU

Alvaro Urive Vélez, ratificó que el acuerdo militar que permite el uso de 7 bases colombianas por militares de Estados Unidos busca derrotar al terrorismo. "Nuestra política no tiene reversa. Hay que derrotarlos totalmente (a los terroristas) y este es un paso en la dirección correcta", argumentó durante un acto de rendición de cuentas de su gabinete de ministros transmitido por la televisión estatal.

La intención del Gobierno de Uribe es que ese acuerdo esté suscrito "en dos semanas", después de que las negociaciones quedaran cerradas el viernes pasado en Washington.
El convenio, ha provocado un deterioro de las relaciones de Uribe con Venezuela y Ecuador

Según Chávez, ese acuerdo puede traer "vientos de guerra" a la región.
Debido a la inquietud que ha generado también en otros países de la zona, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) convocó a una cumbre extraordinaria de presidentes, que se celebrará en Bariloche (sur de Argentina) el próximo 28 de agosto.
Uribe confirmó su asistencia a esa reunión, pero advirtió que eso no implica condicionar el acuerdo con Estados Unidos, que podría quedar firmado incluso antes de la cumbre de Unasur.

***

El Tiempo on line, Agosto 16 de 2009
Estos son los principales puntos del acuerdo con E.U.; primero se usarán 5 bases aéreas y 2 navales
EL TIEMPO conoció el documento que da vía libre para el empleo de cualquier base aérea o naval del país que requiera el personal de ese país para realizar operaciones contra el narcotráfico.
Con el cierre de las negociaciones, el viernes en la noche en Washington, el empleo de las bases colombianas, por militares estadounidenses, quedó sólo pendiente de la firma, que se dará en menos de una semana. "Todos los puntos fueron de mutuo acuerdo y no hubo imposición de temas. La negociación se hizo respetando las constituciones de ambas naciones", indicó el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, quien supervisó desde Bogotá cada paso de la negociación.
El documento final, que será presentado por la comisión del gobierno al Consejo de Estado para consulta la próxima semana, está dividido en varios capítulos que contienen 20 puntos básicos, con tres grandes temas: la presencia del personal estadounidense en Colombia, los términos para la realización de operaciones y el intercambio de información.
Uno de los puntos que quedó establecido y el primero que expuso la delegación colombiana, encabezada por el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante David René Moreno, es que Colombia avale cada movimiento o acción que se haga en las bases.
Para tal fin, el comandante de la unidad con grado de coronel, que el gobierno nombrará en cada base, tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones.
"La única bandera que ondeará en esas bases será la colombiana", agregó el general Padilla, al referirse al uso y condiciones que se le plantearon a la comisión estadounidense.
Fuentes del Ministerio de Defensa, que estuvieron cerca de la negociación, aseguraron que "es un acuerdo simplificado, que ratifica y extiende los acuerdos que ya venían funcionando y tendrá una prolongación de 10 años".
Sin embargo, un punto al que nadie quiso referirse fue el de la inmunidad para el personal estadounidense que estará en Colombia.
En este sentido se ratificó en la negociación que la Fiscalía colombiana colaborará entregando pruebas y elementos de investigación que contribuyan a un eventual proceso judicial contra funcionarios de E.U. que hayan cometido delitos en territorio nacional. Pero en ningún caso podrán ser juzgados en Colombia.
En la letra menuda del acuerdo se establece que habrá excepciones a la inmunidad, en casos de extrema gravedad. Este punto fue en el que más hicieron énfasis los congresistas de la Comisión Segunda del Senado, que el pasado miércoles visitaron la base de Palanquero.
Lo cierto, según conoció este diario a través de una fuente del Ministerio, es que todo está previsto para que los primeros aviones aterricen en Colombia en menos de un mes.
La inteligencia en tiempo real
1. Se compartirá información de inteligencia con Estados Unidos, tanto en el tema del narcotráfico, como del terrorismo. Esto se traduce a intercambio de datos en tiempo real (la llamada inteligencia en tiempo real).
2. Habrá protocolos para intercambiar esta información, que serán acordados por el comando de las Fuerzas Militares y los militares estadounidenses.
3. Colombia fortalecerá las capacidades técnicas en inteligencia, solo para contribuir a la seguridad de la región, con el apoyo de Estados Unidos.
4. Esta ayuda estará enfocada a transmitir la experiencia a países, que como México, tienen problemas de narcotráfico y necesitan de esa experiencia.
5. Colombia tendrá control sobre el personal que trabaje en el país. Aunque la selección tenga el aval del Departamento de Estado y el beneplácito de la embajada de E.U., una comisión colombiana podrá aprobar o rechazar la presencia de los funcionarios.
6. Los beneficios materiales se recibirán sólo en especie, no en dinero.
El manejo de las operaciones
1. Las operaciones que se realicen deben estar amparadas por los marcos jurídicos de ambos países y el internacional como la carta de la ONU y otros tratados.
2. Estados Unidos no podrá hacer operaciones desde Colombia hacia otros países.
3. La presencia de personal no será fijo y no excederá lo que está reglamentado (800 militares -600 contratistas).
4. Solo intervendrá el personal que se necesite de acuerdo a la operación, pero no puede sobrepasar un número establecido por el comandante colombiano de la base.
5. En contados casos habrá personal permanente, como ya ocurre en las bases de Tolemaida y Apiay.
6. Las bases serán de tránsito y se garantiza la confidencialidad de información. El comandante de la base será designado por el gobierno colombiano.
El manejo de las bases
1. Queda claro que bajo ninguna circunstancia podrá haber una base militar estadounidense en Colombia.
2. Se utilizarán las bases de Malambo, Apiay, Palanquero, Tolemaida y Larandia, pero habrá acceso a otras bases, según las necesidades y requerimientos.
3. El acuerdo está enfocado básicamente en el tema de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
4. El empleo de las pistas se dará de forma gradual, dependiendo de los requerimientos operacionales.
5. El empleo de las bases navales será para temas logísticos inicialmente (buques que transporten implementos técnicos, repuestos, aparatos para inteligencia, etc).
6. Los aviones tendrán la misión principal de hacer monitoreo de rutas del narcotráfico, lo que no descarta que se puedan hacer operaciones con un tercer país, en aguas internacionales. Pero, solo a solicitud de ese tercer país.
7. La ayuda de 46 millones de dólares para Palanquero se hace con base en análisis técnicos. La capacidad de la base debe ser óptima para garantizar la seguridad de las aeronaves. Esta fue una petición de Estados Unidos.
REDACCIÓN JUSTICIA

Otro posicionamiento sobre Acteal

DENUNCIAMOS TERGIVERSACIÓN DE LA JUSTICIA EN CASO ACTEAL
Las personas y organismos abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda indignación ante el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja en libertad a 20 de los autores materiales de la masacre de Acteal en 1997, y que no sólo deja impune el caso a más de 10 años, sino sobre todo pone en peligro nuevamente la vida de las y los sobrevivientes, y de las comunidades indígenas autónomas de la región, dando carta abierta al paramilitarismo para actuar ahora bajo la protección del sistema de justicia.
Plenamente conscientes que no se trata de un hecho aislado ni casual, sino plenamente diseñado y ejecutado, queremos alertar a la ciudadanía acerca de las terribles consecuencias que este fallo judicial tiene para lo que está constituyéndose en un camino seguro hacia un vaciamiento total del estado de derecho, operado por el mismo gobierno en colusión con los poderes fácticos de los sectores empresarial y criminal.
Por ello hacemos pública denuncia:
De los intereses que se han priorizado en la decisión de la Corte en este caso, que no son los de las comunidades indígenas, sino de sectores privados empresariales, pues queda cada vez más clara la intención del Estado por generar nuevos desplazamientos para dejar las tierras en manos de las trasnacionales.
De la gravedad jurídica y social que implica el respaldo y exculpación que la SCJN está dando a crímenes cometidos, no sólo por militares valiéndose de su fuero, sino ahora también por grupos paramilitares, legalizando la impunidad.
De la campaña por borrar de la memoria histórica de nuestra nación, el crímen de estado cometido en Acteal en 1997; haciendo para ello un uso faccioso de la información, y valiéndose de la influencia de medios privados de comunicación y de investigación.
Del establecimiento de un régimen militar y dictador en nuestro territorio, sobre todo en las zonas indígenas, donde se pretende desarticular los procesos de organización comunitaria autónoma y de defensa de sus derechos fundamentales ante la agresión del Estado y las empresas.
Y exigimos:
Seguridad a la integridad física de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, así como de la Organización Civil Las Abejas
La revisión y esclarecimiento de este inusual proceso de liberación de 20 de los autores materiales de dicha masacre; así como el fincamiento de responsabilidades a quienes resulten involucrados
Que se haga justicia a todos los autores materiales e intelectuales en el caso de Acteal, y se ponga un alto total a la impunidad.
Finalmente expresamos nuestra total y permanente solidaridad con las víctimas de Acteal y la Organización Las Abejas, en su lucha por la justicia.
Personalidades:
Organizaciones: Observatorio Eclesial, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Centro Antonio Montesinos, Centro Nacional de Comunicación Social, Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Alas, Secretariado Social Mexicano,

Ramírez Acuña

Columna De naturaleza política/Enrique Aranda

Excélior, 16 de agosto de 2009;

Paco Ramírez: voto por voto
Nadie que entre jueves y sábado haya estado en los trabajos que, en un hotel de Cuernavaca, realizaron los integrantes de la nueva diputación panista podrá poner en duda que, tal como ofreció desde un primer momento, Francisco Ramírez Acuña apostó, y se apostó de manera plena, por conseguir ser nominado coordinador de la minoritaria representación del blanquiazul en la próxima LXI Legislatura federal.
Y esto, no sólo porque el ex secretario de Gobernación y sus afines aprovecharon hasta la última oportunidad —el traslado de los legisladores entre el DF y la capital de Morelos— para hacer proselitismo en su favor, previo envío de mails personalizados a todos y cada uno quienes habrán de acompañarle en la Cámara de Diputados, sino porque aun después de haberse oficializado la elección de Josefina Vázquez Mota para el cargo, con algo más de 80% de los sufragios, reclamó ver y eventualmente revisar los votos emitidos lo que obviamente le concedió el impuesto nuevo gerente del partido del gobierno.
Algo así como el anatematizado “voto por voto, casilla por…”, pero en versión azul.
Todo, en el marco de un encuentro donde, amén de confirmarse la designación de la ex titular como coordinadora parlamentaria e, insistamos, precandidata presidencial —lo que, por cierto, le valió ser felicitada telefónicamente por su contraparte perredista, Alejandro Encinas, y por la aún mandamás priista, Beatriz Paredes, así como por el presidente Felipe Calderón, que le llamó desde Uruguay—, se pudo conocer un amplio análisis de la difícil situación económica actual por Agustín Carstens y la presentación de un catálogo de normas éticas a cumplir por todo legislador en boca de Fernando Gómez Mont, lo mismo que escuchar una conferencia, considerada por muchos como “la mejor”, donde Héctor Aguilar Camín sorprendió a más de uno cuando aludió al jefe del Ejecutivo como “el Presidente de los posibles: la mejor reforma energética posible, la reforma judicial posible…”
También, valdría decir, fueron definidas las “grandes líneas” de una eventual agenda legislativa a defender por la nueva bancada del blanquiazul que, con sus 142 integrantes, mucho deberá remar a contracorriente para alcanzar las metas-objetivo que se marcaron.

La Jose

Columna Portarretrato /Raymundo Riva Palacio,
Sobreviviente
Los políticos viven siempre en la rueda de la fortuna; a veces están arriba, y a veces abajo.
Pero no para Josefina Vázquez Mota, que a las siete mil revoluciones por minuto en las cuales vive, apenas si una montaña rusa empata su adrenalina.
Lleva 9 años de intensidad y le quedan cuando menos otros tres que serán iguales o más estresantes, justo el periodo en que estará al frente de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, que promete ser la principal caja de resonancia política durante los próximos meses.
Lo sorprendente es su enorme capacidad, probada a lo largo de todos estos años para sobrevivir, enfrentar las adversidades y reinventarse.
Vázquez Mota, economista y empresaria, su familia tiene acciones en la compañía de pinturas Comex, comenzó su vida pública como articulista en El Financiero y El Economista, y un poco más adelante como comentarista de radio en el programa que hoy se conoce popularmente como el de "Los Alebrijes".
De la mano de Felipe Calderón llegó como diputada plurinominal a la primer Cámara de Diputados que iba a tener el recién electo Presidente Vicente Fox, pero ni siquiera tuvo tiempo de respirar bien los aires de San Lázaro, pues la nombró Secretaria de Desarrollo Social.
No se debe haber imaginado pensaba en ese momento cuántos sapos habría de tragarse para, ambiciosa como es, seguir subiendo en su carrera política.
Desarrollo Social es una Secretaría noble: reparte dinero y su titular, visto como benefactor, siempre es bien recibido en todos lados.
Vázquez Mota, que se cuidaba y vestía como si fuera aristócrata, tenía un peinador de planta en su oficina, no la pasaba del todo bien.
Pero esa molestia clasista nunca quedó registrada, porque tenía una estupenda amistad con los medios, casi comadre de Carmen Lira, directora de La Jornada, cooptó a intelectuales con asesorías de 100 mil pesos mensuales, y les pagó a sus críticos solicitándoles estudios por los cuales pagó millones de pesos.
No era casual que su imagen como política sagaz crecía sistemáticamente. Como decía el legendario Fernando Gutiérrez Barrios: "Con dinero, todo es más barato".
El gran escollo de Vázquez Mota fue la primera dama, Marta Sahagún, que a través de la Fundación Vamos México estaba construyendo una especie de súper Secretaría de Estado meta constitucional, para asuntos relacionados con el desarrollo social.
De manera natural se dio el choque entre las dos mujeres. Sahagún se metía constantemente en acciones de Gobierno que no le correspondían legalmente, y dislocaba las políticas públicas del gabinete de desarrollo social, que ella encabezaba.
Pero cuando se le preguntaba sobre esas intromisiones, Vázquez Mota, siempre con una sonrisa que apenas despegaba de las comisuras, se guardaba para sí sus comentarios.
La ambición desbordada de Sahagún la desbarrancó, y la prudencia política de la secretaria, tuvo recompensa.
Cuando Felipe Calderón obtuvo la candidatura presidencial, lo primero que hizo fue ofrecerle la coordinación de la campaña.
Fue un desastre. La estrategia que diseñó tenía a Calderón 20 puntos abajo del puntero, Andrés Manuel López Obrador, y detrás del priista Roberto Madrazo, 6 meses antes de la elección. Calderón la removió y le entregó la conducción de la campaña a Juan Camilo Mouriño, quien la desplazó al tiempo en que su equipo, que hoy integra el círculo íntimo de Calderón en Los Pinos, se encargó de destruirla en los medios.
Vázquez Mota aguantó. Como sobrevivió, sus asesores políticos, en los que depositaba toda su confianza, le cantaban al oído: no hay duda, irás a la Secretaría de Gobernación, y de ahí a la Presidencia en 2012.
Ingenua. Mouriño y sus chicos, la terminaron de despedazar. Calderón no se sumó al linchamiento de Vázquez Mota y la nombró Secretaria de Educación, de lo que no sabía nada, y aparentemente, tampoco le interesaba hace nada en el sector salvo frenar a la maestra Elba Esther Gordillo.
Pero empezó muy mal. Producto de la alianza electoral entre el PAN y Nueva Alianza, Calderón tuvo que pagarle a Gordillo con cargos en el Gobierno, en el cual sobresalía la Subsecretaría de Educación Básica para su yerno, Fernando González, a quien por más que hizo para cansarlo, a través de ignorarlo y bloquearlo, nunca pudo lograr que se fuera. Calderón, por supuesto, siempre priorizó a la maestra sobre su secretaria.
Vázquez Mota se refugió en el ejercicio, spinning, y en el trabajo, citaba a reuniones a su equipo, en su casa, a las 6 de la mañana, mientras sus relaciones con Los Pinos cada vez empeoraban más.
Su apuesta, otra vez animada por sus asesores, es que ante lo que describían como la pobreza en el gabinete, si Mouriño era removido de Gobernación como parecía que sucedería en enero de 2009, ella podría llegar a Bucareli.
Pero cuando murió Mouriño, se vio lo que pensaban de ella en Los Pinos. En el discurso para recordarlo, Calderón hizo la mayor descalificación que ha hecho hasta ahora sobre uno de sus colaboradores. Fue tan brutal, que la secretaria empezó a oler como cadáver político.
Pero una vez más, la coyuntura entró a su rescate. El creciente ascenso del poderío del Gobernador Enrique Peña Nieto, hizo que el ex Presidente del PAN, Germán Martínez, le ofreciera ir como diputada plurinominal. No serás la coordinadora, pues el cargo será para Francisco Ramírez Acuña, le dijo, pero podrás convertirte en una figura clave en la próxima legislatura.
Vázquez Mota pensó mucho en qué hacer, y en la víspera de que se concretara, estaba decidida a quedarse en Educación, porque pensaba que era un movimiento para sacarla del gabinete.
Un último empujón de Martínez y una plática con Calderón, la llevaron a aceptar la propuesta.
Querían minar a Peña Nieto y le encargaron las elecciones en el Estado de México.
El PAN perdió bastiones, municipios emblemáticos, y lo borraron de tierras mexiquenses, con todo y Vázquez Mota, quien otra vez, sobrevivió.
Junto con Martínez, Calderón la llamó a cuentas a Los Pinos, y parecía la reedición de su muerte política.
Pero la valoración sobre los resultados fue que la crisis económica tuvo un impacto determinante en el electorado, y le reconocieron que había trabajado muy fuerte, mientras que Ramírez Acuña se durmió en la complacencia. Perdió las elecciones en Jalisco, que eran su responsabilidad y se peleó con el Gobernador Emilio González Márquez, a quien acusó de la derrota y le armó un motín panista. En plena indisciplina, en la negociación sobre el nuevo liderazgo del PAN, se sumó a los opositores a César Nava.
Consumó el suicidio y Vázquez Mota, que otra vez se había tragado sapos, volvió a emerger.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx

La Base de Manta a Colombia

Bogotá desoye a los países vecinos y acuerda ceder bases a Washington
El fin formal del pacto es luchar contra los narcos, el tácito es vigilar a Chávez

DESCONFIANZA: Los países vecinos temen la intromisión de Estados Unidos en su política

INTENTOS DE TRANQUILIZAR: La Casa Blanca asegura que no hay riesgos para los países terceros
JOAQUIM IBARZ

La Vanguardia, 16/08/2009

El presidente Álvaro Uribe tenía prisa. Sin esperar a la celebración en Bariloche (Argentina), el próximo día 28, de la cumbre extraordinaria de la alianza sudamericana, Unasur, y desoyendo las críticas de sus vecinos, cerró el acuerdo con Washington que permitirá a personal militar estadounidense utilizar siete bases colombianas.
Aunque se especifica que el convenio está destinado a mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, en la región no hay dudas de que una de sus finalidades primordiales es supervisar de cerca de todos los movimientos del presidente venezolano Hugo Chávez.
El mandatario colombiano Álvaro Uribe dijo que el pacto con Washington no excluye llegar a acuerdos con los países vecinos; sin embargo, subrayó que la cooperación con Estados Unidos es una "señal necesaria" para indicar que su Gobierno no está por el "apaciguamiento ni por la contención", sino que busca "la derrota total del terrorismo narcotraficante".
El comentarista León Valencia señala que el estrechamiento de la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos supone una especie de advertencia a la carrera armamentista iniciada por Chávez hace cinco años, así como una respuesta a los crecientes lazos de Venezuela con Rusia e Irán. El analista admite que resulta difícil desechar una mayor ayuda militar de EE.UU. en un momento en el que las finanzas internas para sostener la guerra empiezan a decrecer y las guerrillas se están reactivando. Pero también subraya que "el costo que vamos a pagar por este acuerdo es mil veces más alto que los beneficios que vamos a obtener. Ya no son sólo los golpes a la economía por las tensiones con Venezuela y Ecuador; es también un mayor aislamiento del país en la región".
La prensa colombiana destaca la poca transparencia que ha habido en la negociación del acuerdo. De hecho, la revista Cambio fue la primera en informar sobre el convenio militar entre Bogotá y Washington. Ni siquiera el Congreso colombiano sabía nada del tema hasta que lo filtró el conocido semanario.
Algunos constitucionalistas colombianos han advertido que, antes de su firma, el acuerdo con EE.UU. debe ser discutido y aprobado por el Congreso. Por el contrario, el Gobierno de Uribe considera que, al no modificar la sustancia de convenios existentes, no requiere el trámite legislativo. El diario colombiano El Tiempo anticipa que "el acuerdo puede ser firmado, a más tardar, en dos semanas".
El comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla de León, se mostró satisfecho con el pacto. "Quedó todo acordado. Este instrumento pasa ahora a una fase burocrática con expertos de cada Gobierno, que harán una verificación y designarán las personas que van a firmarlo", dijo.
La gira relámpago de Uribe por siete países sudamericanos mostró la desconfianza que el acuerdo con EE.UU. despierta en la región. El presidente colombiano no acabó de convencer a sus colegas de que no afectará a otros países. La frase más reveladora de ese recelo la pronunció Lula da Silva; el presidente brasileño dijo que respeta la decisión de Colombia, pero también pidió "garantías formales de que los aviones estadounidenses sólo operarán en territorio colombiano".
Estados Unidos se ha mostrado muy activo para disipar dudas. En menos de una semana, el presidente Barack Obama, el secretario de Defensa, el vicejefe del Estado Mayor, y el jefe del Comando Sur han insistido en que no crearán bases en Colombia y que no existe riesgo alguno para terceros países.
La Casa Blanca y el alto mando castrense están dispuestos a explicar las bases del acuerdo a quienes han mostrado inquietud, sin que ello implique que se pida su visto bueno

Edir Macedo y la IURD

(Edir) Macedo creó un imperio religioso

El Comercio de Quito, 16/8/2009;

Redacción Mundo y O Globo, Brasil, GDA En las secciones de negocios y economía de los diarios de Brasil es posible leer noticias como esta: “La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) tuvo ingresos anuales por USD 735 millones, más que cualquier empresa privada”. A la cabeza del imperio económico-religioso en el que se ha convertido IURD se halla Edir Macedo, un ex cajero de la lotería del estado de Río de Janeiro, quien fundó la iglesia en 1977 y se proclamó obispo, IURD es ahora una de las mayores iglesias del mundo con cerca de ocho millones de fieles en Brasil. Además, incluye a 9 600 pastores, 4 700 templos instalados en 172 países, según los datos de la propia organización. Y el Consejo de Actividades Financieras de Sao Paulo calcula que el patrimonio de Macedo bordea los USD 2 000 millones.

En menos de 20 años, Macedo convirtió un pequeño local alquilado de un barrio humilde de Río de Janeiro en el más grande brasileño multinacional. De la vertiginosa influencia que ha ganado IURD hablan también las propiedades que posee. Así, desde 1989 es propietaria de Récord, la segunda mayor cadena de TV del gigante sudamericano, de un banco, dos periódicos, una revista y de 30 radioemisoras. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad del imperio de la iglesia Pare de Sufrir? Dinero, dinero y más dinero, sostiene el sitio en línea Sin Dioses (www.sindioses.org). Y explica: Desde un principio Macedo copió de los predicadores estadounidenses la llamada teología de la prosperidad. Los fieles deben entregar sus diezmos para no ser conducidos a las garras de Satanás. Y un pastor predicaba sin vacilar: “Hay una guerra adentro de cada uno de nosotros. Dios quiere que usted dé, pero el diablo sostiene su billetera. Venga, venga ahora. Mañana usted podría estar muerto. Si usted no paga a Dios, paga al diablo”.

Precisamente, la acumulación de dinero es la que enfrenta a Macedo con la justicia brasileña. El gestor del imperio económico-religioso y otras nueve personas ligadas a la iglesia son acusadas de usar donaciones religiosas para invertir en propiedades, automóviles y joyas, al igual que en las empresas del obispo. El Ministerio Público brasileño sospecha que una parte de los USD 1 400 millones de donaciones anuales libres de impuestos fue enviada a paraísos fiscales y devuelta a Brasil a través de dos compañías ficticias.Y las redes de la IURD se extendieron en otros países. Incluso, la Fiscalía brasileña investiga supuesto lavado de dinero de IURD en Chile, Ecuador, México, Venezuela, EE.UU. y Sudáfrica. Macedo no es el primer líder evangélico brasileño que es acusado de malversación financiera. La pareja que fundó la Iglesia Renacer en Cristo, que tiene a la estrella del fútbol brasileño Kaká entre sus fieles, fue arrestada en Miami en 2007 por no declarar más de USD 500 000 en efectivo ingresados a Estados Unidos.
La guerra de dos canales
El martes 11 de agosto, el principal noticiero de la red de TV Globo, Jornal Nacional, sacó al aire un largo reportaje sobre la acusación criminal contra Edir Macedo y otros líderes de la Iglesia Universal. Ese fue el origen de una guerra desatada en la semana que cierra entre los noticieros nocturnos de las redes deGlobo y Récord, cuya propietaria es la iglesia Pare de Sufrir, explica el blog de Veja Radar en línea. Al sentirse atacado por el reportaje de Jornal Nacional, Edir Macedo decidió responder. El noticiero de TV Récord, que fue presentado por dos ex empleados de Globo, mostró una nota el miércoles 12, en la cual rebate las denuncias y destaca las obras sociales de la Iglesia Universal. También acusó a la familia Marinho, dueña de la Rede Globo, de usar el canal para “su juego de intereses”. Con la presentación de varias imágenes de archivo, el noticiero estelar de Récord vinculó a Globo con “acuerdos sospechosos, persecuciones, dinero ilegal del exterior, apoyo a la dictadura militar e intentos de fraude en elecciones”. Además, calificó el reportaje del noticiero de Jornal Nacional como un “ataque directo y desesperado contra su principal competidor, la cadena Récord”

.El cruce de dardos entre las dos principales cadenas de TV de Brasil es diario. Globo dice que solo da un tratamiento periodístico a la denuncia que afronta el obispo Macedo.

Bobby and Jackie

Historia de un amor imposible

Noticias de Revista, La Nación, 16 de agosto de 2009 Publicado en edición impresa

Se amaron con pasión ante los ojos indulgentes de los familiares y consejeros, sin que -en la era preweb- una sola indiscreción sobre su amor prohibido se filtrara a los medios. La narración de los detalles de la arrebatada historia de amor que por cuatro años ligó a Jackie Kennedy con su cuñado Bobby es ahora un libro: Bobby y Jackie: una historia de amor ("Bobby and Jackie: A Love Story"), escrito por el estadounidense David Heymann, luego de dos décadas dedicadas a estudiar los archivos del FBI y del servicio secreto, entrevistar al entorno de los Kennedy, incluyendo a Pierre Salinger, Arthur Schlesinger, Jack Newfield, Gore Vidal, Truman Capote y Morton Downey Jr. "Su historia de amor comenzó después del asesinato de JFK -escribe Heymann en el libro que saldrá a fin de mes y del que el New York Post publica algunos extractos-. Y se volvió tan intensa que, cuando le dispararon, fue Jackie y no la mujer, Ethel, a ordenar a los médicos que lo dejaran morir." Según Truman Capote, durante años confidente de la primera dama, su amor nació del compartido luto doloroso. "La suya era una pasión ardiente y sin esperanza", explicaba el autor de A sangre fría. Robert fue el único hombre al que Jackie amó de verdad", continúa el escritor Gore Vidal, pariente lejano de Jackie. Casado y padre de 11 hijos, Bobby no hizo ningún esfuerzo por ocultar la intriga. "Todos conocían lo que sucedía", le narró el entonces ministro de Comercio, Franklin Roosevelt Jr., a Heymann, nominado tres veces para el premio Pulitzer. "Se comportaban como dos adolescentes enfermos de amor. Sospecho que Bobby deseaba abandonar a Ethel para casarse con ella -continúa-, pero obviamente no era posible."
La mujer toleraba la traición -"sabía que él no la iba a dejar nunca", explica el autor-, pero cada vez que la cuñada visitaba a Bobby en Hyannis Port se producían escenas de celos, aunque sin resultado. Durante una cena en el yate presidencial USS Sequoia, seis meses después de la muerte de JFK, en mayo de 1964, Bobby y Jackie salieron a cubierta, dejando a Ethel sola con el resto de los comensales. "Cuando volvieron estaban relajados y satisfechos como dos gatos", ironizaba Schlesinger.
En la Navidad de ese año la heredera Mary Harrington sorprendió a Jackie mientras tomaba sol en topless en la villa de los Kennedy en Palm Beach, con Bobby de rodillas a su lado. "Cuando se besaron, él le puso una mano sobre el seno y la otra dentro del slip: quedé shockeada", testimonia la mujer, que a su vez fue protagonista de una historia pasajera con el hermano menor de JFK.
El desparpajo del senador continuaba dentro de los palacios del poder. Un día, el funcionario del Departamento de Comercio Kenneth McKnight llegó a una reunión nocturna con Kennedy en el Senado, y lo encontró acostado en un sofá con Jackie sentada sobre sus rodillas, con los brazos alrededor de su cuello.
El único que intentó enfrentar esa relación fue Aristóteles Onassis, que amenazó con arruinar a su rival haciendo público el romance. "Puedo enterrar a ese energúmeno", comentó el armador griego con un amigo, aunque terminó no diciendo nada, por temor, según Heymann, a perder a Jackie. Más tarde, cuando ella habló de casarse con el magnate, RFK confesó a Pierre Salinger: "Deberán pasar sobre mi cadáver".
El 16 de marzo de 1968, RFK anunció su carrera hacia la Casa Blanca. Al día siguiente telefoneó a su amigo Jack Newfield desde el departamento de Jackie en Nueva York. "Estaba deprimido y descorazonado -explica el columnista-. Ese había sido su último encuentro de amor."
El 4 de junio, poco después de haber ganado las primarias en California, RFK cayó bajo los golpes de Sirhan Sirhan en el Ambassador Hotel de Los Angeles. Jackie fue rápidamente a su lado y Ethel se apartó, permitiéndole estar sola con él hasta lo último. Bobby estaba cerebralmente muerto, pero su catolicísima mujer se resistía a que le retiraran la asistencia artificial, y el hermano, Ted, no estaba psicológicamente en condiciones de intervenir. A la 1.20 de la mañana del 6 de junio fue Jackie a ordenar a los médicos que lo dejaran morir, luego de haber firmado la autorización y los protocolos hospitalarios. En octubre del siguiente año Jackie Kennedy se casó con Onassis.
Por Alessandra Farkas (Corriere Della Sera)