Revista
Proceso
No. 2004, 28 de marzo de 2015
Sedena
oculta información sobre Tlatlaya y Ayotzinapa/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Aunque
el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, considera que el
Ejército es “la institución más sólida de este país”, contribuye a la
desconfianza general con su feroz resistencia a entregar información que
permita resolver los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, que tanto lastiman a la
sociedad. Muestra de esa actitud son sus respuestas a solicitudes de
información de este semanario, que provocaron un ríspido intercambio de
argumentos del IFAI contra cerradas negativas de la dependencia.
Faltaron
la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, ahora con licencia y reintegrada
como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila luego de su
candidatura anecdótica para presidir la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH); la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano; René
Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza y nieto de la exjefa del sindicato de
maestros, Elba Esther Gordillo, y el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido
Verde, también con licencia.
El
general secretario Cienfuegos mandó sólo a generales brigadier, ninguno de
brigada y mucho menos generales de división. El grupo estuvo encabezado por el
procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el jefe de
asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alejandro Ramos, y
el coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor, José Luis
Chiñas Silva.
Encabezados
por Elena Tapia, presidenta del grupo de trabajo, los diputados pidieron
información sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar,
en el Estado de México, y el sargento responsable del operativo. También
requirieron información sobre la posible responsabilidad de otros mandos
militares, más allá de los ocho efectivos del 102 Batallón de Infantería que
participaron en el alegado enfrentamiento y que están bajo proceso penal
federal.
Además,
quisieron saber sobre el diseño, operación y autorización de ese patrullaje
fuera de reglamento, que exige la participación de 12 elementos, la violación
al Manual del Uso de la Fuerza y sobre la alteración de la escena por parte de
los propios militares. Nada recibieron.
Información,
sólo al presidente
Al
día siguiente, 13 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, le tocó la audiencia a
la comisión sobre la desaparición de los normalistas. Esa ocasión los diputados
sí fueron recibidos por el general Cienfuegos.
La
sesión informativa estuvo a cargo del entonces subsecretario, el general de
división Daniel Méndez Bazán, quien en diciembre pasó a retiro y ahora es
candidato del PRI a diputado federal.
A
diferencia de la comisión sobre la masacre de Tlatlaya, la de Ayotzinapa no ha
hecho público informe de trabajo alguno, a pesar de que fue creada sólo para
identificar las adecuaciones legislativas en los casos de desaparición forzada.
Su
presidente es el panista Guillermo Anaya. Compadre del expresidente Felipe
Calderón, Anaya preside también la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y
es integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.
Uno
de los legisladores asistentes a esa reunión en la Sedena relató a Proceso que,
en su exposición, Méndez Bazán reiteró la versión de que los militares no
tuvieron nada que ver con la desaparición de los normalistas y ni siquiera
estuvieron enterados.
“Lo
más interesante estuvo en las respuestas del secretario”, dice. Una de ellas
fue el reconocimiento de que el Ejército conoció la agresión desde el principio
a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de
Iguala, porque tiene un representante permanente, tal y como esta revista
publicó en su edición 1989, del 14 de diciembre.
El
general secretario insistió ante los diputados en que los soldados no salieron
de sus cuarteles porque el jefe de la policía municipal les dijo que tenía el
control de la situación y que además ese día no había suficientes efectivos del
27 Batallón de Infantería en Iguala porque estaban de descanso.
Admitió
que el sistema de inteligencia militar tenía información sobre los antecedentes
delictivos del presidente municipal, José Luis Abarca, y de su esposa, María de
los Ángeles Pineda, pero argumentó que el trabajo del Ejército “no es vigilar a
policías municipales ni a jefes de seguridad pública. Sabíamos lo que sabía
todo el mundo”.
Les
aseguró que desconocía avances sobre el caso Tlatlaya “porque el procurador
(entonces Jesús Murillo Karam) no le había requerido información, además de que
sólo lo veía ocasionalmente”. Dijo que en el caso del Estado de México había
que castigar a algún elemento cuando hubiera fallas, pero que esa no era la
situación de Ayotzinapa.
Más
aún, el general secretario les advirtió: “No voy a permitir que ni los
diputados ni nadie más ponga en duda la honorabilidad del Ejército y sus
hombres, que representan a la institución más sólida de este país”.
Colaboradores
del exprocurador confirman el escaso contacto del general Cienfuegos con
Murillo Karam: “El general, de forma reiterada, hizo ver que el único con quien
tenía que hablar era con su jefe, el presidente de la República”.
La
escaramuza IFAI-Sedena
Las
peticiones de información al Ejército sobre ambos casos han sido
sistemáticamente rechazadas por la Sedena, con el argumento de la reserva o
inexistencia de la información, peligro para los militares implicados, secreto
de la averiguación previa y protección del debido proceso.
Su
negativa ha dado lugar a largos procesos administrativos para obtener apenas
algunos elementos de información. Es el caso de dos peticiones de acceso a la
información tramitadas por este semanario sobre la masacre de Tlatlaya.
Ambas
fueron presentadas en septiembre pasado. Una tardó cuatro meses en obtener
respuesta, sin que se proporcionara información alguna. La otra se terminó de
tramitar el pasado 26 de marzo, igualmente sin la información requerida e
incluso con fuertes impugnaciones de la dependencia al IFAI por argumentar a
favor de la entrega de los datos solicitados.
En
la primera se pidió copia del video del operativo del Ejército en Tlatlaya, que
debió elaborar en cumplimiento del Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación a
las tres Fuerzas Armadas, autorizado por los actuales titulares de la Sedena y
la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
La
Sedena respondió que no existe video alguno del operativo en el que perdieron
la vida 22 personas y tres más resultaron heridas, la madrugada del 30 de junio
de 2014 en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, del municipio de
Tlatlaya.
El
subjefe Operativo del Estado Mayor, la Dirección General de Derechos Humanos y
la Procuraduría General de Justicia Militar declararon formalmente la
inexistencia de esa información.
Impugnada
esa respuesta (expediente RDA 4760/14), el IFAI le pidió más información a la
Sedena, pero ésta reiteró la inexistencia y dijo que, de existir, lo daría “ya
que esta dependencia… no se ha caracterizado por ocultar información”.
El
IFAI le hizo ver a la Sedena que de acuerdo con ese Manual, las operaciones
militares que impliquen el uso de la fuerza “deben inexorablemente documentarse”
a través de fotografías y videos.
“En
particular, se prevé que de manera previa se debe contar con una cámara de
videograbación, así como de manera intensiva fotografías o cualquier otro medio
para contar con elementos que acrediten la actuación de las fuerzas armadas en
operaciones. Además, una vez que haya pasado alguna agresión se debe preservar
el lugar de los hechos a través de tomas de video o fotografías, sin
alterarlo”, señaló el IFAI.
Los
comisionados confirmaron la inexistencia del video, pero le dijeron al Ejército
que la petición forma parte del escrutinio público a las funciones de seguridad
por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo por tratarse de violaciones graves
a los derechos humanos, como reclasificó los hechos la CNDH.
Por
eso pidieron a la secretaría que justificara la inexistencia del video,
haciendo referencia “a los elementos que integran la averiguación previa
correspondiente (sobre las faltas de orden militar), así como la documentación
generada con motivo del cumplimiento de la Recomendación 51/2014 de la CNDH”.
En
su nueva respuesta, la Sedena sólo dio argumentos de por qué no hizo el video.
La Dirección General de Derechos Humanos dijo que en su respuesta a la
recomendación de la CNDH argumentó que el personal militar “se encontraba
realizando patrullamientos (sic) cuando fue sorpresivamente agredido, quedando
expuestos al fuego de las armas de las personas que les disparaban, por lo que
no estaba en posibilidad, bajo esas circunstancias, de llevar a cabo la
videograbación fotográfica y/o instrumentos de grabación de sonidos” a que se
refiere el manual.
El
Estado Mayor respondió en el mismo sentido: “Por las condiciones de oscuridad y
el peligro que representaba para el personal militar al exponerlos al fuego
sorpresivo de las armas de los transgresores de la ley, no se cuenta con
material videográfico del momento en que se suscitaron los hechos”.
La
Procuraduría General de Justicia Militar respondió que en sus constancias
ministeriales integradas para investigar los delitos de orden militar tampoco
existe ningún video o imagen fotográfica de los hechos.
En
la segunda solicitud de información, se le requirió la orden de fatiga dirigida
a los elementos de la 22 Zona Militar que participaron en los hechos de
Tlatlaya. La Sedena respondió con una reserva de 12 años, debido a que “se
encuentra integrada a una averiguación previa y aún no ha causado estado”.
La
negativa se recurrió en el expediente RDA 4761/14, pero la Sedena consideró que
la impugnación carecía de “sustento y lógica jurídica”, toda vez que se
encuentra reservada porque no se ha dictado sentencia definitiva contra los
siete militares –un oficial y seis elementos– acusados de homicidio y delitos
del fuero militar, además de que no ha causado ejecutoria.
Argumentó
que la reserva es para “garantizar los derechos humanos de los procesados” y el
principio del debido proceso. Explicó que en la fatiga –documento en el que se
consignan datos del personal militar– están los nombres de los procesados, pero
también de otros elementos que no fueron consignados. Si se dan a conocer, los
transgresores de la ley pudieran ubicarlos para causarles un daño en su
integridad personal o incluso la muerte, añadió.
La
fatiga también incluye la fecha y el lugar del servicio, la relación del
personal, identificado por grado, nombre, matrícula de la unidad militar, arma,
matrícula del arma, cargadores, cartuchos, así como el nombre, grado, empleo,
matrícula de identidad y firma autógrafa de quien elabora el documento y de
quien lo rubrica.
En
su resolución, el IFAI dijo que no advertía de qué manera la fatiga podría
obstaculizar o entorpecer las atribuciones de la procuraduría de justicia
militar y determinó que ese documento “no es susceptible de reservarse” porque
“no es una constancia propia de la averiguación previa”, sino que forma parte
de la causa penal número 338/2014 que se instruye en el Juzgado Sexto Militar
del Supremo Tribunal Militar y que existió previamente al procedimiento
judicial.
Ante
la negativa a dar los nombres señalados en la fatiga, el IFAI le hizo ver que
el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la identidad de los siete
militares procesados, por lo que ya no pueden ser clasificados, como tampoco su
firma.
Sobre
el resto de los datos, revocó la reserva de 12 años y la estableció en cuatro,
“atendiendo a que en dicho periodo podrían modificarse las políticas en materia
de seguridad públicas” (sic). Los comisionados ordenaron entonces que la Sedena
elabore una versión pública de la fatiga en la que se omita únicamente el
nombre y firma del personal y de quien autorizó la fatiga”.
Pero
en lugar de entregar la versión pública, la Sedena respondió el pasado jueves
26 con una andanada contra el IFAI. De inicio, señaló que la resolución
“adolece de los requisitos mínimos de constitucionalidad, pues no hay
justificación para que en aras de garantizar el derecho a la información se
vulneren otros derechos constitucionales de igual rango y supremacía”.
Insistió
en que el documento debe mantenerse reservado, “al formar parte de manera
inequívoca de un expediente judicial que aún no ha causado estado, la cual
contiene información personal y cuyos titulares han expresado su oposición a
hacerla pública”, en observancia del debido proceso y del principio de
presunción de inocencia.
Volvió
a argumentar que decidió clasificarla como confidencial y reservada porque, de
darse a conocer, se asociaría al personal que no tuvo relación con los hechos,
lo que sería aprovechado por la delincuencia organizada para ponerlo en peligro.
Acusó
al IFAI de no haber hecho un verdadero análisis sobre la situación de los
militares involucrados, generándoles un daño irreversible al exponerlos como
“presuntos culpables” en hechos delictivos “que aún no han sido acreditados y
mucho menos se les ha dictado sentencia condenatoria firme y/o definitiva”.
Directa,
haciendo a un lado los argumentos del IFAI, la Sedena advirtió que “está
imposibilitada legalmente” a proporcionar incluso la versión pública ordenada
por los comisionados
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