40ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016..

-MODERADOR: Para moderar los trabajos de esta Sesión, escuchemos la intervención del maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA:  Con su autorización, señor Presidente.

Buenas tardes, Gobernadora y Gobernadores, miembros del Gabinete de Seguridad, invitados especiales, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.

Señoras y señores:

De conformidad con el registro de asistentes, se encuentran presentes la mayoría de los integrantes del Consejo.

Por lo que informo a usted, señor Presidente, que existe quorum para celebrar la 40ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Me permito someter a la consideración de las y los integrantes del Consejo el Orden del Día y el Acta de la 39ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 18 de diciembre de 2015, mismos que les fueron entregados de forma previa para su aprobación y se encuentran en sus carpetas de trabajo.

Los que estén a favor de su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores.

El Orden del Día y el Acta de la 39ª Sesión han sido aprobados.

Para desahogar el siguiente punto, informo a las y los integrantes del Consejo Nacional que el Secretariado Ejecutivo ha presentado su informe y ha recibido los informes de las Comisiones Permanentes y Conferencias Nacionales que integran este sistema.

Dichos informes se encuentran en sus carpetas de trabajo, por lo que consulto a las y los integrantes del Consejo Nacional si están de acuerdo en tenerlos por presentados, expresándolo levantando su mano.

Gracias. Se tienen por presentados los informes correspondientes.

Como Sexto Punto del Orden del Día, hará uso de la palabra el Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.

-SECRETARIO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, de la Cámara de Diputados.

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Saludo a la Gobernadora, Gobernadores y al Jefe de Gobierno.

A los Consejeros Ciudadanos e integrantes del Gabinete, a funcionarios y representantes de la sociedad civil.

Señoras y señores.

En primer lugar, quisiera pedir su entendimiento a todos nuestros invitados, particularmente de la sociedad civil, por el retraso en el inicio de esta sesión, debido a que la reunión previa con la Gobernadora, con los Gobernadores y el Jefe de Gobierno se realizó por más de dos horas, para poder llegar a estos acuerdos que hoy se someterán a consideración de todas y de todos.

Gracias por su comprensión.

Hace poco más de tres años y medio, el Presidente de la República convocó a sesión extraordinaria de este Consejo con el objeto de construir una relación de corresponsabilidad para la seguridad, la justicia y la paz que demanda nuestro país.

A partir de ello, el Gabinete de Seguridad se abocó a diseñar y poner en marcha una estrategia que permitiera hacer frente a la crisis de inseguridad, en un país profundamente lastimado por años de repunte de la delincuencia y la violencia.

Por ello, el Presidente de la República hizo de su atención integral una prioridad nacional, una prioridad que desde este Consejo se ha abordado con una respuesta de Estado y un esfuerzo conjunto.

Una prioridad nacional que ha implicado poner la política, es decir, las herramientas del acuerdo y la coordinación, al servicio de la seguridad.

Esta nueva visión, señor Presidente, ha permitido concretar resultados en dos principales vertientes:

En la operativa. Por primera vez el Gabinete de Seguridad diseñó y puso en marcha mecanismos de coordinación permanentes entre la Federación y las entidades para actuar con estrategia y prontitud en un plano de corresponsabilidad.

Aunado a ello, se implementaron acciones para al apoyo subsidiario de las Fuerzas Federales a los gobiernos locales, particularmente aquellos con una situación de debilidad institucional.

Hoy, las y los mexicanos pueden tener la certeza de que ninguna, absolutamente ninguna entidad federativa está sola en la tarea de hacer frente a la delincuencia.

El objetivo ha sido y es uno: garantizar, más allá de distingos políticos, la seguridad de los ciudadanos, ahí, donde se ha visto mermada su tranquilidad.

Al tiempo que las Fuerzas Federales actuaron con sentido de urgencia para velar por la seguridad de las comunidades, se crearon y fortalecieron instituciones clave en esta función de Estado, es claro que más allá de atender coyunturas, la mejor apuesta al futuro que podemos hacer es la de consolidar instituciones fuertes, confiables y eficaces.

Tal es el caso, por ejemplo, de la creación y puesta en operación de la División de Gendarmería de la Policía Federal y de la Comisión Nacional Antisecuestro, o del esfuerzo sin precedentes para transitar al Sistema Penal Acusatorio y, con ello, a una impartición de justicia más pronta, eficaz y más respetuosa de los derechos de las personas.

Ello permitió que en los primeros dos años de la Administración se contuviera de manera notable la tendencia creciente de la violencia criminal a nivel nacional, y que el país regresara, incluso, a tasas de homicidios de hace siete años.

No obstante, este importante avance, hay que señalarlo, hay que hacerlo puntualmente, en meses recientes este fenómeno ha repuntado en algunas regiones del país.

También es necesario decir que dicho repunte se explica, en gran medida, al crecimiento de los delitos locales.

Esta situación apunta a uno de los grandes retos aún pendientes del país: la urgente construcción de un modelo que permita atender desde lo local, oportuna y eficazmente, las causas de la inseguridad.

En ese plano, donde hoy es prioritario fortalecer las capacidades, es en ese lugar para generar espacios y reducir la delincuencia.

Es en lo local donde la función de seguridad debe contar con mejores herramientas y recursos para cerrar el paso a la impunidad.

En tanto esto sucede, y como usted ha instruido, desde el Gabinete de Seguridad se ha planteado un conjunto de medidas para la atención focalizada del fenómeno delictivo en los estados y municipios, donde se presentan los más altos índices de violencia.

En congruencia con lo anterior, hoy se propondrán diversos acuerdos dirigidos a consolidar los procesos de fortalecimiento institucional, realizados con un enfoque particular en el plano local.

De estos acuerdos, si me lo permiten, quisiera destacar los siguientes:

Primero. Se pondrán a consideración de este Consejo un acuerdo para concretar la entrada en operación del número único de atención a emergencias 911. Ello será posible gracias a la adopción de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales para la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

Asimismo, se propondrá implementar a nivel nacional una campaña de difusión dirigida a la sociedad para promover el adecuado de este número en el país.

Segundo. Se propondrá un acuerdo para designar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como responsable de las acciones correspondientes al Ejecutivo Federal para la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Hay que apuntar que la tarea no ha concluido con su entrada en operación, sino que es clave continuar los esfuerzos, tanto en lo Federal como en lo estatal, para su evaluación y mejora permanente.

En este objetivo será fundamental que la y los gobernadores coadyuven en el perfeccionamiento del sistema a través de los órganos implementadores.

Tercero. Se propondrá un acuerdo para dar un nuevo impulso a la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, a través del diseño de un modelo que garantice el funcionamiento homologado de los centros estatales de prevención del delito. Una política sostenible de seguridad requiere que se combata la pirámide delictiva desde sus bases.

Por ello, proponemos que desde el plano local y a través de esos centros se emprendan esfuerzos integrales y sostenidos para detectar y atender adecuadamente las causas sociales de la inseguridad.

Con acuerdos como estos, señor Presidente, el Consejo Nacional de Seguridad Pública busca fortalecer desde diversos frentes y en todos los niveles, las capacidades institucionales del Estado, en favor de un México más seguro.

El diseño federal de nuestra República obliga a la acción concurrente y corresponsable de las autoridades de todos los órdenes en el cumplimiento de una de las tareas, de las funciones esenciales del Estado: brindar seguridad a los ciudadanos.

Desde el Gobierno de la República, por su instrucción, no hemos dejado de estar presente el Gabinete, con la presencia siempre de sus titulares: del Secretario de la Defensa, del Secretario de la Marina, de la Procuradora General de la República, del Comisionado Nacional de Seguridad, del Secretario General del CISEN y, por supuesto, de su servidor.

Por eso, conforme a sus instrucciones, las instituciones federales han empleado todas sus capacidades, sin escatimar, ni condicionar apoyos, para combatir el fenómeno delictivo a lo largo y ancho de la geografía nacional.

No obstante, estos esfuerzos, reitero, es urgente el fortalecimiento de las capacidades locales.

Cada orden de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, está llamado a actuar con sentido de urgencia para implementar acciones inmediatas y consolidar políticas de largo plazo a trascender coyunturas y calendarios políticos para fortalecer la seguridad de la población.

A las comunidades afectadas por la delincuencia no les interesa, ni circunscripciones, ni divisiones de competencias. Por ello, el justo reclamo de la sociedad por mayores condiciones de seguridad debe ser respondido con acciones serias, integrales y con visión de Estado.

De lo que hagamos en el presente depende en gran medida que en esta materia el futuro inmediato del país sea distinto y mejor del pasado reciente.

Bajo su liderazgo, señor Presidente, seguiremos actuando con altura de miras, trabajando para la construcción y consolidación de un México con una seguridad duradera y una justicia efectiva.

Gracias por su atención.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Secretario.

En términos de lo expuesto por el señor Secretario de Gobernación, se somete a la consideración de las y los integrantes del Consejo Nacional que las entidades federativas, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezcan las acciones necesarias para operar el Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 911, con base en los siguientes ejes:

Primero. Establecer los procedimientos de coordinación entre órdenes de Gobierno y las autoridades e instancias públicas y privadas competentes, conforme al plan de implementación establecido.

Y, segundo, desarrollar campañas de difusión para que la población conozca las etapas y fechas de entrada en funcionamiento del Número Único de Emergencias 911 en cada una de las entidades, así como para promover un uso consciente y responsable del mismo.

Asimismo, el Consejo Nacional toma nota de que el mandato constitucional para la existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal es perentorio, por lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será responsable de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, en coordinación con las instancias competentes.

En este sentido, se somete a su consideración aprobar que el Consejo Nacional instruya al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que funja como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita, coordinadora, de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos mencionados, les solicito expresarlo levantando la mano.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, para atender el séptimo punto del Orden del Día, cedo el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Carreras López, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

-GOBERNADOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ: Buenas tardes.

Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; señores Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Señores Secretarios de Estado e integrantes del Gabinete de Seguridad; señora Procuradora General de la República, señor Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Señora y señores Gobernadores.

Consejeras y Consejeros ciudadanos.

Representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana de manera cotidiana es un compromiso que nos convoca a todos los niveles de Gobierno y a toda la sociedad.

El éxito en reducir el delito a su mínima expresión depende, no sólo de la suma y la coordinación de las corporaciones de seguridad pública, sino también de la activa participación de la sociedad en este objetivo.

Nuestro país cuenta con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que establece las bases de coordinación intergubernamental para definir y promover un conjunto de políticas públicas, programas y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que se generan por ella.

Asimismo, contamos con un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, que es uno de los 10 programas con prioridad nacional, aprobados por este Consejo Nacional.

Además, señor Presidente, las entidades federativas reconocemos su interés en otorgar mayores apoyos a la prevención de la violencia y la delincuencia.

En los últimos cuatro años, el Gobierno de la República ha invertido más de 13 mil millones de pesos en programas de prevención, que han favorecido a todas las entidades federativas.

Los gobiernos locales constituimos un eje de primordial importancia por la cercanía a las problemáticas que enfrentan nuestras comunidades, nuestras regiones.

Por ello, desde 2012 se promueve la creación y el fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención Social.

Inclusive, a partir de 2015, el Programa de Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana se redefinió, incorporando como uno de sus objetivos, el desarrollo de las capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas, destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

Todos los estados hemos hecho esfuerzos y avances en la materia, pero tenemos que fortalecer e integrar mejor estos esfuerzos para avanzar más rápido y con mayor eficacia en la prevención del delito y la violencia, evitando esfuerzos aislados o dispersos.

Las entidades federativas debemos asegurar que cada uno de estos Centros Estatales de Prevención Social cumplan con su responsabilidad de articular la política pública en la materia de atención a las necesidades de su entorno, y se diseñen programas de atención especial para grupos vulnerables, como las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, bajo un esquema de operación coordinado entre órdenes de Gobierno y con apego a protocolos homologados para un adecuado funcionamiento.

Por ello, y éste es mi planteamiento a este Consejo Nacional de Seguridad Pública, propongo se acuerde la realización de cuatro acciones específicas para la consolidación y avance de las políticas públicas en esta materia.

Primero. Que se realicen diagnósticos regionales y estatales para identificar áreas de oportunidad y atender oportuna e integralmente las acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Segundo. Que se impulse un modelo homologado para los Centros Estatales de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, de manera que podamos replicarlo en todas las entidades federativas, mejorando a las mismas.

Tres. Se fortalezca la asignación de recursos en los tres órdenes de Gobierno, focalizando su destino acciones específicas de protección de la niñez, la juventud y las mujeres.

Y cuarto. Se promueva la participación de las instituciones académicas del país, así como de la sociedad civil, en la evaluación de los programas federales y estatales, que contribuya a la prevención social de la violencia y la delincuencia, y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Por su atención, muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

Conforme al orden del día, corresponde el uso de la voz a la maestra María Angélica Garnica Sosa, invitada permanente de la sociedad civil a este Consejo.

-MTRA. MARÍA ANGÉLICA GARNICA SOSA: Gracias.

Señor Presidente; integrantes del Consejo Nacional; invitados de la sociedad civil.

Los retos para atender las preocupaciones de la población en materia de violencia e inseguridad son inmensos y complejos.

El deterioro de la convivencia social, la naturalización de la violencia, la falta de una cultura de la legalidad, la corrupción, la impunidad, son fenómenos multicausales y resultado de muchos años de gestación, por lo que es claro nos llevará mucho tiempo revertir estos fenómenos.

Pero hoy celebro que tengamos la oportunidad de repensar la seguridad pública a partir de la prevención.

Socialmente hay una convicción unánime: la seguridad pública, la estrategia de seguridad pública falló y se debe cambiar.

Frente a eso la alternativa es la prevención, es la única vía que permite de manera viable y sostenible atender de fondo las causas que están originando la violencia y la delincuencia en nuestro país.

No señalaré los errores en materia de seguridad y me centraré en proponer un decálogo de la prevención para México, el cual considera:

Uno. Urge hacer realidad la perspectiva de transversalidad que plantea el PRONAPRED, para lo que se requiere integrar y coordinar acciones entre la SEP, la SEDATU, INMUJERES, CONAVI, IMJUVE, CONADIC, secretarías de movilidad de los estados, entre otros.

Dos. Focalizar y establecer prioridades de atención para todos los municipios, pero especialmente para aquellos con alta incidencia delictiva.

Tres. Guiar la integración de los centros de prevención y la elaboración de los programas en la materia, a nivel estatal y municipal, para lo que se deben dar directrices básicas y enfoques prioritarios.

Hagamos a un lado las improvisaciones que tanto nos han costado.

Cuatro. Proporcionar, desde el centro nacional, modelos, estrategias y proyectos innovadores para las niñas, niños, mujeres, jóvenes, policías, población penitenciaria, entre otros.

Cinco. Se requiere evaluar las acciones en materia de prevención e identificar experiencias exitosas para su réplica en otros ámbitos territoriales.

Seis. Se necesita profesionalizar a los servidores públicos a cargo de la prevención en todos los niveles de gobierno.

Siete. Integrar un sistema de información geográfico con datos sobre incidencia delictiva, violencia hacia las niñas y las mujeres, violencia escolar, consumos de riesgo, personas desaparecidas, inseguridad en el transporte y acciones en materia de prevención.

Ocho. Se requiere incorporar la participación de diversos actores en el desarrollo y evaluación de las políticas de prevención, así como en el codiseño de estrategias de transparencia y de datos abiertos.

Nueve. Es urgente vigilar y evaluar el uso de los recursos públicos, destinados a la prevención, a través de observatorios o verificaciones en campo.

Y diez. Para todo esto tenemos dos instancias fundamentales que requieren coordinar acciones: uno, es el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo, y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Este decálogo de la prevención para México busca ser una base para conducir las acciones aisladas hacia un modelo integral de prevención a nivel nacional.

Sin duda, el camino para sanar el tejido social en nuestro país es largo y sinuoso. Y todos, todos, debemos participar en su recuperación.

Pero corresponde al pleno de este Consejo y a cada uno de sus integrantes dar respuestas claras y contundentes a los habitantes de este país para garantizar su seguridad.

Señor Presidente:

Necesitamos fortalecer y mejorar el uso de los recursos públicos en materia de prevención. Y es indispensable agilizar los mecanismos de coordinación fiscal que garanticen la llegada de los recursos federales a los estados y municipios en materia de prevención.

Señores Gobernadores:

En este marco, a ustedes les quedan dos tareas: que es crear o fortalecer los Centros Estatales de Prevención, de acuerdo con el punto que se aprobó anteriormente; e integrar sus programas de prevención.

No tengamos dudas, ninguna. Las acciones de prevención, hoy, son el futuro de nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes y las mujeres.

Así de importante es. Y no podemos postergar la construcción de ese futuro.

Todos tenemos tareas para lograr el México en paz y con seguridad que anhelamos.

Y desde la sociedad civil aportaremos modelos y metodologías para atender de manera integral y participativa la prevención social de la violencia.

Recordemos que la sociedad civil es la principal fuerza para trabajar la prevención.

Y créanme que tal vez sea la única manera y el único camino que permita el encuentro, la reconciliación, la paz y la justicia que le debemos a tantas familias que han sido víctimas de la violencia y la delincuencia en nuestro querido México.

Es cuánto.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, maestra María Angélica Garnica Sosa.

En atención a lo expuesto por el señor Gobernador de San Luis Potosí y a la consejera Angélica Garnica, se somete a su consideración que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consoliden la política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con base en los siguientes puntos:

Elaborar un diagnóstico de los Centros Estatales de Prevención del Delito, diseñar un modelo homologado para su operación y funcionamiento; focalizar recursos de los tres órdenes de Gobierno para la ejecución de programas dirigidos especialmente a niñas, niños y adolescentes, jóvenes y mujeres, y conformar grupos colegiados de carácter civil y académico en cada entidad federativa para supervisar y evaluar los programas de prevención social, que sean financiados con recursos públicos.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros, el acuerdo ha sido aprobado.

A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey y Presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

-MTRO. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS: Muchas gracias.

Con su permiso, señor Presidente.

Integrantes de esta mesa.

Gobernadora.

Señores Gobernadores.

Distinguidos representantes de la sociedad civil.

Honorables integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El pasado viernes 26 de agosto, asumí la tarea de presidir la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El día de hoy, ratifico mi compromiso de contribuir al fortalecimiento de la política y las estrategias que a nivel nacional ha impulsado desde la Presidencia de México el licenciado Enrique Peña Nieto, así como este Consejo Nacional de Seguridad Pública, para seguir construyendo un país de leyes e instituciones sólidas.

Mantener el orden jurídico y el Estado de Derecho es una obligación de los gobiernos democráticos y, desde luego, una de las demandas más sentidas de los mexicanos.

Particularmente, en el ámbito municipal, estamos en mejores posibilidades de impulsar acciones efectivas en el tema de la seguridad pública, en virtud de la cercanía que tenemos con la gente y el conocimiento en nuestros entornos.

Nos toca a los municipios, por ejemplo, intervenir y mediar entre los vecinos que mantienen diferencias, que, en muchas ocasiones, aunque sean por motivos menores, resultan largos y costosos para las familias.

Las pugnas entre las personas son inevitables, pero una convivencia en armonía depende de que existan mecanismos efectivos que resuelvan de manera rápida y eficaz esas diferencias, antes de que ameriten la intervención de una autoridad jurisdiccional.

Por ello, la justicia cívica juega un papel relevante en la prevención y atención de conflictos, pues establece reglas mínimas de comportamiento y de sana convivencia.

Por otra parte, sabemos que los entornos de legalidad son un factor de riesgo porque promueven ambientes que infringen las leyes y normas con las que pretendemos garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Por ello, impulsar y fortalecer en cada uno de los municipios la cultura de la legalidad constituye un factor que incide en la prevención de la violencia y, desde luego, contribuye a reducir los niveles de la impunidad.

Se trata de construir, en el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, un modelo que propicie una convivencia no violenta y basada, precisamente, en el desarrollo de una cultura de legalidad a partir de estrategias centradas en la mediación y en la conformación de redes ciudadanas, que reconozcan derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Sabemos que diversas entidades federativas y municipios ya cuentan con ordenamientos jurídicos, que regulan la convivencia armónica de las personas a través de leyes o reglamentos de cultura cívica.

Sin embargo, se requiere establecer criterios homologados que contribuyan a supervisar y atender, de manera clara y eficaz, la convivencia diaria de las personas, con la complejidad que esto conlleva.

Por otra parte, aún prevalecen marcos jurídicos que regulan la convivencia social desde una perspectiva que no corresponde a la realidad social que vivimos en el Siglo XXI.

Por ello, la propuesta es que trabajemos en el diseño y operación de un modelo homologado que pueda ser utilizado por todos los municipios del país para impulsar la cultura de la legalidad, el buen gobierno y la justicia cívica en beneficio de todos los mexicanos.

Éste es uno de los retos inaplazables que debemos enfrentar en el corto plazo y con respeto pleno a la autonomía municipal. Contamos con el sustento legal que nos brinda la Ley General de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y los apoyos que otorga el FORTASEG dentro del Programa de Cultura de la Legalidad.

Es nuestro deber promover políticas públicas innovadoras y efectivas en beneficio de la sociedad, que consoliden el orden, la armonía y la paz que merecen y reclaman los ciudadanos.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Presidente Municipal.

Conforme a lo expuesto, se somete a la consideración de este Consejo instruir a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para que en coordinación con la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública elabore un modelo homologado de justicia cívica y buen gobierno, que incluya una norma tipo, perfiles y procesos de capacitación de operadores y programas de cultura de la legalidad para los municipios de México.

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros.

El acuerdo ha sido aprobado.

A continuación, hará uso de la palabra el licenciado Mario López Valdez, Gobernador del Estado de Sinaloa.

-GOBERNADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ: Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señor Secretario de Gobernación; señor Presidente de la Cámara del Senado; señor Presidente de la Cámara de Diputados; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; señores miembros del Gabinete de Seguridad; señora Gobernadora; compañeros Gobernadores; Jefe de Gobierno; señoras y señores integrantes e invitados del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Muy buenas tardes a todos.

Es para su servidor un honor tener la oportunidad de participar en esta Cuadragésima Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hacer algunos comentarios en cuanto a temas cruciales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad, y que me permito exponer para su amable consideración.

Sin duda, en tiempos recientes hemos registrado avances, y de esa experiencia a través de aproximaciones sucesivas, podemos extraer lecciones que nos permitan mejorar la eficiencia y eficacia en la provisión de la seguridad, un bien básico para la ciudadanía.

Precisamente ayer, a nuestro Presidente, durante su estancia en Mazatlán, le hacía un comentario. Que la realidad, pese a contratiempos, realidades y a muchas resistencias, estamos mucho mejor que en la percepción.

Estoy seguro de que, si seguimos avanzando en las metas y objetivos que nos hemos propuesto, vamos a mejorar esa percepción, al tiempo que seguimos mejorando nuestra realidad.

Sobre el primer tema que hago referencia, el relativo a la aprobación de los lineamientos del certificado único policial, cabe destacar que ya se han elaborado, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Cuál es su objetivo.

Es certificar que el personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y aptitudes para el desempeño de sus funciones. Todo ello en atención a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estos lineamientos son el resultado de un trabajo interinstitucional y reconocemos el aporte de todas las entidades e instituciones que en este esfuerzo participaron.

Contamos ahora con un instrumento que tiene alcances específicos en seguridad pública, en procuración de justicia y en un sistema penitenciario.

Por lo que se refiere al segundo tema, específicamente la actualización del programa rector de profesionalización, debemos reconocer que es el principal instrumento de la política pública en materia de capacitación para los elementos de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario del país.

Con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio se han generado nuevas necesidades de capacitación, ajustes a los perfiles existentes e inclusión de otros nuevos, como el de la policía en funciones de seguridad procesal, la justicia penal para adolescentes, la ejecución de sanciones penales y la vigilancia y seguimiento de medidas cautelares, entre otros.

Es necesario, además, diseñar nuevos perfiles, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional, ya que actualmente el programa rector sólo contempla la malla curricular para oficiales de guarda y custodia.

El tercer asunto al que hago referencia es al proyecto de reforma legislativa, que actualiza el marco jurídico en materia de información y control vehicular.

Hay que decir que la ley en la materia, la Ley del Registro Público Vehicular, a casi 12 años de su aprobación, presenta insuficiencias notorias. Los objetivos del Registro Público Vehicular no se cumplen cabalmente.

No hay sustento legal para exigir información a quien no la envíe, no regula a entidades federativas y sujetos obligados respecto a la colocación de engomados. Está sustentado en una ley federal obsoleta, que no considera totalmente la distribución de competencias, y actualmente 20 entidades federativas no han logrado una implementación integral del Registro Público Vehicular.

De ahí que este Registro deba contar con un nuevo marco jurídico, que permita coadyuvar con una información oportuna para una mejor operación y toma de decisiones en materia de seguridad, garantizar legalidad para la adquisición y uso de vehículos que circulan en territorio nacional, garantizar identificación y control vehicular oportunos y regularizar la procedencia y estancia legal de los vehículos.

De ahí la conveniencia que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública elabore, a partir de estas consideraciones, un proyecto de reforma legislativa que permita la actualización de este marco jurídico.

Finalmente, hay necesidad también de actualizar los criterios generales de administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para simplificar el proceso de reprogramación de recursos Federales.

El ejercicio de estos recursos ha sido siempre una de las tareas importantes que realizamos, ya que, a través de su adecuada aplicación, logramos alcanzar las metas definidas para el cumplimiento de estrategias y prioridades nacionales en esta materia.

Debemos buscar mecanismos que mejoren los procesos que involucran el ejercicio de recursos, de ahí que sea importante la actualización de los criterios generales que fueron aprobados en la pasada sesión ordinaria del Consejo.

Esta actualización permitirá a entidades e instancias Federales competentes simplificar y facilitar el proceso para reprogramar recursos asignados y convenidos en los ya conocidos convenios y anexos técnicos.

Así podemos dirigirlos a prioridades nacionales en Seguridad Nacional que sean claves en nuestras entidades, lo que, sin duda, influirá en el cumplimiento de metas, normativa vigente y principalmente en el bienestar de la ciudadanía, que demanda mejores condiciones de seguridad y justicia.

Muchas gracias por su atención.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

Conforme a lo expuesto por el señor Gobernador de Sinaloa, se someten a su consideración los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar los lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del certificado único policial, cuyo cumplimento estará a cargo de los tres órdenes de Gobierno.

Segundo. Conformar un grupo de trabajo interinstitucional bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para actualizar el programa rector de profesionalización.

Tercero. Instruir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a elaborar un proyecto de reforma que actualice el marco jurídico a las necesidades actuales en materia de información y control vehicular con las aportaciones de las instancias públicas y privadas competentes.

Y cuarto. Aprobar la actualización de los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el FASP, para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes a efecto de que se simplifique el proceso de reprogramación de recursos Federales.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos mencionados, les solicito manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores consejeros. Los acuerdos han sido aprobados.

Conforme al orden del día, cedo el uso de la palabra al maestro Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.

-COMISIONADO RENATO SALES HEREDIA: Con su permiso, señor Presidente de la República.

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

A continuación, me permito presentar a la consideración de las y los consejeros los siguientes cuatro puntos para mejorar la provisión de seguridad a la ciudadanía.

El primero se refiere a la Estrategia Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Con la publicación de dicha ley nacional, el pasado 16 de junio, se busca proteger el interés superior del adolescente y su formación integral, privilegiando las medidas alternativas de solución de conflictos y las sanciones no privativas de libertad.

Para la implementación de dicha ley es necesario iniciar los trabajos que conduzcan al establecimiento de autoridades administrativas especializadas, el diseño de protocolos en la atención de adolescentes en conflicto con la ley, la profesionalización de los operadores, y de manera paralela, focalizar el destino de recursos del FASP, FORTASEG, PRONAPRED, del ejercicio fiscal 2017 para orientarlos a este rubro.

Por ello, se propone a este Consejo la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Seguridad.

El segundo tema se refiere a la elaboración de un modelo homologado de unidades de Policía Cibernética. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 estableció como una de sus estrategias detectar y atender oportunamente los delitos cibernéticos.

Entre las principales líneas de acción consideradas en el tema, se encuentran: el impulso a la modernización del marco jurídico, el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de las instituciones, la creación de unidades especializadas, el diseño de protocolos de operación homologados y el desarrollo de un modelo de Policía Cibernética Estatal.

La creación de un modelo homologado para las unidades permitirá conjuntar esfuerzos entre los ámbitos de gobierno estatal y Federal.

El tercer tema tiene que ver con la actualización y homologación de procesos regulatorios en materia de seguridad privada.

La regulación de los servicios de seguridad privada es una tarea compartida que implica la participación coordinada de los tres órdenes de Gobierno.

Regulada de manera efectiva y responsable, la seguridad privada representa una contribución a la provisión de seguridad para los ciudadanos.

Por esta razón, la agenda de seguridad privada se incorporó a los trabajos de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

Este marco ha permitido el desarrollo de un trabajo conjunto con las entidades federativas para armonizar los procesos regulatorios en los ámbitos estatal y federal.

Para continuar con estos esfuerzos se propone la creación de un grupo de trabajo para impulsar la reforma al marco jurídico, a fin de armonizar los procesos regulatorios a nivel nacional y establecer las bases de coordinación para el registro único de empresas, personal y equipo de seguridad privada, así como acciones de verificación y certificación del personal y de las empresas e instituciones que brindan dichos servicios.

El cuarto, y último tema que se pone a consideración, contempla la elaboración de registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad mediante huellas dactiloscópicas, fotografías con calidad biométrica e iris ocular.

Durante la Trigésima Octava Sesión de este Consejo se acordó consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria.

En cumplimiento a dicho acuerdo la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario acordó la elaboración de los referidos registros biométricos que permitirán contar con una herramienta adicional para la administración de las instancias que conforman el sistema penitenciario nacional, además permitirá eliminar la posibilidad de duplicidades, registros incorrectos, homonimias, y será útil para implementar acciones preventivas y de vinculación con investigaciones vigentes relacionadas con hechos delictivos pasados.

Cabe además destacar que el registro biométrico potenciará las capacidades del Registro Nacional de Información Penitenciaria, integrado a la Plataforma México.

Es cuánto. Muchas gracias por su atención.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA:  Gracias, señor Comisionado.

A continuación, corresponde el uso de la voz a la doctora Elena Azaola Garrido, invitada permanente de la sociedad civil a este Consejo.

-ELENA AZAOLA GARRIDO: Buenas tardes.

Agradezco mucho la oportunidad que me brindan para poder expresar estas palabras.

Quisiera colocar sobre la mesa de este Consejo un tema que tradicionalmente ha sido ignorado o relegado, no obstante que tiene una importancia decisiva para poder avanzar en los grandes retos que hoy enfrenta nuestro país en materia de seguridad: Me refiero a la situación de los adolescentes que han cometido delitos graves.

Recientemente he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente todas las entidades del país, con el propósito de escuchar de viva voz sus testimonios y así poder entender su situación y comprender qué es lo que los llevó a involucrarse en actividades delictivas.

Pienso que sólo si somos capaces de escucharlos con cuidado, estaremos en condiciones de brindarles la atención especializada que con urgencia requieren.

Comenzaré por compartirles muy brevemente la historia de Benito, uno de los cerca de cuatro mil adolescentes hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad en uno de los 54 centros de internamientos para adolescentes que existen en nuestro país.

Benito es un chico de 17 años, de origen indígena, que lleva dos años privado de su libertad y a quien todavía le quedan siete años más para completar su sentencia.

Cursó hasta el primer grado de la secundaria y dice que sí le gustaba la escuela, aunque tuvo que dejarla, dice que no tenía ni para comer.

Sobre su infancia, relata: Yo nunca he tenido familia. A mí me adoptaron porque tuve un accidente y mi mamá me abandonó en el hospital. Anduve en casas hogares y luego me adoptó una familia. A mi papá lo mataron cuando yo tenía dos meses de nacido. Y mi mamá se drogaba y se prostituía.

Yo mejor dejé a la familia que me adoptó, para ir a apoyar a mi mamá, aunque mi mamá nunca me ha apoyado. Al principio anduve solo en las calles y luego, desde los siete años, me fui a trabajar en un rancho, pero como no me pagaban muy bien, mejor me fui a robar.

Benito fue acusado de robo con violencia y homicidio. Y él explica: Yo vendía drogas, junto con mi primo. También robábamos tiendas, casas, nada más para el vicio, por las pastillas que tomábamos nos daban ganas de robar, la droga nos la regalaba un señor que nos quería enviciar.

Y sobre el homicidio dice: Un señor nos compró marihuana, pero no quiso pagar, entonces fuimos a su casa para que nos pagara, pero nos sacó un cuchillo, y mi primo y yo lo matamos primero.

Aunque ya lo habían detenido varias veces, la última vez que lo detuvo la policía lo golpeó, Benito dice: Me ahogaban con una bolsa, me pegaban con un machete, me dejaron la panza morada, me estuvieron golpeando como cuatro horas.

Hasta aquí la historia.

En el Centro de Internamiento donde se encuentra, no, todavía no, señala que la atención que les dan le parece regular, sobre todo, porque no lo sacan de sus dormitorios, lo que menos le gusta de ese centro es la comida y los golpes, aquí nada más te dan de fregadazos, pero no te ayudan en nada.

Y luego reflexiona: Algunos vienen a empeorar aquí, otros no, de repente se hacen muchos pleitos, porque nos tienen todo el tiempo encerrados en las celdas y por eso hay mucho estrés, a veces los custodios se sobrepasan, porque también ellos se estresan.

Ellos no saben lo que uno ha pasado, no piensan, nada más actúan, aquí se ahorcó hace poquito un chavo que era amigo mío y eso me jaló a la depresión, el chavo se colgó porque no venía su familia y siempre lo tenían encerrado.

Aquí sí termina la historia.

Bueno, después de haber escuchado 730 historias de adolescentes similares a las de Benito, me atrevo a decir que no hicimos lo que tendríamos que haber hecho en su momento para evitar que historias como ésta se repitan hoy en día por todo el país.

Y qué tendríamos que haber hecho.

En primer lugar. Asegurar que cuando un niño o niña no cuente con los cuidados de sus padres, pueda contar con un sólido sistema de protección para evitar que quede en el abandono y qué más, asegurar que cualquier niño o niña que sufra de abusos o malos tratos, reciba toda la atención y la protección que requiere.

Y qué más.

Contar con un sistema educativo que no eche fuera a los niños difíciles y con problemas de comportamiento, sino que ponga en marcha de inmediato programas especializados para retenerlos y que impida que estos niños abandonen la escuela.

Y qué más.

Saber que los niños y niñas que han abandonado sus casas o que cuentan con débiles lazos de protección por parte de su familia, son los más susceptibles de ser captados por los grupos de la delincuencia organizada.

Y qué más.

Pues que cuando caen en manos de la policía sean tratados con respeto y humanidad si queremos que ellos, a su vez, respeten a las instituciones y tengan una experiencia de legalidad.

Y qué más.

Pues que cuando se les prive de su libertad sea para brindarles todos los elementos y las herramientas que requieren para poderse reincorporar como personas responsables, productivas y respetuosas de las normas sociales.

Para terminar, quiero decirlo fuerte y con plena convicción, estos muchachos tienen todas las posibilidades de rehabilitarse si les brindamos la atención especializada y las oportunidades que requieren.

Los invito, señores gobernadores, a hacerlo.

Numerosos estudios han demostrado que la gran mayoría de los adolescentes que cometen delitos abandonan estas conductas una vez que culmina su proceso de maduración.

Éste es el curso natural de las cosas a menos que nos empeñemos en ignorarlos, en abandonarlos o en negarles los derechos y las oportunidades que requieren.

Entonces, sí, estaremos contribuyendo a arraigarlos en una carrera delictiva.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, doctora Elena Azaola:

En términos de lo expuesto por el Comisionado Nacional de Seguridad y la doctora Azaola, se someten a su consideración los siguientes acuerdos.

Primero. La conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de elaborar la estrategia para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Segundo. La instrucción para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, por conducto de Policía Federal, elaboren un modelo homologado de unidades de policía cibernética y el proceso para su implementación.

El modelo considerará el establecimiento de fiscales con capacitación especializada bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República.

Tercero. La instrucción para que la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad conforme un grupo de trabajo con las entidades federativas para realizar acciones tendientes a la regulación y homologación de servicios en materia de seguridad privada.

Cuarto. La instrucción para que la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, por conducto del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, y en el marco del fortalecimiento de la política nacional del Sistema Penitenciario elaboren los registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad, incluyendo huellas dactiloscópicas, fotografía con calidad biométrica e iris ocular.

Quienes estén a favor de aprobar los acuerdos mencionados les solicito expresarlo levantando su mano.

Gracias, señoras y señores consejeros.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, conforme al Orden del Día, cedo el uso de la palabra al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México.

-GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS: Muchas gracias. Buenas tardes.

Saludo a los titulares de los Poderes de la Unión.

Y, primeramente, quiero expresar el agradecimiento de los gobiernos locales, integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad, al señor Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, por el respaldo que permanentemente usted y a través de su equipo, del Gabinete de Seguridad, les han brindado a los gobiernos locales.

Especialmente el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; las Fuerzas Armadas han estado respaldando a las entidades, inclusive haciendo a veces tareas que son muy propias de los gobiernos locales, apoyándonos a combatir delitos del fuero común, que en estricto sentido deberían ser tarea local.

Le reconocemos, señor Presidente, todo su apoyo.

Y a las Fuerzas Armadas reconocerles todo su respaldo, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Policía Federal, nuestra eterna gratitud.

También es importante reconocer que debemos fortalecer las entidades federativas nuestras capacidades locales.

Quiero saludar y reconocer a los representantes de la sociedad civil por hacer propuestas muy importantes, por compartirnos reflexiones realmente relevantes, que son útiles para mejorar en materia local, también en materia Federal.

Es una muestra de que este Consejo Nacional de Seguridad escucha todas las voces y recibe todas las propuestas, mismas que son atendidas.

Tomamos nota, maestra Garnica Sosa, doctora Elena Garrido, de las propuestas que ustedes han formulado.

Quiero también saludar a mi compañera Gobernadora, Gobernadores, Jefe de Gobierno, y especialmente reconocerles a los gobernadores que están a semanas o a meses de concluir su mandato y que tal vez sea su última sesión en este Consejo de Seguridad.

Agradecerles su aportación, su contribución, sus propuestas, sus casos de éxito fueron tomados en cuenta en esta mesa del Consejo Nacional de Seguridad, particularmente al Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia, el Gobernador César Duarte, su labor de todos ustedes fue muy relevante, los vamos a extrañar. Desde luego les agradecemos su gran aportación.

Y ahora sí, y si me permite el señor Presidente de la República pasamos a hacer cuatro propuestas muy, pero muy concretas.

Primero. Lo relacionado a la aprobación de la norma para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia de seguridad pública.

Hasta ahora, hay que reconocerlo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública no contaba con un lineamiento que planeara las características que deberían tener los sistemas de videovigilancia en el país.

Era necesario contar con una norma para estandarizar las características técnicas que permitieran la compatibilidad de los esquemas de videovigilancia.

Hoy formalmente, y producto del trabajo del Secretario Ejecutivo de este Consejo de Seguridad, se presenta esta norma que da inicio a la Red Nacional de videovigilancia, para homologar también los servicios, la atención de llamadas de emergencia.

La norma fue hecha con la colaboración del Instituto Politécnico Nacional, nuestra gratitud a esta gran casa de estudios que incorpora las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Por poner un ejemplo, para determinar la ubicación y la altura de los postes para la operación de los sistemas de videovigilancia se analizaron las condiciones demográficas, delictivas, de actividad económica y de ordenamiento urbano.

La norma referida incluye diseño de postes, cimentaciones, punto de monitoreo inteligente, telecomunicaciones, sistemas de almacenamiento y gestión de control y operación.

También establece las bases para la interconexión entre municipios, estados e instancias de seguridad del Gobierno Federal, contempla también las condiciones de interconexión de sistemas de videovigilancia privados a los sistemas públicos para optimizar tiempos de respuesta.

Por ello es muy importante que este Consejo Nacional de Seguridad Pública apruebe formalmente, en su caso, esta norma técnica e instruya su implementación a nivel nacional.

Segundo tema: Es relacionado a la nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública.

Por ahora no contamos con una evaluación única de las bases de datos criminalísticas y de personal a las que refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ello, en la sesión anterior de este Consejo Nacional se instruyó al Secretariado Ejecutivo a desarrollar una nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública con el propósito de mejorar la calidad de la información bajo criterios claros y transparentes.

Esta metodología se enriqueció con las aportaciones y comentarios de todos los estados a través de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, así como con los C4 y C5 de los sistemas estatales de seguridad.

Esta nueva metodología de evaluación permite la conformación de un Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, un Registro Nacional de Información Penitenciaria, un Registro Nacional de Armamento y Equipo, entre otros.

Esta nueva metodología de evaluación ya está homologada con los ordenamientos legales, con la política de seguridad pública basada en inteligencia, coordinación y a la exigencia de una mayor participación ciudadana.

Con esta acción, señor Presidente de la República, señora y señores Gobernadores, con esta acción abonamos a la transparencia, ya que se vuelven públicos los criterios y procedimientos de evaluación, lo que nos permitirá una mejor rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El último tema, perdón, el penúltimo tema, es la revisión y, en su caso, la adecuación del informe policial homologado.

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las instituciones policiales deben registrar en el Informe Policial Homologado los datos de sus actividades de investigación para realizar un análisis y registro de la información.

Esta actividad permite crear una base de datos de Informe Policial Homologado, que contribuye a sistematizar la información y puede ser de utilidad en las investigaciones.

Sin embargo, se identificó que la extensión y complejidad del formato de este informe policial no es útil en las tareas propias de operación y despliegue policial.

Por esta razón se propone revisar y, en su caso, adecuar el formato de este informe policial único para que cumpla con los fines de investigación en el marco del protocolo nacional de primer respondiente del Sistema de Justicia Penal.

Cuarto y último, es el relacionado a la elaboración de programas de trabajo en el ámbito local, en el ámbito estatal, para el fortalecimiento en las áreas de análisis, estadística, de las instancias de procuración de justicia y seguridad pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública elaboró un diagnóstico por cada entidad federativa que contiene hallazgos en materia de visión y coordinación institucional, marco normativo, procesos, seguridad de sistemas, recursos humanos, infraestructura y recursos materiales.

Es un trabajo realmente muy profesional que debemos sacarle el mayor provecho.

Con este diagnóstico se elaboró un modelo estándar de operación y un análisis por entidad federativa y nos mostró que uno de los retos a los que debemos de hacer frente es el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad.

Es necesario contar con programas de trabajo que establezcan acciones, plazos y metas específicas para poderlos ejecutar en los próximos meses y en los próximos años.

Señor Presidente de la República.

Integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad.

Es cuánto.

Y están a su disposición estas propuestas.

Muchas gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, señor Gobernador.

Conforme a lo expuesto por el señor Gobernador del Estado de México, se someten a la consideración de este Consejo Nacional los siguientes acuerdos:

Primero. La aprobación de la norma para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública del país.

Segundo. La aprobación de la nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública.

Tercero. La revisión y adecuación del Informe Policial Homologado por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

Y cuarto. Que las entidades federativas elaboren los programas de trabajo correspondientes para el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de procuración de justicia y seguridad pública bajo la coordinación y evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Quienes estén a favor de aprobar estos acuerdos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros.

Los acuerdos han sido aprobados.

A continuación, conforme al orden del día, cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

-DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la República.

Señor Presidente de la Suprema Corte.

Presidente de la Cámara de Diputados.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República.

Señora Gobernadora y Gobernadores.

Señoras y señores.

Amigas, amigos de los medios de comunicación.

Hemos sesionado y hemos conocido de muchas de las tareas pendientes aún en materia de seguridad y de varias de las acciones a implementar en la misma.

En esta lógica hemos coincidido también en la necesidad de poner especial atención en el seguimiento de la evolución de la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país.

No hay ninguna duda que ha sido un gran esfuerzo nacional, ha sido un gran esfuerzo realizado por todas y por todos, por la sociedad, por las instituciones, por los medios de comunicación.

Sin embargo, hoy vemos que hay focos amarillos que nos urgen a revisar las nuevas formas de intervención de la policía, los nuevos criterios judiciales, las nuevas medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, y si no cómo le explicamos a la ciudadanía el famoso caso de la llamada puerta giratoria, corremos el riesgo de generar la percepción o que no funciona el sistema o que no estamos trabajando.

No hay duda que debemos revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay que actualizar normas en conflicto con los criterios de la Suprema Corte para evitar impunidad, utilizar las nuevas tecnologías para evitar así la mínima aplicación de la prisión preventiva, y que ésta se vuelva un peligro social.

Todo implica un esfuerzo coordinado de método y, por supuesto, de aplicación de recursos, debemos evitar a toda costa subejercicios en los municipios, debemos ayudar a fortalecer capacidades de respuesta y de coordinación.

Por supuesto, que tenemos varias tareas pendientes en la homologación, aquí ya se han destacado muchas de ellas. Llamo, también, la atención la necesidad de homologar los servicios periciales a nivel nacional.

Estamos a tiempo de evitar que esa alerta amarilla pueda convertirse en un foco rojo.

Hoy quiero, además, proponer dos acciones muy puntuales, dos modelos que pudieran abonar a la consolidación de este Sistema Penal, producto del trabajo coordinado en esta instancia y, por supuesto, con la CONAGO.

Uno. El modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, en lo que deriva de los artículos 105 Fracción 8ª, 164 y 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde se prevé la existencia de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

En esta reforma al citado código publicada el pasado 17 de junio, se detalla que esta autoridad tiene por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado con propósito de que el juez de control cuente con elementos para, si es el caso, decida la medida cautelar diferente a la prisión preventiva, o bien, imponer ésta si existe un riesgo comprobable.

Llevar a cabo el seguimiento de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. En el caso de la autoridad encargada que ésta no fuera una institución de seguridad pública, podrá auxiliarse de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de las funciones.

De acuerdo con el último informe de la SETEC, existen 29 unidades de medidas cautelares con características no homologadas, las cuales debemos revisar y, por supuesto, adecuar para su correcto funcionamiento, así como para tener las correctas evaluaciones de riesgo.

El objeto de esta tarea es proporcionar a las partes información sobre evaluación de riesgo y que la autoridad tenga acceso a sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información, además de contar con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, que se vuelven tan importantes en este momento de la aplicación del nuevo sistema.

El área de evaluación de riesgo debe proporcionar también información sobre evaluaciones correspondientes al imputado y a la suspensión condicional de proceso que se solicitara.

Las entidades federativas y la federación deberán contar con un órgano encargado de estas funciones, así se señala, así se mandata, lo que implica y nos implica necesariamente definir un modelo homologado en cuanto a estructura y operación.

Y punto número dos. Un modelo nacional de policía de seguridad procesal.

El artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la policía procesal es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública en las entidades federativas y tiene, entre sus funciones, realizar traslados de personas procesadas y sentenciadas, prestar seguridad y custodia a las personas privadas de su libertad en los recintos judiciales y cumplir con mandamientos judiciales relacionados con personas sentenciadas y quienes hayan obtenido libertad condicional, además de las que les confieran las otras disposiciones aplicables.

Esta policía es un eslabón fundamental muy importante en la cadena de custodia de las pruebas para los llamados juicios orales, la definición del modelo nacional de policía debe considerar que se establezcan atribuciones y necesidades normativas, estructurales y operativas, que los elementos actúen conforme a derecho, salvaguardando integridad de las partes, que cuenten con elementos tácticos, con capacidades de reacción respecto a los derechos de imputados y garantizar el efectivo manejo y resguardo de indicios.

Además de considerar y eso creemos que vendría a abonar también en esta tarea, el utilizar los medios electrónicos en las audiencias a fin de evitar los traslados de las personas sujetas a proceso en las entidades.

Por eso nosotros hacemos énfasis en esta otra necesidad de homologación, la que tiene que ver con estos puntos muy concretos. Y por supuesto que nos deben llevar a que estos focos amarillos se queden así y pudieran pasar a un mejor panorama en esta aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Es cuánto.

Gracias.

-MTRO. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Muchas gracias, señor Jefe de Gobierno.

En atención a lo expuesto, se somete a su consideración que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad coordinen la elaboración de un modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, y un modelo nacional homologado de policía en funciones de seguridad procesal.  

Quienes estén a favor de aprobar este acuerdo, les pido manifestarlo levantando la mano.

Gracias, señoras y señores Consejeros.

El acuerdo ha sido aprobado.

A continuación, solicito atentamente al señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se sirva dirigir su mensaje como Presidente de este Consejo Nacional y efectúe la declaratoria de los trabajos de esta Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.