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Entre el terrorismo y el narcoterror


El narcoterror, una amenaza al Estado; el PRI impulsa una iniciativa para elevar las penas
Diputados priistas presentaron una iniciativa de ley para elevar las penas contra este delito; pronostican una escalada violenta si el gobierno federal no reconoce el problema
Aurora Vega
Excélsior, 24 de mayo.- Con el fin de frenar el viraje de los cárteles de la droga hacia el terrorismo, el PRI exigió al gobierno federal admitir que “existe la fuerza suficiente en una organización delincuencial como para tratar de atentar contra la existencia misma del Estado”.
El diputado Alfonso Navarrete Prida, integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, afirmó que el hecho de que actos como los granadazos contra inocentes no sean reconocidos como terrorismo por el gobierno federal puede provocar una escalada violenta.
El priista informó que su partido presentó una iniciativa de ley para elevar las penas contra este delito, que se discutirá el próximo periodo de sesiones.
Ayer, Excélsior publicó que de 2007 a 2010 se giraron 52 órdenes de aprehensión por actos terroristas, pese a lo cual la Secretaría de Gobernación no ha reconocido que exista este problema.
En el Senado, el vocero priista, Carlos Jiménez, dijo que los datos difundidos contradicen la postura oficial. El coordinador petista, Ricardo Monreal, se sumó a la exigencia de transparentar la situación que afronta el país.
Impulsan iniciativa contra el terrorismo
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa una iniciativa para castigar con mayor severidad los actos terroristas, como consecuencia de la evolución de las organizaciones criminales que buscan en bases sociales desestabilizar a gobiernos locales y al federal, dijo el diputado Alfonso Navarrete Prida  integrante de la Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas parlamentarias de la Cámara de Diputados.
En entrevista con Excélsior, el legislador precisó que en México el crimen organizado ha modificado su forma de operar, tratando de encontrar en una base social la justificación de sus actos, llevando a cabo hechos que han provocado temor y terror a la población civil; por ello, dijo, buscan que el terrorismo se contemple en todas las formas penales para que no quede impune.
“El crimen organizado está evolucionando hacia nuevas formas de actuación delincuencial, y creo que como legisladores tenemos la obligación de generar los tipos de carácter penal que atiendan esta realidad y esta problemática.
“Hay una iniciativa del PRI que presentó el diputado Arturo Zamora, de Jalisco, que camina en esa dirección y que permitirá al gobierno tener mayor eficacia, porque los castigos son más severos y se contempla el terrorismo en cualquiera de sus formas.”
El diputado priista precisó que este tema será abordado en el próximo periodo de sesiones; sin embargo, advierte que mientras el gobierno federal no reconozca que enfrenta una problemática grave por una evolución delincuencial del crimen organizado, la cual puede llevar a situaciones como la vivida en Perú o en Colombia, de nada sirve la modificación de leyes para darle mayor fortaleza al Estado mexicano.
“En México estamos más encaminados a que las organizaciones criminales tengan cortes como las que hemos visto en otras naciones, como es el caso de Colombia y particularmente como ocurrió en Perú y en algunas otras tierras del continente americano, donde el grupo delincuencial incrustado en una manifestación social evolucionó hacia formas distintas; tenemos a grupos como Sendero Luminoso, FARC, Tupac Amaru entre otros”, indicó Navarrete Prida.
Para el político mexiquense, el hecho de que distintos actos delincuenciales como los llamados coches-bomba, narcobloqueos, ataques a la población civil con granadas no sean reconocidos como actos terroristas por el gobierno federal, puede provocar que los grupos del crimen organizado cada vez escalen más en sus manifestaciones violentas para generar una mayor desestabilización social e ingobernabilidad.
“El hecho de que el gobierno federal reconozca que en nuestro país se han llevado a cabo actos terroristas, es aceptar que  en el país evolucionaron formas delincuenciales hacia una escala diferente. Como segundo término es reconocer que existe la fuerza suficiente en una organización delincuencial, como para tratar de atentar contra la existencia misma del Estado”, afirmó Alfonso Navarrete.
El legislador indicó que cuando las autoridades de Estados Unidos han señalado que en México el crimen organizado ha tomado bases sociales para suplantar las acciones de los gobiernos, los hechos a lo largo de este sexenio, aseguró, han demostrado que las organizaciones criminales han, incluso, financiado a grupos sociales para lograr un objetivo determinado.
“Yo coincido con la funcionaria del gobierno norteamericano que la delincuencia organizada en el país ya ha tenido base social, porque cuando vemos que la delincuencia organizada es capaz de generar narcobloqueos, cuando vemos que la delincuencia organizada es capaz de auspiciar la salida de marchas ciudadanas en las calles, y cuando vemos que hay un líder de los grandes cárteles de la droga que es capaz de citar a uno de los directores de medios de información para darle una agenda mediática que él está generando, lo que estamos viendo es una evolución y una base social”, afirmó Navarrete Prida.
***
La PGR investiga a 52 por actos terroristas entre 2007 y 2010
Contrario a lo que se ha declarado de manera pública, oficialmente existe ese delito en el país; las órdenes de aprehensión incluyen los granadazos en Morelia y los coches bomba en Ciudad Juárez
Nota de Aurora Vega  
Tiene la PGR 18 mil órdenes de aprehensión pendientes
Excélsior, 23 de mayo.- Entre 2007 y 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de jueces federales 52 órdenes de aprehensión por el delito de terrorismo. De acuerdo con el Sistema Único de Mandamientos Judiciales, se han librado 34 de estas órdenes por crímenes cometidos por grupos de delincuencia organizada, como los granadazos en Morelia de 2008 y los coches bomba en Ciudad Juárez del año pasado. El resto (18) ha sido por  actos de grupos subversivos, como los atentados contra ductos de Pemex, en 2007.
La emisión de estas órdenes ha ido en aumento: en 2007 se libraron dos; el año siguiente fueron cinco; para 2009, la cifra pasó a 16, y en 2010 se incrementó a 29.
Estas cifras demuestran que sí hay indagatorias sobre terrorismo en el país, algo que habían rechazado el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el embajador de México en EU, Arturo Sarukhán.
Autoridades buscan a 52 por terrorismo
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo 52 órdenes de aprehensión por el delito de terrorismo por parte de jueces federales en cuatro años.
Estadísticas del Sistema Único de Mandamientos Judiciales (Sumaj) muestran por primera vez el reconocimiento oficial de un delito que a la fecha se había negado en el discurso por cuestiones de seguridad nacional.
El informe oficial detalla las órdenes de aprehensión en dos rubros: actos terroristas de delincuencia organizada y los tipificados en el Código Penal Federal.
La PGR establece en sus estadistas –de diciembre de 2006 a diciembre de 2010– que ha obtenido 34 órdenes de aprehensión por actos terroristas cometidos por grupos de delincuencia organizada.
En el otro rubro precisa que logró la obtención de 18 órdenes de aprehensión tipificadas en el Código Penal Federal, es decir, contra grupos o personas que hayan provocado terror contra la población o autoridades de gobierno con el fin de atentar contra la seguridad nacional, lesionando a una o varias personas o a las instituciones del Estado mexicano.
El Sumaj muestra que hasta 2006 los delitos por terrorismo eran inexistentes en nuestro país, sin embargo a partir del 2007 comenzaron a manifestarse al ser registrados por parte de la delincuencia organizada varios eventos, ya que en ese mismo año la PGR logró la obtención de dos órdenes de aprehensión al lograr acreditar el delito; para diciembre del 2008 obtuvo cinco; para el 2009 la cifra se duplicó a diez y para el 2010 fueron 17 órdenes.
En el rubro de terrorismo basado en el Código Penal Federal, la dependencia muestra que el delito era inexistente hasta el 2009, cuando se obtuvo de un juez seis órdenes de aprehensión, y 12 durante el 2010.
Por este delito la dependencia precisa que el Código Penal Federal basándose en delitos contra la seguridad de la nación consignó hechos cuya pena es prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa.
“Sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias toxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, precisa el código.
La ley señala que la misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.
Las primeras órdenes de aprehensión que la PGR solicitó a un juez federal en 2007 fueron por los hechos perpetrados a seis ductos de Pemex en septiembre de ese año cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó seis explosiones que dañaron instalaciones de la paraestatal para exigir la liberación de dos de sus militantes al afirmar que el gobierno era responsable de su detención y desaparición.
En el 2008 la dependencia federal iniciaría una de la primeras indagatorias por el delito de terrorismo contra grupos de la delincuencia organizada, luego de que presuntamente una célula del grupo delictivo de los Zetas atentó con granadas de fragmentación en contra de la población civil el 15 de septiembre de ese año, lo que ocasionó la muerte de ocho personas y lesionando a seis personas más en Morelia, Michoacán.
De acuerdo con la causa penal 254/2008 hay tres consignados, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada, terrorismo, homicidio agravado, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lesiones calificadas y tentativa de homicidio.
Otro acto considerado terrorista es el ocurrido el 15 de julio del 2010, cuando miembros de el grupo delictivo de La Línea, en represalia por la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, presunto líder operativo,  hizo explotar un coche bomba que causó la muerte de cuatro personas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gobierno federal niega actividad en el país
Las autoridades mexicanas han negado varias veces que en México exista actividad terrorista.
En febrero pasado, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, rechazó un supuesto vínculo entre la red terrorista islámica Al Qaeda y la organización delictiva de Los Zetas en Tamaulipas como días antes lo había asegurado Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
“No hay ningún indicio ni elemento que suponga esa vinculación”, afirmó Blake.
En abril pasado, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, objetó la propuesta del periódico The Dallas Morning News de dar a los cárteles del narcotráfico mexicano el calificativo de terroristas.
“Estas organizaciones delictivas transnacionales que operan en nuestros dos países, no son organizaciones terroristas. Son grupos delictivos muy violentos que están bien estructurados y bien financiados”, corrigió Sarukhán al rotativo en una carta enviada al editor.
En julio de 2010, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, rechazó que la ofensiva del crimen organizado haya llegado en el país a los límites del narcoterrorismo.
Rechazó que se haya llegado a escenarios de narcoterrorismo porque “más allá de los adjetivos, debemos interpretar la realidad”, donde la delincuencia busca abrirse espacios para seguir con sus actividades.
“Para utilizar esos adjetivos (narcoterrorismo) se requieren elementos fundamentales, como la sistematicidad en ese tipo de métodos, que se utiliza como fin en sí mismo para provocar terror.
En tanto, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional informó en 2007 que implementó un plan para que en cinco años fuera reforzada su capacidad para generar inteligencia estratégica que contribuya a detectar, prevenir y neutralizar las amenazas a la Seguridad Nacional, entre ellas, y de manera prioritaria, las provenientes de grupos que realizan actos de terrorismo y sabotaje.
Condena Sarukhan que se etiqueten a los cárteles como terroristas
Excélsior, WASHINGTON, 11 de mayo.- Representantes de los departamentos de Seguridad Interna (DHS) y Justicia de Estados Unidos rechazaron hoy incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas, al argumentar que el país cuenta con leyes suficientes y fuertes penalidades.
'Creo que hay dispuestas suficientes leyes para tratar con el tráfico de drogas', dijo el director de la Oficina de Antiterrorismo del DHS, Grayling Williams, ante el subcomité de Vigilancia, Investigaciones y Administración de la Cámara de Representantes.
Al rechazar la inclusión de los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas propuesta por el presidente del subcomité Michel McCaul, Williams hizo una distinción con otras organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Puntualizó que desde su perspectiva como ex agente federal reconoce que las sentencias en Estados Unidos para crímenes relacionados con el narcotráfico son lo suficientemente fuertes.
'Creo que no lo necesitamos, porque como el señor William dijo, tenemos penalidades muy, muy poderosas aquí en Estados Unidos', indicó por su parte la subjefa de personal y consejera de la División Criminal para el procurador general, Amy Pope.
Destacó sin embargo que si 'necesitamos poder extraditarlos primero a los Estados Unidos de manera que puedan enfrentar la justicia aquí, así como las fuertes penalidades que tenemos ahora'.
A pregunta expresa, Pope explicó los mecanismos que las autoridades estadunidenses utilizan para controlar las operaciones financieras de las organizaciones criminales.
Señaló que primero se cancelan los activos producto de las operaciones de los cárteles de la droga en las instituciones bancarias y en algún punto se levantan cargos por conspiración.
Añadió que la División Criminal recupera el dinero que el Congreso ha invertido en la frontera trabajando en equipo con un grupo mexicano a través de la sección de confiscaciones.
'El único propósito de ese equipo es tener como blanco las finanzas de los cárteles a través de esfuerzos dirigidos a traer aquí casos en contra de individuos y en contra de los bancos', puntualizó.
Mencionó que trabaja conjuntamente con sus socios mexicanos para compartir información de casos en México y otras partes en Centroamérica.
Sobre el tráfico de armas, Pope señaló que el Departamento de Justicia se está enfocando en el endurecimiento de las penalidades por la transferencia ilegal de armas.
'Nuestro objetivo es ir tras las personas que las venden ilegalmente para que nos conduzcan a la organización de traficantes', dijo.
Durante su comparecencia, Williams indicó que se ha comenzado a revisar el 100 por ciento de los embarques por tren hacia el sur en busca de armas ilegales, drogas y efectivo, entre otras medidas.
Indicó que también se ha duplicado el personal de la Fuerza de Tarea para la Seguridad en la Frontera, el número de analistas de inteligencia enfocados en la violencia de los cárteles y que se ha quintuplicado el número de oficiales que trabajan con sus contrapartes mexicanos.
Jgl

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