El general que no advirtió nada…: Velarde Sigüenza

Revista Proceso # 2010, 18 de julio de 2015, pagina 16-17

El general que no advirtió nada/JUAN VELEDÍAZ

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán a través de un túnel que desemboca a medio kilómetro de las instalaciones del cuartel del Octavo Regimiento Mecanizado evidencia las fallas de ese cuerpo castrense comandado por el general David Enrique Velarde Sigüenza, de siniestro currículum. Hasta ahora se desconoce por qué esa unidad fue incapaz de detectar la construcción del pasadizo, pese a que su misión es proporcionar seguridad táctica en el terreno adyacente.

 Al general brigadier David Enrique Velarde Sigüenza, comandante del Octavo Regimiento Mecanizado cuya sede está a medio kilómetro del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, le falló su núcleo de exploradores de las unidades blindadas de reconocimiento, las cuales tienen como misión no sólo proporcionar seguridad táctica en el terreno, sino buscar información de inteligencia.

 Oficial de arma blindada, Velarde Sigüenza está considerado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como el mando militar responsable de la seguridad perimetral de ese centro penitenciario, el cual está resguardado por unidades blindadas estacionadas en el cuartel, disponibles para casos de emergencia. Pero ese protocolo falló y el reo se fugó a través de un túnel de kilómetro y medio de longitud.

 La evasión causó sorpresa, sobre todo porque se dio a menos de un kilómetro de la comandancia del octavo regimiento mecanizado. La salida del túnel estaba en una casa en obra negra rodeada de campos de cultivo y pastizales.

Velarde, quien ascendió al generalato en noviembre de 2012 como parte de la última promoción del sexenio de Felipe Calderón, llegó hace unos meses a Almoloya para hacerse cargo de ese regimiento mecanizado, en sustitución del coronel Francisco Reyes Villalobos.

 Las instalaciones castrenses se convirtieron en regimiento blindado después de que, a finales de 2004, inteligencia militar detectó planes del grupo de desertores del Ejército autodenominados Los Zetas, quienes intentaban asaltar el penal y liberar a su jefe, el líder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén. No pudieron y el capo fue extraditado poco después a Estados Unidos, donde sigue preso.

 El arma blindada, rama en la que se especializó el general Velarde, está considerada la más moderna con que cuentan los ejércitos actuales. Su organización, operación y combate se da en forma exclusiva con vehículos acorazados y potentemente armados, se divide en sección de tanques y rama de reconocimiento.

 Una unidad mecanizada, como la desplegada en Almoloya, está equipada para operar vehículos blindados apoyados por el área de inteligencia, que para este tipo de cuerpos se les denomina núcleo de exploradores. Un núcleo de exploradores está constituido por un pelotón, integrado por 10 o más elementos, cuya labor en primer término es la búsqueda de información de inteligencia en el terreno o área donde operan, explicaron por separado dos oficiales de la Sedena consultados por el reportero.

 La misión de esta unidad es proporcionar seguridad, reconocimiento y defensa antitanque del área perimetral del penal de Almoloya. Como parte del reconocimiento le compete recopilar información de lo que ocurre en los alrededores, lo que no ocurrió, aseguran.

 La construcción del pasadizo, según indicaron los medios de comunicación a partir de la información oficial, se hizo en un periodo de seis a nueve meses. Al conocerse que la salida del túnel está cerca del cuartel, la pregunta sobre por qué los militares no se percataron de la realización de la obra, coloca al general Velarde en el ojo del huracán, debido a que la seguridad del área perimetral del penal forma parte de las órdenes específicas que se le asignaron a la unidad que él dirige desde que se anunció su despliegue en la zona hace varios años.

 Un turbio pasado

 En agosto de 2009, cuando era  jefe de la Policía Judicial Federal Militar, Velarde quedó exhibido cuando irrumpió en las instalaciones de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada en Ojinaga, Chihuahua, al mando de un grupo de soldados para detener a todos los integrantes del cuartel.

 En aquel entonces era coronel, tenía varios años al frente de la corporación castrense, a la que se le encomendó investigar una serie de denuncias de la población civil contra integrantes de aquella unidad por violaciones a los derechos humanos.

 A bordo de un avión C-130 de la Fuerza Aérea, donde viajó con un grupo de agentes de la Judicial Militar y de la Procuraduría de Justicia castrense, el despliegue de su arribo fue aparatoso, según relataron el mayor Alejandro Rodas Cobón, el teniente Gonzalo Huesca Isasi y el cabo Gabriel Roque Bernardino, tres de los 19 militares acusados de tortura y homicidio de tres civiles.

 Los dos oficiales y el cabo denunciaron al hoy general brigadier por tortura y falsedad de acusaciones en un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio pasado (Proceso 2018).

 En el documento se detalla que el entonces coronel Velarde Sigüenza, actual comandante del Octavo Regimiento Mecanizado de Almoloya, armó parte de la acusación contra varios de los integrantes de la Tercera Compañía por medio de un anónimo, el cual supuestamente fue enviado a la Procuraduría de Justicia Militar sin que se explicara cómo llegó ni cuando fue entregado a las autoridades castrenses.

 Las dudas sobre su origen se fundaron en que apareció un mes después de iniciada la investigación, hasta ese momento ninguno de los acusados lo había visto integrado en el expediente de la “simulada investigación ministerial”.

 Velarde fue acusado de torturas para obligar a varios integrantes de la Tercera Compañía a firmar declaraciones elaboradas con antelación, donde se asentaban una serie de historias sobre la presunta desaparición, incineración y asesinato de tres civiles. Las imputaciones contra el hoy brigadier quedaron corroboradas por otras instancias tiempo después.

 Los casos de Gabriel Roque Bernardino y Miguel Ángel Benítez Martínez, dos de los 19 militares detenidos en 2009 por el caso Ojinaga, presentaron secuelas sicológicas por tortura después de que visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentaran en 2011 en el penal militar de Mazatlán, donde se encuentran detenidos, para aplicarles el llamado Protocolo de Estambul, que consiste en investigar y documentar tratos degradantes.

 Al año siguiente, al emitir su informe la CNDH dictaminó que ambos habían quedado con daños severos, por lo que se solicitaba investigar a los probables responsables, encabezados por el coronel Velarde Sigüenza.

 La acusación contra el mayor Rodas, el teniente Huesca Isasi y el cabo Roque Bernardino, autores de la denuncia ante la CIDH, trata sobre el asesinato de Esaú Samaniego Rey, la tortura y muerte de José Heriberto Rojas Lemus y el homicidio de Erik Campos Valenzuela.

 En el primer caso los peritajes sobre los restos que la Policía Judicial Militar presentó como de Samaniego Rey, un conjunto de restos óseos que declararon haber recogido en el desierto, corresponden a “uno o más animales mamíferos de mediano a gran tamaño”. Por lo que la evidencia quedó sin sustento.

 En el caso de Rojas Lemus, los agentes al mando del coronel Velarde presentaron testimonios que se contradijeron en fecha, nombres de los protagonistas, quienes demostraron encontrarse en otro lado en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos.

 “Después de que el agente del Ministerio Público Militar presentó los cargos por homicidio de Rojas Lemus, la Defensa Nacional paralelamente al auto de formal prisión a los inculpados, realizó un procedimiento administrativo, mientras el proceso insistió en que se privó de la vida al civil, en el procedimiento administrativo número 424/2010/CNDH/QM concluyó que Rojas Lemus no fue detenido por personal militar, algo completamente incongruente.”

 De este caso los acusados llamaron la atención que los judiciales militares, por órdenes del coronel Velarde, fueron a un sitio despoblado donde recogieron los supuestos restos de la víctima. Del peritaje se desprendió que “dado las condiciones de conservación en que se encuentran los indicios, específicamente de carbonización parcial o total, opinamos que es muy poco probable que se puedan realizar estudios de identificación genética en dichos huesos y fragmentos óseos”.

 Sobre el caso de Campos Valenzuela, más allá de que la esposa de la víctima no ratificó la denuncia sobre su detención, las contradicciones en la forma y fondo del caso exhibieron la forma de operar de los agentes al mando del coronel Velarde.

 En su denuncia ante la CIDH, señalan que solicitaron a la PGR y a la fiscalía del estado de Chihuahua información respecto a denuncias por la supuesta detención y desaparición de esta persona. La respuesta fue que no existían expedientes hasta julio de 2011.

 De los supuestos restos que la judicial militar presentó como los de la víctima, los peritajes concluyeron que “es poco probable que se puedan realizar estudios genéticos”.

 El “armado” de estos casos, más la secuela de tortura contra dos de los detenidos, forman parte de la denuncia ante la CIDH contra varios mandos militares, entre los que se encuentra el general Velarde Sigüenza, actual comandante del Octavo Regimiento Mecanizado, en cuyas inmediaciones del cuartel desembocó el túnel por donde se fugó El Chapo.