Primera reunión de la Comisión con Segob

La Comisión de Mediación, propuesta por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), anunció el inicio de las negociaciones con el gobierno federal.

En un comunicado, la Comisión informó que tras reunirse con el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Abraham González, "se reiteró la voluntad de persistir y avanzar en el empeño de conseguir acuerdos". "Acordamos continuar el esfuerzo de búsqueda de caminos, para obtener resultados positivos y con ese fin nos reuniremos de nueva cuenta en la sede la Secretaría de Gobernación el martes 20 de mayo, a partir de las 18:00 horas".
Los comisionados precisaron que el encuentro tuvo como propósito establecer los primeros contactos en relación con el tema de consensuar procedimientos y mecanismos para el logro de los propósitos de mediación.
Carlos Montemayor indicó que en principio llegaron a algunos acuerdos de orden procedimental, pues era necesario aclarar algunas posibilidades de acercamiento, como son las sedes de reunión y la periodicidad.

Más tarde, Gobernación informó del encuentro con "ciudadanos" que integran la Comisión de Intermediación, mediante el siguiente comunicado:

D. F., a 13 de mayo de 2008 Boletín No.125-13/05/2008
La Secretaría de Gobernación informa que el día de hoy, una delegación de funcionarios de esta dependencia se reunió con los ciudadanos Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García en las instalaciones de SERAPAZ, con el propósito de establecer los primeros contactos para consensuar procedimientos y mecanismos para lograr un diálogo entre el Gobierno Federal y el llamado PDPR-EPR.
Durante la reunión, se acordó continuar el esfuerzo de búsqueda de caminos para obtener resultados positivos y con ese fin se sostendrá una nueva reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación, el martes 20 de mayo a partir de las dieciocho horas.
Se reiteró la voluntad de persistir y avanzar en el empeño de conseguir acuerdos.
La delegación de la Secretaría de Gobernación estuvo encabezada por el Subsecretario de Gobierno, Abraham González, y contó con la participación del Comisionado para el Desarrollo Político, Alejandro Poiré.

Los extraditables de Colombia

Editorial de El Tiempo, Mayo 13 de 2008

¡Se fueron!

Las imágenes de los 14 hombres de la cúpula paramilitar que sembraron el terror en vastas regiones de Colombia, cargados de cadenas subiendo la escalerilla de un avión de la DEA, serán sin duda de las más memorables entre las muchas del conflicto armado colombiano. Ver a Mancuso, 'don Berna', 'Jorge 40', 'Gordo Lindo' y otros jefes de las autodefensas extraditados a Estados Unidos es uno de esos actos del presidente Álvaro Uribe tan potentes e impredecibles como definitivos.

Los motivos citados por Uribe para adoptar la sorpresiva y drástica medida son el cúmulo de incuplimientos de los compromisos de los desmovilizados comandantes de las autodefensas adquirieron cuando aceptaron someterse a la Ley de Justicia y Paz y por cuenta de los cuales sus extradiciones estaban en suspenso. Según el gobierno había evidencia de que seguían delinquiendo desde prisión por medio de retaguardias que dejaron activas y estaban burlando a la Justicia a la hora de confesar sus crímenes y entregar sus propiedades, un proceso que llevaban a cabo a ritmo de cuentagotas. La medida despeja dudas con respecto a supuestos pactos secretos entre Uribe y los jefes paramilitares, de los que mucho se habló cuando se inició la desmovilización, pero abre al mismo tiempo interrogantes sobre aspectos centrales del proceso de Justicia y Paz, como son los de la verdad y la reparación de las víctimas.

De lo que no cabe duda es de que la medida fue bien recibida por todos los colombianos que cuestionaban que los autores de atroces crímenes y matanzas no recibieran adecuado castigo (por la Ley de Justicia y Paz habrían salido en 3 o 4 años). Aunque no sea por violación de derechos humanos, sino por narcotráfico, que es el delito que más interesa a E.U., lo previsible es que los jefes 'paras' sean condenados a largas penas en prisiones donde les resultará imposible seguir conspirando, amenazando y delinquiendo.

La medida también es un duro golpe a la estructura paramilitar, sobre la cual ejercían notoria influencia. Todo lo cual no oculta, a su vez, que esta extradición masiva revela un enorme fracaso del proceso de Justicia y Paz en lo que se refiere a los grandes jefes paramilitares. Para no hablar de la inoperancia de las cárceles, desde donde continuaban delinquiendo.

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No deja de ser un tanto incoherente que quienes antes denunciaban que Uribe no extraditaba a los jefes paramilitares por los compromisos que había adquirido con ellos, ahora lo cuestionen por hacerlo y hablen de una cortina de humo para tapar el escándalo de la 'parapolítica' y el caso Yidis. Pero, más allá de los opositores de oficio que le dan palo a Uribe porque boga o porque no boga, hay temas que inquietan. Es explicable la preocupación de las víctimas con respecto a que, con los principales jefes de las Auc en Estados Unidos, no se conozca plenamente la verdad de los innumerables crímenes que cometieron, ni haya la debida reparación.

La justicia gringa se interesa más en kilos de cocaína que en motosierras y palabras como parapolítica o reparación apenas si le preocupan, en el marco de los procesos por narcotráfico que motivaron esta extradición.

El Presidente y el Fiscal General han dicho que recibieron garantías de Washington de que fiscales del país podrán viajar a Estados Unidos e interrogar allí a los extraditados de manera amplia. Entre otras cosas, para que cuenten quiénes fueron sus cómplices en distintos sectores de la sociedad, en especial en la política. También confían en que los bienes y dineros que entreguen a la justicia norteamericana con el propósito de reducir sus penas sirvan para resarcir a las víctimas del paramilitarismo.

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Pero del dicho al hecho hay largo trecho. Más allá de las intenciones del gobierno colombiano e, incluso, de sus acuerdos con su homólogo de E.U., los jefes paramilitares quedan ahora a disposición de jueces que se caracterizan por su independencia constitucional, y a los que el Departamento de Justicia apenas si puede hacer 'sugerencias'. Y no hay que olvidar que los mecanismos de cooperación judicial de Estados Unidos con Colombia son lentos, complicados y a veces simplemente inoperantes. Para no ir lejos, en el caso de Chiquita Brands, la multinacional bananera acordó hace más de un año con el Departamento de Justicia de E.U. pagar una multa de 25 millones de dólares por entregar 1,7 millones a los 'paras' en Urabá. Pero la Fiscalía colombiana no ha conseguido que le envíen los datos que necesita para procesar a los ejecutivos de E.U. involucrados, con lo que el proceso, aquí, podría precluir. Y de los 25 millones de la multa, las víctimas en Colombia no han visto un solo dólar.

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Tanto el Gobierno como la Fiscalía deben realizar los mayores esfuerzos para que lo acordado con Washington no se quede en el papel. Además, deben aprovechar que estos personajes ya no están en Colombia en posición de perturbar la tarea de la Justicia, para quitarles de manera pronta y efectiva sus bienes y utilizarlos también para la reparación de las víctimas. Sólo si las autoridades colombianas tienen éxito en estas tareas, y si además los herederos de estos personajes también son perseguidos, podrá decirse que la decisión de extraditar a los 14 líderes de las Auc, que en principio camina en la dirección correcta, llegará a ser todo lo efectiva que exige el enorme daño que ellos le hicieron al país.editorial@eltiempo.com.co

Los extraditables de Colombia

ANÁLISIS Revista SEMANA On line.

¿Por qué el gobierno tomó la súbita decisión?
La extradición masiva no herirá de muerte los procesos de Justicia y Paz ni de parapolítica, pero sí se puede obstaculizar la verdad que empieza a aflorar.
SEMANA ON LINE Fecha: 05/13/2008 - La primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz. Y por la misma razón el primer efecto práctico de la extradición de los 14 paramilitares es que dejarán de delinquir en Colombia. Y en ese sentido hay aplauso general al presidente Álvaro Uribe. No deja de resultar paradójico, sin embargo, que el gobierno de la Seguridad Democrática, que se precia de tener control sobre todo el territorio nacional, revele con esta medida que no era capaz de controlar a estos jefes en las propias cárceles. Pero ese no fue el único motivo. Dijo el presidente Uribe en su alocución que también consideraba que los ex jefes paramilitares no habían colaborado en nada con la reparación a las víctimas, pues habían sido reacios a entregar bienes y a revelar sus testaferros.

En efecto, los avances en esa materia han sido muy escasos. La otra razón que adujo el Presidente fue el hecho de que no estaban contando la verdad o la estaban contando distorsionada, salpicando inocentes y culpables a la vez.
Es también realista decir que no todos estaban colaborando con la justicia. El proceso de Justicia y Paz, creado a partir de una controvertida ley aprobada hace tres años, cojeaba en muchos aspectos y uno de ellos era la poca colaboración de algunos jefes paramilitares. A pesar del esfuerzo casi titánico de la Fiscalía por hacerlo avanzar (ya van alrededor de 1.300 versiones libres recibidas y más de 5.000 hechos delictivos esclarecidos en esas audiencias), muchos de los jefes ahora extraditados duraron meses echando discursos vacíos, tratando de justificar sus crímenes atroces, e intentaron contar la menor verdad posible. También sabe la opinión pública que no todos los que quedaron finalmente cobijados bajo Justicia y Paz eran realmente jefes paramilitares. Personajes como Manuel Torregrosa (vinculado al narcotráfico en el Magdalena y Guajira) y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, era narcos pura sangre y la Fiscalía siempre consideró que al postularlos en Justicia y Paz, el gobierno les metió un embuchado. Por eso estos narcos no podían colaborar con el esclarecimiento de la verdad del paramilitarismo en Colombia ¿Cómo podrían si nunca pertenecieron a este? Y la otra paradoja: para qué el gobierno los postuló a Justicia y Paz, a sabiendas que eran narcos, y ahora en cambio ordena extraditarlos? Que siguieron delinquiendo, que no estaban colaborando con justicia y paz, que no estaban entregando bienes, que estaban contando verdades manipuladas… todas son razones valederas.

La pregunta que surge es si todo esto venía pasando desde hace meses ¿por qué hasta ahora, en pleno escándalo de la parapolítica, decidió el Presidente tomar esta sorpresiva y radical medida? Una razón puede ser simplemente que el gobierno no pudo controlar más sus actividades delictivas, que estas se salieron de madre y la decisión tenía que ser tajante. La segunda, que era una manera de poner distancia con el paramilitarismo, justo después de que los voceros oficiales propusieran disolver el uribismo, hoy tan manchado por posibles vínculos con paramilitares. La paraextradición masiva lanza el mensaje de que el Presidente nada les debe y tampoco les teme. La tercera razón es más suspicaz. De un solo golpe maestro, el gobierno mata varios pájaros: los que siguen delinquiendo, los que pudieron tener vínculos demasiado cercanos con uribistas connotados y los que querían ahora sí hablar. El caso que deja más dudas es el de Jorge 40, quien había anunciado hacía dos o tres semanas, que en su siguiente versión libre iba a contar lo que sabía sobre crímenes a sindicalistas, a indígenas y sobre masacres. Algo similar estaba pasando con Don Berna, que sólo en las últimas semanas había empezado a colaborar.

¿Se acaban la parapolítica y la Justicia y Paz?

A primera hora de la mañana se oyeron voces en el sentido de que con la masiva extradición se le ponía un freno significativo al proceso de la parapolítica que ya tiene a 67 congresistas investigados y a 31 de ellos en la cárcel. También que la verdad que estaba conduciendo a las víctimas a encontrar a sus seres queridos y a conocer por qué los mataron y dónde estaban, quedará truncada y el valioso proceso abortado prematuramente. Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos salieron a decir que el proceso con los paramilitares no se iba a truncar porque Estados Unidos prestaría total colaboración para que se siga el proceso de Justicia y Paz; es decir, los fiscales podrán viajar a Estados Unidos a escuchar sus versiones libres, y si entregan o les decomisan bienes estos irán a dar al Fondo de Reparación de víctimas. En este caso, del dicho al hecho habrá trecho.

Los costos de seguir con las audiencias, y luego con el juicio, serían altísimos, y salvo que Estados Unidos resuelva asumirlos en su totalidad, no se ve cómo se van a solventar. Hoy la Fiscalía se ve a gatas para conseguir el dinero para transmitir una audiencia en Medellín vía microondas a un salón de víctimas que está en Caucasia. Tampoco es fácil reproducir a la distancia y con fiscales estadounidenses, la dinámica que se estaba dando en el proceso colombiano en la cual, por el enorme conocimiento de cada bloque que tenían los fiscales y por la presencia física de las víctimas en las audiencias, los acusados terminaban contando más de lo que estaba en sus planes. Y eso que hasta ahora la mayoría estaba en versiones libres. Era de esperar que en la etapa de juicio contaran bastante más. El incentivo central de la Ley de Justicia y Paz, salir libres en corto tiempo, pierde ahora gran parte de su eficacia. Ya no saldrán libres sino después de muchos años. ¿Entonces para qué colaborar con la justicia? Con todo y eso, los 15 que extraditaron, incluyendo a Macaco, no van a hacer tan grande diferencia. Falta aún recibirles en versión libre las confesiones a 2.000 desmovilizados, y falta también finalizar el proceso con los otros 1200 que ya han dado sus versiones libres. Por eso la búsqueda de fosas continuará (los que en realidad tienen la información son los mandos medios), la gran mayoría de las audiencias podrán continuar y la reparación –que es lo más débil del proceso — no cambiará demasiado para mal o para bien. Es decir, el proceso de Justicia y Paz continuará tal vez ni mejor ni peor, sino con las fallas con las que nació. Se trató de un proceso de dejación de armas, con el único interés de bajarle la fiebre a la violencia que producía una federación de autodefensas y se logró reducir el número de masacres y desactivar el poderoso cartel de la muerte de las Auc. Pero en términos de desmotar las máquinas delictivas detrás de estos personajes se fracasó, y el gobierno ahora tuvo que darse por vencido y entregar a casi todos los principales jefes con los que firmó el acuerdo de paz de Ralito a que sean juzgados por Estados Unidos.

SEMANA dialogó con fuentes de la Fiscalía y de la Corte Suprema para determinar el impacto que la extradición puede tener sobre los procesos de parapolítica, y en ambos organismos consideran que la extradición no trunca lo que están adelantando. En el caso de la Corte, por ejemplo, los paramilitares extraditados ya han dado sus respectivas versiones sobre los políticos. Y cualquier otra declaración podría tomarse en Estados Unidos, tal y como se ha hecho con testigos como ‘Pitirri’, el primer ‘ventilador’ de la parapolítica, a quien los magistrados visitan en Canadá para ampliar su declaración. Lo que sí deja al descubierto la masiva extradición es la verdad de este proceso: el Gobierno al extraditarlos de cierta manera admite que no se negoció con paramilitares que actuaban en comunidades agobiadas por la guerrilla, sino con narcotraficantes que armaron sus ejércitos para su beneficio particular. Con el agravante, además, de que en la mesa de negociación no se trató para nada el tema del narcotráfico.
LA PARAEXTRADICIÓN
Así se ganaron el pasaje a Estados Unidos
Los 14 extraditados le pusieron trampas a la verdad y casi no contribuyeron a la reparación.
SEMANA O LINE Fecha: 05/13/2008 - No todos los 14 extraditados estaban cumpliendo el mismo papel en el proceso de Justicia y Paz, que les permitía, si colaboraban con la verdad, la justicia y la reparación, obtener una pena alternativa de apenas 8 años, así hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

Manucuso ayudó a esclarecer más de 800 hechos delictivos que había estado en total impunidad. También dio la orden a sus subalternos en el Catatumbo, que contribuyeran a encontrar la fosas donde habían enterrado a las víctimas. Don Berna, el hombre que llegó a dominar los bajos mundos de Medellín y parte de Antioquia, que realmente no había colaborado en nada por más de un año, hace dos meses empezó a dar información que ha dado con el hallazgo de 300 desaparecidos y había prometido seguir contando. Hernán Giraldo, el ex jefe paramilitar de la zona de Sierra Nevada de Santa Marta y alrededores, está siendo extraditado con cuatro de quienes fueron sus lugartenientes: Nodier Giraldo, Eduardo Bengoechea, Edwin Gómez Luna y Martín Peñaranda. Giraldo que había llegado a Justicia y Paz con un libreto aprendido para no confesar nada, terminó entre él y sus hombres, revelando a dónde fueron a parar 246 desaparecidos. Jorge 40, alcanzó a confesar 528 crímenes. Y aunque por meses contribuyó muy poco a la verdad, hace unas semanas había empezado a cambiar y su abogado había pedido anunciado que en la sigueinte audiencia iba a contar en detalle sobre masacres y crímenes a sindicalistas y a indígenas. Es imposible saber si cumpliría lo prometido. Los otros jefes, como po ejemplo, Manuel Torregrosa, Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, eran más narcos que paras, y en nada había colaborado. Tanto así que la misma Fiscalía había pedido que los excluyeran de Justicia y Paz. De todos modos, la colaboración de estos jefes había sido bastante accidentada y muy poco voluntaria.

Lo que terminaron confesando o esclareciendo, tuvo mucho que ver con la presión de los fiscales de Justicia y Paz, la presencia implacable de las víctimas ahí en la sala de al lado en cada audiencia exigiendo respuestas. También tuvo que ver con las confesiones que fueron haciendo sus subalternos, que en general han contribuido más con la verdad que los grandes jefes. Porque es innegable que le pusieron trampas a la verdad.

Veámos cómo:

1. En las primeras versiones libres los jefes paramilitares se comportaron como en un programa de farándula al que iban a dar grandes discursos políticos sobre las autodefensas. Se tomaron meses justificando sus crímenes, y haciéndole el vacío a las víctimas que reclamaban la verdad sobre sus muertos, sus desaparecidos y los bienes de los que habían sido despojados. Como si fuera poco, aplazaron cuantas veces quisieron las versiones libres, y algunas llevaban 2 años sin arrojar resultados satisfactorios en verdad.

2. Hicieron un manejo selectivo de la información que entregaron. En el caso de Salvatore Mancuso, por ejemplo, la información sobre la para-política fue entregada a cuentagotas y con un astuto cálculo para beneficiar a unos y perjudicar a otros, según su propia conveniencia. Otro de los jefes paramilitares que más tuvo que ver en política regional fue Jorge 40, quien se había negado sistemáticamente a contar lo ocurrido en este tema. Por eso el proceso que cursa en la Corte contra los congresistas cómplices de los paramilitares no sufrirá mayores traumatismos.
3. La información concreta sobre fosas comunes, que es uno de los grandes puntos positivos del proceso, pues ha permitido el hallazgo de 900 cuerpos de personas desaparecidas, la han brindado sobre todo mandos medios. Sin embargo, Hernán Hernández “H.H” y Rodrigo Pérez Alzate “Julián Bolívar” han hecho una entrega masiva. Diego Murillo “Don Berna” había comenzado a entregar fosas en las últimas audiencias. Y Hernán Giraldo, ex jefe de paramilitar de la zona de la Sierra Nevada que será extraditado con cuatro de sus lugartenientes, también contribuyó a que se encontraran fosas y a esclerecer crímenes.

4. Si bien algunos de los jefes paras dieron la orden a quienes fueron sus subalternos de colaborar con la justicia (como es el caso de Mancuso con sus homnbre en el Catatumbo) que llevaron a esclarecer muchísimos crímenes que estaban en la impunidad absoluta. No obstante otros no habían colaborado en lo más mínimo, como el Tuso Sierra y Manuel Enrique Torregrosa, que la misma Fiscalía había pedido excluirlos de Justicia y Paz. El peor conejo se lo pusieron a la reparación...Ni al momento de la desmovilización, ni a lo largo de las versiones libres, los jefes paramilitares mostraron voluntad de entregar los bienes que obtuvieron de su actividad como narcotraficantes y como defraudadores del Estado.

1. Los jefes paramilitares se burlaron de la reparación. Durante el proceso de negociación y mientras dilataban las versiones libres, existen evidencias de que lavaron gran cantidad de bienes, para no entregarlos a la justicia.

2. La entrega de bienes fue precaria. Hasta hace un mes Acción Social, que maneja el fondo de reparación, sólo había recibido bienes avaluados en 9.000 millones de pesos. Fincas que ya estaban en extinción de dominio, que habían sido robadas a las víctimas y por tanto son objeto de restitución a sus dueños originales, o bienes con gran cantidad de problemas jurídicos como deudas de impuestos.

3. Hicieron entrega de chécheres inservibles como un televisor viejo, ropa, motores destartalados, y helicópteros cuya recuperación es más cara que su venta como chatarra.

4. La justicia nunca pudo establecer la cantidad de bienes que tenían estos jefes ni la magnitud de sus redes de testaferrato. Dos fenómenos surgieron con la dinámica misma del Proceso de Justicia y Paz, la presión de los fiscales sobre los acusados, y la continua consulta de los subalternos con quienes fueron sus jefes como guía de sus propias versiones libres. Los dos se cortan de tajo con la decisión de la extradición.

Es imposible predecir hasta dónde esto afectará el Proceso de Justicia y Paz. Algunos que empezaban a confesar, quién sabe si seguirán haciéndolo ya presos en Estados Unidos y sin el incentivo de una pena corta en prisión. Otros, por el contrario querrán asegurarse de que luego de que cumplan con la justicia estadounidense no quieren que les espere otra larga pena en Colombia.

El extraditado Macaco, por ejemplo, envió en estos días una carta a quienes fueron de su Bloque central Bolívar para que sigan colaborando con Justicia y Paz y cuenten todo lo que saben. Cómo siguieron delinquiendo Desde que comenzaron las negociaciones en Santa Fé de Ralito, Córdoba, los jefes paramilitares desmovilizados utilizaron las zona de concentración para continuar con sus negocios ilegales: tráfico de drogas, lavado de dinero, manejos de prostitución y sobornos a la Fuerza Pública. Así lo denunció SEMANA hace un año. Otro episodio grave que indicaría que los jefes paras continuaban en sus andanzas criminales lo protagonizó Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, acusado del crimen del diputado de Córdoba Orlando Benítez en abril del 2005. El Gobierno encontró sospechas tan graves de la responsabilidad de Don Berna que suspendió las negociaciones en Ralito y ordenó su detención. Don Berna se entregó a la policía y luego fue trasladado a prisión. Entre tanto sus compañeros fueron ubicados en la sede de un antiguo centro vacacional en La Ceja, Antioquia, conocido como Prosocial. De allí fueron sacados sorpresivamente en otro operativo relámpago por graves sospechas de que desde allí despachaban y continuaban al frente de sus empresas criminales. Fue así que Don Berna y sus pares se reencontraron en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí. En mayo del año, cuando los principales jefes paras estaban recluidos allí, SEMANA reveló escandalosas comunicaciones en donde se evidenciaba cómo desde esa prisión, 17 de éstos jefes ordenaban asesinatos, extorsionaban, coordinaban sus negocios narcotráfico y hasta dirigían el rearme de los llamados grupos emergentes. Para adelantar estas acciones paramilitares como Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, contaban con celulares e internet dentro de la prisión que les permitía mantener una comunicación fluida con sus hombres de confianza. “Todo el mundo sabe que el que no venda la mercancía blanca a 22 , (2.200.000 pesos) se calienta. Usted sabe cómo es, ellos son blancos y entre blancos se entienden”, dice Mancuso en una llamada donde con su hombre de confianza la compra y venta de cocaína.

Otro subalterno en libertad conocido como ‘Goyo’, del Frente Elmer Cárdenas liderado por ‘El Alemán’ habla e imparte la orden de desenterrar los fusiles que no entregaron cuando se desmovilizaron y dicen que hay que seguir con el dominio de barrios y pueblos enteros que no están dispuestos a perder. “Usted sabe que ahí tenemos varias escopeticas de esas de repetición. Es que uno se azara pa’ meterlas por ahí, hay que tenerlas guardadas”. En el mismo informe también se reveló una llamada de la directora de la cárcel Yolanda Rodríguez en donde ésta muestra sus desespero por el descontrol que se vive en la prisión “Esto cada día se está poniendo peor. Aquí cambian de orden todos los días. Yo aquí digo que no y entonces ahí mismo llaman al director general, al Comisionado, al Ministro y si no, al Presidente”, dice la funcionaria en la llamada. También se revelaron las componendas y los negocios que los jefes desmovilizados tenían con políticos, hoy involucrados con el escándalo de la parapolítica. En unas conversaciones telefónicas que les grabaron las autoridades se encontró cómo alcaldes, gobernadores, congresistas acordaban con ellos contratos de salud pública, pactos de elecciones, entre otros. En febrero pasado la prisión de Itaguí produjo otro escándalo cuando una comisión del Inpec hizo un operativo sorpresa y halló una pistola, una granada y 9.5 millones de pesos en la zona donde estaban recluidos los jefes paras. Las primeros indicios indicaron que el armamento y el dinero pertenecía a ‘Ernesto Báez’, más adelante se conoció un comunicado unánime donde todos admitieron que el dinero pertenecía a un fondo común y negaron responsabilidad sobre las armas encontradas. Estos episodios y el discreto avance en las confesiones y la entrega de bienes en el proceso de Justicia y Paz indicaban que los jefes paras tenía otras intenciones prioritarias más allá de colaborar con la justicia. Hace apenas una semana el director de la Dijin, Coronel Cesar Augusto Pinzón, informó que avanzaba en una investigación especial a los desmovilizados que posiblemente seguían delinquiendo desde las cárceles del país. Es muy probable que los hallazgos del coronel Pinzón hayan sido la gota que colmó la paciencia del gobierno y lo llevó a tomar la decisión de extraditar súbita y masivamente a 14 de los más temidos jefes paramilitares.

Las computadoras de las FARC

Expertos en sistemas informáticos de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador cuestionaron la metodología aplicada por la Interpol para el análisis de los computadores.

Los expertos Wilson Freire, Carlos Montenegro y Enrique Mafla dudan, incluso, de la existencia de esos computadores.

"Si se supone que la Interpol hizo un análisis técnico de la situación, nunca pudo, de antemano, permitir que el Gobierno colombiano manipule los computadores", dijo Montenegro, al asegurar que para tener valor de prueba debieron ser "sellados inmediatamente".
A tenor de los documentos difundidos por el Gobierno de Bogotá tras la incursión militar, Montenegro presume que hubo "manipulación", pues Colombia "entregaba información al estilo telenovela: un día entregaba una cosa, otro día otra cosa".
Para Freire ello determina que hay serias presunciones de que no se respetó "la cadena de custodia", pues el Gobierno de Colombia entregó a Ecuador supuestos documentos de esos ordenadores que, si existieron, debieron estar sellados, dijo.
Los técnicos reiteraron que el informe de la Interpol "no va a ser tan creíble porque (...) no se siguió el protocolo estricto para mantener la cadena de custodia".
Los técnicos pidieron que les entreguen una "copia fiel de los supuestos discos duros para hacer un análisis" e incluso ofrecen un estudio minucioso de contenidos.
"¿Quién asegura que los computadores, si existieron, fueron de Reyes?", señaló Montenegro al anotar que los ciudadanos mexicanos que estaban en el campamento por supuestas razones académicas, pudieron también llevar ordenadores portátiles.
Por ello, los técnicos también creen necesario que las oficinas de aduanas informen sobre el material con el que llegaron los mexicanos a Ecuador.
Por su parte, Enrique Mafla, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Politécnica Nacional, pidió que se ejerza una especie de "presión ciudadana y cívica" para tener acceso al informe de la Interpol con los anexos respectivos.
Con esos documentos, los expertos de la Politécnica pretenden "replicar" el informe de la Interpol y ofrecen un estudio de todo el material en dos meses.

Masacre en el computador
La última revelación del portátil de Raúl Reyes es que las Farc mataron a seis venezolanos en Venezuela y Hugo Chávez se puso de acuerdo con esa guerrilla para ocultarlo y echarles la culpa a los paramilitares.
Revista SEMANA; Fecha: 05/10/2008 -1358

Semana tuvo acceso a varios correos electrónicos que intercambiaron el 23 de septiembre de 2004 Iván Márquez, el ‘Mono Jojoy’, Rodrigo Granda y el abatido Raúl Reyes. En las comunicaciones los jefes guerrilleros no hablaron sino de un tema que los tenía profundamente preocupados: la masacre de Apure.
El caso al que se refieren ocurrió el 17 de septiembre de 2004, a las 10:30 de la mañana, cuando un grupo de militares de la Guardia Nacional que escoltaba a ingenieros de Pdvsa (la empresa venezolana de petróleos) fue emboscado cerca de la población de La Charca, en el estado Apure. Cinco uniformados y una ingeniera murieron. La masacre causó gran consternación en Venezuela. El presidente Hugo Chávez, gran parte de su gabinete y su ministro de Defensa de ese entonces, general Jorge García Carneiro, se apresuraron a decir públicamente que la masacre había sido perpetrada por paramilitares colombianos . “No sólo se conformaron con dispararles, sino que remataron a los heridos y eso es lo que hace presumir que el grupo que más se identifica con este tipo de operaciones son paramilitares-narcotraficantes que están en el área”, dijo el general García Carneiro en un comunicado el 19 de septiembre. En los días siguientes algunos medios venezolanos afirmaron que los testimonios de los habitantes de la zona indicaban que los responsables habían sido guerrilleros de las Farc y no paramilitares. Luego, el gobierno de Chávez le restó importancia a esa información y aunque anunció exhaustivas investigaciones y castigo a los responsables, el grave incidente quedó en el olvido hasta hoy. Sin embargo, los correos de las Farc encontrados en el computador de Reyes revelan una cosa distinta.
“Hay que ofrecer disculpas por lo sucedido”
A los seis días de la masacre, en un primer correo, Reyes le comentó a ‘Jojoy’ que los militares venezolanos tienen suficientes pruebas de que los responsables de la masacre fueron las Farc y que es mejor aceptar la responsabilidad. Le dice también que hay que aprovechar la reunión del jefe de la Dirección de Inteligencia Militar venezolana (DIM), general Hugo Carvajal, con Iván Márquez para disculparse con el gobierno venezolano. “El incidente desafortunado con los venezolanos ha creado dificultades en nuestras relaciones político diplomáticas.
Aunque el propio Chávez se ha mantenido cauto en sindicaciones contra las Farc, sí poseen muchas evidencias de nuestra responsabilidad en los hechos luctuosos. Ante esta situación lo mejor es asumir nuestra responsabilidad, buscando darle un manejo político que evite mayores dificultades y permita encontrar correctivos que eviten la repetición de estos hechos de nuestra parte contra ellos y de sus tropas contra nuestros camaradas. Nos favorece que algunos militares de Chávez anteriormente cometieron sus errores con los nuestros en el Bloque Caribe. Como el general Carvajal tiene un viaje proyectado donde Iván, creo es el momento de hablar a nivel de Secretariado con este hombre sobre los inconvenientes que se presentan en la frontera, darle nuestras condolencias y ofrecer disculpas por lo sucedido y proponer una coordinación de sus tropas con las nuestras a nivel de los tres bloques con fronteras con ellos. Es todo. Un abrazo, Raúl”.
“El presidente Chávez está molesto, pero quiere darle a esto un tratamiento político y prudente”
En los correos se nota la desesperación de los jefes guerrilleros por aclarar la masacre de Apure. El mismo 23 de septiembre de 2004 Rodrigo Granda le escribe a Raúl Reyes y a Iván Márquez.
“... busqué conversar con el general Hugo Carvajal, actual jefe del DIM, y con Amín. El primero andaba en una serie de reuniones con sus demás colegas ya que le toca coordinar la Inteligencia de todas las instituciones del Estado, y el segundo al parecer se había desplazado al área de los acontecimientos a recabar información.
Hasta el día sábado se logró la entrevista con Amín. Expuso: tenemos información confirmada, que se trató de una acción del Décimo Frente, dirigida por Ismael o Israel. El jefe, refiriéndose a Chávez, está indignado y exige una explicación detallada de lo ocurrido. Los militares venezolanos no se van a quedar con estas. La situación puede complicarse mucho, porque se van a tomar medidas drásticas que van a perjudicar incluso a los colombianos que viven en la frontera, restringiendo sus movimientos y seguramente habrá operaciones en toda la frontera contra ustedes. Se está desbaratando todo un trabajo que habíamos construido...” .
En el mismo correo, Granda continúa relatándole a Reyes y a Márquez su conversación con Amín (al parecer un funcionario venezolano), quien le dice que el presidente Chávez quiere que el director de Inteligencia Militar (DIM) y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) se reúnan con un miembro del Secretariado.
“Amín me dijo: necesito que viajemos a reunirnos, hoy mismo con la gente del Décimo para aclarar las cosas. Yo tengo el contacto.. El jefe, Chávez, ha pedido hacer una reunión de un integrante del Secretariado con los jefes del DIM y la Disip. ¿Quién sería la persona? ¿Iván es el hombre de mayor rango que está cerca? Yo voy por él y lo traigo para efectuar la reunión”…
Yo le pregunté qué hacía la comisión en el área. Me dijo: estaban en territorio venezolano, cumpliendo tareas relacionadas con Pdvsa... al parecer había una comisión del ejército venezolano a las orillas del río, cuando observaron que bajaba una lancha abrieron fuego sobre ella y se produjo un breve intercambio de disparos, pero se reconocieron rápido y cesó el enfrentamiento. La lancha continuó río abajo y los compañeros (del Décimo Frente) que estaban en una posición ventajosa y un sitio alto abrieron fuego contra la misma embarcación”.
“Le respondí que no tenía ninguna información. Que me preocupaba la forma como los medios estaban manejando la situación y que este acontecimiento, desafortunado, el cual lamentábamos profundamente iba a ser aprovechado por la derecha de ambos países y los gringos para complicarnos las cosas. Que si había plenas garantías era posible que Iván se moviera para una entrevista con Chávez. Que el episodio demostraba la falta de coordinación en la cual veníamos insistiendo de tiempo atrás. Que recordara cómo también, recientemente, habíamos puesto muertos y tampoco se nos había dado respuesta a las inquietudes de lo que había ocurrido. Que las muertes dolían con igual intensidad al tratarse de hermanos bolivarianos. Que estuviera seguro, que se realizaría una investigación interna”.
En este mismo correo de Rodrigo Granda a Reyes y a Márquez queda al descubierto la presencia activa de las Farc en Venezuela, cuando el canciller de las Farc les cuenta que el venezolano Amín le reclamó por las acciones del frente 10.
“Me dijo Amín que el Décimo se salió de las manos de la organización. Vienen secuestrando ganaderos venezolanos, boleteando finqueros, ajusticiando gente. Se han enriquecido y no pasan la información al Secretariado. Están comprando haciendas de 600 hectáreas y más, a los milicianos los dejan cometer todo tipo de arbitrariedades en territorio venezolano. Es una situación muy delicada”.
“Y conversando con un enviado del DIM, me comentó: El general Hugo Carvajal manda a decir que todo conduce a que fueron las Farc. Que el Presidente está molesto, pero quiere darle a esto un tratamiento político y prudente. Que hay que averiguar bien cuáles fueron las circunstancias y ha solicitado el informe del jefe militar del área, pero que a la vez nombró dos comisiones, por separado, para tener diferentes opciones y espera conocer nuestra versión. Que él, Chávez, no ve qué provecho político nos dejaba la acción. Que hay buena voluntad y se tratará de ser imparciales. Que Carvajal necesitaba conversar conmigo. A propósito, me encuentro en Caracas a la espera de la reunión. Me informaron que Carvajal viajó, con Chávez a Apure y que debo esperar su retorno. Dice el enviado que Carvajal quiere ir a conversar con Iván sobre el tema para tener los detalles de lo ocurrido. Estamos a la espera de ver cómo se cuadra todo de la mejor manera. En ‘Aló Presidente’ del domingo Chávez, si bien nos puso en igualdad con los paramilitares, habló para el grueso público. En la noche del 22 nuevamente aparece Chávez por televisión para referirse al tema. Por primera vez, en mucho tiempo, aparece vestido de militar en el Teatro de Operaciones de Apure. Coloca la mayor responsabilidad de lo que está ocurriendo en la frontera sobre el Estado colombiano. Se muestra prudente con las Farc a pesar de algunas ‘banderillas”’.
“Las Farc están dispuestas a aportar a la Revolución Bolivariana”
En un tercer correo electrónico, Granda les cuenta a los miembros del Secretariado el resultado de una entrevista con el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar venezolana y les informa que está tratando de darle un manejo político a la situación.
“Hoy me entrevisté con el general Hugo Carvajal del DIM. Dice que guarda la secreta esperanza que lo ocurrido en Apure haya sido obra de una fuerza diferente a la nuestra. Que en todo caso debemos ayudar, con mucha transparencia, a clarificar la situación. Que si no fuimos nosotros sí debemos saber quién lo hizo porque nos movemos en el área. Dice que estuvo en el sitio de los acontecimientos y testigos involucran a’Patetigre’, el ‘Mico’ y ‘Julio Machete’ que los asocian como milicianos o guerrilleros de las Farc. Se le dejó en claro que era necesario manejar esto con la mayor serenidad y que las Farc han estado dispuestas y lo están a aportar a la Revolución Bolivariana lo que ellos consideren necesario y esté a nuestro alcance. Que le transmitiera al Presidente nuestra consternación”.
“Lo noté sereno pero preocupado. Le solicité que ayudara con su influencia, a darle a este caso un tratamiento político que nos ayudara a ambas partes a evitar que casos como éste y otros se volvieran a repetir. Por el momento es todo, abrazos”.
Estos correos y el resto del contenido del computador de Raúl Reyes adquirirán a partir de esta semana una dimensión extraordinaria. La Interpol, de la cual hacen parte 186 países, va a confirmar que toda la información encontrada en el portátil del jefe guerrillero abatido en Ecuador hace dos meses es auténtica.
Durante dos meses, tres expertos en informática forense de Corea, Singapur y Australia analizaron los 16.000 archivos, videos y fotografías que contienen los tres computadores y llegaron a la conclusión de que no había tenido lugar manipulación alguna.
Con el aval de la Interpol cobran mayor importancia los correos electrónicos hasta ahora revelados sobre las cercanas relaciones entre las Farc y los gobiernos de Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela. Los mandatarios no sólo se quedan sin argumentos para tratar de desestimar la información de los computadores, sino que ahora tendrán que explicar en sus respectivos países, y ante la comunidad internacional, los alcances de sus vínculos con las Farc. El panorama no será fácil, especialmente para Chávez.

Información reciclada

Estaba 'autorizada' Lucía Morett para visitar campamento de las FARC

La mexicana afirmó en un video que estaba autorizada por el grupo guerrillero a conocer cómo llevan sus actividades en el campamento
EFE, El Universal Ciudad de México, Martes 13 de mayo de 2008 15:07 horas.
La estudiante mexicana Lucía Morett, herida en Ecuador en el bombardeo a un enclave de las FARC el pasado 1 de marzo por parte de tropas colombianas, afirmó en un video que "estaba autorizada" por el grupo guerrillero a "conocer cómo llevan sus actividades en el campamento".

El documento, que recoge el interrogatorio de la inteligencia militar ecuatoriana a Morett en el hospital, fue presentado hoy en México por la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal (CCSJP), de orientación conservadora.

La estudiante se encontraba en el campamento de las FARC situado en la frontera entre Ecuador y Colombia que fue bombardeado por el Ejército colombiano, operación en la que murió el número 2 de la organización terrorista, alias "Raúl Reyes".

La autorización se la comunicaron dos compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fernando Franco y Soren Ulises (ambos fallecidos en el ataque), reveló la estudiante.

En el video de casi 19 minutos Morett afirma que el objetivo de su visita era "conocer cómo era la guerrilla" y sus "ideales", y que llegó al campamento "caminando" tras un trecho en bote.Dos compañeros de la universidad le dijeron "que estaba autorizada" para "conocer cómo llevan (las FARC) sus actividades en el campamento".

Morett ofreció detalles sobre su llegada al país, sus actividades en él durante "tres, cuatro semanas" hasta su visita al campamento de las FARC.

Según ella, llegó al enclave guerrillero la noche del bombardeo colombiano y, tras cenar, se fue a dormir. Sobre las doce de la noche comenzó el ataque.

"El comandante era 'Raúl Reyes'", dijo la mexicana en el interrogatorio, para añadir que el propósito de contactar con él "era conocer el campamento".

La joven se muestra en todo momento temblorosa ante lo que le pudiera suceder y se queja por el dolor de la cura que se le hace."No puede concluirse que ella haya declarado (...) que se entrevistó con 'Raúl Reyes' y que su presencia en el Ecuador y en el campamento obedecía a su intención de crear una rama de las FARC en México", afirmó el ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, cuando el video fue difundido en dicho país el 30 de abril.

El CCSJP entregará hoy el video como evidencia para la denuncia por terrorismo contra Morett, que presentó ante la Fiscalía mexicana el 24 de marzo.

El presidente de la agrupación, José Antonio Ortega, afirmó que desde entonces se han acumulado nuevas pruebas, como la correspondencia entre "Raúl Reyes" y el mexicano Ángel Fermín García.

Los documentos muestran que los mexicanos que visitaron el campamento pertenecían a una célula de las FARC en su país, con vínculos a las guerrillas mexicanas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según Ortega, el video fue "burdamente editado" y es "evidente que faltan partes sustanciales del interrogatorio", ya que finaliza cuando Morett comienza a hablar sobre el fallecido "Reyes".

El CCSJP detalla también las contradicciones entre lo declarado por la estudiante a la prensa y lo que dice en el video, particularmente sobre si conocía la presencia del "número dos" de las FARC en el campamento.

La organización conservadora incluirá también en su denuncia ante la Fiscalía mexicana una grabación del Ejército ecuatoriano en el que la madre de Morett y un hombre no identificado hablan de borrar todos los archivos de la computadora de la estudiante.

El audio fue difundido por una emisora de radio mexicana el 26 de marzo. jigh

Los Bours

La red de los Bours
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso, No 1645, 11 de mayo de 2008;
El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadunidense describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.
GUAYMAS, SON.- Al amparo del gobierno encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.
De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:
“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales.”
Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.
Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.
“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio.”
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –“falsamente”, dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.
El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.
Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.
De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien “tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico”.
El Ruso “fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa”, especifica el entrevistado.
Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta–, “Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí”.
–¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
–No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta cómo crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.
Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal, le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.
En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron “haciendo buenas migas” y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.
Explica: “Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto de las actividades a las que se dedica”.
De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, “para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada”.
Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico.
Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues “el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo” del presunto narcotraficante.
Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales “está bien protegido por el gobierno de Bours”, pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briseño, entre otros.
Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación “porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental”.
Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que “los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos”.
De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.
El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.
Narra: “Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
–¿Qué le dijeron?
–Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
–¿Y qué pasó?
–Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.
Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. Ahí, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.
Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora “es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico”. La agencia resalta otras “ventajas” que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:
“La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos.”
En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, “es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.
“En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio.”
La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como “plazas primordiales del narco” a cargo de grupos locales “no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas”.
A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y “cerebro” del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles “blancos” del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.
Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.
De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.
Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según los datos confirmados por Proceso, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.
Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.
El informe de la DEA añade otro dato revelador: “Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la Policía Municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la Policía Municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, donde era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, Eduardo Bours”.
Otros informes policiacos con los que cuenta Proceso añaden: “Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador general de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours”.
Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la Policía Judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.
En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar.
Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo.

El reportero Toño Jáquez Enríquez

A la memoria de Antonio Jáquez/Rodrigo Vera

Publicado en Proceso, No- 1645, 11 de mayo de 2008:

El periodista Antonio Jáquez Enríquez falleció el viernes 9 en la Ciudad de México. Un derrame cerebral, provocado por una afección hepática con la que libró una prolongada lucha, le ocasionó la muerte.

Oriundo de San Juan de Guadalupe, Durango, donde nació el 26 de julio de 1952, Jáquez inició su carrera periodística en Torreón, Coahuila. Ahí trabajó en medios impresos y radiofónicos. Ingresó a Proceso como corresponsal en La Laguna. Lo fue también en Monterrey, Nuevo León, antes de pasar a formar parte de la redacción de la revista en la Ciudad de México.

Gracias a su persistencia, en noviembre de 1994 Jáquez dio a conocer por primera vez el tráfico de influencias, los negocios ilícitos y las complicidades que tejió Raúl Salinas de Gortari a la sombra de su hermano Carlos, entonces presidente de México.Raúl Salinas, el hermano incómodo, fue el encabezado de portada con que Proceso anunció la amplia investigación periodística realizada por Jáquez para el número 942. A partir de ahí, no sólo se le quedó a Raúl Salinas el mote de “el hermano incómodo”, que le daría fama incluso fuera de México, sino que además el reportaje dio pie a otras investigaciones periodísticas que, sin duda, apoyaron las pesquisas judiciales contra Raúl, quien por algunos años permaneció recluido en los penales de Almoloya y Santiaguito.En la edición especial para conmemorar el trigésimo aniversario de Proceso, Jáquez mismo relató los entretelones de esta investigación que llevaría a aclarar los vínculos de los Salinas con empresarios como Carlos Hank Rhon, Carlos Peralta, Adrián Sada y Roberto González Barrera. “El escándalo estalló de inmediato… a mí nadie me quitó los 14 minutos de fama”, escribió Jáquez.

Otros de sus trabajos importantes fueron los relativos al Fobaproa, a corruptelas de empresarios y políticos regiomontanos o de La Laguna –la región norteña que conoció muy bien– y, más recientemente, a la impunidad que sigue cobijando a Vicente Fox y a su parentela. Como asesor del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda –puesto al que llegó en 2001–, Jáquez trabajó muy estrechamente con él y con el subdirector de Información, Salvador Corro, en la conducción de investigaciones a cargo de los reporteros. Una ironía aguda, a veces mordaz, era el recurso más utilizado por Jáquez para empujar los trabajos en curso. Exigía el dato preciso y la información bien documentada. Sobre su escritorio se amontonaban las publicaciones nacionales y extranjeras del día, que lo mantenían al tanto de lo que pasaba en el mundo. Más que un frío rigor autoimpuesto, era un interés innato el que lo impulsaba a conocer cada uno de los detalles de los sucesos.

Detestaba Jáquez el periodismo militante, partidista. Y lejísimos estuvo de ser seducido por el carisma de políticos de izquierda o de derecha. Sabía que un ingenuo entusiasmo obnubila la mirada crítica del reportero.Durante la última década de su vida, su mal hepático lo postraba continuamente. En Torreón, un día de finales de los noventa, se le consideró moribundo. El obispo de la diócesis acudió a su lecho y le dio los santos óleos… Pero Jáquez se recuperaba una y otra vez para volver empecinado al trabajo periodístico, desoyendo prescripciones médicas.

Estaba consciente de que moriría en cualquier momento. Y sí, de pronto, su enfermedad le provocó un derrame cerebral que lo fulminó. (Rodrigo Vera)

Culiacan

República de la violencia
Ismael Bojórquez, reportero.
Publicado e la revista Proceso, No. 1645, 11 de mayo de 2008;

Ya no es asunto de percepción. Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie –ni por la federación ni por los estados ni por fuerzas policiacas o militares ni por la combinación de ambas... Más aún: su onda expansiva lo corroe prácticamente todo en la República entera. Lo que ocurre por estos días en Sinaloa, Sonora y Guerrero, con repercusiones incluso en el Distrito Federal, constituye un ejemplo de lo que puede denominarse como el gran fracaso del gobierno calderonista: su guerra total contra el narcotráfico. En el caso de Sinaloa, las ejecuciones de policías y sicarios alcanzaron incluso a Édgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, quien murió acribillado el jueves 8.
CULIACÁN, SIN.- “Ya no se puede vivir en Culiacán”, le dijo el fotógrafo Candelario Baldenegro a su esposa mientras circulaban en su auto por las calles de esta ciudad.
El matrimonio llevaba un paquete de fotografías que iban a entregar a sus clientes para obtener un poco de dinero y tener con qué pasarla. Candelario no dejaba de hablar, lamentándose por la violencia desatada en la ciudad.
Después de manejar durante una hora, Candelario se detuvo en una gasolinería donde cargó combustible. Antes de partir bajó del vehículo y revisó las llantas; también se aseguró de que el tapón del tanque de gasolina estuviera en su lugar.
En ese momento escuchó las ráfagas de los AK-47 con los que un grupo de sicarios acribilló, a unos metros del lugar donde él se encontraba, al jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa, Miguel Ángel Santacruz.
Una bala que erró el blanco se le clavó en el hombro izquierdo. Poco después Candelario estaba muerto. Los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril en el barrio residencial Guadalupe, cerca de la Casa de Gobierno.
En esa refriega, la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial. El resultado fue de cinco muertos –tres delincuentes y dos policías locales–, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares.
Al día siguiente, 1 de mayo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, asistieron al desfile obrero. Todo parecía normal hasta que seis helicópteros, cuatro de ellos artillados y con capacidad para 40 elementos, comenzaron a sobrevolar la ciudad.
Estas maniobras se prolongaron durante varias horas. Mientras se desarrollaban, el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Édgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la que estuvo acompañado por el procurador estatal, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, y por la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz. Ahí, los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior.
Millán Gómez –quien el jueves 8, una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal– reivindicó el desempeño de la PFP. En conferencia de prensa expuso que el golpe había sido resultado de un minucioso “trabajo de inteligencia” de la dependencia federal y advirtió que el gobierno de Felipe Calderón seguiría la lucha contra el crimen organizado.
Terminado el acto, el mandatario se marchó de la entidad. Por su parte, los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México. Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo).
El viernes 2 se desató la violencia. En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa...
Ante la falta de información oficial, la gente comenzó a hacer conjeturas. Entre los propios cuerpos policiacos de Culiacán varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán; otra versión, recogida por Proceso en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo Zambada, a quienes atribuyen la entrega de Alfredo Beltrán, El Mochomo, aprehendido en Culiacán el 21 de enero pasado.
Una tercera, recogida al interior de la PFP, sostiene que la dependencia sólo ataca a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Narcopropaganda
El domingo 4, en medio de la zozobra por la ola de ejecuciones, Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo Beltrán.
Una decía: “Soy el jefe de la plaza”; otra: “Soldaditos de plomo, federales de paja… aquí el territorio es de Arturo Beltrán”; y una tercera: “Policías-soldados, para que les quede claro, El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán”.
Al día siguiente, lunes 5, el diario Noroeste publicó una nota en la que recogía la versión de que Marcos (Arturo) Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán habían roto. La nota se redactó a partir de información proporcionada por “fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato”.
De acuerdo con sus fuentes, Noroeste informó: “Arturo Beltrán Leyva le reclamó a (Joaquín) Guzmán Loera haber entregado a su hermano a las autoridades federales y lo amenazó con acabar con el cártel de Sinaloa por lo que habían hecho con Alfredo Beltrán…”.
Las historias sobre una supuesta ruptura entre capos y sicarios sinaloenses no es novedosa. En septiembre de 2006, un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres, un jornalero de la sindicatura de Jesús María que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán, durante un operativo en la sierra de Bastantita, Durango, en los límites con Sinaloa. El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como Eddy. El primero decía; “Por dedo, Eddy”; y el segundo: “Regalo de fiestas patrias”.
El 2 de diciembre de 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca de pueblo de Imala. En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: “Bola de pendejos, maricas, Chaputo”.
En septiembre de 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército. En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, incluido el propio cuartel militar de esta ciudad. A un costado de la guarnición, junto con los restos de un animal envuelto en plástico negro y con una corona, colocaron un recado amenazante: “O te alineas o te alineo. Gral. Eddy. O copela o cuello”.
Todas estas acciones fueron atribuidas a las células de los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán.
Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno calderonista; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes 5. La primera, colocada junto a un centro comercial, decía: “Compañeros policías: no les puedo dar mi nombre por seguridad, pero si ustedes como yo tienen dignidad y se preocupan en verdad por la seguridad de los sinaloenses, les invito a que unamos fuerzas y combatir sin temor a los asesinos de policías, cosa que nunca se había visto en Culiacán. Ustedes saben que con nuestros jefes no podemos desahogarnos porque nos cambian de asignación, así que solamente juntos rescataremos a Sinaloa de estos asesinos”.
La segunda, ubicada en el bulevar Emiliano Zapata, tenía un mensaje similar: “Soy policía como tú y merezco respeto ¿Por qué no nos unimos y le ponemos un alto a los asesinos de nuestros compañeros de la PFP y municipales desaparecidos? No nos hagamos tontos, ustedes y yo sabemos que los perros asesinos son mandados por Arturo Beltrán Leyva y comandados por El Miky, El Osama y El Amado. ¡Ya basta compañeros!”.
La tercera colgaba sobre un puente en el malecón Niños Héroes. Decía: “Arturo Beltrán, tú tendrás mucho dinero y serás muy amigo de Genaro García Luna, de Vicente Carillo y del general Miranda (al parecer se refiere a Roberto Miranda Sánchez, comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán), pero nosotros los policías somos más y te vamos a ganar la pelea, asesinos de policías, dile a tu gente que son tontos porque aparte presumen la amistad con Genaro y Miranda, toma en cuenta que la guerra con nosotros los policías tú la iniciaste y ahora te aguantas”.
Lo inédito
En su sesión del martes 6, la Comisión Permanente del Congreso estatal abordó el asunto de la violencia. Los legisladores aprobaron por consenso un punto de acuerdo: llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado.
“Que se ponga más énfasis a la labor de inteligencia policial en todas las etapas de la cadena que involucra la producción, tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero, y se apliquen medidas urgentes contra el contrabando de armas de alto poder”, dice el punto de acuerdo.
Así mismo, los legisladores solicitaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que sesione en Culiacán “con el fin de evaluar y rediseñar las acciones en contra de la delincuencia organizada”.
Ese martes fue de terror. Decenas de llamadas anónimas enloquecieron a las corporaciones policiacas, casi todas fueron falsas: que un policía fue levantado; que se localizaron dos cadáveres, que había una bomba en un colegio, que un grupo de la Policía Ministerial fue atacado, que hubo una balacera…
Sólo una resultó verídica, la que mencionaba que a un costado de la carretera 20, en el valle de Culiacán, había un cadáver. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo del agente Alberto Javier Olvera Pérez, de la Dirección de Servicios de Protección, quien había sido levantado el 28 de abril. Su cuerpo estaba incompleto. Fue decapitado. La cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico a un lado. Tenía un mensaje: “Para que sepan cobardes, si son tan hombres ablenme (sic) derecho bola de putos, culeros, si no son tan pendejos ya saben quien soy yo… mis respetos para los niños”.
El miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos. Al día siguiente aparecieron otras tres mantas: una en la reja de Catedral, a unos metros del diario Noroeste y en dos puentes peatonales, uno en Ciudad Universitaria. El lenguaje ahora era más ofensivo y tenía otros destinatarios.
La de Catedral decía: “Agárrense gobierno unido al Mayo; Agárrense chapos y zambadas; despertaron al monstruo de los cielos, y niño sólo hay uno, el cual mataron unos perros traicioneros y ese sí era de (oro)”. En ninguno de los casos, autoridad alguna ha explicado el origen de los mensajes.
Ese mismo día, el gobernador Jesús Aguilar Padilla, acompañado del procurador de Justicia, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, del presidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, y de la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz, se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en sus oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. En ese encuentro, Mouriño les dijo que en los próximos días el gabinete de seguridad nacional se reuniría en Culiacán “para analizar nuevas estrategias tendientes a recuperar la tranquilidad de la sociedad sinaloense”.
Horas después de esa reunión fue asesinado Édgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el bulevar Universitarios, en Culiacán, junto con tres jóvenes que lo acompañaban. Sólo uno de ellos sobrevivió. El comando que los ejecutó disparó más de 500 proyectiles de AK-47 y un bazucazo cuyo proyectil terminó en la fachada de un negocio.
El viernes 9, a mediodía, el gobierno estatal informó que uno de los muertos durante el ataque es el hijo del El Chapo, Edgar Guzmán. Otro es Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, considerada como una de las principales operadoras financieras de una célula del cártel de Sinaloa.
Esta ola de violencia que comienza a golpear directamente a los capos del cártel de Sinaloa preocupa a los habitantes de esta capital. Algunos de ellos aseguran incluso que lo peor está por venir.

Martes 13 para las AUC

Sorpresiva medida.

La madrugada de este martes 13, el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó a 14 paramilitares que estaban en distintas prisiones de alta seguridad del país y se habían desmovilizado como parte de una negociación con el gobierno colombiano a partir del 2003.
Dice la revista Semana que "la primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz."
En el listado de extraditados, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo). Además de Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias "Don Berna".
El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada.
El grupo salió en una nave de la agencia antidrogas DEA cerca de las 7:00 am con el plan de dejar a dos de los paramilitares en Miami, otros ocho en la capital estadounidense de Washington, mientras los otros cuatro serían entregados en Nueva York y Houston.
En Washington, la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el gobierno del presidente George W. Bush esperaba que las extradiciones ayudaran a persuadir al liderazgo del Partido Demócrata en el congreso estadounidense de que Bogotá sí combate la violencia y el narcotráfico. Los demócratas han obstaculizado la aprobación legislativa de un tratado de libre comercio con Colombia por considerar que el gobierno de Uribe no hace lo suficiente para combatir la violencia contra sindicalistas.
Comunicado desde la Casa de Nariño:
Intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con motivo de la orden de entrega en extradición de unas personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz
“Ministros, Altos Mandos, Alto Comisionado, compañeros del Gobierno, amigos de los medios de comunicación, compatriotas todos:
Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.
El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.
Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.
Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.
Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.
El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.
La Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.
A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.
La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados.
La Ley de Justicia y Paz continúa.
Exigimos a los miles de desmovilizados cumplir con la Ley de Justicia y Paz; el país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro.
Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron; tampoco se les exigió.
La Policía Judicial, fiscales y jueces perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas. Que haya propósito absoluto para este cometido.
Invitamos a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio y la reparación de las víctimas.
Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales.
Recordamos a los compatriotas que el Gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 billones de pesos.
Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición.
Las decisiones firmes protegen a las víctimas potenciales y deben animar a las víctimas actuales en el resarcimiento, que nunca será completo ni compensará el dolor causado en 50 años de terrorismo.
Pedimos respetuosamente a los jueces de la Patria continuar ayudándonos con la extradición, herramienta importante para rescatar el orden público.
No puede ser que la noble institución de la Tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común.
Agradecemos a los soldados y policías de la Patria su heroísmo, que ha abierto el camino de la paz, de la paz cada vez más cercana. Con las Fuerzas Armadas, la Constitución y el Pueblo, avanzamos hasta la derrota total de los criminales.
Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean procesos de impunidad, como sucedió en el pasado.
Recuerdo que las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y a asesinar a periodistas, sindicalistas y a tantos colombianos, con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza.
Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado.
Compatriotas: toda la firmeza para tener una Colombia sin violencia, próspera en la inversión, fraterna en las relaciones con los trabajadores y equitativa en los beneficios. Bogotá, 13 de mayo de 2008”.
Estos fueron los extraditados
a) De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'; Manuel Enrique Torregrosa;
b) De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:
Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'; Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'; Martín Peñaranda, alias 'El Burro' y Edwin Mauricio Gómez Lara.
c) Desde la cárcel Modelo de Barranquilla:
Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.
Perfiles de los 14 comandantes:

Las AUC, que figura en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos, fueron creadas por narcotraficantes y terratenientes para llevar una guerra de exterminio contra sus rivales de las guerrillas y simpatizantes.
-Diego Murillo, o alias Don Berna. Comenzó trabajando al lado del extinto Pablo Escobar, jefe del desaparecido cartel de las drogas de Medellín y más tarde se unió a las AUC. Llegó a ser considerado uno de los más poderosos jefes del mundo criminal colombiano al comandar una temida banda de asesinos, la "Oficina de Envigado". Su ingreso y auge en la organización fue vista como la penetración y toma de poder por parte de los narcotraficantes de las AUC. Murillo fue acusado en julio del 2004 en Nueva York por conspiración para importar miles de kilos de cocaína a EE UU.
-Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandó un bloque de las AUC. Tovar es acusado de ordenar cientos de asesinatos y masacres en la costa caribeña colombiana, pero además es uno de los principales protagonistas de uno de los más recientes escándalos políticos del país al revelar detalles de reuniones que sostuvo con dirigentes políticos. Tales revelaciones y otras investigaciones han llevado desde el 2007 y hasta ahora a cerca de 31 congresistas a la cárcel y otros 30 son investigados. Tovar supuestamente también monitoreo envíos de cocaína desde la costa. Fue acusado en una corte estadounidense en marzo del 2005.
-Salvatore Mancuso fue comandante principal de las AUC. En septiembre del 2002, EE UU lo acuso por el envío de 17 toneladas de cocaína hacia ese país y Europa desde 1997. A diferencia de otros comandantes, Mancuso nació en el seno de una familia acomodada en la costa caribeña colombiana. Mancuso pareció ser el ex paramilitar más dispuesto a revelar detalles de lazos con políticos y militares.
-Hernán Giraldo comandó un bloque de las AUC en las zonas cercanas al balneario caribeño de Santa Marta. EE UU lo incluyó en listados de narcotraficantes en 2004 y en marzo del año siguiente le formuló cargos de narcotráfico. Estaba encargado de supervisar la producción de drogas en la región del parte nacional de la Sierra Nevada, que convirtió en uno de los mayores puntos de producción de cocaína en Colombia.
-Francisco Javier Zuluaga, conocido como "Gordo Lindo". Uno de los llamados narcos de "purasangre", que entraron al paramilitarismo para encubrir su actividad de tráfico de droga y más tarde beneficiarse de acuerdos de desmovilización con el gobierno. Para lograr ese objetivo compró en millones de dólares un bloque de las AUC. En noviembre del 1999 una corte en Florida, Estados Unidos, lo acusó por tráfico de drogas.
-Ramiro Vanoy, o "Cuco Vanoy". Otro narcotraficante quien ingresó en el proceso de paz con los paramilitares para beneficarse de sentencias reducidas. En noviembre de 1999 una corte de Florida lo acusó de tráfico de drogas.
-Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. También considerado un traficante "purasangre", Sierra provocó un escándalo cuando se presentó como negociador de las AUC en 2004. El gobierno inicialmente rechazó su inclusión en las negociaciones, pero con el tiempo lo aceptó en el proceso. Fue acusado en septiembre del 2002 en Estados Unidos por tráfico de drogas.
-Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano. Supervisaba un bloque de las AUC en el sur de Colombia. En febrero del 2004, las autoridades estadounidenses lo calificaron como traficante. En diciembre del 2002 fue acusado en una corte estadounidense por narcotráfico.
-Martín Peñaranda, alias El Burro, perteneció al llamado bloque "Frente Resistencia Tayrona" y trabajó junto a Giraldo. En marzo del 2005 le formularon acusaciones de tráfico de drogas en EE UU.
-Edwin Mauricio Gómez, alias El Repetido. Trabajó con el recientemente capturado traficante Miguel Angel Mejía Múnera. También un traficante "purasangre" quien pagó millones por una banda paramilitar y sumarse al proceso con el gobierno. Fue acusado en marzo del 2005 en una corte del distrito de Columbia por tráfico de drogas.
-Diego Alberto Ruiz Arroyave, alias El Primo. Hermano del extinto mafioso Miguel Angel Arroyave. Acusado en octubre del 2004 en el distrito sur de Texas por tráfico de drogas.
-Manuel Enrique Torregrosa, alias Chan. Fue uno de los primeros paramilitares en ser excluido por las autoridades del proceso de paz con el gobierno, quien le acusó de seguir operando tras las rejas. Acusado en mayo del 2007 en el distrito de Florida por tráfico de drogas.
-Eduardo Enrique Vengoechea. Está acusado de supervisar embarques de cocaína en la costa caribeña. Acusado en el distrito de Columbia en marzo del 2005 por narcotráfico.
-Nodier Giraldo. se encargaba de las finanzas del grupo de paramilitares de Hernán Giraldo y fue acusado en marzo
El caso de Don Berna, aparte.
Diego Murillo, alias "Don Berna"; el hombre que llegó a dominar los bajos mundos de Medellín y parte de Antioquia, colaboró con la Justicia colombiana; hace dos meses empezó a dar información que ha dado con el hallazgo de 300 desaparecidos y había prometido seguir contando
La extradición estaba autorizada desde 2005.
El 7 de septiembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a EE UU de Don Berna, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos de narcotráfico y lavado de dinero según la resolución de acusación No. 03 Cr 1188, dictada el 6 de octubre de 2003 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE UU.
La petición de extradición de Don Berna se formalizó el 10 de junio del 2005. Pero, el presidente Uribe suspendió entonces la aplicación del pedido de extradición poniendo condiciones a Don Berna a que se comporte como “un monje".
Las condiciones
El presidente Álvaro Uribe, aclaró que Don Berna no será extraditado mientras cumpla con cuatro condiciones, a saber:
i) "Que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las AUC y contribuya a la participación de sus miembros en el proceso de paz.
ii) "Que abandone las actividades ilícitas.
iii) Que colabore efectivamente con la verdad, la justicia y la reparación en los términos establecidos en la ley 975 de 2005.
iv) "Que cumpla con las condiciones y procedimientos establecidos en esa Ley (Justicia y Paz)".
La extradición se hará efectiva en el momento en que incumpla esas condiciones. Y al parecer no las cumplió.