Los juzgadores de Barraza, incapaces...

Los juzgadores de Barraza, incapaces... Rosario Manzanos
Proceso # 1790, 20 de febrero de 2011;
Junto con los doctores en derecho Samuel González Ruiz y Ernesto Mendieta Jiménez, un exfiscal de homicidios del Distrito Federal y una abogada penal experta en asesinatos en serie –los dos últimos pidieron el anonimato– este semanario tuvo acceso a los videos del juicio oral 11/10, por el delito de homicidio agravado, que se realizó los días 26, 27, 28 y 29 de abril de 2010 contra Rafael Barraza Bocanegra, acusado por Marisela Escobedo del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Los videos registran alrededor de 20 horas de juicio contenidas en 10 discos compactos. La imagen de cada video se divide en cuatro cuadros: uno para los tres jueces –Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado–, otro para los testigos, uno más para el Ministerio Público y el último para la defensa.
De camisa blanca, el acusado Sergio Rafael Barraza aparece casi todo el tiempo con la mirada baja, sin moverse excepto cuando se come las uñas.
Marisela Escobedo –asesinada el 16 de diciembre frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua– se ve en tres ocasiones: una, sentada junto a uno de los representantes del Ministerio Público; otra cuando narra como testigo las circunstancias de la desaparición de su hija en agosto de 2009, y por último cuando se dicta la sentencia absolutoria y, en medio de un escándalo, grita y casi se desmaya para luego salir indignada de la sala.

Abulia institucional
Doctor en seguridad pública y privada por la Atlantic International University, Ernesto Mendieta se capacitó en seguridad pública y delincuencia organizada en Israel, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, entre otros países. Una de sus especialidades es la kinésica, forma de comunicación que estudia el significado del movimiento corporal, los gestos, la mirada y el tacto.
Afirma:
“A través de lo que se ve durante el juicio es claro que hay una falta de planeación técnica y sistemática para la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia. El juicio resulta una obvia muestra de falta de profesionalización del servicio de procuración e impartición de la justicia. Simplemente los jueces no se ven profesionales actuando bajo las condiciones de selección, evaluación, formación, seguimiento de protocolos e infraestructura que son fundamentales.”
Y algo que considera grave:
“La actitud de los tres jueces ante el desarrollo de las pruebas frente a ellos te hace percibir claramente que lo que está sucediendo en la sala les es absolutamente ajeno; no tienen ninguna reacción de contacto con los testigos, con el Ministerio Público ni con la defensa.
“No observan, no hacen contacto visual, aparentemente toman notas. El juez Rafael Boudib sólo volteó aproximadamente 2% (del tiempo) hacia el frente. Durante toda la comparecencia pasó el tiempo escribiendo en su laptop. Su única distracción era tomar agua o café.”
Como lo señala Mendieta, prácticamente durante todo el juicio Boudib estuvo atento a su computadora portátil, sin levantar la vista. Ocasionalmente escribía con una mano mientras, claramente aburrido, recargaba la cabeza en la otra.
“Al mismo tiempo tenía una libreta a su lado derecho en la que aparentemente en algunos momentos tomaba alguna que otra nota.
“Esta situación llega a su límite cuando se lee la sentencia absolutoria de Sergio Rafael Barraza Bocanegra y se escuchan los gritos de muchos de los presentes –‘!ignorantes!’, ‘¡son basura!’, ‘¡queremos justicia!’– en la sala de audiencias y Boudib ni siquiera voltea a ver de dónde provienen ni a qué se debe el escándalo en el que tiene que intervenir la policía para sacar de la sala a la gente enfurecida.”
Ante el disturbio, la juez Catalina Ochoa simplemente solicita a un policía que ya no deje entrar a los ruidosos. Netzahualcóyotl Zúñiga permanece inmutable.
Otro punto que destaca Mendieta es que “en ningún momento se observa consideración especial ninguna a la víctima ni a los ofendidos, lo que genera un proceso de doble victimización, prohibido expresamente en la Constitución y en todos los convenios y tratados de los que México es parte.
“Además, la situación obvia de que los jueces no estuviesen atentos les impide integrar a su análisis los elementos básicos de la kinésica, es decir el poder concluir la falsedad o veracidad de lo que se dice. Y es por lo tanto un acto inconstitucional porque en el fondo para eso es la oralidad. Es vital que el juzgador tenga ante él la posibilidad de apreciar con sus sentidos e integrar a su racionalidad lo que se dice y las respuestas corporales y gestos.”
Mendieta observa que en la sola declaración de Marisela Escobedo respecto de los hechos que llevaron a la muerte a su hija, muestra absoluta credibilidad; “no es –apunta– una cuestión de fe sino que simplemente da cuenta exactamente de la violencia doméstica a la que era sometida su hija, y su declaración, de no ser por uno que otro error de fechas, es de enorme solidez”.
Ni en los momentos en los que Marisela se derrumba emocionalmente los dos jueces varones levantan la mirada para ver qué le sucede. Cuando ella empieza a llorar suplicando que los jueces “estudien muy bien el caso”, Ochoa la calla y le pide que abandone la zona de testigos porque lo que ha dicho es más que suficiente.
Al mismo tiempo, a pesar de que los jueces culparon al Ministerio Público de los errores que los llevaron a ellos a tomar la decisión de absolver al indiciado, es claro que en las pocas ocasiones en que interviene la juez Ochoa –la única que toma la palabra en todo el juicio–, se expresa, dice Mendieta, de manera incorrecta, lo que evidencia que los jueces carecen de técnicas de evaluación.
Según el experto, los errores durante el juicio son múltiples.
“Hay por ejemplo un momento en que se narra que Sergio Rafael Barraza coloca un altar con fotografías de la occisa Rubí Marisol Frayre en la casa de su madre; ese era un dato claro para saber cuándo se encontraba muerta la jovencita. Los altares se les ponen a los muertos, y a nadie se le ocurrió preguntar cuándo había sido. Otro dato es la dicción del abogado encargado de la defensa, que es pésima: poco entendible, incomprensible diría yo.
“Insisto: es obvio durante todo el juicio que hay una enorme falta de estrategia de planeación técnica y sistemática para la implementación de la reforma. No veo un proceso de cambio trascendental en la impartición de la justicia. Pero, a pesar de lo que ellos (los jueces) han manifestado públicamente, hay un sinnúmero de pruebas cuyo análisis integrador genera una obvia convicción de la culpabilidad del indiciado.”
Desde la presentación inicial del caso la fiscalía dejó claro que se trataba de un feminicidio, del homicidio de una menor de edad que vivía en concubinato y era maltratada sistemáticamente, lo cual tiene agravantes que no deben soslayarse.
Parteaguas sangriento
Rubí Marisol Frayre es asesinada y su madre Marisela Escobedo arma un revuelo nacional. Se anula la condena absolutoria y en un juicio de casación se declara a Sergio Rafael Barraza Escobedo culpable del homicidio de su concubina y madre de su hija Heidi Rubí.
El 16 de diciembre Marisela Escobedo es asesinada a quemarropa. Casi simultáneamente su cuñado es víctima de un levantón, tras el que aparece muerto, y su negocio es incendiado. Los hijos de Marisela huyen a El Paso, Texas, y la madre de Sergio Rafael Barraza viaja a la misma ciudad. Todos buscan asilo. El asesino de Rubí Marisol está prófugo y una de sus parejas declara que él es parte de un grupo de sicarios de Los Zetas y se le apoda El Bambino o Pewee. Nada se sabe de él.
Para el doctor Samuel González Ruiz, consultor internacional y exdirector en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “el caso Marisela va a tener consecuencias trascendentales a nivel jurídico, (porque) es el origen de un proceso de enorme impacto en toda Latinoamérica. Es un parteaguas jurídico porque este sistema hipergarantista se está imponiendo en múltiples países del continente gracias a la ayuda económica de Estados Unidos”.
Tras su análisis de los videos del proceso, explica: “Al ver minuto a minuto el juicio contra Barraza Bocanegra deduzco que del análisis de sus errores se deberá corregir, pulir y modificar el modelo hipergarantista que, mal aplicado, ha colocado en absoluta indefensión a las víctimas de la criminalidad, dando prioridad a los derechos de los inculpados.
“Los jueces son incompetentes e irresponsables, (pues) el propio asesino confiesa frente a ellos, (lo que) es un reconocimiento de su culpabilidad y en un juicio tiene el efecto de prueba plena. Él está consciente de lo que había hecho y lo acepta y pide perdón.”
Añade: “Cada uno de los testigos va dando información plena sobre el crimen y los jueces ni siquiera voltean a verlos. Los jueces no aceptan la convicción de conocimiento y análisis de las pruebas desahogadas.”
González Ruiz considera que durante todo el juicio los jueces mostraron un profundo desinterés por lo que sucedía y, siguiendo de forma equivocada el proceso de un juicio oral, privilegiaron los derechos del imputado sobre los de la víctima.
“La transparencia que trae la reforma es muy buena, pero sólo si está acorde al sentido común. A lo largo de los 10 videos que hemos visto es claro que el modelo de Chihuahua es ineficaz. La aplicación del derecho no puede ser una situación extrema de formalismos donde un grupo de jueces ultragarantistas no acepten pruebas y confesiones obtenidas de forma legítima.
“Hay que entender que si el sistema jurídico no va con el sentido común, simplemente no funciona y viola el Pacto de San José. En este caso no hubo tortura, no hubo cateos ilegales, no le violaron ninguno de sus derechos al inculpado. Es absurdo que según el artículo cuarto del Código Procesal de Chihuahua todo deba ser interpretado a favor del imputado.”
Puntualiza: “Todo lo que se ve en el juicio te da la información; hasta alguien sin el menor conocimiento del derecho vería claramente como culpable a Barraza Bocanegra. Es mentira que los jueces no se comunicaron con los testigos y con el Ministerio Público. Ahí está en los videos, puede verse.
“Y ahí están los resultados. ¿Quién mató a Marisela Escobedo? Cualquiera, o bien pudo haber sido el propio Barraza. ¿Si salió librado de un homicidio que confesó abiertamente, por qué no habría de salir librado de éste también?”
Por su parte el exfiscal de homicidios del Distrito Federal consultado –quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva– es contundente: “Observar menos de una hora de estos videos es más que suficiente para corroborar plenamente la culpabilidad de Barraza Bocanegra”.
En su opinión, es incomprensible que los tres jueces hayan absuelto al acusado pese al abrumador cúmulo de pruebas irrefutables en su contra.
A su vez, la abogada especialista en asesinatos en serie hace notar que, por su torpeza e “incapacidad manifiesta”, los tres jueces prácticamente “se dedicaron a ayudar a la defensa” de Rafael Barraza. l