El regreso de la guerra sucia

El regreso de la guerra sucia

José Gil Olmos

Publicado en la revista Proceso # 1832, 11 de diciembre de 2011

En el transcurso de una semana tres asesinatos, un atentado y dos desapariciones cimbraron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Militantes y simpatizantes de la organización ciudadana sucumbieron –algunos de ellos a plena luz del día y frente a numerosos testigos– en Chihuahua, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal. Para Javier Sicilia, Emilio Álvarez Icaza y Pietro Ameglio se trata de ataques promovidos o tolerados por el Estado en algo que el exómbudsman capitalino califica como un renacimiento de la guerra sucia, del exterminio selectivo de figuras que incomodan al poder.

Los días recientes han sido de luto y alarma para los integrantes y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En una semana dos de sus miembros fueron asesinados, una más fue balaceada, una simpatizante ejecutada y otros dos desaparecidos. En todos los casos intervinieron hombres armados que actuaron con impunidad, lo que para el movimiento hace evidente la ausencia de las autoridades y del Estado, así como el inicio de una nueva guerra sucia.

El martes 6 el líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóforo –de 73 años y conocido como don Trino– fue sacado de un vehículo de la caravana de la paz en que viajaba a Santa María Ostula, Michoacán, por cuatro hombres armados que lo torturaron frente a los activistas que lo acompañaban y luego se lo llevaron para matarlo en medio de la montaña.

Una semana antes, el 29 de noviembre, Nepomuceno Moreno, de 53 años, también integrante del Movimiento, fue asesinado de cinco balazos cuando circulaba por el centro de Hermosillo; Moreno buscaba a su hijo Mario, levantado hace más de un año por policías estatales. Casi al mismo tiempo Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió también cinco tiros. La activista juarense sobrevivió, pero ella y su familia están amenazadas de muerte.

En la Ciudad de México la actriz Julia Marichal, simpatizante del MPJD, fue encontrada muerta en su casa el viernes 2. Y en Petatlán, Guerrero, la madrugada del miércoles 7 secuestraron a Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas, cuando viajaban a Chilpancingo. Hasta el momento se desconoce su situación. Pasajeros que viajaban en el autobús del que los dos ecologistas fueron sacados declararon que los secuestradores vestían uniformes militares.

La semana ha sido aciaga para los militantes del MPJD, pero sobre todo de una preocupación como no habían tenido desde que el movimiento surgió en mayo pasado. Aseguran que se ha desatado una guerra sucia contra activistas pacíficos y defensores de los derechos humanos en una escala no vista desde 1994, cuando apareció el EZLN.

“El monstruo de la guerra sucia asomó la cabeza”, apunta Emilio Álvarez Icaza al recordar que la mayoría de las víctimas ya habían sido amenazadas y cuyas denuncias fueron interpuestas ante las autoridades, que no les ofrecieron ninguna protección.

Lo más grave, agrega el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del MPJD, es la acelerada descomposición del Estado, pues todos los casos se dieron en una semana.

Por su parte, Javier Sicilia advierte que esta serie de asesinatos y secuestros muestran el ahondamiento de la guerra desatada por Felipe Calderón y la existencia de un Estado corrompido y delincuencial en el último año de la administración calderonista.

“El impacto del ataque a la caravana que fue a Santa María Ostula y el asesinato de don Trino es muy fuerte para el movimiento”, dice el poeta, “porque se está golpeando a gente que sólo buscaba de manera pacífica que termine la guerra contra el narcotráfico declara por Calderón”.

“Quizá nos vimos ingenuos”, confiesa Sicilia, y reconoce que no hubo suficiente valoración de las circunstancias de riesgo en esa zona de Michoacán, de la falta de acompañamiento amplio de la prensa y un fuerte dispositivo de seguridad. Y es que en sólo dos años ha habido 27 muertos y cuatro desaparecidos en Santa María Ostula, a partir de que la comunidad recuperó una extensión de terreno que estaba en manos de caciques.

Ahora, señala el escritor, el movimiento tendrá que replantear sus mecanismos de seguridad, las acciones de resistencia civil pacífica como las caravanas, presionar para que la Procuraduría de Defensa de las Víctimas tenga el rango y los recursos necesarios, pero sobre todo hacer que el gobierno y la cúpula en el poder volteen hacia las víctimas, porque “no se ha hecho ningún pronunciamiento sobre el asesinato y secuestro de los activistas del movimiento”.

Eliminación selectiva

El jueves 8 cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país publicaron una carta dirigida al gobierno federal en la que manifiestan su preocupación ante los ataques frontales que han sufrido este sexenio.

El documento señala que según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los últimos seis años 27 activistas han sido asesinados y 60 detenidos ilegalmente; mientras que en la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se tienen documentados 128 casos de agresión y obstaculización al trabajo de estas organizaciones ciudadanas.

Ante esta situación de emergencia las organizaciones firmantes exigen al Estado que ponga fin a la situación de impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamiento a víctimas y defensores de los derechos humanos en México y cumpla con su obligación de proteger y garantizar la integridad de todas las persona que viven o transitan por el país, en particular a quienes se atreven a exigir justicia.

Pietro Ameglio, quien iba en la caravana de observación y derechos humanos hacia la comunidad nahua de Xayakalan, municipio de Aquila, luego de estar en Santa María Ostula junto con don Trino el pasado martes 6, señala que las últimas acciones contra simpatizantes y miembros del MPJD muestran la existencia de una “eliminación selectiva de líderes sociales”, lo que orilla a la sociedad a un modelo de paz armada, a un encierro, algo que no se puede permitir.

–¿Qué mensaje dejan estas acciones contra miembros del movimiento?

–Hay un exterminio selectivo de activistas sociales. No digo que sea de grandes masacres, sino selectivo y creciente en estas últimas semanas en contra de gente con una visibilidad pública y un liderazgo nacional o estatal. Eso se ha acelerado las últimas semanas de un modo preocupante.

El profesor de derechos humanos menciona que hay estudios del exterminio selectivo que hubo en México desde la mitad de los noventa hasta 2000, con la diferencia de que entonces se atacaba a líderes locales y ahora a líderes con más proyección porque dialogaron con Felipe Calderón e incluso firmaron acuerdos de protección con autoridades estatales y secretarías de Estado.

Advierte sobre la existencia de otro proceso al que pide no perder de vista y que puede acabar en un genocidio. Ejemplo de esto son los más de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y –según algunos estudios– el millón y medio de personas que por el miedo han abandonado sus lugares de origen. Ameglio advierte que tanto el proceso de exterminio selectivo como los rasgos genocidas pueden ocurrir al mismo tiempo y ambos responden a un contexto de guerra.

Los ejemplos más claros de este exterminio, asegura, son los casos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz. Luego de muerto el primero, la Procuraduría de Sonora trató de criminalizarlo, acusándolo de tener nexos con la delincuencia organizada. El segundo fue asesinado por un grupo paramilitar. “Esto muestra cómo sectores de la autoridad del país le están apostando a aumentar la espiral de la guerra”.

Dice que las medias verdades usadas por las autoridades son alimento para la impunidad y la guerra y eso muestra que hay una política fuerte para incentivar esa guerra, sobre todo en tiempos electorales.

El impacto hacia los integrantes del Movimiento por la Paz es fuerte, reconoce Ameglio, porque produce un dolor pues han atacado a gente con una enorme dignidad y compromiso con la paz a través de acciones ciudadanas. Sin embargo, asegura que se redobla el compromiso hacia la paz con justicia y dignidad, aunque habrá cambios en la estrategia y táctica de las acciones.

–¿Hay miedo?

–Distingo entre el miedo y el terror. Me parece importante decir que en México nadie puede no tener miedo en las condiciones de guerra que vivimos, pero es un miedo que nos tiene que ayudar a repensar, aumentar las defensas, las formas de no violencia civiles y pacíficas para que la situación se vuelva más humana y más de la paz.

“Es un miedo que nos desafía y nos hace ser más activos pero en otra forma, con más reflexión. Y estos hechos que pasaron este mes y medio nos obligan a pensar con más rigor y claridad sobre la no violencia, la justicia y la paz”. No obstante, enfatiza, el peligro viene cuando el miedo se transforma en ese terror que bloquea, paraliza, no deja pensar y encierra a la gente.

“Con ese terror cunde la imagen de que ya no se puede salir a la calle, no se puede hacer nada o se piensa en huir. El terror bloquea la reflexión, atomiza a la sociedad y ya no se puede luchar. Por eso hay que actuar para que no crezca el proceso de aterrorizamiento.”

Pietro Ameglio señala que el MPJD tiene que replantear sus acciones para no poner en riesgo a nadie, tomar nota de las condiciones en las que está el país y del proceso que se ha desatado de exterminio selectivo hacia activistas sociales o de formas genocidas hacia la población civil.

“Hay que entender bien esos procesos porque cuando se desencadenan, no se controlan y no es fácil ni factible detenerlos en el corto plazo”, asevera el experto en solución de conflictos.

“La sociedad debe tener un análisis más fino y riguroso del proceso social que se está instalando en el país, donde tal vez hay una vuelta de tuerca en la situación de la violencia y no nos estamos dando cuenta. Hay que ponernos en alerta sin alarmas ni terror, pero poniendo preguntas que ayuden a detener estos procesos.”

Sobre todo, insiste, porque se acerca el proceso electoral, de reparto político y del poder, de los territorios, lo cual hace todo más tenso porque lo que está en juego es muy grande. “Nadie sabe qué hacer, tenemos que pensar entre todos qué hacer y movilizarnos, pero en la medida de lo real y quizá las movilizaciones tengan que cambiar en la forma. Estamos en un proceso original y nada fácil, de enorme intensidad en la impunidad y la violencia”.

Recuerda como momento clave del asesinato de don Trino la retirada de la Policía Federal que los había acompañado hasta esa zona de Michoacán y precisa que no escuchó el argumento de los agentes de que no entraban por miedo.

–No estuve en la negociación, pero los compañeros dijeron que los policías se negaron a entrar porque era propiedad privada y ellos no podían seguir.