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Medina Mora, ministro en permanente conflicto de interés

Medina Mora, ministro en permanente conflicto de interés/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
“Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN.
Revista Proceso No. 2002, 14 de marzo de 2015
El martes 10, el Senado nombró a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. No se tomaron en cuenta las protestas de organizaciones civiles por la nominación de uno de los responsables de la desastrosa operación Rápido y furioso ni el perfil del exfuncionario panista y priista cercano a Televisa. Integrantes del Poder Judicial lamentaron que el Ejecutivo impusiera a otro operador suyo en el máximo tribunal, marginando a los ministros de carrera; pero todo fue inútil. Ahora existe preocupación por el comportamiento del ministro novato en los casos donde pueda incurrir en conflictos de interés.
La designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza no cayó bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y mucho menos entre los miembros de carrera del Poder Judicial de la Federación. Aunque sus ahora colegas en el pleno de ministros no lo dicen abiertamente, y el próximo martes lo recibirán con aplausos en sesión solemne, su llegada al máximo tribunal generó amplio descontento en la llamada familia judicial.

“Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN. Por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido, es de esperar que de forma repetida tenga que declararse impedido de conocer asuntos, tanto en el pleno de ministros como en cualquiera de las salas a las que sea asignado.

Si llega a la Primera Sala, donde se tratan los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, se podrá topar con juicios relacionados con acciones suyas como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso como embajador. Si va a la Segunda, donde se resuelven los asuntos empresariales y económicos, sus relaciones con la iniciativa privada, principalmente con Televisa, también lo obligarán a excusarse.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 146 que los ministros, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y otros juzgadores están impedidos de conocer asuntos cuando haya parentesco, hasta en cuarto grado si es consanguíneo, o segundo si es por afinidad, con alguno de los interesados en algún juicio.

Ese podría ser el caso de los juicios que se han iniciado por el alegado fraude de la empresa naviera Oceanografía a Banamex, cuyo presidente del Consejo de Administración sigue siendo su hermano Manuel, excluido ya de Citigroup por esa defraudación en la que están implicados recursos de Petróleos Mexicanos.

La ley también lo obligará a excusarse cuando se trate de asuntos en los que haya participado como titular de la PGR, cuando tenga amistad con los involucrados en un juicio o haya interés personal de él, su cónyuge o sus parientes en algún caso, entre otras causales de impedimento.

Por esa razón, será uno de los integrantes del pleno bajo mayor escrutinio. “La ventaja es que las sesiones del pleno de ministros son públicas a través del Canal Judicial y se podrán seguir puntualmente sus votaciones y participaciones”, dice el alto funcionario judicial entrevistado.

A cambio, pese a su inexperiencia como juez constitucional, Medina Mora será el ministro con la red de relaciones más amplia, tanto con grupos políticos y económicos en México como con agencias estadunidenses. Ha tenido con éstas una dilatada colaboración desde hace 15 años como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR y embajador en Washington, además de negociador de acuerdos y operaciones secretas con Estados Unidos (Proceso 1999).

Es el caso del supuesto tráfico controlado de armas de Estados Unidos a México, del que Medina Mora tuvo conocimiento junto con otros funcionarios de la administración de Felipe Calderón, según revelaron las investigaciones que emprendió el Senado de Estados Unidos al descubrirse el operativo Rápido y furioso, en 2011.

La operación bilateral secreta quedó al descubierto tras el asesinato de un agente de la policía fronteriza de Estados Unidos con una de las armas enviadas a México y que acabaron en manos de la delincuencia organizada. Las investigaciones revelaron que el tráfico ilegal fue de al menos 2 mil armas, incluidos misiles antiaéreos.

Protestas y demanda

La organización no gubernamental [Des]arma México, integrada por académicos y abogados que han dado seguimiento a las investigaciones en Estados Unidos, presentaron en septiembre pasado una denuncia de hechos ante la PGR contra los funcionarios mexicanos, incluido Medina Mora, que tuvieron conocimiento de ese tráfico, operado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos –ATF, por sus siglas en inglés– (Proceso 1978).

Rápido y furioso fue la última de las operaciones de su tipo y tuvo lugar cuando Medina Mora ya había salido de la PGR, pero antes existieron los operativos Gunrunner (Traficante de armas) y Wide Reciever (Receptor abierto), iniciados al final del sexenio de Vicente Fox, cuando Medina Mora era secretario de Seguridad Pública, y que se prolongaron hasta 2008, en tiempos en que el ahora ministro de la SCJN encabezaba la PGR.

Fungía como procurador cuando, el 26 de septiembre de 2007, fue informado por el gobierno de Estados Unidos de una operación fallida por culpa de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), antecedente de la actual Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. En ese operativo la ATF dejó pasar 19 armas, pero la AFI reportó que perdió de vista a los traficantes en México.

Gonzalo Aguilar Zinser, socio fundador de [Des]arma México y uno de los denunciantes, asegura que la PGR tendrá que citar a declarar a todos los exfuncionarios mexicanos, empezando por los de alto nivel que acordaron con Estados Unidos la llegada de esas armas al país y que han sido utilizadas en matanzas como la de los jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010.

“El amparo que interpusimos es contra la inactividad e incumplimiento del Ministerio Público federal de investigar para conocer la verdad histórica de ese tráfico ilegal de armas a México”, explica Aguilar Zinser, entrevistado el miércoles 11, un día después de que Medina Mora fuera electo ministro por el Senado a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Explica que la PGR podrá hacer que Medina Mora declare por escrito debido a su nueva condición de juez constitucional, y adelanta que la ONG agotará las instancias nacionales, incluida la  SCJN, para que la PGR tome declaración a todos los funcionarios mexicanos y estadunidenses implicados en el tráfico ilegal de armas que se prolongó durante casi todo el sexenio de Calderón. Afirma que el propio expresidente tiene que ser citado.

Dice que, por el principio de presunción de inocencia, el ministro Medina Mora no puede ser señalado como indiciado en una averiguación previa, pero asegura que debe ser citado a declarar porque hay evidencia de que tuvo conocimiento de esos operativos, lo que sería inédito en un asunto semejante para la SCJN.

En la eventualidad de que se investigara y se le encontrara responsable de algún delito, tendría que perder su fuero como ministro para ser sometido a juicio y sancionado según el grado de participación que haya tenido. Hasta ahora, dice, “no cabe duda de que antes de ser ministro, hubo manifestaciones públicas de que tuvo conocimiento del tráfico de armas”.

De no tener respuesta en México, los denunciantes acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México con ese armamento.

La llegada del operador político de Enrique Peña Nieto al máximo tribunal no será fácil, por más que algunos ministros lo arropen. Sus primeras intervenciones estarán bajo lupa, aunque tendrá tiempo para separarse de los intereses que arrastra y hasta la oportunidad de ser presidente de la Corte, dice el funcionario judicial.

Pero de momento su llegada rompe con el equilibrio entre los ministros de carrera judicial y los procedentes de ámbitos distintos a la impartición de justicia. La influencia de Peña Nieto ha significado que en el máximo tribunal se esté relegando a los funcionarios de carrera  judicial.

Apenas llegó a la Presidencia de la República, en diciembre de 2012, Peña Nieto propuso como ministro al fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien no tenía experiencia en impartición de justicia. Llegó a la SCJN desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con Medina Mora, los ministros externos hacen mayoría: son seis, contra cinco jueces de carrera.

En noviembre próximo, los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza pasarán a retiro y se espera que Peña Nieto proponga a otro externo para ocupar el lugar de Sánchez Cordero, quien también llegó a la SCJN en 1994 sin carrera judicial.

El expresidente del Senado y legislador con licencia del PRI, Raúl Cervantes Andrade, ha sido mencionado como uno de los principales candidatos de Peña Nieto para las nuevas ternas. Él mismo se ha encargado de hacerlo sentir con su reiterada presencia en actos del Poder Judicial de la Federación y en particular de la SCJN.

El constitucionalista Elisur Arteaga Nava advierte que, a pesar de la licencia que presentó en septiembre pasado para cumplir el requisito de no haber ocupado un cargo de representación popular un año antes de su designación, Cervantes está impedido para llegar a la SCJN porque en realidad no renunció al Senado, por el simple hecho de que el cargo de legislador es irrenunciable.

“Son renunciables los cargos de presidente de la República y de ministro de la Suprema Corte, por cuanto que existe norma expresa que así lo prevé y únicamente cuando exista delito”, dice en entrevista.

Profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, Arteaga también advirtió que Medina Mora no cumplía el requisito de dos años de residencia en el país para ser ministro (Proceso 1999), pero el Senado ni siquiera consideró eso para designarlo.

Un poder dependiente

Horas antes de que, por una mayoría simple de 83 votos, el Senado lo designara el martes 10 como juez constitucional, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito hizo pública su inconformidad por la operación política con que se eligió a Medina Mora como ministro del máximo tribunal para los próximos 15 años.

En un hecho inédito en la elección de ministros, esa organización que agrupa a 500 magistrados y jueces de todo el país le envió una carta al presidente del Senado, el perredista Miguel Barbosa Huerta, para que en la elección del nuevo ministro los senadores garantizaran independencia y autonomía del máximo órgano del Poder Judicial, en una clara alusión a la candidatura de Medina Mora.

“Dadas las actuales circunstancias del país, resulta indispensable fortalecer la independencia de la SCJN para que pueda cumplir libremente con sus responsabilidades constitucionales y la única forma de lograrlo es eligiendo a sus integrantes por sus méritos propios, no por los intereses que representen, mucho menos por negociaciones políticas e intercambio de favores”, establecieron los juzgadores.

El Senado pasó por encima de esa opinión, aunque provenía del Poder Judicial. Lo mismo hizo con las más de 50 mil firmas presentadas por la organización civil change.org en contra de la candidatura del operador de Peña Nieto.

La SCJN, en cambio, no dejó pasar la posición de los jueces y magistrados que se manifestaron ante la postulación de Medina Mora. El jueves 12, el expresidente de la Corte Juan Silva Meza declaró: “Los juzgadores no tenemos derecho a exacerbar ánimos ni a azuzar disputas. Nuestra obligación es contribuir a la paz y a la tranquilidad de todos”.

Sin embargo, en la toma de protesta de cuatro nuevos jueces de Distrito, Silva Meza aludió en su discurso de bienvenida a los potenciales conflictos de interés de Medina Mora como ministro: “Los miembros de la generación de la Décima Época (de la SCJN), los aquí presentes y los que vendrán más adelante, deberán tener muy claro que a nada ni a nadie estarán sometidos, sólo a la Constitución y a las leyes”.

En medio de los señalamientos contra el nuevo ministro por su actuación policial violatoria de derechos humanos en San Salvador Atenco y en Oaxaca, en 2006, Silva Meza añadió que los jueces “estamos destinados a evaluar las leyes y los actos de autoridad, para evitar que se cometan abusos en nombre de lo urgente, a nombre de las razones de Estado, de la utilidad pública, del interés general”.

Para 2030, cuando termine su cargo de ministro, el ahora improvisado juez constitucional habrá cumplido tres décadas como funcionario público, siempre en delicadas tareas públicas en las que ha carecido de experiencia pero ha contado con sus importantes vinculaciones políticas y económicas.


Primero en el año 2000, como jefe del aparato de inteligencia del Estado mexicano (el Cisen), luego en la Secretaría de Seguridad Pública. Más tarde, en 2006, como procurador general de la República y tres años más tarde embajador en Reino Unido y Washington, desde donde volvió a México para ocupar uno de los 11 asientos del pleno de ministros del máximo tribunal.

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