Las columnas políticas hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Chihuahua: Entre el laurel del éxito y el pantano de la soberanía

Por: Fred Alvarez Palafox

Lo que nació como un laurel para el Gobierno de Chihuahua se ha transformado, en cuestión de horas, en un laberinto diplomático de pronóstico reservado. En las entrañas de la Sierra Tarahumara, el desmantelamiento de un narcolaboratorio de dimensiones históricas —un golpe certero al cristal y al fentanilo— prometía ser la gran noticia. Sin embargo, entre los precursores químicos y el arsenal, lo que realmente terminó por estallar fue una crisis de soberanía.

Sombras con uniforme prestado

La realidad que emerge de los barrancos cuenta una historia de sombras. Fue el diario estadounidense The Washington Post el primero en ponerle nombre a la sospecha que recorría los pasillos de la política: quienes operaban en la sierra eran agentes de la CIA. Poco después, la investigación del periodista Luis Chaparro subió la apuesta: no eran dos, sino cuatro agentes moviéndose en el corazón de la Tarahumara.

Pero lo más inquietante no es solo su presencia, sino el camuflaje. Estos operativos de Virginia se movían vestidos con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Imaginen la escena: agentes extranjeros usando "botas mexicanas" para desmantelar laboratorios, borrando la línea entre la cooperación y la suplantación. Es aquí donde la crónica se vuelve oscura: cuando un agente extranjero se pone nuestro uniforme, lo que se desmantela no es solo un laboratorio, sino el respeto a nuestra propia ley.

La encrucijada del mando

Este estruendo llegó ayer al Senado de la República. Desde la tribuna, el senador morenista Juan Carlos Loera lanzó una acusación frontal contra el estado. Pero fue la réplica de Ricardo Anaya (PAN)  la que desnudó las costuras del discurso oficialista con una pregunta demoledora: ¿Desde cuándo un gobernador es responsable de revisar pasaportes o custodiar las fronteras?

Aquí es donde el rompecabezas deja de cuadrar. La Presidenta insiste en su "mañanera" que no hubo aviso a la Federación. Pero si en el operativo participaron 40 efectivos del Ejército Mexicano, surge la duda que nos cala hondo: ¿Cómo es posible que esos soldados no hayan informado a sus superiores? ¿A quién le reportan los hombres de armas en la sierra si no es a su Comandancia Suprema? Si la Sedena estaba ahí, el silencio hacia arriba es, por decir lo menos, inexplicable.

El juicio de la historia

Mientras el Senado ardía, la Presidenta confirmó el envío de una nota diplomática al embajador Ronald Johnson. El mensaje es claro: la seguridad en México tiene una sola jerarquía. Por su parte, la gobernadora Maru Campos no retrocede; defiende el golpe al crimen como un "gran logro" y ha solicitado una reunión cara a cara con la Presidenta para llevar el conflicto de los gritos parlamentarios a la mesa de la alta política.

El Senado ha abierto la Caja de Pandora y ha fijado el martes 28 de abril para que Chihuahua rinda cuentas. Pero el verdadero desenlace se jugará en ese encuentro privado en la capital. Ahí se tendrá que explicar cómo es que la Federación estaba en el lugar de los hechos a través de sus soldados, mientras sus jefes afirmaban desconocer la misión.

En este tablero, los silencios suelen tener un costo que no se paga con disculpas. Por ahora, en la Sierra Tarahumara, el éxito contra el narco tiene un sabor amargo, porque las sombras que lo hicieron posible siguen llevando placa de otro país, pero uniforme del nuestro.

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Morena y el horizonte del 2028

La política, en su faceta más pragmática, suele encontrar momentos de lucidez cuando el ritmo de las instituciones amenaza con desbordar la realidad. Lo que comenzó como una carrera a marchas forzadas para transformar el Poder Judicial ha tomado un nuevo matiz: la pausa reflexiva.

Diputados de Morena han puesto sobre la mesa una iniciativa que busca mover el tablero. La propuesta es clara: recorrer la próxima elección judicial hasta junio de 2028. No se trata de un simple cambio de fecha, sino de un reconocimiento de que las prisas y la saturación informativa podrían terminar por desvirtuar el espíritu de la propia reforma.

El documento, respaldado por figuras de peso como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, argumenta que la concurrencia de estos comicios con procesos políticos tradicionales genera una atmósfera de alta tensión y baja claridad. Entre los riesgos que buscan mitigar destacan:

El temor a que el votante se pierda en un mar de boletas y propaganda, diluyendo la importancia de los perfiles técnicos judiciales.

Evitar que las candidaturas a jueces y magistrados se conviertan en meros apéndices de las campañas partidistas.

Reconocen una presión operativa y financiera sobre las autoridades electorales que podría poner en jaque la robustez del proceso.

Quizás el cambio más profundo en esta propuesta es el rediseño de los filtros. La iniciativa plantea eliminar los comités individuales de cada Poder de la Unión —que habían sido blanco de críticas por posibles sesgos— para dar paso a un Comité Único de Evaluación.

Este nuevo órgano estaría conformado de manera tripartita por los tres Poderes, buscando centralizar la revisión de perfiles bajo un mismo estándar de rigor y transparencia.

"Lo que se busca es garantizar una mayor deliberación pública y proteger la independencia judicial, permitiendo que la ciudadanía elija con información real y no bajo el ruido de la contienda política."

Esta movida legislativa sugiere que, dentro del oficialismo, ha permeado la idea de que para que la reforma sea legítima y funcional, el orden y la pausa son, por ahora, los mejores aliados de la democracia judicial.

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 Coahuila: La aduana de Andy y el destino de Morena

En política no hay coincidencias, hay señales. Esta semana, el edificio de Morena en la calle Liverpool fue escenario de una "encerrona" que dice más por lo que se calló que por lo que se gritó. Sin celulares de por medio y bajo la consigna de "cuidar al movimiento", Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", reactivó la maquinaria. El objetivo es claro: Coahuila.

No es una visita de cortesía. Son 65 diputados federales enviados al territorio donde el PRI de Manolo Jiménez se mantiene como un bastión inexpugnable. La instrucción de "Andy" fue directa: no hay margen de error. Se busca ganar el Congreso local este 7 de junio y pavimentar el camino a la gubernatura. Pero detrás de la logística de brigadas y afiliados, hay una urgencia que huele a ultimátum.

 ¿Maletas listas en la dirigencia?

Lo que revela El Universal hoy es una trama de alta tensión en Palacio Nacional. Se dice que la presidenta Sheinbaum ya tiene un plan B. Si los resultados en Coahuila no favorecen al guinda, Luisa María Alcalde podría estar preparando las maletas. En el horizonte ya suenan nombres para el relevo: Ariadna Montiel, la actual Secretaria de Bienestar, llegaría a tomar las riendas del partido, acompañada por perfiles de absoluta confianza presidencial como Esthela Damián.

Coahuila no es solo una elección local; es la prueba de fuego para la dirigencia actual y para la capacidad operativa del hijo del expresidente. Entre fricciones con el PT y el Verde, y una estructura priista que no cede, Morena se juega en el norte algo más que diputaciones: se juega su estabilidad interna. Habrá que ver si el músculo de los 65 legisladores alcanza para doblar la apuesta o si el 7 de junio seremos testigos del primer gran reajuste en la era de Sheinbaum.

Bajo Reserva/El Universal

Nos dicen que la prueba de fuego para la actual dirigencia de Morena será el proceso electoral local en Coahuila del 7 de junio próximo, donde existe el temor de que no puedan vencer al PRI. Nos dicen que la preocupación es tal que Andy López Beltrán, ni tardo ni perezoso tomó la responsabilidad y se comprometió a operar la elección con la estructura del partido y un ejército de 65 diputados federales de Morena. ¿Tantos diputados operando sus bases para ganar 16 distritos locales? Pues así de grave está el asunto. Incluso, trabajadores del edificio sede de Morena solo recordaban haber visto al secretario de Organización cuando fue a decir que no le gustaba que le llamaran “Andy”. Ya se verá si Andrés Manuel López Beltrán pasa la prueba de fuego y logra ganar una compleja elección local, y con ello los méritos para cosas más importantes. 

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Las columnas políticas hoy, miércoles 22 de abril de 2026

La prueba de fuego para Andy

Bajo Reserva/El Universal

Nos dicen que la prueba de fuego para la actual dirigencia de Morena será el proceso electoral local en Coahuila del 7 de junio próximo, donde existe el temor de que no puedan vencer al PRI. Nos dicen que la preocupación es tal que Andy López Beltrán, ni tardo ni perezoso tomó la responsabilidad y se comprometió a operar la elección con la estructura del partido y un ejército de 65 diputados federales de Morena. ¿Tantos diputados operando sus bases para ganar 16 distritos locales? Pues así de grave está el asunto. Incluso, trabajadores del edificio sede de Morena solo recordaban haber visto al secretario de Organización cuando fue a decir que no le gustaba que le llamaran “Andy”. Ya se verá si Andrés Manuel López Beltrán pasa la prueba de fuego y logra ganar una compleja elección local, y con ello los méritos para cosas más importantes. 

Las lecturas de la reunión del alto comisionado de la ONU en el Senado 

Nos comentan que la reunión del Senado con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, no salió lo bien que pensaba Morena, que se esmeró en tratar de convencerlo de que el tema de las personas desaparecidas tiene su origen en los gobiernos del PRI. Nos platican que el funcionario escuchó con atención a los morenistas, que explicaron que, a diferencia del pasado, se ha cambiado la ley y ahora hay un Poder Judicial renovado que no responde a intereses particulares. Pero también atendió el reclamo de la oposición, que expresó que las cifras de personas desaparecidas han crecido durante los casi ocho años de gobiernos de Morena y aliados, con una impunidad desbordante. Nos dicen que los senadores de oposición salieron de la reunión eufóricos porque aseguran, el alto comisionado defendió al comité de la ONU que elaboró el informe sobre las desapariciones en México y no se habló de rectificación alguna. 

Otra de la lotería de la Cámara de Diputados 

Ayer le comentamos que quien se sacó la lotería de la popularidad fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal, luego de que su sonriente rostro apareciera en una versión muy particular del juego de la Lotería Mexicana, misma que la revista institucional de la Cámara financió con fondos públicos con el fin de “acercar el Congreso a la gente”. César A. Juárez Ugalde, “Director general de editorial e Imagen Legislativa  de la Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados”, envió una postura a este espacio para decir que “se hace creer que la figura del diputado Monreal es la única en las tarjetas”, pero que “la lotería incluye otros legisladores morenistas y de oposición tanto de la Mesa Directiva, como de la Jucopo". El funcionario de kilométrico cargo dice, con orgullo: “para que las niñas y los niños participen y aprendan de forma divertida, yo como Director… erogué el gasto de los 20 juegos de lotería”. Excelente decisión de inversión de los recursos públicos de don César. El Poder Legislativo se sacó la lotería con su contratación. 

Coinciden Morena y Beltrones en modificaciones a la reforma electoral  

Nos señalan que legisladores de Morena presentaron una iniciativa para modificar la reforma judicial vigente. El proyecto contempla reprogramar la elección judicial para 2028 y añadir exámenes de conocimientos. Nos hacen notar que este proyecto coincide con la propuesta del senador Manlio Fabio Beltrones, quien hace unos días se pronunció en el mismo sentido. El planteamiento de don Manlio, nos recuerdan, gira en torno a corregir el método de elección del Poder Judicial para subsanar las fallas: someter, primero, a examen de oposición a quienes aspiren a ser jueces, magistrados y ministros, antes de su registro en la contienda electoral, con el fin de tener cuadros técnicamente fuertes. Además, propuso posponer dicha elección hasta 2028. Habrá que seguir de cerca el futuro de la iniciativa.

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Templo Mayor/ REFORMA

SEGÚN el evangelio de AMLO, quien ocupa la Presidencia de la República es la persona mejor informada de México. Extrañamente, la presidenta Claudia Sheinbaum muchas veces no se entera de los temas importantes. O eso es lo que ella dice.

NO SUPO que el Ejército fue a cazar a "El Mencho" a Tapalpa. Dijo que tampoco estaba enterada de que el SAT castigó a las ONGs críticas al retirarles el permiso para recibir donativos. Se fue "de espaldas" porque no sabía que Citlalli Hernández se iba a Morena. Tampoco supo del derrame de Pemex en el Golfo de México. Y ahora dice que no estaba enterada de que agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, estaban operando en territorio mexicano abiertamente de la mano con la Fiscalía de Chihuahua.

¿SERÁ VERDAD que a la Presidenta la tienen en una caja de aislamiento y no se entera de cosas tan importantes? ¿O es una manera de lavarse las manos para evitarse problemas? Es pregunta que necesita saber. 

ALGO CAMBIÓ entre los partidos de la 4T, pues de andar muy peleados, ayer lograron ponerse de acuerdo para nombrar a tres nuevos consejeros del INE. Sin complicación aprobaron a Blanca Yassahara Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez.

PARECE que la diferencia que pudiera moldear un INE totalmente 4T fue que en la negociación ya no estuvieron involucradas la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ni la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, con quienes ya no querían tratar el PT y el Partido Verde.

DICEN QUE, en cambio, fue clave la presencia de Citlalli Hernández para destrabar un diferendo con los petistas para nombrar a Frida Gómez en lugar de Bernardo Valle.

POR CIERTO, de 395 personas que participaron en el proceso para ocupar tres consejerías en el INE, al final fue seleccionado quien... ¡no tiene experiencia en el tema electoral! Se trata de Arturo Chávez, quien reconoció que su conocimiento sobre elecciones se limita a la impresión de las boletas como director de Talleres Gráficos de la Nación... y a haber acudido a votar a una casilla. Lo que no dijo es que es un veterano militante de Morena que, además, colaboró en Tlalpan cuando gobernaba Claudia Sheinbaum.

FUMARON la pipa de la paz, o eso presumen, los emecistas Jorge Álvarez Máynez y Pablo Lemus. Las relaciones entre la dirigencia de Movimiento Ciudadano y los naranjas jaliscienses se habían puesto tensas a raíz del apoyo de MC a Morena en la aprobación del "Plan B".

HACE UNOS días anduvo en Jalisco el propio Dante Delgado, pero de último minuto canceló una reunión con el gobernador Lemus, para dejar que se enfriaran los ánimos. Será interesante ver en qué se traduce el nuevo entendimiento.

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Confidencial/El Financiero

Otra vez resonó ayer, como un secreto a voces, que la líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, dejaría su cargo en cuestión de horas, y que en su lugar llegaría Ariadna Montiel, titular de Bienestar. Pero Alcalde llegaría a la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues Esthela Damián, la actual titular, iría a la Secretaría de Organización de Morena, en lugar de Andrés Manuel López Beltrán. La propia Citlalli Hernández, recién vuelta al partido, nos dijo ayer en San Lázaro “¡no sé!”, cuando acudió, a toda prisa, a una reunión con diputados del PT. También Ricardo Monreal dijo desconocer si está confirmada esa información, pero se adelantó y comentó que, de ser así, “lo lamento mucho, está haciendo un buen trabajo”.

Roces en Senado por Chihuahua

El tema de la petición de comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, causó un roce entre Verónica Camino, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, con Ricardo Anaya, coordinador del PAN. El panista fue reconvenido y éste intentó ignorar la instrucción de la morenista y pidió hacer uso de la palabra. Se encimaron en dichos en el micrófono por unos minutos. Al final, la morenista pidió concluir el asunto. Salió al quite Lilly Téllez, quien esta vez sí vino preparada con megáfono, por aquello de que le apagan el sonido. Parece que en la Cámara alta se trata de haber quien alza más la voz.

Duelo en redes por elección judicial

Ante la corrección de plana que le hizo en redes sociales Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara alta, a Clemente Castañeda, coordinador de MC, respecto de un periodo extraordinario para aplazar la elección judicial, el emecista no se quedó callado y dijo que a las pocas horas salió una iniciativa en ese sentido en Cámara de Diputados, y en el Senado aún hay voces en el mismo sentido, lo que da cuenta que equivocado, equivocado, no estaba. “Como dice por ahí, guarden el tuit, ya nos veremos en una ocasión posterior”.

Sheinbaum y la FIFA

La presidenta tuvo que hacer a un lado en la ‘mañanera del pueblo’ el anuncio del programa de salud mental, como lo tenía previsto, para prácticamente dedicar la conferencia al tema del tiroteo en Teotihuacán. Pese a que insistió en que existen “todas las garantías” para la realización del Mundial en nuestro país, Claudia Sheinbaum reveló que el mismo lunes sostuvo comunicación con el equipo de la FIFA, que encabeza Gianni Infantino, para revisar lo relacionado con los protocolos de seguridad.

Eruviel quiere lavar ropa sucia en casa

María Irene Dipp Walther denunció públicamente a través de un video a su esposo Eruviel Ávila, exgobernador priista del Estado de México y hoy diputado federal por el Verde, por presuntamente ejercer violencia psicológica y amenazarla con emprender acciones legales en su contra. La mujer incluso afirmó vivir con el temor constante de perder a sus hijos. Ante el escándalo, el legislador de la ‘4T’ salió a decir en sus redes sociales que él y su esposa resolverán la situación y harán prevalecer, con diálogo y respeto, el bienestar de sus hijos.

Retan a finalistas al INE

Ante las dudas que ha generado el proceso de designación de tres consejerías del INE, Francisco Rojas Choza, especialista en materia electoral, retó a los finalistas por un asiento en la ‘herradura de la democracia’ a transparentar su curriculum, exposición de motivos y ensayo, para despejar las dudas sobre la legitimidad del proceso, pues tanto académicos como la oposición han alertado que es una simulación y que los dados están cargados para perfiles cercanos al oficialismo. ¿Aceptarán el reto?

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Estrictamente Personal

La guerra (no tan secreta) de la CIA/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, abril 22, 2026 | 

El accidente en la Sierra Tarahumara en el que murieron el domingo dos agentes de la CIA que estaban colaborando con el gobierno de Chihuahua colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una doble encrucijada: el papel y destino de la gobernadora Maru Campos, que se entrometió en un tema de competencia exclusiva federal, la política exterior, y cómo responder a una intromisión estadounidense por haber realizado operaciones terrestres en territorio mexicano, dejando al gobierno en la oscuridad. En ambos casos, la presidenta ha pateado el balón para adelante, ganando tiempo para evaluar, posiblemente, todos los escenarios.

No tiene opciones dentro de la ley. O actúa contra Campos, o mantendrá abierta la puerta para que, de manera bilateral, gobiernos estatales busquen sus propios acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Y presenta una enérgica protesta al gobierno de Donald Trump, o terminará de perder el control sobre las operaciones off-the-books de las agencias de inteligencia de ese país. En ambos casos arrastra un déficit, pero puede revertir las pérdidas y recuperar la rectoría del gobierno sobre los asuntos internos.

La muerte de los dos agentes llevó al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a una cadena de contradicciones en su explicación de qué hacían ahí, convirtiéndose en el fusible natural para resolver, aunque sea cosméticamente, el diferendo interno. Campos puede utilizarlo como chivo expiatorio, porque el estatus en el que se encontraba desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022, que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera, expiró.

Con aquel memorando, afirmó el embajador Agustín Gutiérrez Canet, “la panista se salió de control en un tema de competencia federal, como es la política exterior”, que sirvió como antecedente para la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua. “Por ese motivo grave debería ser destituida mediante un juicio político”, agregó. Sheinbaum lo ha dejado en el aire, señalando que su equipo jurídico determinará si violó la Constitución. Si se aplicara la ley, Campos tendría que ser sujeta a un procedimiento legal en el Congreso estatal que concluyera en su desafuero. Pero el tamiz que se está aplicando no es legal sino político, por lo que quizás no pase nada.

Pero esto es solo parte del problema. El fiscal Jáuregui, como observó ayer la presidenta, ha estado cambiando sus versiones sobre qué hacían los agentes en Chihuahua. Originalmente dijo que eran instructores que estaban capacitando a las fuerzas de seguridad en el uso y manejo de drones, y que no habían participado en la operación del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa. Un día después afirmó que no eran agentes de la DEA, pero nunca aclaró a cuál área de la Embajada de Estados Unidos en México pertenecían. En este espacio se publicó ayer que la capacitación en esa materia –por el lado civil– lo hace la CIA, no la DEA, y el martes por la mañana el diario The Washington Post confirmó que los agentes eran miembros de la CIA y habían participado en el desmantelamiento del laboratorio.

En esa operación participaron fuerzas federales, pero la presidenta dijo que no estaban enterados en el gobierno de qué estaban haciendo, lo que lleva a otra disyuntiva: si la versión en Washington es la correcta y ella dice la verdad, dentro del Gabinete de Seguridad le están escondiendo las cosas; si no participaron en la cancelación del laboratorio, entonces la CIA está conduciendo operaciones terrestres en México sin conocimiento del gobierno federal, lo que iría en contra de los acuerdos de cooperación bilateral. El periódico The New York Times se subió al tema y publicó seis horas después del Post una versión similar a lo revelado. La cadena Fox News, la que ve Trump todo el tiempo, fue más allá, y transmitió como una “bomba”, que los agentes estaban investigando el laboratorio del Cártel de Sinaloa.

A diferencia del ángulo en Chihuahua, en este tema no hay un pelele a quién echarle la culpa. La ley es muy clara. Las reformas a los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2020, prohíben expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos, deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle cualquier reunión, comunicación o interacción que tengan con ellos.

La explicación de lo que estaban haciendo los agentes, aunque ambigua y sin detalles, la dio el embajador Ron Johnson desde el domingo, cuando mencionó en X que la muerte de los estadounidenses y dos mandos policiales mexicanos recuerdan los costos de luchar contra el crimen organizado. Directa o indirectamente, eso estaban haciendo, sin conocimiento del gobierno federal, según las palabras de la presidenta, por lo que violaron la ley, mostrando que la exasperación de Washington por lo limitado que ha sido el combate –pese a los anuncios épicos que hace diariamente el Gabinete de Seguridad–, los ha orillado a tomar acciones unilaterales.

Arturo Sarukhán, exembajador de México ante la Casa Blanca, lo había señalado en un ensayo en la revista Foreign Affairs, al afirmar que si México no podía probar que la cooperación produce mejores resultados que la coerción, le daría a Washington la justificación para ignorar a las instituciones mexicanas en su lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales. Las muertes en Chihuahua expusieron que ya lo estaban haciendo.

Nota: El director del Metro, Adrián Rubalcava, y el líder sindical, Fernando Espino, rechazaron “de manera categórica”, lo señalado en la columna “Conflicto inventado”, publicada el lunes en este espacio. Rubalcava refutó “cualquier insinuación” de complicidad que pudiera afectar al gobierno de la Ciudad de México y a los usuarios del Metro. Espino afirmó que es “falso” lo publicado, al cuestionar, como lo hace Rubalcava, la existencia del informe en lo que se basó la columna. Valga su réplica, pero la preocupación central no debería ser el columnista, sino la información de inteligencia que entregaron a la Presidencia sobre ambos.

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“Mujer de poco trabajo y menos resultados”/Salvador García Soto

El Universal,

El título de esta columna, además de una frase, es una descripción que le escuché hace poco más de un año a una política de Morena y actual integrante del gabinete presidencial cuando, en un desayuno, le preguntaron si creía que Luisa María Alcalde sería llamada a ocupar algún cargo en el equipo de la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum. “No lo creo —dijo la enterada mujer del obradorismo—. Ni es muy cercana ni de confianza de la doctora, pero además Luisa no es de mucho trabajo ni da buenos resultados en los cargos”.

La descripción de aquel momento me vino a la mente ayer al confirmarse la salida de la actual dirigente de Morena, quien dejará su cargo en las próximas horas y será relevada, como ella misma lo dijo públicamente, por decisión de la Presidenta. Porque, según Alcalde, quien subió un video la semana pasada enojada y en tono molesto ante los rumores y versiones insistentes de su salida, Sheinbaum era “la única” que podía removerla de la presidencia de ese partido si la invitaba a irse a otro cargo público, adjudicándole en los hechos y con total imprudencia, el papel de “jefa política” del partido gobernante a la Presidenta.

Y es que la trayectoria política de Luisa Alcalde está marcada más por el impulso y el apoyo del expresidente López Obrador, que ya sabemos privilegiaba la lealtad sobre la capacidad o el conocimiento, que por sus méritos, logros o resultados en el quehacer político y público. La amistad tan cercana que tuvo con el abogado Arturo Alcalde y con Bertha Luján, hizo que el expresidente adoptara políticamente a las dos hijas del matrimonio, a las que impulsó fuertemente desde su Presidencia.

Luisa pasó de ser la imagen juvenil en los spots de Morena, en los inicios del partido en 2015, a convertirse en diputada federal plurinominal de Movimiento Ciudadano, también con el apoyo de López Obrador que en ese entonces estaba aliado con Dante Delgado. Sus antecedentes en el obradorismo se remontaban al 2005 y 2006 cuando participó en las marchas contra el desafuero y luego en la toma del Paseo de la Reforma tras la cerrada elección presidencial de aquel año y el apretado triunfo de Felipe Calderón, que fue desconocido por Obrador y calificado de “fraude”.

Con la llegada al poder de Andrés Manuel la suerte le sonrió a la menor de las hijas de los Alcalde, quien con apenas 31 años y sin mayor experiencia política fue nombrada secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, un ámbito que conocía a través de su padre, experimentado abogado laborista que ahora tenía una hija justo en la dependencia que lleva los conflictos laborales y sindicales en el país.

Cinco años pasó al frente de la STyPS y le tocó participar en la Reforma Laboral que llevó a cabo el Congreso, como parte de las exigencias que Estados Unidos le impuso a México en la renegociación del actual TMEC en 2018. Senadores que en ese momento estaban el cargo y que participaron en la elaboración, discusión y aprobación de las nuevas leyes laborales, que entre otras cosas garantizaron el derecho a la libre sindicalización y la obligatoriedad de realizar elecciones democráticas y por voto directo de los trabajadores para elegir a los líderes sindicales, comentaban en esa época que “Luisa se para el cuello con los cambios laborales, pero nunca se involucró a fondo en el proceso, todo lo hicimos en el Senado y ella rara vez se presentaba a los trabajos”.

En una ocasión, siendo secretaria del Trabajo, visitó la mina de Pasta de Conchos, donde murieron 63 mineros atrapados en 2006, durante el gobierno de Vicente Fox y cuando Felipe Calderón aún era el secretario de Energía. Encabezó una reunión con directivos del Grupo México y con técnicos e ingenieros extranjeros que coordinaban las labores para el rescate de los cuerpos que quedaron sepultados desde aquel año. Terminada la reunión, las madres y esposas de los mineros, que no habían sido invitadas al encuentro a puerta cerrada, la esperaron para exigir que también dialogara con ellas.

Alcalde aceptó verlas unos minutos y les explicó en que iban los avances para intentar el rescate y cuando, antes de irse, las mujeres le pidieron una foto con ellas, la secretaria se negó a tomársela porque “no se vayan a enojar los empresarios”, en alusión a la presencia de los directivos del Grupo México, empresa de Germán Larrea, que en 2007, autorizado por el gobierno de Felipe Calderón, decidió suspender las labores de búsqueda y rescate de los mineros atrapados, con el argumento de que era imposible llegar hasta donde estaban, y luego, en noviembre de 2018, antes de la llegada de López Obrador, ordenó sellar las bocas de la mina con concreto.

De hecho, en los cinco años que Luisa María Alcalde coordinó los trabajos de CFE para lograr el rescate de cuerpos no se logró avanzar ni se rescató ningún resto, y fue hasta junio de 2024 cuando se logró llegar hasta los primeros restos de un minero; luego ya en 2025 en el actual gobierno se logró rescatar a más mineros y apenas el pasado viernes se informó de la recuperación de otro cuerpo más de un minero, para un total de 26 cuerpos rescatados de los 65 mineros que murieron en aquella lamentable tragedia.

Tras su paso por la Secretaría del Trabajo, y en medio de versiones de conflictos de interés por la participación del despacho de su padre en temas laborales, Luisa María fue promovida otra vez por el expresidente, que la envió en junio de 2023 a la Secretaría de Gobernación a sustituir a Adán Augusto López, que se iba como “corcholata” en busca de la candidatura presidencial de Morena. Su paso de más de un año en Segob fue, por decir lo menos, gris y sin resultados importantes en temas sustantivos de la Secretaría como la búsqueda de desaparecidos, amén de que nunca dialogó con la oposición ni tenía interlocución con actores políticos o con el Congreso.

De hecho, Luisa María Alcalde ordenó modificar los criterios para la integración del padrón nacional de personas desaparecidas y pidió revisar el censo oficial que en ese momento registraba 112 mil mexicanos en calidad de desaparecidos. En marzo de 2024, la entonces secretaria de Gobernación declaró que la nueva cifra oficial de desaparecidos en el país era de 99 mil 729 personas y que “la mayoría de las desapariciones reportadas y registradas son ausencias voluntarias”.

La maniobra y las declaraciones insensibles de la titular de Segob molestaron y fueron criticadas por los colectivos de Madres Buscadoras y por especialistas que denunciaron un intento de “rasurar” los padrones de víctimas de desaparición para reducir la cifra oficial a partir de simples indicios de localización. Fue tal la polémica que la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, que llevaba ya seis años en el cargo, renunció intempestivamente en agosto de 2024 y varios meses después declaró que había dejado el cargo “por diferencias sustantivas” con los nuevos criterios de Alcalde y del gobierno de López Obrador que buscaban la reducción de los registros.

Pero como su lealtad seguía siendo, no del 90 sino del 100%, a pesar de sus nulos resultados y de su fracaso como interlocutora política, Luisa María no sólo terminó el pasado sexenio despachando en Bucareli sino que, otra vez de la mano del expresidente, fue propuesta para ocupar la dirigencia nacional de Morena en donde, se supone, haría mancuerna con el hijo del expresidente y presunto “heredero político” del movimiento fundado por su padre, Andrés Manuel López Beltrán.

La relación entre ambos comenzó a tener fricciones y choques tras los resultados negativos que entregaron en los comicios locales de Veracruz y Durango donde Morena, si bien mantuvo posiciones importantes, retrocedió en municipios gobernados en la entidad veracruzana, por rupturas y pleitos que fueron aprovechados por el PT, mientras que en Durango, Luisa y Andy no pudieron con la operación del gobernador priista Esteban Villegas. A partir de esos resultados y tras una polémica entrevista en la que López Beltrán se quejaba de que le dijeran “Andy”, las diferencias entre ambos se hicieron públicas y notorias y el propio Andy llegó a acusar en privado a Luisa de meterle el pie en temas del partido, como en aquel Consejo Nacional que convocó a finales de julio de 2025, mientras él estaba de vacaciones en Japón.

Ayer, con el único mérito de haber avanzado en la afiliación masiva de militantes de Morena, aprovechando los programas sociales y sus padrones de beneficiarios, arreciaron las versiones de que Luisa María Alcalde dejará la presidencia morenista para dar paso a la llegada de la actual secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, tal y como lo publicamos en esta columna desde el pasado 5 de marzo. Se habló también de la salida de Andy López Beltrán, todo en medio de la llegada de Citlali Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, por decisión de la presidenta Sheinbaum.

Veremos si otra vez, como lo hizo el sexenio pasado, Luisa vuelve a caer parada y la premian con otro cargo público, a pesar de sus malos resultados. Lo que es un hecho es que el padrinazgo de su mentor político ya no le alcanzó para seguir en el partido y que, como la describió aquella compañera militante suya, Alcalde vuelve a dejar su actual cargo en medio de señalamientos de “poco trabajo y menos resultados”.

NOTAS INDISCRETAS…

Todo indica que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, será puesta en la picota por el gobierno federal, tras el caso de los dos agentes de la CIA que resultaron muertos, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, en un accidente de auto cuando participaban en labores de detección de laboratorios de droga clandestinos en la sierra chihuahuense. El que los agentes estadounidenses estuvieran participando en operativos de investigación en territorio mexicano, sin el conocimiento o autorización del gobierno federal, o al menos eso es lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum, a la que agarraron en curva el lunes cuando le preguntaron por los hechos y dijo no estar informada, es un tema más que delicado porque supone una acción inconstitucional aceptada por el estado de Chihuahua en su territorio. Tanto el NYT como el Washington Post han confirmado que sí se trató de dos agentes de la CIA los que murieron en el accidente, mientras que periodistas locales dicen que se trata de agentes estadounidenses adscritos al Consulado de Estados Unidos en Monterrey y que realizan investigaciones no sólo en Chihuahua, sino también en Nuevo León y en otros estados fronterizos. A estas alturas, la versión oficial de la Fiscalía de Chihuahua, de que los dos agentes estadounidenses no participaban en ningún operativo formal y que “sólo le pidieron ride” al director de la Agencia estatal, ha quedado totalmente desmentida y es un hecho que desde Morena ya empiezan a perfilar una comparecencia obligada para llamar a cuentas a la gobernadora y que explique si autorizó la presencia y participación estadounidense en su estado en operativos antinarcóticos, aunque la misma Maru Campos anoche ya pedía audiencia con la presidenta Sheinbaum para explicarle lo que dijo será “un informe detallado de la Fiscalía estatal”. Si ya la gobernadora panista de Chihuahua estaba en la mira de Morena, que se apresta a arrebatarle el estado en las elecciones estatales de 2027, con este tema seguramente buscarán debilitar aún más a la mandataria panista que, según dicen en Chihuahua, parece ya haber entregado el estado sin siquiera meter las manos…El reciente reportaje de EL UNIVERSAL sobre el financiamiento de la fundación Bloomberg Philanthropies a organizaciones civiles mexicanas, puso sobre la mesa algo que en los pasillos del poder se comenta desde hace años, pero pocos se atreven a documentar: la mano extranjera que se esconde detrás de los cambios de políticas públicas en México. Según los documentos a que tuvo acceso El Gran Diario de México, la fundación Bloomberg Philanthropies habría inyectado alrededor de 300 millones a El Poder del Consumidor de Alejandro Calvillo, para impulsar cambios regulatorios, impuestos y restricciones al consumo. Si ya la cantidad de dinero parece mucha, cuando se revisan los temas en los que esa organización ha influido en los últimos años, el asunto se vuelve aún más interesante: el etiquetado frontal (2018-2020), el impuesto a bebidas azucaradas (desde 2013), las restricciones a publicidad infantil (2014-2024), la ofensiva contra el tabaco (2021-2023) y ahora el empuje contra alcohol y vapeadores (2024-2026), son algunos de los temas en los que EL poder del Consumidor tuvo gran influencia haciendo lobbying con políticos, congresistas y funcionarios federales, curiosamente siempre en el mismo sector de la salud. El patrón se repitió en cada caso e incluso los mismos actores: financiamiento, campañas, “evidencia”, litigio y después presión. Un modelo bien aceitado que no solo influye en la opinión pública, sino que termina moldeando leyes, impuestos y regulaciones. Pero lo verdaderamente de este modus operandi es lo que sugieren los documentos: triangulación de recursos, intermediarios para evadir reglas de cabildeo y pagos a exfuncionarios que antes de autorizar los cambios fueron ellos mismos quienes diseñaron las mismas políticas que después modificaban. Es decir, una maquinaria completa y entonces el tema ya no parece tan sanitario y se torna mucho más político. ¿Quién define en realidad la agenda regulatoria en México? ¿El Estado mexicano o una red de organizaciones financiadas desde el extranjero? Y mientras todo eso pasa, el Congreso de la Unión parece mirar hacia otro lado. Las Cámaras de Diputados y Senadores, los que votan impuestos y regulaciones, guardan un silencio que suena a complicidad. Y es que quienes integran comisiones legislativas de Salud, Economía y Hacienda, lejos de pedir explicaciones, callan y el silencio también habla. Y arriba, en Palacio Nacional, la duda es inevitable: ¿está al tanto la presidenta Claudia Sheinbaum de estos flujos de dinero, de estas alianzas y de su impacto en decisiones públicas? Porque si lo sabe, es una política asumida. Y si no, es que alguien opera por debajo del radar. En cualquier caso todo esto ya no se trata de salud pública sino de poder…Ruedan los dados. Escalera Doble y seguimos subiendo.

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Asesino de Teotihuacán era fan de Thor y de Hitler/Carlos Loret de Mola;

El Universal

Julio César Jasso Ramírez le dejó una carta a su mamá. Le decía que se iba de viaje a Rusia. Que no sabría de él durante algún tiempo. En realidad se fue a Teotihuacán. Se hospedó una noche en el hotel Villa Meztli. Al día siguiente subió a la pirámide de La Luna y comenzó a amenazar y matar a los turistas que estaban disfrutando de la zona arqueológica de Teotihuacán.

La madre del asesino de Teotihuacán ha cooperado decididamente con las autoridades. Está en shock, según me relatan fuentes de alto nivel con las que hablé para escribir esta columna.

Cuando los agentes oficiales catearon la casa donde vivía Julio César Jasso Ramírez (distinta a la casa de su mamá), encontraron un montón de fotografías y posters del actor Chris Hemsworth, intérprete de Thor en la saga de superhéroes Avengers del universo cinematográfico de Marvel. Estaban pegadas en la pared. Algunas de ellas modificadas digitalmente para que luciera con una musculatura sobrehumana. En los apuntes que dejó, Jasso Ramírez expresaba entre incoherencias que los dioses lo habían elegido. No mencionaba a Thor, en particular, sino a los dioses en general.

Eso fue lo que más llamó la atención de los investigadores del gobierno cuando entraron a la vivienda de Julio César Jasso Ramírez.

Encontraron también un libro. “El suplicio de Venus”, una novela corta publicada en alemán en 1870 por el escritor austrohúngaro Leopold von Sacher-Masoch. Según la referencia en internet, la trama gira en torno a un hombre que desarrolla una intensa fascinación por ser dominado por una mujer, al grado que convence a la mujer de firmar un contrato donde él se convierte en su “esclavo” y ella en su ama, en una relación de poder, deseo y sumisión. Suena como a la novela madre de “50 sombras de Grey”.

En sus redes sociales hay varias referencias a Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889. Justo un 20 de abril, antier, Julio César Jasso Ramírez cometió el ataque y se suicidó.

También encontraron muchas referencias a la masacre escolar de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999, el mismo 20 de abril, y que fue retratada en el aclamado documental Bowling for Columbine, de Michael Moore.

SACIAMORBOS

Cuentan algunos con información privilegiada que el mensaje que vino a dar el jefe negociador de Estados Unidos para el TMEC, Jamieson Greer fue bastante diáfano: en julio el presidente Donald Trump no va a firmar la renovación el TMEC. En México interpretaron el mensaje como una posición dura para negociar: que no la firme en julio no quiere decir que no la firme nunca; es más, quizá ni si quiera quiere decir que no la firme en julio.

historiasreportero@gmail.com

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El caso Edith desnuda a la fiscalía/Jorge Fernández Menendez.

Excelsior

El asesino de la pirámide de la Luna en Teotihuacan, se llamaba Julio César Jasso Ramírez, tenía 26 años y evidentemente era un psicópata que estuvo copiando el accionar de otros asesinos masivos para cometer el crimen que lo inmortalizara . Su antecedente más cercano sería, por la información que tenía en su poder, la masacre de Columbine, donde un 20 de abril pero de 1999, dos jóvenes de secundaria abrieron fuego contra sus compañeros de escuela asesinando a 12 estudiantes y un maestro, otras 24 personas terminaron heridas, la mayoría de ellas por los disparos. 

El episodio, estudiado ampliamente, fue visibilizado por un notable documental Bowling for Columbine, de Michel Moore, que ganó un Oscar con ese trabajo.

Pero Jasso Ramírez no copió el crimen de Columbine, no atacó compañeros de escuela o de trabajo, no actuó acompañado, tampoco utilizó armas largas. Fue a un lugar altamente simbólico como la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, armado con un revolver y un puñal y atacó a turistas, emitiendo gritos, como se comprobó en videos grabados por víctimas, xenófobos, inconexos, pero que se reflejaron en el ataque: la turista asesinada era canadiense y todos los heridos, sin excepción, son extranjeros.

Falta mucho por saber y por conocer sobre este crimen, pero más allá del hecho evidente de que hablamos de un hombre desequilibrado, en un contexto, como el que vivimos, de intensa violencia, estamos también ante un crimen de odio, consecuencia, entre todos esos otros factores, de una narrativa que una y otra vez, desde el poder pero también desde la soceidad, descalifica, hace responsable de todas nuestras tragedias al “otro”, al extranjero, al “gringo”.

La cultura del odio se ha convertido en un fenómeno alimentado por las redes sociales, pero también por la polarización política. Las redes sociales amplifican las voces más extremistas, alimentadas por insultos personales y campañas de linchamiento digital. No se debate ideas, se ataca identidades. 

Y el ataque al otro, al extranjero, se ha convertido en uno de los principales instrumentos de esas campañas: puede servir para ello tanto el odio hacia el migrante que llega a un tercer país a tratar de sobrevivir, como el de los que se quejan de que los extranjeros al venir a México provocan gentrificación y “expulsan” gente de sus colonias originales. Sumémosle a ello un discurso en donde supuestamente las empresas extranjeras se quieren quedar con nuestras riquezas nacionales o que incluso son los responsables hace 500 años de acabar con civilizaciones tan ancestrales como supuestamente idílicas, y tenemos los componentes necesarios para crear un coctel de odio. 

Vivimos en “burbujas” ideológicas donde el “otro” es enemigo y donde es fácil odiar sin consecuencias. Esto explica el auge de discursos antisemitas, racistas, xenófobos o transfóbicos sobre todo post-pandemia.

Pero todo eso, como vimos en el ataque de Teotihuacán, se filtra también a la vida real, se refleja en elecciones, en discursos políticos y también en violencia, sobre todo en un contexto de polarización fomentada desde el poder y que tiene réplicas sociales evidentes Los lazos entre la polarización política y el discurso de odio son estrechos: cuando la política se organiza como una lucha entre “nosotros” y “ellos”, el adversario deja de verse como un competidor legítimo y empieza a tratarse como una amenaza. En ese punto, el lenguaje deja de tratar de persuadir y pasa a deshumanizar, ridiculizar o excluir. O el otro se convierte en una víctima propiciatoria. 

Los discursos de odio no causan por sí solos un crimen masivo, pero sí pueden funcionar como un alimento que normaliza la violencia y reduce la empatía hacia las víctimas. Esa repetición constante crea un clima social donde las agresiones dejan de verse como escandalosas y pasan a parecer “necesarias” o “defensivas”.

Todo esto no es más que una reflexión sobre un hecho terrible que nos tendría que llevar a concluir mucho más: primero, en comenzar a excluir esa narrativa polarizadora desde el poder y también desde la sociedad; segundo que la seguridad no puede ignorar el contexto de violencia que estamos viviendo (y que vive el mundo) y no podemos seguir dejando desprotegidos lugares icónicos que, como las zonas arqueológicas y muchos otros, terminan siendo objetivos también de personas o grupos que quieran ejercer ese tipo de violencia. Que lugares como Teotihuacan, Monte Albán o Chichen Itza no tengan seguridad alguna no es admisible. 

Tercero que debemos asumir que todo eso se disparará en el contexto del próximo mundial: hemos estado muy atentos a que los grupos criminales no operen durante el mundial pero nos olvidamos que los lobos solitarios como el asesino de la pirámide de la Luna, son un riesgo tan real como aquellos, incluso mayores, porque nada indica que las organizaciones criminales estén interesadas en boicotear el mundial, al contrario, pareciera que su interés pasa, sobre todo, por aprovecharlo en su beneficio.

De las tragedias, además de llorarlas, se puede aprender. Lo único inadmisible es ignorarlas.

Edith

¿Cuándo en la fiscalía de justicia de la ciudad de México se harán responsables, con nombre y apellido, de la negligencia cometida en la muerte de Edith?¿ los responsables serán, una vez más, como en el accidente del tren interoceánico, el derrame de crudo o tantos otros, sólo funcionarios medios o bajos?.

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Los 'narcos' deben estar agradecidos

El asalto a la razón/Carlos Marín

Milenio, 

La lógica sospecha de que agentes estadunidenses, policías ministeriales de Chihuahua y soldados del Ejército participaron en el desmantelamiento de narcolaboratorios en la sierra de Guachochi mantiene abierto un episodio turbio y exhibe una alarmante desinformación en las más altas esferas del poder.

Sin titubear, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió ayer en la probabilidad de que así fue y por decisión exclusiva de las autoridades chihuahuenses.

The New York Times —entre otros medios respetables— asegura que los oficiales adscritos a la embajada gringa y muertos en el accidente pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia.

¡Chíngale!

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostiene que el director de la Agencia de Investigación estatal y un subordinado (que asimismo resultaron muertos), después del aseguramiento del narcolaboratorio y en otro punto lejano, se toparon con los dos “instructores estadunidenses de drones” y quisieron darles un aventón, el vehículo se desbarrancó y sus cuatro ocupantes perdieron la vida.

Dice igualmente que, si fuera cierta la participación de los estadunidenses, el Ejército no habría apoyado el operativo.

El entuerto no es de mera confusión burocrática, sino un episodio que compromete soberanía, mando institucional y cadena de responsabilidades.

Si una autoridad estatal pudo “arreglarse” con una agencia extranjera —lo que sería jurídicamente inadmisible—, ¿la policía ministerial de Chihuahua embaucó también al Ejército en el “operativo conjunto”?

Y si los militares fueron engañados, su comandante de Zona procedió sin saber quién coordinaba realmente la operación. Y de saberlo, ¿no informó al alto mando sobre su papel en una de las mayores incautaciones de infraestructura criminal?

Ahora que, si lo informó, la explicación ya no correspondería al ámbito local, sino al mando superior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero me parece impensable que el general secretario de la Defensa, el divisionario Ricardo Trevilla, hubiese tolerado la actuación clandestina de agentes extranjeros sin tomar las previsiones legales, políticas y diplomáticas del caso… y sin informarle a la Presidenta.

En cualquier escenario, el saldo es demoledor.

O hubo engaño a fuerzas federales por parte de las autoridades chihuahuenses, o hubo una coordinación irregular tolerada, o peor si en los niveles superiores nadie sabía quién hacía qué en un operativo tan relevante.

El dicho del fiscal suena convincente (yo le creí), podría ser cierto, pero no bastan las versiones parciales, los silencios calculados ni los desmentidos de ocasión.

Lo que sale a flote es un aparato fragmentado de seguridad donde cada quien parece moverse por su cuenta, donde la información no circula o se administra según conveniencias políticas, y donde ni siquiera la muerte de funcionarios y presuntos agentes extranjeros alcanza para imponer claridad.

Si así se combate al crimen organizado, el crimen organizado debe estar agradecido...

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Los cambios en Morena y el gabinete /Mario Maldonado

El Universal,

Luisa María Alcalde va a dejar la presidencia de Morena en los próximos días, en medio de los reacomodos dentro del movimiento con miras al 2027. Claudia Sheinbaum le extendió una invitación para integrarse al gabinete federal y lo más probable es que sea al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Ese ajuste abre una cadena de decisiones que todavía no terminan de cerrarse. La primera tiene que ver con Estela Damián, actual titular de la Consejería. En el partido se menciona su posible llegada a la Secretaría de Organización de Morena, una de las posiciones más relevantes en la estructura interna. Sin embargo, esa versión convive con señales que apuntan en otra dirección.

El principal factor de incertidumbre es Andrés Manuel López Beltrán. Este lunes, “Andy” sostuvo una reunión con diputadas y diputados federales en la que, según asistentes, se le vio relajado, cercano y particularmente animado. La lectura fue que no se trataba de alguien que prepara su salida, sino de un operador que se siente firme en su posición. Incluso, dentro del partido se interpretó su actitud como una reacción favorable al eventual relevo de Alcalde.

El otro movimiento que incide en este tablero es la llegada de Citlalli Hernández a una posición clave dentro de Morena. Su cercanía con Luisa María Alcalde y con Sheinbaum la coloca como una figura de equilibrio frente al grupo más vinculado al expresidente López Obrador. Si López Beltrán permanece en la Secretaría de Organización, la presencia de Hernández funcionaría como un contrapeso interno.

A la par, comenzó a tomar fuerza el nombre de Ariadna Montiel para encabezar el partido. La secretaria de Bienestar tiene una ventaja estructural, pues ha construido redes territoriales en prácticamente todo el país a partir de los programas sociales y ha impulsado a cuadros cercanos en distintas entidades. Ese músculo político la coloca en posición competitiva, pero también genera resistencias dentro del movimiento.

Su principal obstáculo es el estatutario. La dirigencia de Morena no se define por designación directa. Se requiere convocar a un Congreso Nacional donde cerca de 3 mil consejeros voten por la nueva presidencia. Sin ese proceso, cualquier nombramiento carece de sustento formal. Por eso, aunque la salida de Alcalde se perfila como inminente, el relevo no sería inmediato.

Las luchas internas ya comenzaron a hacerse visibles. En Chihuahua, el respaldo de Montiel al alcalde Cruz Pérez Cuéllar la coloca en una ruta de choque con la senadora Andrea Chávez y con el grupo de Adán Augusto López. Ese conflicto refleja la disputa por el control territorial rumbo a las elecciones de 2027 y anticipa el tipo de confrontaciones que podrían escalar si Montiel asume la dirigencia nacional.

A ese escenario se suma otro factor: la estructura de la Secretaría del Bienestar, que ha sido el principal instrumento de operación política del gobierno, podría trasladarse de manera parcial al partido si Montiel llega a Morena. Eso implicaría un reordenamiento de fuerzas que modificaría los equilibrios internos y consolidaría un bloque con capacidad real de incidir en candidaturas y decisiones estratégicas.

El único movimiento que aparece con claridad es el de Luisa María Alcalde hacia el gabinete. La Consejería Jurídica se perfila como su siguiente destino. Lo que ocurra con Estela Damián sigue abierto. Algunas versiones la colocan en Morena, mientras otras la ubican en una posible ruta política en Guerrero, donde el escenario permanece condicionado por las restricciones internas que enfrenta Félix Salgado Macedonio.

El reacomodo en Morena es el inicio de una etapa en la que la presidenta Sheinbaum busca ajustar el partido a su proyecto, sin romper del todo con la estructura heredada. La salida de Alcalde es el primer paso visible. Lo que siga dependerá de la capacidad de los distintos grupos para negociar posiciones ahora que el control del partido comienza a ser tan relevante como el del gobierno.

Posdata 1

Con 334 votos a favor, 127 en contra y sin abstenciones, este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el nombramiento de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los nombramientos recayeron en Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. En el caso de las dos consejeras, se trata de perfiles con formación jurídica y experiencia en órganos públicos y electorales, que avanzaron en el proceso sin mayor confrontación pública, aunque con las reservas habituales de la oposición sobre los criterios de selección y la influencia política en las quintetas.

El foco estuvo en Arturo Chávez. Como lo publiqué en este espacio en junio del 2025, se ubica en el círculo cercano del proyecto político de Claudia Sheinbaum y de la propia Presidenta, de quien fue su abogado más cercano. Ha sido identificado como operador jurídico y electoral en sus campañas, además de tener vínculos con el llamado Grupo Tlalpan. Es sociólogo por la UNAM, donde también fue consejero universitario, y durante la gestión de Angélica Cuéllar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se desempeñó como secretario general con funciones operativas de dirección. Ese recorrido combina academia, operación política y asesoría legal en procesos electorales.

Su incorporación al Consejo General del INE, junto con los otros dos nombramientos, reafirma que el árbitro electoral se apega cada vez al oficialismo, en la antesala de las elecciones de 2027, donde se pondrá a prueba la capacidad técnica del instituto y su supuesta autonomía.

Posdata 2

Tal cual lo adelanté en marzo en esta columna, la compra del Atlas por parte de José Miguel Bejos se confirmó. Se trata de un empresario que ha acumulado cientos de miles de millones de pesos en contratos públicos en los últimos tres sexenios y ahora da el salto al futbol mexicano, en una operación cercana a los 240 millones de dólares.

Bejos construyó su posición al amparo de obra pública, en sociedad con firmas como Mota-Engil, y hoy traslada ese capital a una industria de alta exposición. El futbol aparece como vehículo de posicionamiento, no necesariamente como negocio rentable.

La compra de los Pericos de Puebla le permitió entrar al beisbol y establecer un puente directo con el poder político, particularmente en un gobierno donde esa disciplina es parte de la narrativa presidencial. Ese patrón se repite. Primero el beisbol, ahora el futbol. Distintos escaparates, pero con la misma lógica de influencia.

La venta del Atlas también alivia de pasivos fiscales al Grupo Orlegui, los cuales, durante años, complicaron el negocio y al mismo tiempo libera a la empresa de Alejandro Irarragorri de presión regulatoria, pues también posee al equipo Santos Laguna.

Posdata 3

El T-MEC entró en una fase clave y las conversaciones entre México y Estados Unidos comenzaron a centrarse en los temas que realmente definirán la revisión del acuerdo. Las discusiones ya pasaron de lo general a asuntos concretos como las reglas de origen y los aranceles, que impactan directamente a sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero.

En particular, las reglas de origen volvieron al centro de la disputa. Estados Unidos busca endurecerlas para asegurar que una mayor proporción de los insumos provenga de la región, lo que en los hechos presiona a México a ajustar sus cadenas de suministro y reducir su dependencia de componentes asiáticos. Para la industria nacional esto implica mayores costos y la necesidad de reorganizar su modelo de exportación.

El otro frente es el de los aranceles, donde persisten tensiones que contradicen el espíritu de libre comercio del tratado. La permanencia de tarifas en productos clave refleja que, más allá del discurso, Estados Unidos mantiene mecanismos de protección para su industria, lo que coloca a México en una posición de desventaja en ciertos mercados.

Así, la antesala de la revisión formal del T-MEC se perfila como un proceso complejo. México llega con la necesidad de preservar su principal plataforma de exportación, mientras Estados Unidos empuja ajustes que responden a su política industrial y de seguridad económica.

@MarioMal

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Teotihuacán tenía las condiciones ideales para que actuara el tirador /Héctor De Mauleón

El Universal, 

Al amanecer del 14 de diciembre de 2022, vigilantes de la zona arqueológica de Teotihuacán advirtieron que detrás de la Pirámide de la Luna se hallaba un cuerpo suspendido de un árbol.

Pertenecía a una mujer “trans”, Ximena Madrid, de 28 años, quien había sido vista por última vez en alguno de los restaurantes de la llamada “zona dorada”, que circunda el centro arqueológico.

Sus familiares la habían reportado como desaparecida desde el 12 de diciembre. Las autoridades aseguraron que se trataba de un suicidio. Sostuvieron que Ximena se había colado de noche en la zona arqueológica y empleado una cuerda para llevar a cabo su propósito.

El hecho puso de manifiesto los problemas de seguridad de la ciudad prehispánica más importante de América Latina, que cada año recibe más de un millón y medio de visitantes y se extiende a lo largo de 264 hectáreas que se encuentran a cargo de 65 custodios del INAH, así como de 30 policías auxiliares, según las cifras oficiales.

En marzo pasado, sin embargo, en una entrevista con El Economista, uno de los secretarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, José Vidal Dzul, denunció que, de 80 custodios en otros años, los recortes presupuestales habían reducido la cifra a 33.

Trabajadores consultados refieren que en la zona arqueológica la seguridad es nula. Los custodios “están en las cinco puertas de entrada y solo dan indicaciones de dónde estacionarse o dónde pagar el boleto. Es todo lo que hacen. Hay otros distribuidos en el sitio, los museos y los distintos barrios. No hacen trabajo de vigilancia propiamente. Esto está en manos de la policía auxiliar, con quien el INAH tiene un contrato”.

La Guardia Nacional rodea la zona, y las afueras de cada puerta. “Pero en general tampoco hace nada. Todo el día se les ve con el celular en la mano”, refieren los trabajadores del centro. “No hay revisión de nada”.

Este reducido cuerpo tiene a cargo la vigilancia de un centro que llega a recibir algunos días 5 mil personas y en el que la afluencia de visitantes se disparará, según se espera, en los días del Mundial de Futbol, en el que la cercana Ciudad de México es una de las sedes.

En el segundo centro arqueológico más visitado del país no hay cámaras de seguridad: “Hace años dejaron de funcionar y nunca las arreglaron. Tampoco el sistema de alarmas funciona. Antes había cámaras en cada estacionamiento, en la administración y en el museo, el lugar donde se recuerdan miles de objetos rescatados en las excavaciones, pero ahora no existe nada de eso”, denuncian.

En los estacionamientos, se reportan con frecuencia cristalazos y hasta han llegado a robarse autos.

En la zona no existe tampoco personal para la atención de urgencias. “Ni siquiera para dar auxilios mínimos, a pesar de que los accidentes más graves y más frecuentes son las caídas de personas que suben a los monumentos”, aseguran los trabajadores.

Todo esto dio a Teotihuacán las condiciones ideales para que ocurriera un acontecimiento como el del lunes 20 de abril.

Documentos hallados por la fiscalía del Estado de México indican que Julio César Jasso Ramírez, un fanático de las masacres de 27 años de edad, creía recibir órdenes de una entidad “que no es de esta tierra”. Tenía fascinación por textos mitológicos, dioses escandinavos y cómics de superhéroes.

Había reservado desde el mes de febrero una habitación en el Hotel Villa Meztli, a la que llegó finalmente el 8 de abril. Pagó por adelantado 12 noches: su salida estaba planeada para el día 20, el mismo en el que, alrededor de las 11 de la mañana, pidió un servicio de taxi y se dirigió al centro arqueológico.

Según boletos hallados en su habitación, “El tirador de Teotihuacán”, como lo han llamado, había visitado la zona al menos dos veces. Entre el 14 y el 18 de abril volvió a la Ciudad de México. No se ha especificado a qué.

El 19 por la mañana tomó un autobús en la Central del Norte. Al día siguiente hallaron en su habitación dos cajas de 50 cartuchos marca Águila. Estaban vacías.

El 20 salió de la habitación con un pantalón, unas botas y una mochila de tipo táctico. En esta, entre otras cosas, había un cuchillo, y estaba la foto generada por IA en la que se hizo aparecer al lado de los autores de la matanza de Columbine.

Eran las 11:20 cuando en lo alto de la Pirámide de la Luna tomó rehenes y comenzó a disparar. Sus víctimas fueron solo turistas extranjeros. Las autoridades creen que probablemente seleccionó un tour integrado por estos. Hay registro de que dejó huir a algunos mexicanos. Hizo alrededor de 35 disparos. Finalmente, le arrebató la vida a una persona y, antes de suicidarse, alcanzó a herir a 13 más.

Faltaban 52 días para la inauguración del Mundial.

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Tiros en Teotihuacan

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA 22 abril 2026;

"Una cultura la hacen -o la destruyen-

sus voces articuladas". Ayn Rand

Después de que un hombre disparó contra visitantes extranjeros en Teotihuacan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el 20 de abril el cierre de la zona arqueológica "hasta nuevo aviso". Parecía un nuevo caso de tapar el pozo una vez ahogado el niño, aunque demostraba una preocupación legítima por la vulnerabilidad de centros arqueológicos y turísticos ante ataques de desquiciados o criminales. Ayer la presidenta Sheinbaum anunció que la zona se abriría nuevamente hoy con mayor seguridad. Es una decisión sensata. Se trata de uno de los lugares más visitados del país. En 2025 recibió 1.6 millones de visitantes, 4,383 en promedio cada día.

Asombra la facilidad con la que una persona armada pudo ingresar a la zona arqueológica. Revisar los protocolos de seguridad de este y otros lugares es indispensable, pero las dificultades serán enormes. México tiene 194 zonas arqueológicas y una paleontológica abiertas al público. Además, hay unos 50 mil sitios arqueológicos registrados. Nada más la zona arqueológica de Teotihuacan tiene una superficie de 264 hectáreas; blindarla completamente tendría un costo enorme, pero el gobierno no quiere gastar en esto.

La 4T está recortando los recursos para la cultura. El presupuesto del sector bajó de 15,081 millones de pesos en 2025 a 13,097 millones en 2026. Al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le presupuestaron 4,613 millones en 2026 contra 5,901 millones en 2025. Esto es producto de una política que prefiere repartir dádivas a la población, que son muy rentables para comprar votos, mientras reduce los presupuestos de las funciones sustantivas del gobierno.

Lo curioso es que el régimen está inmerso en una lucha por obligar a coleccionistas, casas de subastas y museos de distintos lugares del mundo a "repatriar" obras a México, aunque estas no solo no tienen posibilidades de ser exhibidas, sino que ni siquiera pueden ser preservadas y custodiadas de manera adecuada. Hemos visto un movimiento político para impedir que la colección Gelman, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, pueda salir de México, incluso de manera temporal, cuando el gobierno mexicano no está otorgando los presupuestos que permitan que esta u otras colecciones valiosas puedan preservarse y exhibirse en condiciones dignas. La alianza de la familia Zambrano de Monterrey con la Fundación Santander de España, en cambio, genera certidumbre para la preservación y la mayor difusión de esta colección de obras.

Preservar y dar seguridad a una colección arqueológica o artística cuesta mucho. El gobierno, que tiene otras prioridades, dedica cada vez menos recursos a estas tareas. La trágica experiencia con el tirador de Teotihuacan ratifica lo difícil que es mantener la seguridad de un área como esta.

Coincido con el secretario Omar García Harfuch en que la respuesta de la Guardia Nacional fue rápida y eficaz, considerando las circunstancias; la experiencia internacional muestra que los tiempos de respuesta pueden ser mucho más prolongados y llevar a tragedias mayores. Pero en lo sucedido en Teotihuacan hay lecciones que debemos entender. La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, nacida del supuesto nacionalismo de Luis Echeverría, ha causado un enorme daño a nuestro patrimonio cultural. Viola los derechos de propiedad, sin generar recursos para conservar y custodiar. Promueve el ocultamiento de obras en lugar de su exhibición. Para bien del patrimonio cultural, deberíamos buscar más alianzas como la que se ha establecido con Santander para la colección Gelman.

· ODIO

Parece que el discurso de odio de López Obrador contra los extranjeros ha permeado. "Y vosotros, y mierda, que habéis venido de puta Europa, no vais a regresar... Esto se construyó para sacrificar", dijo el tirador de Teotihuacan a sus rehenes.

www.sergiosarmiento.com

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Una nueva mayoría/Luis Carlos Ugalde 

REFORMA

La Cámara de Diputados eligió anoche tres nuevas consejerías electorales con los votos de Morena, el Partido Verde y el PT. Cuando en 1996 se diseñó el método de elección de consejeros del entonces IFE se exigió una mayoría calificada para evitar que el PRI pudiera nombrarlos por sí solo. Hoy Morena y sus aliados tienen esos votos y eligieron sin negociar con la oposición. De ahí la acusación de que el gobierno aprovechará esta renovación para capturar al árbitro electoral.

La nueva integración del Consejo General del INE alterará el equilibrio interno de fuerzas. Nada está escrito en piedra, pero es previsible que la mayoría de seis consejeros que solía votar con criterios de legalidad e imparcialidad se convierta en una minoría de tres o cuatro votos independientes. En muchos temas nodales del arbitraje electoral, podría imponerse una mayoría más cercana al oficialismo.

Afortunadamente no prosperó una reforma electoral que modificaría la estructura del instituto y eso significa que sigue intacto el servicio profesional electoral: más de 2,500 personas responsables de las 32 juntas estatales y las 300 distritales del INE. También permanecen sin cambio los procesos de organización de elecciones: reclutamiento y capacitación de funcionarios de casilla, instalación de casillas, conteo de votos y difusión de resultados.

En otras palabras: se preserva la integridad de la organización electoral, pero se debilita el arbitraje de las condiciones de competencia entre partidos. Tendremos un INE eficaz para organizar elecciones, pero menos independiente frente al gobierno, más complaciente con el partido oficial y más reacio a sacar el silbato.

Ese nuevo equilibrio tendrá implicaciones rumbo a 2027. Veo cinco temas nodales.

Primero, el registro de nuevos partidos. De las casi 90 organizaciones que notificaron su intención de constituirse como partido, solo unas cuantas cumplieron los requisitos. El nuevo Consejo General deberá decidir cuáles obtienen registro en las siguientes semanas. Nuevos partidos pueden enriquecer la competencia, pero también representan un riesgo para el oficialismo. De ahí la preocupación de que se quiera bloquear el registro de Somos México, una organización crítica del gobierno y de Morena.

Segundo, las precampañas adelantadas. Morena anunció que en junio designará a sus candidatos a gobernador bajo la etiqueta de "coordinadores estatales de defensa de la 4T". Eso ha detonado una carrera anticipada en todos los partidos. En los hechos, las campañas podrían comenzar casi un año antes de la jornada electoral.

Tercero, la intervención del gobierno en la contienda. Aunque no prosperó la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato, es probable que el gobierno busque influir en favor de Morena mediante declaraciones de la Presidenta, la presencia de gobernadores en actos partidistas o una promoción intensiva de obras y programas sociales.

Conviene recordar que López Obrador fue durante años el principal denunciante de cualquier guiño de favoritismo del gobierno en turno hacia candidatos del PAN o del PRI. Sus quejas dieron pie a reformas para exigir neutralidad gubernamental en campañas y restringir la propaganda oficial. Desde 2021, sin embargo, el gobierno ha hecho justamente lo que AMLO condenaba como opositor: intervenir en las campañas invocando libertad de expresión.

Cuarto, el uso electoral de los programas sociales. En 2024 hubo múltiples denuncias de coacción del voto: si apoyas a la oposición, pierdes tus apoyos. Quinto, la fiscalización. El control del dinero será decisivo para detectar rebases de tope, financiamiento paralelo, promoción anticipada, gasto opaco en redes y uso electoral de estructuras gubernamentales.

El INE puede combatir estas prácticas y poner orden en la cancha, pero requiere voluntad, independencia y creatividad. También necesita el apoyo del Tribunal Electoral, que en los últimos años ha mostrado una inclinación a favorecer posiciones del gobierno.

Todos los regímenes populistas buscan acotar la independencia de las autoridades electorales para facilitar su permanencia en el poder. México avanza en esa ruta, aunque la ventana de la competencia electoral sigue entreabierta. En ese terreno desigual y rijoso, la oposición tendrá que competir con astucia, innovación y un relato capaz de convencer a una ciudadanía cada vez más escéptica.

luiscarlosugalde@integralia.com.mx