Revista
Proceso
# 2025, 22 de agosto de 2015..
De
la propia PGJDF emergió la suciedad/SARA PANTOJA
Rodolfo
Ríos, procurador general de justicia del Distrito Federal, aceptó que, “por
corrupción” o amiguismo, desde la
dependencia a su cargo se filtró información a ciertos medios de comunicación
sobre la masacre de la colonia Narvarte, en la que fueron asesinados el
colaborador de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres. Según familiares y
abogados de los ejecutados, el
funcionario dijo que no puede hacer nada para frenar esas filtraciones. Una
activista colombiana sentencia: “Lo que (la PGJDF) ha hecho es sacar la
información que más puede servirle socialmente para desprestigiar a las
víctimas. Las convierten en putas, a los
otros en mariguaneros”.
El
medio día del pasado viernes 14, el titular de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos, se reunió con familiares y
representantes legales de las víctimas del multihomicidio de la colonia
Narvarte en el quinto piso de su “búnker” de la colonia Doctores. Fue tundido a
reproches, y sus respuestas no bastaron para calmar la indignación.
Al
encuentro asistieron hermanos de la trabajadora doméstica Olivia Alejandra
Negrete Avilés y del fotoperiodista Rubén Espinosa, además de los abogados
coadyuvantes de la organización Artículo 19; parientes de la activista Nadia
Vera y los litigantes Karla Micheel Salas y David Peña, de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Estuvieron ausentes familiares y
representantes legales de Yesenia Quiroz y Milena Virginia Martín.
Justo
al cumplirse dos semanas del crimen, el procurador llegó arropado con su plana
mayor: Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales;
María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del
Delito y Atención a la Comunidad; Jorge Mirón, subprocurador de Derechos
Humanos, y Marco Reyes, fiscal de Central de Homicidios.
Fue
la primera reunión formal entre autoridades y víctimas. Ahí, los asistentes le
recriminaron a Ríos Garza la filtración de partes del expediente a algunos
medios de comunicación, y le recordaron que esa acción viola sus derechos
humanos y entorpece la investigación. Además, esas filtraciones ocasionaron
discriminación y revictimización de los asesinados y sus allegados.
También
le hicieron notar el hecho de que concentre la indagatoria en un solo sentido:
el del robo y ajuste de cuentas, mientras que hace a un lado el móvil político
que apunta hacia el gobierno de Veracruz.
De
acuerdo con asistentes al encuentro, que pidieron el anonimato, Ríos Garza les
respondió que la información no salió “de su círculo”, sino que “había gente de
abajo” que “por corrupción” o por “amistad” pasaba datos y documentos a ciertos
reporteros. Afirman que, de hecho, aceptó que las filtraciones afectaban a la
propia dependencia.
Pero
esa explicación no convenció a los asistentes, quienes le exigieron reconocer
públicamente el error y parar las filtraciones. El funcionario insistió al
decir que “él no tenía la posibilidad de controlarlo porque muchas personas
pueden filtrarlo, y más aún porque (el expediente) ya está en el Tribunal”
Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), indica una fuente.
Y
como una medida para “resanar” el problema, les comentó que la dependencia
abrió una averiguación previa en la Fiscalía para la Investigación de Delitos
cometidos por Servidores Públicos por las filtraciones.
Ríos
Garza les pidió confiar en el trabajo de la PGJDF y aceptar la ayuda
psicológica y social que la dependencia les ofrece. Además, se comprometió a
tener reuniones semanales para informarles de primera mano el avance de la
indagatoria.
Los
familiares de las víctimas y sus representantes legales fueron citados de nueva
cuenta el jueves 20, ahora en la Fiscalía Central de Homicidios. Esta vez
también acudió la madre de Yesenia Quiroz. Un día antes había ido al
departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909 para recoger las pertenencias de
su hija.
A
diferencia de la junta de la semana anterior, la del jueves 20 fue de carácter
técnico, ya sin la presencia del procurador para, supuestamente, aclarar dudas
sobre los peritajes y demás estudios.
Crecen
las dudas
Para
los abogados coadyuvantes en la investigación, en vez de aclarar, los dichos
del procurador hacen crecer las dudas. Según
Leopoldo Maldonado, miembro de la organización internacional Artículo 19 y
representante de los familiares del fotoperiodista colaborador de la revista
Proceso, la declaración del único detenido y consignado del caso, Daniel
Pacheco Gutiérrez, “se cae por sí sola” debido a las contradicciones y las
pruebas recabadas en el expediente.
En
su primera declaración, el miércoles 5, el supuesto “pulidor de autos” dijo que
tuvo relaciones sexuales con una de las chicas que vivían en el departamento
401 del edificio 1909 de Luz Saviñón, por lo que pagó mil 800 pesos. Sin embargo, el peritaje de genética
forense arrojó que en ningún cadáver se hallaron muestras de semen por coito
oral, anal ni vaginal.
En
entrevista, el abogado destaca que en el expediente existen pruebas en video
–aunque no se han difundido– en donde se observa a los supuestos agresores
llegar al departamento a bordo de una camioneta alrededor de las 14:10 horas
del viernes 31 de julio, según registraron las cámaras del sistema de
videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
No
obstante, en su declaración, el detenido dijo que se trasladó al lugar en metro
y luego en taxi, y que llegó con Omar, un supuesto “malabarista”, alrededor de
las 13:30 horas. Agregó que José Abraham, un “viene-viene” que lo invitó al
departamento, llegó en su auto Renault tipo Megane y que, al salir, se llevó un
Mustang rojo presuntamente propiedad de Milena.
El abogado de
Artículo 19 comenta que la Policía Cibernética aún no tiene el resultado del
cruce de los tiempos entre las llamadas y los mensajes que mandaron las
víctimas con sus teléfonos celulares y las horas de entrada y salida de los
presuntos agresores, según los relojes de las cámaras de video de la SSPDF. Ese
resultado, dice, aclarará la hora en que presuntamente se perpetró la masacre.
Agrega
que no se han buscado en todo el país los antecedentes balísticos de la pistola
calibre 9 milímetros que se utilizó en el crimen. La PGJDF sólo hizo el rastreo
en el sistema de datos del Distrito Federal, lo que arrojó que el arma no
estaba involucrada en ningún otro crimen en esta ciudad.
En
resumen: “Seguimos con bastantes dudas sobre la efectividad de la
investigación. No podemos adelantar juicios, pero hay diligencias que requieren
mucha mayor prontitud en su desahogo y desarrollo y que no se han realizado, y
esperamos que se hagan a la brevedad. Por esto podemos inferir que no está
claro el plan de investigación de la procuraduría”, afirma.
“Mile”, “la más vulnerable”
El
manejo de la investigación de la PGJDF y las filtraciones del expediente
también despiertan resquemores entre la comunidad colombiana en México.
“La impresión que tenemos es que la
investigación se quiere ‘cargar’ a Milena Virginia, Mile, sobre todo por el
análisis mediático que hemos logrado hacer, porque no hay quién la defienda
aquí; es la persona más vulnerable en la investigación”, considera Yarima
Merchan Rojas, integrante del grupo Me muevo por Colombia.
En
entrevista, asegura que a diferencia de lo que hace la PGJDF, “como
connacionales nosotros sí partimos de la presunción de inocencia de Mile
Virginia. Vemos todas esas violaciones a la cadena de custodia, toda la
información filtrada, todas las falsedades que se han dicho en torno de ella…
Hay cosas que ni siquiera están comprobadas…”.
Arqueóloga
de profesión, Merchan Rojas observa que la indagatoria se ha “encarnizado”
contra la joven de 29 años de edad porque en México no tiene familiares ni
abogados coadyuvantes que exijan una investigación imparcial.
“Pareciera que la procuraduría se vuelve
acusadora, y lo que han hecho es sacar la información que más puede servirles
socialmente para desprestigiar a las víctimas. Las convierten en putas, a los
otros en mariguaneros y ya por eso pareciera que valen menos”, lamenta.
La
semana pasada, a través de la embajada de Colombia en México, la agrupación Me
muevo por Colombia envió una carta a los hermanos de Milena Virginia Martín
para ponerlos al tanto del desarrollo de la investigación y ofrecerles apoyo
legal. Según Yarima Merchan, esperan que esta semana las autoridades
diplomáticas tengan respuesta de los familiares de la joven.
#
Los tenebrosos
declarantes veracruzanos/NOÉ ZAVALETA
XALAPA,
VER.- Están acusados de desapariciones forzadas desde la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) estatal, tráfico de influencias para dirigir la
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y nulo trabajo
para ofrecer garantías a reporteros, además de la subordinación absoluta de
esos órganos al gobernador veracruzano, Javier Duarte…
Son
los servidores públicos que la semana pasada declararon ante los enviados de la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Arturo Bermúdez
Zurita, titular de la SSP; Benita González, presidenta, y Namiko Matzumoto, secretaria
ejecutiva, de la CEAPP, fueron citados en la Fiscalía General del Estado para
“aportar pruebas” que ayuden a esclarecer el multihomicidio de Narvarte.
Bermúdez,
González y Matzumoto arrastran un negro historial en el servicio público; desde
el Congreso local, legisladores de oposición ya han exigido las renuncias de
los tres, por sus nulos resultados al frente de las instituciones que
representan.
“Deben renunciar; los órganos autónomos han
perdido la autonomía. No tienen credibilidad ante la sociedad”, señala en
entrevista Cuauhtémoc Pola Estrada, diputado de Movimiento Ciudadano sobre la
CEAPP y también acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
dirigida por Luis Fernando Perera Escamilla, quien llegó al cargo “recomendado”
por su hija, la exdiputada local priista y exdirectora del DIF municipal de
Veracruz, Ángela Perera.
Pola
puntualiza que las dirigentes de la CEAPP fueron al Congreso local dos veces,
acompañadas de Perera Escamilla, a escuchar quejas de periodistas en temas de
amenazas, acoso y represión. “Entre los reporteros que tomaron la palabra
estaba Rubén, con un posicionamiento fuerte”, dice. Sin embargo, los
representantes de los órganos autónomos “sólo tomaron nota, pero no dieron
garantías”.
En
2014 Pola solicitó en tribuna la renuncia de las dirigentes de la CEAPP, por la
falta de atención del organismo ante las amenazas de las que era víctima la
reportera Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz: “Desde que ingresamos como
diputados nos dimos cuenta de que la CEAPP era un elefante blanco, donde cada
año se echan a la basura 22 millones de pesos”.
En
el caso de Bermúdez, una decena de diputados del PAN, líderes y legisladores
del PRD y dirigentes empresariales han pedido su remoción por la ola de
inseguridad.
“Pinches medios”
El
22 de noviembre de 2013, durante la comparecencia protocolaria de Bermúdez como
titular de la SSP, su equipo de trabajo llevó a más de mil acarreados al
Congreso local, para reivindicar su maltrecha imagen; sin embargo, la fiesta
fue interrumpida por una veintena de reporteros y fotoperiodistas de Xalapa,
quienes irrumpieron en el acto exigiendo un alto a las agresiones e
intimidaciones de los policías.
Bermúdez
–con gesto descompuesto– soltó a micrófono abierto: “Pinches medios”.
En
mayo de 2013, familiares de ocho policías municipales de Úrsulo Galván,
desaparecidos cuatro meses antes, enviaron una carta al presidente Enrique
Peña Nieto en la cual piden su intervención para “investigar al interior de la
SSP”, pues aseguran que sus esposos, hijos o hermanos fueron “levantados” por
un cuerpo de élite de la propia Policía Estatal.
“Los
veracruzanos somos víctimas de la ola de violencia que está desbordada en todo
nuestro estado, con extorsión, amenazas, intimidación, secuestros, robos,
asaltos, a plena luz del día a civiles y, como en nuestro caso, a policías
municipales o tránsitos”, decía la misiva, la cual recriminaba que las llamadas
“policías tácticas” eran delincuentes con permiso gubernamental, pues estaban
implicadas en casos de extorsión y secuestro.
La
carta reclamaba que aunque habían presentado una queja ante la CEDH, el
organismo “no movió un dedo para investigar hacia el interior de la corporación
policiaca”.
Esa
corrupción quedó exhibida desde septiembre de 2012, cuando 35 uniformados de
Veracruz –19 de ellos adscritos a la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa–
fueron detenidos por efectivos de la Marina, en cumplimiento de una orden de
presentación de la Procuraduría General de la República, por presuntos vínculos
con la delincuencia organizada.
El
último roce de Bermúdez con la prensa de Veracruz ocurrió en junio pasado,
cuando aquél admitió tener “fichados” –con fotografías, videos y audios– a
todos los reporteros que se han manifestado en la entidad.
Los
activistas sociales y los estudiantes y catedráticos de la Universidad
Veracruzana responsabilizan a Bermúdez de la agresión a ocho jóvenes
universitarios el pasado 5 de junio en un departamento de Xalapa.
En
dicho ataque, perpetrado por encapuchados armados con machetes, palos con
clavos y bates de beisbol, tres de los jóvenes agredidos terminaron
desfigurados. El más grave presentó traumatismo craneoencefálico.
La
del café, la de los velorios
Matzumoto,
exempleada del Poder Judicial estatal, llegó a la CEAPP por “efecto rebote”. Su
intención era encabezar la CEDH, y aunque fue incluida en la terna propuesta al
Legislativo, fue desechada por un compromiso político de Duarte con el actual
ómbudsman local.
Matzumoto,
emparentada con el exsecretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, fue
propuesta meses después como secretaría ejecutiva de la CEAPP, luego de
trabajar en el equipo de prensa del Consejo de la Judicatura, donde –recuerdan
reporteros de la fuente judicial– era la encargada de organizar el servicio de
café, refrescos y galletas antes de cada conferencia de prensa del titular del
Tribunal Superior de Justicia.
A
Benita González Morales, segunda presidenta de la CEAPP, los reporteros de la
zona conurbada Veracruz-Boca del Río la identifican como “la mujer de los
velorios”, pues en los ocho meses que lleva al frente de la comisión sólo la
han visto en los sepelios de tres periodistas: Moisés Sánchez, Juan Mendoza y
Armando Saldaña.
“Llega
de negro, pone su jeta de muy dolida, de lástima, para salir en las fotos y
nada más. La hemos visto en los dos funerales de Medellín, pero jamás acercarse
a los reporteros de la zona para buscar mecanismos de protección y garantías
del ejercicio profesional”, dice una reportera del puerto de Veracruz.
El
columnista Mussio Cárdenas define así a la presidenta de la CEAPP: “No es que
sea mala. Es que es convenenciera, oportunista, ventajosa y tendenciosa. Benita
González no es líder de opinión. Sólo lo creen así Fidel Herrera
(exgobernador), Javier Duarte (actual) y la propia Benita González, pero sólo
es una empleada del poder. Nunca se le verá fijando la posición crítica de la CEAPP.
Nunca condenará el régimen de agresión, insidia, hostigamiento, represión,
violencia, que distingue al duartismo”.
En
entrevista, Pola insiste en que los llamados “órganos autónomos”, garantes de
los derechos humanos y de la protección a periodistas, no son tales: “No vemos
los resultados de la CEAPP y de la oficina de Derechos Humanos, no hay
reacciones rápidas y oportunas. Dejan mucho que desear; el sentido autónomo que
pregonan hay que ponerlo entre comillas”.
Jorge
Morales, único integrante de la CEAPP que ha marcado distancia del Poder
Ejecutivo, expone que los mecanismos de protección para reporteros son una
“falacia”.
La
CEAPP, señala Morales, las comisiones de derechos humanos y hasta la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, son entes burocráticos dedicados
“hasta el momento” a atender la parte más “light” y hasta cierto punto
“glamorosa” del problema, sin meterse con los agresores, quienes están dentro
del aparato gubernamental.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario