Sarkozy

Ahora, el cerco judicial

ANNE MARIE MERGIER

Revista Proceso · 1863, 15 de julio de 2012

La justicia francesa investiga diversos casos de corrupción en los que estaría involucrado directa o indirectamente el expresidente Nicolas Sarkozy. Destacan: el financiamiento ilegal a su campaña electoral de 2007 por Liliane Bettencourt, principal accionista del grupo L’Oréal, y por el exlíder libio Muamar El Gadafi, así como una cadena de sobornos en la venta de armamento a Pakistán y Arabia Saudita con los que se financió en 1995 la campaña presidencial de Edouard Balladur. Este último caso –en el que presuntamente estuvieron implicados amigos y colaboradores cercanos al expresidente francés– habría derivado en un atentado en la ciudad de Karachi en el que murieron 14 personas.

PARÍS.- El expresidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni pasaron unos días de descanso en una misteriosa mansión a las afueras de Marrakech, en Marruecos. Salieron discretamente de París el 16 de mayo, apenas un día después de la toma de posesión del nuevo presidente François Hollande.

Luego, el 2 de julio, viajaron a Canadá invitados por Paul Desmarais, empresario millonario muy influyente de Quebec que los atiende en su castillo de Sagart, al norte de Montreal. Es un lugar rodeado por lagunas y bosques en el que Sarkozy podrá recargar baterías.

Lo va a necesitar: el 16 de junio expiró su inmunidad como presidente y ahora está a merced de jueces que instruyen distintos casos de corrupción en los que podría estar implicado directa o indirectamente.

El primero en manifestarse fue el magistrado Jean-Michel Gentil: el pasado 3 de julio este juez austero, asesorado por 10 policías de la unidad de lucha contra la delincuencia financiera, realizó un registro en el bufete de abogados de Arnaud­ Claude, del que Sarkozy es socio; en las flamantes oficinas puestas a su disposición por el Estado francés –privilegio de todos los expresidentes–, así como en el lujoso domicilio privado de Carla Bruni, en el que vive la pareja.

El juez Gentil tiene la responsabilidad poco envidiable de desenredar el “affaire Bettencourt” que lleva dos años causando escándalo: gigantescos fraudes fiscales, corrupción, abuso de confianza, robo, estafa, desvío de fondos, despiadados conflictos familiares y, sobre todo, graves sospechas de financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.

Espionaje familiar

Liliane Bettencourt, principal accionista del grupo L’Oréal, posee la tercera fortuna más importante de Francia. Cumplirá 90 años en octubre próximo. Enviudó en 2007 y tiene sólo una hija, Françoise Bettencourt Meyers, con quien nunca se llevó bien. La guerra entre madre e hija alcanzó su clímax cuando ésta le pidió al mayordomo de aquélla que grabara las conversaciones de la millonaria con personas de su entorno.

Françoise buscaba demostrar ante las autoridades judiciales que François-Regis Barnier, un fotógrafo mundano, aprovechaba la incipiente senilidad de su madre para extorsionarla. No se equivocó: con el paso del tiempo se demostró que el vividor la había despojado, entre otras cosas, de un millón de euros. Además la justicia investiga operaciones financieras del administrador de bienes de Liliane Bettencourt.

Pero el espionaje familiar salió por completo de las manos de Françoise: el 16 de junio de 2010 Mediapart, periódico electrónico de investigación, publicó la transcripción de algunas de esas grabaciones secretas. Nada ni nadie pudo entonces parar el torrente de revelaciones explosivas que esa publicación desencadenó. La justicia empezó a interrogar al personal de la millonaria, así como a hombres de negocios y políticos que la visitaban. Desde hace dos años los medios de comunicación se apoderaron de esta historia escabrosa que rebasa cualquier ficción.

El “affaire Bettencourt” tiene múltiples ramificaciones. Las más graves son las políticas: varios testimonios tienden a demostrar que Sarkozy solicitó y se benefició de la “generosidad” de la millonaria para financiar su campaña presidencial en 2007.

Los resultados de una comisión rogatoria internacional lanzada por la justicia francesa confirmaron dos retiros sucesivos en efectivo –de 400 mil euros cada uno– de las cuentas bancarias en Suiza de Liliane Bettencourt. El primero se realizó el 5 de febrero de 2007, dos días antes de una cita entre Patrice de Maistre, administrador de la fortuna de la millonaria, y Eric Woerth, entonces tesorero de la campaña presidencial de Sarkozy. El segundo se efectuó el 26 de abril de 2007, entre las dos vueltas de la elección presidencial. De Maistre reconoció haber retirado ese dinero, pero aseguró que desconocía las intenciones de Liliane Bettencourt y de su esposo André, quien falleció en ese mismo año.

Según Mediapart el juez Gentil dispondría de indicios que le permiten pensar que Sarkozy visitó a la pareja en ese periodo. El problema del magistrado es que aún no tiene suficientes pruebas concretas de la participación directa del expresidente en el pago oculto. Fue lo que buscó durante los registros que realizó el pasado 3 de julio.

En su edición de esa fecha el vespertino Le Monde afirmó que el espectacular operativo del juez Gentil había sido una advertencia para Sarkozy, quien se había entrometido en el curso de la justicia. En su afán por demostrar su inocencia, el mismo día del fin de su inmunidad judicial el exmandatario envió al juez una fotocopia de su agenda de 2007 junto con una larga explicación escrita.

El juez se enteró por la prensa de esa iniciativa un día antes de recibir el sobre con el documento. No le gustó en lo más mínimo. Su réplica fue rápida.

Relación enigmática

Ahora todo mundo espera la siguiente etapa: la convocatoria para que Sarkozy comparezca en la oficina de Gentil.

¿Decidirá interrogarlo pronto? Y si lo hace, ¿lo citará como testigo o como sospechoso? El suspenso es total. La historia dista de haber terminado. Pero no es la única que apasiona y al mismo tiempo indigna a los franceses. Resurge el tema detonante de la relación “enigmática” entre Sarkozy y Muamar El Gadafi que hizo correr mucha tinta en diciembre de 2007, durante la visita oficial del entonces líder libio a París.

En esa fecha Gadafi, estigmatizado por la comunidad internacional, fue recibido con todos los honores por Sarkozy. El líder libio se burló alegremente del rígido protocolo francés y decidió acampar en el Jardín de las Tullerías. Estupefactos, los franceses llegaron a la conclusión de que su flamante presidente le tenía agradecimiento a Gadafi porque éste liberó a unas enfermeras búlgaras, en cuya defensa el mandatario francés se había lanzado.

Pero con el paso del tiempo empezó a aparecer otra hipótesis. Quien sembró dudas fue Saif al Islam Gadafi, hijo del dirigente libio. Lo hizo el 18 de marzo de 2011, en días en que los rebeldes opositores al régimen de Libia eran reprimidos. Afirmó en entrevista con la cadena televisiva Euronews: “Primero es preciso que Sarkozy devuelva el dinero que recibió de Libia para financiar su campaña electoral. Fuimos nosotros quienes pagamos su campaña y tenemos pruebas. Estamos dispuestos a revelarlo todo”.

Ocho meses después, el pasado 18 de noviembre, Saif al Islam fue capturado por los rebeldes. Estaría encarcelado en la ciudad de Zentane. El 21 de diciembre Gadafi fue asesinado. No se habló más de las pruebas que embarrarían a Sarkozy… hasta el pasado 28 de abril, entre las dos vueltas de la elección presidencial.

Ese día Mediapart publicó un documento que presentó como parte de los archivos del régimen libio que habían escapado a la destrucción. Se trata de una carta redactada en árabe, con fecha del 10 de diciembre de 2006 y firmada por Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exterior de Libia. Según la traducción al francés, Koussa afirma que el régimen de Trípoli decidió “apoyar la campaña electoral” de Sarkozy para la presidencia con un “monto de 50 mil millones de euros”.

Y precisa: “Le confirmamos el acuerdo sobre el tema, y eso después de haber tomado conocimiento del acta de la reunión del 6.10.2006 en la que participaron, por nuestro lado, el director de los servicios de inteligencia de Libia y el presidente del Fondo Libio de Inversiones Africanas; y, del lado francés, el señor Hortefeux y el señor Ziad Takieddine, reunión durante la cual se concluyó un acuerdo para determinar el monto y el modo del pago”.

En 2006 Brice Hortefeux, íntimo de Sarkozy, era ministro encargado de las Colectividades Locales (entidades administrativas regionales). Ziad Takieddine es un negociante de armas franco-libanés –actualmente investigado por el juez Renaud Van Ruymbecke en otro asunto sulfuroso– que fue intermediario y emisario de Sarkozy en misiones muy especiales.

La publicación del documento enfureció al entonces presidente. El pasado 30 de abril presentó una demanda judicial contra el diario electrónico por “falsificación, uso de documentos falsos y divulgación de noticias falsas”. Mediapart replicó el 2 de mayo demandando a su vez a Sarkozy por “denuncia calumniosa”. Entregó al procurador de la República un expediente con 45 documentos que según Edwy Plenel, director de la publicación, demuestran la seriedad de su trabajo periodístico.

El 3 de mayo Mediapart publicó las declaraciones de Baghdadi Ali al Mahmoudhi,­ exprimer ministro de Gadafi encarcelado en Túnez.

“Confirmó que existe un documento firmado por Moussa Koussa y que el señor Sarkozy recibió financiamiento”, expresó a su abogado tunecino que lo interrogó en nombre de la revista francesa.

Reiteró: “Participamos en el triunfo del señor Sarkozy y en el financiamiento de su campaña presidencial de 2007”.

Mediapart insistió para que la justicia francesa escuchara el testimonio de Al Mahmoudhi. En vano. Según cuenta el diario electrónico, a mediados de junio el exprimer ministro libio contactó al juez Renaud Van Ruymbeke por medio de su abogado francés para hablarle “de la naturaleza real de las relaciones franco-libias y del financiamiento de campañas electorales”.

No tuvo oportunidad de hacerlo: a las cinco de la mañana del 24 de junio Al Mahmoudhi fue extraditado secretamente a Libia, sin que el presidente de Túnez hubiera firmado el acta de extradición y sin que el procurador general de Libia estuviera enterado. Sus abogados temen por su integridad física.

El 4 de julio Mediapart anunció que las autoridades judiciales francesas acababan de solicitar a sus homólogas libias ayuda para interrogar en Trípoli a Al Mahmoudhi sobre el presunto financiamiento oculto de Sarkozy. Desde su celda libia el exprimer ministro –quien, según sus abogados, sufrió golpes e interrogatorios “inclementes”– se mostró muchísimo menos elocuente que cuando estaba en la prisión tunecina: “Gadafi se fue. Sarkozy se fue. El asunto ya está en las manos de la justicia francesa. No puedo decir nada. No confirmo ni desmiento”, aseguró a unos periodistas que lo visitaron en presencia de autoridades carcelarias.

En entrevista con el matutino Libération publicada el pasado 29 de abril, Ziad Takieddine, quien reconoce que facilitó las relaciones entre Sarkozy y Gadafi a partir de 2005, negó haber participado en la reunión de 2006, pero no descartó la posibilidad de que Sarkozy haya recibido 50 mil millones de euros, “no tanto para su campaña presidencial como para su enriquecimiento personal”, precisó.

“Retrocomisiones”

 El exdirigente del Fondo Libio de Inversiones Africanas, Bachir Saleh, descalificó el documento publicado por Mediapart. Lo hizo antes de esfumarse. Buscado por Interpol desde marzo pasado, este colaborador de confianza de Gadafi vivía tranquilamente en Francia con un pasaporte diplomático de Niger y con el beneplácito oficial. Estaba a punto de comprarse un departamento en un barrio residencial de París cuando, el 4 de mayo, Claude Guéant, entonces ministro del Interior, anunció que la policía tenía la orden de detenerlo. En realidad, Saleh ya había salido de Francia. Se encontraría en Mali o en Senegal.

Según Edwy Plenel, fue con base en el testimonio de Saleh que Sarkozy apoyó su demanda contra Mediapart…

¿Será el juez Renaud van Ruymbeke quien instruirá el caso libio? El juez está sumamente atareado con otro asunto judicial en el que también está involucrado Takieddine. Esa investigación lleva años, tiene muchos tentáculos y se remonta a 1995, año en que Jacques Chirac y el entonces primer ministro Edouard Balladur libraron una batalla sin merced para conquistar la presidencia de Francia.

Sarkozy apoyaba abiertamente a Balladur. Era vocero de su campaña electoral al tiempo que se desempeñaba como ministro del Presupuesto.

¿Por qué 17 años después de esa elección finalmente ganada por Chirac la justicia tiene todavía en la mira a Balladur y a su estrecho colaborador Sarkozy?

Es otra historia que, como en el caso Bettencourt, deja corta a cualquier descabellada ficción político-policiaca.

El 8 de mayo de 2002 un coche bomba lanzado contra un autobús enfrente del hotel Sheraton de la ciudad de Karachi costó la vida a 14 personas, 11 de ellas ciudadanas francesas. El autobús pertenecía a la Dirección de Construcciones Navales (DCN) de Francia, encargada de fabricar submarinos para Pakistán.

Jean Louis Bruguière, un controvertido juez antiterrorista hoy jubilado, se encargó de la investigación. Al igual que sus homólogos paquistaníes, Bruguière llegó a la conclusión de que islamitas habían perpetrado ese atentado en represalia por la participación de Francia en la guerra contra Afganistán. Las autoridades paquistaníes detuvieron a dos “terroristas”: Asif Zaheer y Mohammad Rizwan. Los condenaron a muerte en 2003. No los ejecutaron y los liberaron en 2009.

La DCN contrató por su cuenta a un exagente de inteligencia francés para llevar su propia investigación de manera secreta. El 11 de septiembre de 2011 ofreció sus conclusiones. El atentado no tenía nada que ver con Al Qaeda. Se trataba de una medida de retorsión de Pakistán en contra del gobierno de Chirac por haber dejado de pagar comisiones por la venta de armas.

Después de que en 2007 Brugière se jubiló, el juez Marc Trevidic se encargó del caso. Enterado de la pista de la DCN, abandonó la de Al Qaeda. Todavía está investigando el enredo de comisiones que habrían financiado la campaña electoral de Balladur. Lo hace junto con los jueces Renaud Van Ruymbeke y Roger Le Loir, quienes instruyen la parte financiera del asunto.

Lo que salió a la luz pública no es muy glamoroso: el gobierno de Balladur firmó un contrato de venta de tres submarinos de guerra tipo Agosta 90-B con Pakistán por 5 mil 500 millones de francos (unos mil millones de dólares). Ese contrato implicaba el pago de una comisión de 10% del total de la venta a intermediarios que facilitaron el negocio. Lo mismo se hizo con Arabia Saudita, cuyo gobierno compró a Francia tres fragatas de guerra Lafayette por 19 mil millones de francos (unos 3 mil 600 millones de dólares) y una comisión de 18%.

En ese entonces las comisiones –en realidad, sobornos de lujo– eran legales; en cambio era ilegal el sistema de “retrocomisiones”: algunos intermediarios devolvían parte de sus comisiones a quienes los habían contratado; en ese caso, se trataba de políticos que gravitaban alrededor de Balladur.

La investigación judicial sobre los dos contratos con Pakistán y Arabia Saudita y el papel de intermediarios que desempeñaron Takieddine y su socio Abdulraham El Asir, de nacionalidad libanesa, plantean serios interrogantes a los jueces. Les perturba también el origen misterioso de 10 millones de francos en efectivo que aparecieron de repente en el presupuesto de campaña de Balladur.

En un reportaje publicado el pasado 14 de junio Mediapart aseguró que el juez Van Ruymbeke posee documentos que involucrarían directamente a Sarkozy en el sofisticado montaje financiero de esos contratos que el entonces ministro del Presupuesto habría impuesto a sus cercanos colaboradores a pesar de sus reticencias.

Subraya Mediapart: “En Suiza la justicia ya evidenció un circuito de lavado del dinero de esas ‘retrocomisiones’ que funcionó entre 1994 y 1995. Descubrió retiros masivos de dinero en efectivo. Según los investigadores suizos el monto del dinero oculto cobrado por los intermediarios habría alcanzado el equivalente de 82.6 millones de euros. Una parte de ese dinero habría financiado secretamente la campaña presidencial de Eduard Balladur”.

Anteriormente, el 17 de abril, Mediapart publicó una lista de 10 preguntas que le hubiera gustado hacer al candidato presidencial Sarkozy. La octava toca el tema de las “retrocomisiones”:

“Según documentos confiscados en Francia y Luxemburgo, usted autorizó, cuando era ministro del Presupuesto, la creación de la empresa Heine, por la cual transitaron, el 7 de febrero de 1995, el equivalente a 20.3 millones de euros. Esa sociedad con sede en Luxemburgo estaba encargada de distribuir en nombre de la Dirección de Construcciones Navales de Francia comisiones ocultas a dos hombres de negocios: Ziad Takieddine y Abdul Rahman El Assir, actualmente investigados en el caso de la venta de armas a Pakistán y Arabia Saudita. Usted de igual forma autorizó el monto de las indemnizaciones otorgadas a estos intermediarios. ¿En estas condiciones puede usted seguir afirmando que no se encuentra implicado directamente en ese asunto?”

Tres personajes ya tienen serios problemas con la justicia francesa: Ziad Takieddine, investigado por complicidad en las comisiones y “retrocomisiones”; Thierry Gaubert, colaborador de Sarkozy en el ministerio del Presupuesto y quien sigue perteneciendo al círculo íntimo del expresidente, y Nicolas Bazire, exjefe de gabinete de Balladur y director de su campaña electoral en 1995. A los tres se les investiga por el delito de abuso de bienes sociales. Tanto la esposa de Bazire como la exesposa de Takieddine denunciaron que entre 1994 y 1995 ambos realizaban viajes a Suiza para recoger maletas llenas de dinero en efectivo.

Por si eso fuera poco el “affaire Karachi” empieza a tener aún más ramificaciones internacionales. Acaba de extenderse a Colombia, donde Thierry Gaubert y Jean Philippe Couzi construyeron lujosas mansiones en la Cordillera de los Andes, en el muy discreto pueblo residencial de Nilo. Los jueces Van Ruymbeke y Le Loir investigan la fortuna de Gaubert, íntimo de Sarkozy, y se preguntan si construyó esa casa con “retrocomisiones” producto de la venta de armas a Pakistán y Arabia Saudita. Gaubert tiene como vecino en la selva a Jean Claude Couzi, nuevo esposo de Astrid Betancourt –hermana de Ingrid Betancourt, exrehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en defensa de la cual se movilizó Sarkozy–, que pertenece también al círculo de amigos del expresidente francés.

Los jueces galos pidieron a la justicia de Colombia informes sobre los bienes de Gaubert y Couzi en ese país.

Según Mediapart, Gaubert tiene un gran sentido de hospitalidad: atendió en su secreto refugio colombiano a Takieddine, el omnipresente negociante de armas; a Olivier Dassaut, heredero del poderoso grupo empresarial del mismo nombre, que fabrica, entre otros, aviones de guerra, así como a Alexandre de Juniac, excolaborador de Sarkozy y hoy dirigente de Air France.

Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhutto y actual presidente de Pakistán, está también en la mira del juez Van Ruymbeke, quien descubrió estados de cuentas bancarias suyas en Suiza. Son de lo más elocuente. Zardari hubiera cobrado 10 millones de dólares en 1995.

Explica Libération en un reportaje publicado el 10 de julio: “Esos giros podrían comprobar que los dirigentes paquistaníes de entonces –Benazir Bhutto era ministra de Hacienda– cobraron importantes sobornos para elegir los submarinos franceses. Confirman además la pista que siguen hoy los jueces franceses: fue la interrupción del pago de esas comisiones la que provocó el atentado de Karchi”.

Enfatiza Libération, citando a una fuente judicial que conoce el expediente: “Se sospecha que Takieddine fue quien entregó las retrocomisiones a políticos franceses, en particular para financiar la campaña de Balladur, y que Abdul Rahman El Assir pagó comisiones a los paquistaníes. Cronológicamente los 10 millones de dólares que aparecen en las cuentas del actual presidente sólo pueden venir del contrato de los submarinos”.