Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

 Zapatero y el fin de la inmunidad vitalicia: el eco de una red global

Por Fred Alvarez Palafox

Ayer se rompió una ley no escrita en la historia de la democracia española: el pacto de impunidad silenciosa que protegía a los exinquilinos de La Moncloa ha saltado por los aires. El juez José Luis Calama ha dictado un auto de 85 páginas demoledor que imputa formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No estamos ante sospechas etéreas, sino ante indicios sólidos: correos, transferencias, informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y escuchas telefónicas que apuntan a una "trama de ejercicio ilícito de influencias" liderada por el propio expresidente.

El origen procesal es el escandaloso rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, una compañía marginal y quebrada que, según la investigación, pagó por dos ventanillas: la del exministro Ábalos y la de Zapatero. El auto revela que el entorno del expresidente ya celebraba la concesión millonaria antes de que el órgano competente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI, organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda— se reuniera para aprobarlo. Información privilegiada en estado puro a cambio de retornos financieros canalizados mediante sociedades pantalla que alcanzaron, incluso, a la empresa multimedia de las hijas de Zapatero.

Sin embargo, el alcance de esta causa trasciende el clásico entramado de mordidas domésticas; apunta a una verdadera geopolítica estructural de la corrupción. El auto describe un peaje estandarizado: para comprar crudo venezolano saltándose las sanciones internacionales, las empresas debían enviar una carta de intenciones a la "Oficina del Presidente Zapatero". Una vez visada en Madrid, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asignaba los buques en Caracas. Una triangulación perfecta donde Venezuela ponía el producto, una firma suiza el corretaje y una empresa dependiente del Partido Comunista Chino el destino final.

El detalle más nauseabundo nos lleva al estómago vacío del pueblo venezolano. La red de Zapatero facturaba miles de euros mensuales por una planta empaquetadora de las cajas de comida CLAP. Mientras el chavismo utilizaba el hambre como chantaje y control político, en un despacho de Madrid se cobraba por el privilegio de empaquetar la miseria. No es casualidad que las pruebas clave provengan de la agencia estadounidense Homeland Security. Por mucho que el sanchismo intente retrasar los tiempos o despliegue la desgastada retórica del lawfare, las cartas están sobre la mesa. No estamos ante un conflicto ético, sino ante una investigación criminal que apenas empieza a arañar la superficie.

¿Y qué implicaciones tiene todo esto para México?

La caída en desgracia de Zapatero desarma por completo la narrativa de la llamada Cuarta Transformación. Como bien lo comenta hoy el periodista Jorge Fernández en Excélsior, en su momento el gobierno mexicano utilizó la confrontación con figuras de la derecha española, como Isabel Díaz Ayuso, como una cortina de humo para desviar la atención de crisis locales críticas, como la del exgobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Pero el escándalo de Zapatero —aliado ideológico clave de la izquierda latinoamericana— salpica directamente a México al revivir un turbio expediente de corrupción transnacional y vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

El fondo del asunto desentierra la maquinaria internacional de lavado de dinero operada entre 2016 y 2018 a través, precisamente, del programa alimentario venezolano CLAP. Bajo ese esquema, operadores como Alex Saab y Álvaro Pulido amarraron contratos en México para comprar despensas de baja calidad a precios inflados. 

El millonario diferencial no solo financió a la cúpula chavista, sino que tejió una red que movió efectivo por Costa Rica y bancos rusos; un entramado criminal que la DEA y el Departamento del Tesoro de EU  mantienen bajo la mira, especialmente tras las recientes tensiones judiciales en torno a Saab.

Este expediente está lejos de cerrarse. Aunque el fraude penal inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la actual administración mexicana intentó congelar el tema por pura afinidad ideológica. Hoy, en un escenario de profunda división parlamentaria en España y con Washington presionando a fondo, al entorno político mexicano le resultará imposible desmarcarse de un escándalo global que, en tiempo récord, ha vuelto a tocar directamente a su puerta. El expediente de la conexión Caracas-Madrid-México está abierto, y promete helarnos la sangre.

Orale..