Para el gobierno, el campono existe/PATRICIA DÁVILA

Para el gobierno, el campono existe/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso. No. 1924, 14 de septiembre de 2013:

Dirigentes de organizaciones que forman el Frente Auténtico del Campo (FAC) se quejan porque, dicen, la reforma hacendaria peñanietista simplemente excluye al agro. En una reunión realizada el jueves 5 se lanzaron contra la propuesta de crear una nueva institución bancaria que manejaría 200 mil millones de pesos y otorgaría créditos a los productores rurales. En los hechos, dijeron, sólo se beneficiaría a 3% de ellos, es decir, a las empresas agropecuarias.

 La propuesta de reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto omite el tema nodal con respecto al agro, pues no menciona cómo se facilitarán los créditos directos a los pequeños productores.

 Además, con un interés máximo de 4.5%, el gobierno federal pretende dejar en manos de la banca privada más de 200 mil millones de pesos para financiar al campo, con lo cual sólo permitirá que las instituciones crediticias sigan operando como intermediarias, ya que entregarían esos recursos entre los productores a tasas de hasta 40%.

El tema detonó el jueves 5, cuando los dirigentes de las organizaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC), conformado oficialmente el pasado 8 de agosto en Zacatecas, se reunieron para analizar la reforma y concluyeron que la propuesta sólo plantea sustituir la nomenclatura de Financiera Rural (Finrural) por la de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Sin embargo, dijeron, el documento del Ejecutivo no habla de incrementar los créditos para los productores ni de facilitarles el acceso a dichos recursos. En otras palabras, la propuesta de Peña Nieto excluye al sector agropecuario, dijeron los asistentes a ese encuentro.

En la reunión estuvieron Federico Ovalle Vaquera, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC); Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón; Javier López Macías, de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimos), y José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

De acuerdo con estos dirigentes, el gobierno pretende dejar a los productores agropecuarios, a los pescadores y al desarrollo rural sin una verdadera institución bancaria. El organismo descentralizado que propone Peña Nieto, puntualizaron, dependerá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo deseable, insistieron, es que creara una Sociedad Nacional de Crédito, lo que no se hace porque al campo le siguen negando la importancia que le dan a las instituciones crediticias de otros sectores, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal.

Al final, lanzaron su contrapropuesta: crear el Banco Nacional de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, el cual, expusieron, operaría con el capital de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el Finrural, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) y el Fedeicomiso de Riesgo Compartido (Firco).

Con ello, explicó Ovalle Vaquera, la nueva institución bancaria operaría los 200 mil millones de pesos de los que habla la propuesta peñanietista y se crearía un verdadero sistema nacional de financiamiento para el fomento agropecuario y el desarrollo del campo.

“Se trata de reconstruir el compromiso y las instituciones del Estado para financiar la producción de alimentos y garantizar que fluyan inversiones hacia las zonas rurales que permitan alcanzar la modernización de la infraestructura social y productiva, promuevan mercados regionales, disminuyan los graves problemas de pobreza y desigualdad, al tiempo que cierren las enormes brechas existentes entre los polos de mayor desarrollo y las regiones con grandes niveles de marginación”, añadió el dirigente de la CIOAC.

López Ríos, de la UNTA, lo secundó: “El sistema financiero llamado de fomento destina casi 100% de los recursos a apoyar con crédito a 4% de los productores, quienes en realidad son los grandes agroindustriales y empresarios, mientras que el 96% restante –los pequeños y medianos productores– sólo puede acceder a 1% de los 200 mil millones de pesos operados por la Finrural, FIRA, Focir y Firco”.

Créditos selectivos

Para los integrantes del FAC, sólo una mínima porción de los créditos que recibe la economía nacional están relacionados con la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, la actividad ganadera o la producción de carne. Ello se debe, aclaran, a que los créditos se concentran en la comercialización y el procesamiento de alimentos de los grandes grupos agroindustriales.

José Jacobo Femat –dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), que agrupa a 14 centrales campesinas– hizo suya la propuesta del FAC:

“Nuestra propuesta de crear el Banco Nacional de Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural, como lo marca la Ley de Desarrollo Rural, es porque FIRA se convirtió en un organismo excluyente. Por si fuera poco, en la reforma hacendaria –presentada el domingo 8 por la tarde– siguen sin considerar al conjunto de los productores.”

El dirigente de la Cocyp no está de acuerdo en que organismos gubernamentales, como Finrural, impongan a los productores más de 80 requisitos, toda vez que eso les complica el acceso al financiamiento, pues carecen de las garantías hipotecarias y líquidas que se les exigen.

Por lo general, dice a Proceso, los pequeños productores obtienen financiamiento a través de intermediarios, como Bancomer, Banorte o HSBC, a los cuales pagan tasas de interés de hasta 5% anual, en tanto que las instituciones cobran hasta 40%, lo que hace incosteable la agricultura y genera problemas de despojo a los pequeños y medianos productores.

“Por ello –insiste– es importante generar el sistema nacional financiero que prevé la Ley de Desarrollo Sustentable como una forma de atender al sector, reduciendo los requisitos para acceder al financiamiento, garantizando interés no mayor de 5% anual y quitando las garantías líquidas e hipotecarias.

“En otras palabras, que sólo sea la producción la garantía de la recuperación del crédito, como se hizo durante 50 años con el Banrural y el Banco de Crédito Ejidal.”

–¿Propone recuperar el esquema de aquellos bancos? –se le pregunta a Jacobo Femat.

–Sin duda –responde–, porque los esquemas no fracasaron. Lo que predominó en esas instituciones fue la corrupción desde el momento en que el partido en el poder adoptó el criterio de consolar a políticos que no alcanzaban una posición en el gobierno, con la dirección de esas instituciones o empresas públicas. Y eso acabó con Altos Hornos de México, Banrural, FIRA,­ Almacenes Nacionales de México, Conasupo, Buroconsa…

–¿La Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé el esquema de financiamiento?

–En el papel, no en la práctica. El esquema que tenemos es el de una institución que no maneja una política pública adecuada para los pequeños y medianos productores. La ley establece que debe crearse una política pública de desarrollo rural que considere las diferencias culturales, de propiedad, de tamaño, incluso de ecosistema y de la manera de atender el desarrollo del campo mexicano de manera integral.

“Eso es lo que plantea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin embargo, ni con Vicente Fox ni con Felipe Calderón se atendieron; al contrario, se manejaron con criterios de la banca privada, de manera que 80% de los créditos que otorgan esas instituciones se orientan a los monopolios del financiamiento establecido y no resuelven los problemas fundamentales del desarrollo agropecuario nacional.”

–¿Por medio de cuáles instituciones operan los intermediarios financieros?

–Son Sofoles (Sociedades Financieras de Objeto Limitado), son cajas de ahorro que trabajan con financiamiento público y son instituciones privadas.

“No tenemos una lista, pero entre ellos están Compartamos, que se ha establecido como una banca privada nacional, además de cajas como La Libertad y otras, que operan en el Bajío y otros estados.

“Tenemos también el Banco del Bajío, Bancomer, Banorte, HSBC, que operan con fondos de FIRA y que incluso han trabajado con tasa anual cero. En contraparte, en el caso de Financiera Rural, a los pequeños productores les fija tasas mínimo de 13.5%.

“FIRA es el principal fondeador de las empresas y bancos privados que operan como intermediarios o agiotistas ante el productor. De hecho, el año pasado y el antepasado hubo un programa especial en el que los bancos recibieron créditos de FIRA a tasa cero, supuestamente para resolver problemas por las contingencias climatológicas.

“En otras ocasiones, las tasas para estos sectores no han sido mayores de 4.5% de interés anual, mientras ellos, la banca privada, llega a cobrar de 24 a 48% anual a los productores y los intermediarios de 36 a 72%.

“Veamos a la banca privada como los bancos reconocidos: Bancomer, Banco del Bajío, Banorte, HSBC, y a los intermediarios como las cajas de ahorro, las cooperativas de ahorro y préstamo que se vienen impulsando desde el gobierno de Felipe Calderón y que están recibiendo préstamos con tasas bastante ligeras. Ello sin incluir a los coyotes, otro tipo de intermediarios que no están registrados, pues no aparecen en listas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que otorgan créditos de entre 10 y 20% mensual.”

Y agrega: “No contamos con una estimación, pero sabemos que los bancos, las cajas y los coyotes han despojado de sus tierras a gran cantidad de campesinos que no pueden pagar”.

Producción limitada

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en México hay 24 millones de hectáreas de tierra cultivable, de las cuales aproximadamente 8 millones son de riego. En en el ciclo primavera-verano la producción se centra en 14 millones de hectáreas, mientras que en el ciclo otoño-invierno sólo se utilizan 4 millones de las de riego.

En esta parte hay datos “alarmantes”, dice el dirigente de la Cocyp, pues por lo menos 7 millones de hectáreas están abandonadas por falta de inversión, mientras el resto se siembra de manera inconsistente por los riesgos climatológicos, la falta de créditos y otros elementos, por lo que su rendimiento no es sustantivo.

Según cálculos oficiales, “en el país hay alrededor de 5 millones 400 mil productores, de los cuales 82% son pequeños que poseen hasta 5 hectáreas; 15% son medianos y tienen entre ocho y 10 hectáreas, en tanto que 3% tienen hasta 100 hectáreas.

“El círculo privilegiado que recibe los recursos del FIRA, Finrural, Focir y Firco lo encabeza precisamente ese 3% que forma parte de sociedades agropecuarias y exportan. En lo individual poseen capacidad económica, riego, maquinaria, financiamiento, alianzas comerciales con compradoras”, precisa Jacobo Femat.

Según él, han solicitado a FIRA y a Finrural créditos para productores de chile, nogal y alfalfa. El problema es que la política de esas instituciones es trabajar sólo con asociaciones que agrupan a cientos o decenas de productores y rechazan a los que acuden de manera individual.

Les imponen requisitos imposibles, como cumplir con garantías líquidas, garantías hipotecarias, les preguntan quiénes son, qué capacidad tienen, cuál es su solvencia, su calidad moral; es una especie de ficha que criminaliza sin tener la obligación la institución de otorgar créditos, asegura.

Agrega: “Es la misma situación con otros programas gubernamentales. Te piden todo para que finalmente te digan que no tienes derecho al crédito, que no lo alcanzas, que los requisitos que aportas no son suficientes. Y te marginan del derecho al crédito o subsidio que el gobierno debe otorgar”.

–¿Cuáles programas?

–En Sagarpa hay un programa de apoyo al maíz de mil pesos por hectárea –para un máximo de cinco–, que exige que el productor tenga cuenta bancaria, aporte el número de cuenta electrónica y un estado de cuenta, además del requisito 32 D, expedido por la SHCP, en el que conste que está al corriente de sus obligaciones fiscales.

“Son excesivos esos requisitos porque los productores difícilmente pueden acceder a un banco pues carecen de reservas económicas. Es una forma elegante de excluirlos de los programas.”