(Santiago) Vasconcelos operaba en el vacío
Alejandro Sánchez
Publicado en Excélsior (www.exonline.com.mx), 19-Noviembre-2008
La Secretaría Técnica para la implementación de las recientes reformas en materia de seguridad y justicia penal no sólo enfrenta problemas por el hueco que deja José Luis Santiago Vasconcelos, sino que desde su creación tiene vacíos legales de las que el finado ex zar antidrogas tenía conocimiento.
Las dificultades en el papel de la Secretaría se presentaron desde que el Presidente de la República nombró, por dedazo, a Santiago Vasconcelos titular del ramo y no por medio de una instancia de coordinación representada por los tres poderes de la Unión, como establecieron los propios legisladores con la reformas al sistema judicial.
Más de dos meses después de que el Ejecutivo publicó las reformas en el Diario Oficial de la Federación, y ya vencido el plazo, fueron los propios diputados quienes se dieron cuenta de que habían incurrido en una falta al no conformar la instancia de coordinación.
Esa dependencia que debió ser creada el 19 de agosto como fecha fatal, o sea dos meses después de la entrada en vigor la ley, sería el motor de la Secretaría Técnica que hasta el 4 de noviembre estuvo en manos de Santiago Vasconcelos.
Excélsior publicó el 11 y 12 de septiembre pasado que en una reunión de la Comisión de Justicia de San Lázaro el diputado priista Jorge Mario Lescieur puso el tema en la mesa al señalar que la Cámara de Diputados había incurrido en una omisión, precisamente la de conformar la instancia de coordinación con integrantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Eso provocó una discusión de más de una hora y los legisladores hicieron el mea culpa una vez que se analizó el vacío.
Aceptaron que por “ignorancia” de ellos, pero también de los otros dos poderes”, Calderón nombró a Vasconcelos antes de tener los nombres de las personas que deberían estar al frente de la instancia de coordinación.
No pusieron en duda el nombramiento del ex zar antidrogas, pero sí de que se hayan incumplido las formas. Consultado ayer por Excélsior, Jorge Mario Lescieur aseguró que “nos olvidamos de que cada poder goza de autonomía plena y de haber contado con un mecanismo para obligar a los representantes de cada poder a crear la instancia de coordinación y después el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica”.
Y explicó: “Podemos decir que la Secretaría Técnica está en un impasse. De por sí ésta estaba en un vacío legal desde el mero acto del nombramiento y ahora con el lamentable fallecimiento de José Luis Santiago, la Secretaría queda más en el aire”.
Por ello y para enmendar los yerros cometidos, la comisión de justicia de la Cámara de Diputados impulsa una ley para obligar a representantes de los tres poderes a sentarse, crear la comisión y después nombrar al relevo de Santiago Vasconcelos.
Alejandro Sánchez
Publicado en Excélsior (www.exonline.com.mx), 19-Noviembre-2008
La Secretaría Técnica para la implementación de las recientes reformas en materia de seguridad y justicia penal no sólo enfrenta problemas por el hueco que deja José Luis Santiago Vasconcelos, sino que desde su creación tiene vacíos legales de las que el finado ex zar antidrogas tenía conocimiento.
Las dificultades en el papel de la Secretaría se presentaron desde que el Presidente de la República nombró, por dedazo, a Santiago Vasconcelos titular del ramo y no por medio de una instancia de coordinación representada por los tres poderes de la Unión, como establecieron los propios legisladores con la reformas al sistema judicial.
Más de dos meses después de que el Ejecutivo publicó las reformas en el Diario Oficial de la Federación, y ya vencido el plazo, fueron los propios diputados quienes se dieron cuenta de que habían incurrido en una falta al no conformar la instancia de coordinación.
Esa dependencia que debió ser creada el 19 de agosto como fecha fatal, o sea dos meses después de la entrada en vigor la ley, sería el motor de la Secretaría Técnica que hasta el 4 de noviembre estuvo en manos de Santiago Vasconcelos.
Excélsior publicó el 11 y 12 de septiembre pasado que en una reunión de la Comisión de Justicia de San Lázaro el diputado priista Jorge Mario Lescieur puso el tema en la mesa al señalar que la Cámara de Diputados había incurrido en una omisión, precisamente la de conformar la instancia de coordinación con integrantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Eso provocó una discusión de más de una hora y los legisladores hicieron el mea culpa una vez que se analizó el vacío.
Aceptaron que por “ignorancia” de ellos, pero también de los otros dos poderes”, Calderón nombró a Vasconcelos antes de tener los nombres de las personas que deberían estar al frente de la instancia de coordinación.
No pusieron en duda el nombramiento del ex zar antidrogas, pero sí de que se hayan incumplido las formas. Consultado ayer por Excélsior, Jorge Mario Lescieur aseguró que “nos olvidamos de que cada poder goza de autonomía plena y de haber contado con un mecanismo para obligar a los representantes de cada poder a crear la instancia de coordinación y después el nombramiento del titular de la Secretaría Técnica”.
Y explicó: “Podemos decir que la Secretaría Técnica está en un impasse. De por sí ésta estaba en un vacío legal desde el mero acto del nombramiento y ahora con el lamentable fallecimiento de José Luis Santiago, la Secretaría queda más en el aire”.
Por ello y para enmendar los yerros cometidos, la comisión de justicia de la Cámara de Diputados impulsa una ley para obligar a representantes de los tres poderes a sentarse, crear la comisión y después nombrar al relevo de Santiago Vasconcelos.
***
Excélsior, 12 de septiembre de 2008
Congreso olvida elegir a negociador en justicia
Nota de Alejandro Sánchez
El Congreso no tiene interlocutor con José Luis Santiago Vasconcelos, secretario técnico del Ejecutivo Federal para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal, porque a la Cámara de Diputados se le olvidó nombrarlo.
A pesar de que los propios legisladores fijaron designar a un grupo de representantes a más tardar dos meses después de las modificaciones constitucionales a la reforma judicial, el plazo se cumplió el 19 de agosto y ayer cuando los diputados de la comisión de Justicia de San Lázaro discutían un paquete de reformas contra el crimen organizado se dieron cuenta de la omisión de los legisladores.
El legislador Jorge Mario Lescieur puso el tema en la mesa al señalar que de nada servía hacer modificaciones ni seguir legislando si la Cámara de Diputados había incurrido en una omisión.
El tema acaparó la atención de la comisión y, por más de 30 minutos, los legisladores se enfocaron en discutirlo hasta acordar que el presidente de ese órgano legislativo, el priista César Camacho Quiroz acuda con la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva de San Lázaro para someter este asunto a la discusión del pleno.
Mediante la búsqueda directa con el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, y los coordinadores parlamentarios, que conforman la Junta de Coordinación Política, se busca que el tema no haga fila entre los múltiples puntos de acuerdo e iniciativas que esperan turno desde hace semanas.
Tampoco el Poder Judicial ha nombrado a sus representantes para que, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, se lleven a la práctica las nuevas leyes de justicia.
Así que a 80 días también de que venza el plazo del acuerdo entre gobiernos firmado en Palacio Nacional, José Luis Santiago Vasconselos no tiene interlocutores.
El diputado panista Carlos Navarro explicó que frente a la complejidad de la reforma penal se incluyó un transitorio para que mediante un representante de cada poder se constituya un órgano técnico para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal aprobadas el 18 de junio de 2008.
El decreto señala: “Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de la seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando lo soliciten”.
El diputado Navarro señaló que esa instancia no ha empezado a trabajar porque José Luis Santiago Vasconselos, quien fue nombrado representante por parte del Ejecutivo, no tiene interlocutor. Los diputados aún no tienen claro cuándo podrían designar a los representantes del Legislativo, pues depende de la respuesta de la junta de coordinación y del presidente de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, eso seguramente ocurrirá hasta después de la próxima semana porque a partir de hoy los legisladores se van de puente vacacional con motivo de las fiestas patrias y regresan hasta el 17 de septiembre.
***
Excélsior, 12-Septiembre-2008
Falta de negociadores atora la reforma penal
Nota de Alejandro Sánchez
Debido a la falta de la integración de la secretaría técnica de seguimiento a la reforma penal, la policía sigue ejecutando el antigüo esquema en su lucha contra el crimen y, los jueces, el viejo método en las sentencias a pesar de que el sistema de justicia fue reformado. Ni siquiera han dado un paso hacía la modernidad, opinaron ayer legisladores.
La secretaría técnica —que por disposición de los propios legisladores tiene que ser representada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— encargada de guiar a las autoridades para aplicar las nuevas normas, no se ha creado aun cuando debió conformarse desde hace 23 días.
Legisladores del PRI, PAN y PRD reconocieron que han incurrido en una falta al no nombrar a los interlocutores para que sean los encargados de aplicar las reformas de seguridad y justicia, pero también culparon al Ejecutivo y al Poder Judicial de tener responsabilidad en dicho vacío.
Diputados del PRD y PRI dijeron que con el nombramiento de José Luis Santiago Vasconcelos como secretario técnico por parte del Ejecutivo, el presidente Calderón ignoró a los poderes Legislativo y Judicial.
Por ello, expresaron que “a pesar de la experiencia” del ex procurador, el cargo deberá ser sometido a discusión por todos los representantes del Estado mexicano, pero aún no hay fecha para hacerlo.
Excélsior publicó ayer que el Congreso había olvidado elegir al negociador de justicia.
“Es increíble que la sociedad esté exigiendo que pongamos manos a la obra en materia de justicia para frenar la impunidad y la violencia y nosotros no podamos sentarnos: el presidente de la República, de la Corte y de las Cámaras para acordar los mecanismos y nombramientos. Es algo tan sencillo que nadie ha hecho, parece que estamos haciendo rounds de sombra”, aseguró Luis Benítez, vocero del PRI en San Lázaro, y miembro de la comisión de Justicia.
El diputado Andrés Lozano, encargo del tema de la seguridad por parte de la fracción del PRD, explicó que es urgente nombrar la secretaría técnica para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal que hizo el Congreso el 18 de junio pasado, y que a pesar de que tenía como plazo conformarlo el 19 de agosto como fecha máxima no se cumplió con el propio precepto que los legisladores fijaron.
Mientras tanto, las nuevas disposiciones no se pueden aplicar. Entre ellas, se creó la figura de los jueces de control que tienen en sus manos la tarea de revisar y autorizar solicitudes de órdenes de aprehensión, intervenciones en comunicaciones privadas, cateos domiciliarios y arraigos por hasta 80 días, pero las autoridades están incapacitadas para llevarlas al terreno de los hechos.
“Todo esto implica capacitación y conocimiento y una manera distinta de hacer las cosas”, señaló. Y si no se dan dichos conceptos, de nada sirve tampoco las nuevas disposiciones para que los acusados lleven su proceso frente a un juez, pues 70% de los casos de sentenciados nunca conoció a su juzgador.
“Tenemos que ver y determinar cuáles son los costos de esta reforma, qué es lo que implica, cómo se van a modificar los juzgados, cómo se va a preparar a los nuevos estudiantes de Derecho, cómo preparar a los qué ya son jueces en la actualidad, así como a los abogados que ejercen, pues esta reforma cambia el sistema penal y le da características distintas. Quienes estudiamos abogacía nos basamos en ella”, explicó el legislador.
“Esta instancia (la secretaría técnica) tiene que determinar los pasos a seguir para que las modificaciones en seguridad y justicia no sea única y exclusivamente letra muerta en la Constitución”, agregó.
A tres meses de aprobadas las nuevas leyes, los estados, la Federación, los ministerios públicos, las salas judiciales, las academias y los abogados esperan a los interlocutores para ir empalmando los nuevos conceptos a los hechos y emitir sus declaratorias para empezar, pues las modificaciones contemplan un plazo de hasta ocho años pa-ra modernizarse.
Gustavo Parra, integrante de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, consideró que la coordinación entre representantes de los tres niveles de gobierno será vital para que las reformas tengan éxito.
Será la Cámara de Diputados la instancia que la próxima semana hará un exhortó a los representantes de los tres niveles para que se sienten a dialogar y conformen el grupo de trabajo que a estas alturas ya debería estar trabajando.
Congreso olvida elegir a negociador en justicia
Nota de Alejandro Sánchez
El Congreso no tiene interlocutor con José Luis Santiago Vasconcelos, secretario técnico del Ejecutivo Federal para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal, porque a la Cámara de Diputados se le olvidó nombrarlo.
A pesar de que los propios legisladores fijaron designar a un grupo de representantes a más tardar dos meses después de las modificaciones constitucionales a la reforma judicial, el plazo se cumplió el 19 de agosto y ayer cuando los diputados de la comisión de Justicia de San Lázaro discutían un paquete de reformas contra el crimen organizado se dieron cuenta de la omisión de los legisladores.
El legislador Jorge Mario Lescieur puso el tema en la mesa al señalar que de nada servía hacer modificaciones ni seguir legislando si la Cámara de Diputados había incurrido en una omisión.
El tema acaparó la atención de la comisión y, por más de 30 minutos, los legisladores se enfocaron en discutirlo hasta acordar que el presidente de ese órgano legislativo, el priista César Camacho Quiroz acuda con la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva de San Lázaro para someter este asunto a la discusión del pleno.
Mediante la búsqueda directa con el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, y los coordinadores parlamentarios, que conforman la Junta de Coordinación Política, se busca que el tema no haga fila entre los múltiples puntos de acuerdo e iniciativas que esperan turno desde hace semanas.
Tampoco el Poder Judicial ha nombrado a sus representantes para que, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, se lleven a la práctica las nuevas leyes de justicia.
Así que a 80 días también de que venza el plazo del acuerdo entre gobiernos firmado en Palacio Nacional, José Luis Santiago Vasconselos no tiene interlocutores.
El diputado panista Carlos Navarro explicó que frente a la complejidad de la reforma penal se incluyó un transitorio para que mediante un representante de cada poder se constituya un órgano técnico para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal aprobadas el 18 de junio de 2008.
El decreto señala: “Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de la seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando lo soliciten”.
El diputado Navarro señaló que esa instancia no ha empezado a trabajar porque José Luis Santiago Vasconselos, quien fue nombrado representante por parte del Ejecutivo, no tiene interlocutor. Los diputados aún no tienen claro cuándo podrían designar a los representantes del Legislativo, pues depende de la respuesta de la junta de coordinación y del presidente de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, eso seguramente ocurrirá hasta después de la próxima semana porque a partir de hoy los legisladores se van de puente vacacional con motivo de las fiestas patrias y regresan hasta el 17 de septiembre.
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Excélsior, 12-Septiembre-2008
Falta de negociadores atora la reforma penal
Nota de Alejandro Sánchez
Debido a la falta de la integración de la secretaría técnica de seguimiento a la reforma penal, la policía sigue ejecutando el antigüo esquema en su lucha contra el crimen y, los jueces, el viejo método en las sentencias a pesar de que el sistema de justicia fue reformado. Ni siquiera han dado un paso hacía la modernidad, opinaron ayer legisladores.
La secretaría técnica —que por disposición de los propios legisladores tiene que ser representada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— encargada de guiar a las autoridades para aplicar las nuevas normas, no se ha creado aun cuando debió conformarse desde hace 23 días.
Legisladores del PRI, PAN y PRD reconocieron que han incurrido en una falta al no nombrar a los interlocutores para que sean los encargados de aplicar las reformas de seguridad y justicia, pero también culparon al Ejecutivo y al Poder Judicial de tener responsabilidad en dicho vacío.
Diputados del PRD y PRI dijeron que con el nombramiento de José Luis Santiago Vasconcelos como secretario técnico por parte del Ejecutivo, el presidente Calderón ignoró a los poderes Legislativo y Judicial.
Por ello, expresaron que “a pesar de la experiencia” del ex procurador, el cargo deberá ser sometido a discusión por todos los representantes del Estado mexicano, pero aún no hay fecha para hacerlo.
Excélsior publicó ayer que el Congreso había olvidado elegir al negociador de justicia.
“Es increíble que la sociedad esté exigiendo que pongamos manos a la obra en materia de justicia para frenar la impunidad y la violencia y nosotros no podamos sentarnos: el presidente de la República, de la Corte y de las Cámaras para acordar los mecanismos y nombramientos. Es algo tan sencillo que nadie ha hecho, parece que estamos haciendo rounds de sombra”, aseguró Luis Benítez, vocero del PRI en San Lázaro, y miembro de la comisión de Justicia.
El diputado Andrés Lozano, encargo del tema de la seguridad por parte de la fracción del PRD, explicó que es urgente nombrar la secretaría técnica para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal que hizo el Congreso el 18 de junio pasado, y que a pesar de que tenía como plazo conformarlo el 19 de agosto como fecha máxima no se cumplió con el propio precepto que los legisladores fijaron.
Mientras tanto, las nuevas disposiciones no se pueden aplicar. Entre ellas, se creó la figura de los jueces de control que tienen en sus manos la tarea de revisar y autorizar solicitudes de órdenes de aprehensión, intervenciones en comunicaciones privadas, cateos domiciliarios y arraigos por hasta 80 días, pero las autoridades están incapacitadas para llevarlas al terreno de los hechos.
“Todo esto implica capacitación y conocimiento y una manera distinta de hacer las cosas”, señaló. Y si no se dan dichos conceptos, de nada sirve tampoco las nuevas disposiciones para que los acusados lleven su proceso frente a un juez, pues 70% de los casos de sentenciados nunca conoció a su juzgador.
“Tenemos que ver y determinar cuáles son los costos de esta reforma, qué es lo que implica, cómo se van a modificar los juzgados, cómo se va a preparar a los nuevos estudiantes de Derecho, cómo preparar a los qué ya son jueces en la actualidad, así como a los abogados que ejercen, pues esta reforma cambia el sistema penal y le da características distintas. Quienes estudiamos abogacía nos basamos en ella”, explicó el legislador.
“Esta instancia (la secretaría técnica) tiene que determinar los pasos a seguir para que las modificaciones en seguridad y justicia no sea única y exclusivamente letra muerta en la Constitución”, agregó.
A tres meses de aprobadas las nuevas leyes, los estados, la Federación, los ministerios públicos, las salas judiciales, las academias y los abogados esperan a los interlocutores para ir empalmando los nuevos conceptos a los hechos y emitir sus declaratorias para empezar, pues las modificaciones contemplan un plazo de hasta ocho años pa-ra modernizarse.
Gustavo Parra, integrante de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, consideró que la coordinación entre representantes de los tres niveles de gobierno será vital para que las reformas tengan éxito.
Será la Cámara de Diputados la instancia que la próxima semana hará un exhortó a los representantes de los tres niveles para que se sienten a dialogar y conformen el grupo de trabajo que a estas alturas ya debería estar trabajando.
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