Desorganización policiaca

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa

Desorganización policiaca

Reforma, 3 Nov. 10;

La principal es, sin duda, la corrupción. Pero otra de las razones que impiden la eficacia de la actuación policiaca es la desorganización de las corporaciones respectivas, la falta de un criterio rector para su funcionamiento. Acaba de probarlo, una vez más, la resurrección de la Agencia Federal de Investigación, decidida al margen de la ley por el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

El festejo del noveno aniversario de la AFI sirvió para relanzarla sin apoyo legal, pues se trata de una corporación inexistente. Ha sido extraño, e irregular, que se conserven uniformes con su sigla y, más todavía, que se convoque a formar parte de ella a quienes en realidad serán miembros de la Policía Federal Ministerial, única corporación reconocida por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Parecería, y si de eso se trata se comete un error, que se buscara utilizar esa denominación como si en el ámbito comercial se trata de mantener una marca de prestigio. Porque prestigio, prestigio, lo que se llama prestigio no es algo que forme parte del patrimonio de ese cuerpo, extinto legalmente y festejado como si existiera.

La AFI no tuvo nunca estatuto legal en el sentido estricto de la expresión, pues fue creada no por una ley del Congreso sino por un decreto presidencial, el suscrito por Vicente Fox y publicado en el Diario Oficial del 1o. de noviembre de 2001. El procurador Rafael Macedo de la Concha trabajó en los 11 meses anteriores en la supresión de la Policía Judicial Federal, de negra fama, y en la integración de la AFI, labor que encargó a Genaro García Luna. Sólo el 25 de junio de 2003 dicha agencia alcanzó presencia en la formación interna de la PGR, a través del reglamento de la ley orgánica.

Al ser ascendido García Luna a secretario de Seguridad Pública (no obstante objeciones provenientes de militares de muy alto rango, y a pesar de la mala reputación que la AFI había alcanzado en un lustro), su manía del mando único se expresó en la fusión, carente de apoyo jurídico, de esa agencia y la Policía Federal Preventiva. La decisión fue causa o efecto, no lo sabemos, del distanciamiento entre Eduardo Medina Mora, procurador de la República, y García Luna. En la política palaciega, en las querellas del organigrama, esa fusión se resolvió en perjuicio de la PGR y, lo más importante, del funcionamiento del Ministerio Público federal, al que se privó de la policía establecida constitucionalmente para la realización de sus tareas. El mando único, a cargo de Ardelio Vargas, se concentró en la SSP, a la que la PGR tenía que someterse en materia de investigaciones.

Al finalizar marzo de 2007 la pretensión del mando único se frustró y se mantuvieron separados los cuerpos que se intentó fundir, pero ambos permanecieron dentro de la SSP. Eso permitió a García Luna desmantelar a su criatura, a la que desproveyó de todo género de recursos en beneficio de la Policía Federal, que perdió su apellido de Preventiva para ampliar sus funciones, aunque tampoco esa operación contara con sustento legal. En esa maniobra se llegó a extremos grotescos y peligrosos: en septiembre de 2008 el cuartel general de la AFI, venida a menos, caída de la gracia de su creador, fue asaltado por la Policía Federal, que la tomó y arrojó de sus instalaciones a los cada vez menos miembros de la AFI. Ello dio lugar a movilizaciones y denuncias en que postergados agentes de la AFI dieron cuenta al Ejecutivo y al Congreso de malos manejos de García Luna y su círculo más cercano.

(Entre los integrantes de esa cúpula, por cierto, los denunciantes incluyeron a Francisco Javier Gómez Meza, que entonces era en la Policía Federal coordinador de mandamientos judiciales y ministeriales, y había sido alto funcionario en la AFI, que en abril de 2006, junto con la DEA, lo premió por "su trabajo en el combate a las drogas" y en noviembre de 2010 está preso en el penal del Altiplano por lo contrario, pues en tal sentido obró en los meses en que dirigió la cárcel de Occidente, cargo que depende de la SSP de García Luna).

El 30 de marzo de 2009 el procurador Medina Mora rescató su mando sobre la AFI y nombró como responsable provisional, no como directora, a Nicandra Castro, que se mantuvo en el cargo a la hora en que Chávez Chávez sustituyó al hoy embajador en Londres. Como otra prueba del errático curso de las decisiones en este campo, el propio Chávez Chávez formalizó el nombramiento de Castro el 11 noviembre pasado, sólo para despedirla un mes después, cuando la reemplazó Wilfrido Robledo. Ya en uno y otro momento la AFI había desaparecido, pues la omitió la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría, que creó la Policía Federal Ministerial el 29 de mayo de 2009 como auxiliar en las investigaciones a cargo del Ministerio Público federal; de allí su nombre.

Pero sólo dos días después, el 1o. de junio, se publicó la Ley de la Policía Federal, que concede esa función no a la ministerial sino a la corporación de García Luna, pues entre sus objetivos se incluye "investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación" y entre sus atribuciones la de realizar, bajo esa conducción y mando, "las actuaciones que le instruya éste (el Ministerio Público) o las autoridades jurisdiccionales".

La AFI no existe formalmente. Las funciones de la Policía Federal Ministerial están atribuidas a la Policía Federal. La rivalidad entre la PGR y la SSP parece actualizarse. Así no se puede.

Cajón de Sastre

El Consejo General del IFE tomó decisiones ante la falta de tres consejeros, los que concluyeron sus funciones el sábado pasado. Para el órgano electoral no es inocua la tardanza de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues sus comisiones deben atender asuntos en que los términos no se interrumpen, como los relativos a la propaganda por radio y televisión en procesos electorales de carácter local que han comenzado ya, los de Guerrero y Baja California sur, por ejemplo. Tal actitud del IFE puede servir de acicate para que el órgano parlamentario cumpla su palabra de designar hoy a los nuevos consejeros. Pero puede también instalarlos en la inercia de dejar correr el tiempo en busca de consensos, a sabiendas de que su parsimonia no genera problemas de integración de las comisiones.