El
pasado martes 2 de abril se llevó a cabo en la nueva sede la III audiencia sobre el Nuevo Código de Procedimientos Penales, en donde especialistas
se pronunciaron a favor de establecer protocolos de actuación para el
Ministerio Público y la policía investigadora.
Las
audiencias “públicas” –realmente son cerradas, van con invitación- son organizadas por las comisiones de
Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos
Segunda, quienes analizan la pertinencia de un nuevo código de procedimientos
penales.
Elías Huerta
Psihas,
opinó que uno de los retos fundamentales del nuevo sistema procesal penal es
establecer claramente la coordinación entre la policía investigadora y el
Ministerio Público. Señaló que si el país no cuenta con una policía que pueda
realizar correctamente indagatorias y con un ministerio público capaz de
retomarlas y presentarlas al juez “vamos a generar mayor impunidad y menos
eficacia”, por lo que es necesario incluir protocolos de actuación.
Por
su parte, el investigador de la UNAM, Javier Cruz Ángulo Nobara, dijo que el
nuevo código tendrá que distinguir las medidas alternativas sobre los delitos
federales y locales, además de construir en cada estado centros de mediación,
conciliación y medidas alternativas.
Sin
embargo, estimó que el funcionamiento de esos organismos sería poco viable para
la Federación, debido a que 50 por ciento de los delitos son contra la salud o
de delincuencia organizada y “no se ve la forma en la cual se pueda conciliar
este tipo de ilícitos”.
En
tanto, Ibett Estrada Gazga, investigadora de la UNAM, recomendó establecer
protocolos, ya que la investigación criminal es científica y deben tener reglas
y metodologías que cumplir.
Indicó
que esa medida permitiría proteger los derechos de las víctimas y de las
personas investigadas, pues daría la oportunidad de conocer cómo hizo el
Ministerio Público para llegar a sus conclusiones y “esa es la ventaja de un
protocolo de investigación científica”.
En
su turno, Luis Jorge Gamboa Olea, juez de primera instancia en Morelos,
consideró que los ministerios públicos deben realizar investigaciones objetivas
porque “ellos no desahogan pruebas sino recaban antecedentes de investigación”.
Por
otro lado, hizo notar que los funcionarios de gobiernos estatales se enfrentan
a un “desconocimiento” del sistema acusatorio adversarial, pues con cada cambio
de administración deben retomar el aprendizaje de este tema, lo que impide
realizar una buena diligencia.
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