22 feb 2015

Osorio Chong favorece a casineros de Hidalgo

Revista  Proceso No. 1999, 21 de febrero de 2015/
Osorio Chong favorece a casineros de Hidalgo/ÁLVARO DELGADO
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a “poner orden” en un rubro que dio lugar a escándalos de corrupción y tráfico de influencias en los gobiernos de Fox y Calderón. Así, el 3 de diciembre la Cámara de Dipu­tados aprobó la nueva Ley de Juegos y Sorteos, actualmente congelada en el Senado. Pero 10 días antes, el 24 de noviembre, la dependencia federal otorgó los primeros siete permisos de esta administración a casineros relacionados con priistas del estado de Hidalgo cercanos a Osorio Chong.
 Se tardó dos años, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó los primeros siete permisos del sexenio para casinos el pasado 24 de noviembre. Los favorecidos: empresarios allegados a priistas del entorno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
 Con la misma discrecionalidad de Vicente Fox y Felipe Calderón, y 10 días antes de aprobarse en la Cámara de Diputados la nueva ley que busca corregir el desorden en la industria del juego heredado por los gobiernos panistas, la Secretaría de Gobernación tomó dos decisiones clave.

 Primero, el 24 de octubre, revocó el permiso a la empresa Megasport por presunta falsificación de documentos de uno de los 42 establecimientos que operaba, caso que se litiga en tribunales, y un mes después otorgó siete permisos para igual número de casinos a la compañía Pur Umazal Tov, S.A. de C.V., cuyo director general, José Antonio Haua Maauad, está emparentado con prominentes priistas de Hidalgo.
 En efecto, Haua Maauad es sobrino político de Alfredo Bejos Nicolás, quien en enero renunció como secretario de Turismo del gobierno de Hidalgo para postularse como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal, apadrinado precisamente por Osorio Chong.
Diputado local con licencia y expresidente del PRI en Pachuca, Bejos Nicolás fue diputado federal suplente de Osorio Chong en la elección federal de 2003, y asumió como propietario cuando éste contendió por la gubernatura de Hidalgo en 2005.
La esposa de Bejos Nicolás y tía de José Antonio Haua, Arlene Haua Murbatián –conocida como La Chule–, es suplente del presidente municipal de Pachuca, Eleazar García, tiene dos décadas de militante del PRI y desde 2002 forma parte del Organismo de Mujeres de ese partido (OMPRI).
Haua Maauad es además primo del secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Maauad Pontón, hijo del prominente empresario José David Maauad Abud, presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera (Nafin) en Hidalgo, desde que el actual secretario de Gobernación era gobernador.
Los hermanos Anuar y Tufin Haua Maauad trabajan también para la empresa Pur Umazal Tov, S.A. de C.V., creada en agosto del año pasado –tres meses antes de obtener los permisos– y cuyos accionistas, además de José Antonio, son Jacobo y Moisés Shemaria Capuano, propietarios de la Plaza Galerías, de Pachuca, y de La Forchetta, lujoso restaurante de esa capital.
Originarios de Guadalajara, Jalisco, los hermanos Shemaria Capuano encabezan el grupo empresarial BH Development Group (BHDG), con sedes en el Distrito Federal y Miami, Florida, que, además de participar en la industria del juego, se dedica a negocios como la generación de energía renovable para Centro y Norteamérica.
Bajo sospecha
Los señalamientos de nexos de los primeros permisionarios de casinos en el gobierno de Peña Nieto con políticos priistas no son nuevos. En mayo de 2013, por ejemplo, Elportalenred.com, medio digital de Pachuca, publicó un reportaje titulado Casinos en Hidalgo: trampas, irregularidades y tráfico de influencias.
Decía:
“La instalación de casinos en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo ha dejado más dudas que certezas, principalmente por la identidad de sus legítimos propietarios, entre los que se menciona al actual candidato del PRI a diputado local Alfredo Bejos Nicolás e incluso al controvertido exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, quien a través de prestanombres estaría operando un bingo en la capital hidalguense.”
Recordó que, durante el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, de 1999 a 2005, el entonces secretario de Turismo, Joel Guerrero Juárez –actual titular de Educación– informó que Hank Rhon pretendía invertir en Pachuca 15 millones de pesos para abrir un casino, que supuestamente ya estaba autorizado.
“Tres años después, WinPot abrió sus puertas en Pachuca, y como gerente fue nombrado el sobrino de Alfredo Bejos, actual candidato del PRI a diputado local por Pachuca”, apuntó el reportaje en referencia a Haua Maauad.
Apenas en diciembre, tras el cierre de ese y otros casinos, el columnista Leonardo Herrera escribió en La crónica de Hidalgo que “entre las irregularidades encontradas están el origen del dinero y los verdaderos propietarios de éstos, y aunque en el caso de Pachuca se adjudica al empresario José Antonio Haua Maauad, dicen que uno de los propietarios es el actual secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Maauad”.
Y añadió: “Por cierto, la investigación de los permisos y las facilidades con las que se dieron llegó hasta el actual secretario de Educación, Joel Guerrero, cuando éste fungía como director de Turismo (sic)”.
WinPot de Pachuca es uno de los 26 casinos propiedad de los hermanos Shemaria Capuano que debieron cerrar el pasado 24 de octubre, cuando la directora general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Marcela González Salas, revocó el permiso a Megasport, del que eran sólo operadores.
Y aunque ya no tienen 26 establecimientos –algunos de cuyos locales han puesto a la venta–, los siete que obtuvieron ya como permisionarios les garantizan todas las ganancias para ellos solos y no los mínimos porcentajes que solían percibir como operadores.
Buenos muchachos
Originarios de Guadalajara, miembros de una familia dedicada a la industria de la piel, los hermanos Shemaria Capuano incursionaron en los ochenta en el negocio de los videojuegos, con Diversiones Moy –una franquicia que opera en varios países–, que luego los condujo a los centros de apuestas, en los cuales emplean a unas 3 mil personas.
En la industria del juego era sabido que la Secretaría de Gobernación pretendía revocarle a la empresa Cía. Operadora Megasport, S.A. de C.V., el permiso que obtuvo del gobierno de Ernesto Zedillo para operar –durante 38 años– hasta 96 casinos, aunque sólo lo hacía en 42, 26 de ellos a través de Haua Maaudad, de origen libanés, y los hermanos Shemaria, de ascendencia judía.
La revocación a Megasport, representada por Luis Espinosa Delgado, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, se produjo el 24 de octubre y le fue notificada el 6 de noviembre, luego de que la Secretaría de Gobernación aseguró que fue falsificado el oficio para autorizar el funcionamiento del Casino 777 Fortuna, en Ixtapaluca, Estado de México.
Y es que la alcaldesa priista Maricela Serrano, militante también de la organización Antorcha Campesina y conocida de González Salas, negó haber firmado el oficio fechado en febrero de 2014 para el funcionamiento del casino en la plaza comercial El Cortijo, ubicada sobre la carretera México-Cuautla.
Fue así que, un mes después de la revocación del permiso a Megasport, el 24 de noviembre Marcela González Salas y Petricioli otorgó los siete permisos a la empresa de los hermanos Shemaria Capuano, Pur Umazal Tov, S.A. de C.V., constituida el 28 de agosto en Guadalajara.
Según el acta constitutiva, registrada el 28 de agosto de 2014 ante el notario público 130 de Guadalajara, Roberto Armando Orozco Alonzo, los únicos accionistas y beneficiarios de la empresa son José Antonio Haua Maauad y los hermanos Moisés y Jacobo Shemaria Capuano.
Cada uno de los siete permisos tiene una vigencia de sólo 10 años, como lo propone la nueva Ley de Juegos y Sorteos, aprobada por mayoría en la Cámara de Dipu­tados apenas 10 días después de esa decisión y que está congelada en el Senado.
Opacidad y ocultamiento
La única explicación pública que ha dado la Secretaría de Gobernación sobre los nuevos siete permisos para casinos, los primeros en el sexenio de Peña, es que se trata de empresarios serios que cumplieron con los requisitos.
“¿Quiénes son ellos? Ellos eran operadores eficientes con un perfecto historial administrativo y crediticio, pero que trabajaban al amparo de Megasport”, explicó González Salas, quien ha omitido los nexos con personajes priistas de Hidalgo y allegados a Osorio Chong.
Desde el 3 de febrero, Proceso le solicitó a la funcionaria una entrevista para hablar al respecto, pero adujo que debía pedir permiso a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, a la que también se le hizo la petición formal. No ha habido respuesta de ninguna de las dos partes.
Oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando Carlos Salinas era el titular, diputada federal del PRI en 1988, González Salas y Petricioli emigró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, en 2003, fue diputada federal y presidenta de la Cámara de Diputados.
De regreso al priismo, y luego de que no logró ser consejera del naciente Instituto Nacional Electoral (INE), la funcionaria aspira a ser diputada federal, otra vez como priista, por lo que se prevé que deje la dirección de Juegos y Sorteos con una agenda de pendientes.
Uno de esos pendientes es el litigio de Megasport contra la decisión de la Secretaría de Gobernación de revocarle el permiso, cuyo desenlace es incierto. Pero ya le infligió una primera derrota a la dependencia federal: logró una suspensión  provisional y luego una definitiva contra su decisión.
En efecto, el magistrado Gustavo Ruiz Padilla, de la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió a Megasport la suspensión provisional y definitiva de la revocación del permiso –de los que el reportero tiene copia–, cuyo fondo aún está pendiente.
Según expertos, si efectivamente se falsificó el documento para la apertura de un establecimiento, la sanción correspondía sólo a éste y a la operadora, pero no al permisionario y a todas las empresas operadoras, incluida las de los hermanos Shemaria Capuano.
Este episodio es el más reciente en el negocio de los casinos, al que Osorio Chong se comprometió a poner orden y a trasparentar desde el inicio del gobierno, en enero de 2013, en medio del escándalo de permisos entregados por Calderón al final del sexenio.
“Nosotros no venimos a tapar absolutamente nada, ni la información a la que se tiene derecho a tener por parte de todos”, ofreció, pero pasaron los meses y no hubo la información prometida.
Un año después, en enero de 2014, rei­teró ante senadores priistas y del Partido Verde que transparentaría la industria del juego, en especial cómo se entregaron los permisos en las administraciones pasadas. Lo único que ha pasado es la entrega de los primeros permisos del sexenio a empresarios que tienen nexos con él.

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