El Ejército

Columna Fuerzas Armadas/Javier Ibarrola

"Guerra" sin fin

Publicado en Milenio Diario, Miércoles, 21 Mayo, 2008
Sin duda, el gobierno de Felipe Calderón ya se convenció de que la “guerra” que declaró al narcotráfico desde el primer día de su administración no tiene fin, por más que los golpes que le han dado sus fuerzas a los cárteles haya “afectado” las estructuras operativa y financiera de esas organizaciones.
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora sostiene igualmente que las células delictivas han “involucionado” y ahora se dedican al secuestro y robo a mano armada.
Su gobierno, dice Calderón, está decidido “a terminar la tarea”, a pesar de que los resultados no los pueda ver al término de su administración, e incluso “a pesar de que esta lucha cueste más dinero, tiempo y vidas humanas”.
Salvada toda proporción y distancia, a Calderón le pasa con el narcotráfico lo mismo que a George W. Bush con Irak: están ante guerras que no tienen fin, que van a costar mucho dinero, mucho tiempo y muchas vidas, y lo peor para los dos, que no lucen.
Después de los operativos ordenados desde el primer día de gobierno, en los que el Ejército aportó el gasto y el desgaste sin que se hayan obtenidos los resultados que se esperaban, el gobierno federal pensó, no obstante, que el narcotráfico habría de replegarse ante la presencia militar en todo el país. Pero no fue así.
La violencia se recrudeció y las reacciones de la delincuencia no se hicieron esperar. Aumentaron los enfrentamientos entre los cárteles, las ejecuciones de policías de todo rango y, lo que nadie esperaba, le perdieron el miedo al Ejército al grado de hacerle frente con todo su poder de fuego.
Así, precisamente en los estados en los cuales se reforzó la presencia militar, principalmente Baja California, Chihuahua y Sinaloa, los asesinatos aumentaron, por más que las fuerzas federales hayan seguido decomisando fuertes cantidades de droga, armas y detenido a un buen número de sicarios y líderes del narcotráfico.
Todo esto provocó también que jefes policiacos incluso huyeran del país o renunciaran a sus cargos. ¿Qué hacer? Llamar al Ejército, como ha ocurrido siempre en la presente administración, pero ahora para ocuparse de los mandos de las policías estatales, como acaba de ocurrir en Sinaloa.
Ayer hablaba con el colega y amigo Javier Solórzano en su noticioso de las mañanas y me preguntaba si el Ejército corría el riesgo de manchar su imagen con su participación abierta y masiva en estas cuestiones.
Quizá, aunque lo que menos le importa al Ejército son las luminarias. Sin embargo, sí existe el riesgo del cansancio y no precisamente del físico, que también se da en los soldados, pues finalmente son seres humanos, sino del moral.
¿Qué hizo el gobernador de Baja California después de que el comandante de la II Región Militar, general Sergio Aponte Polito, publicara una dura carta señalando la corrupción que priva en la policía estatal? Nada.
¿Qué ha pasado con los aumentos a la tropa prometidos por el propio Felipe Calderón? Poco o casi nada.
Sin embargo, el soldado seguirá siendo el del “sudor y de la sangre”, a pesar de sufrir un sistema de justicia vertical que en muchas ocasiones es el que motiva que la tropa deserte y se pase al enemigo.
Con asombro pude constatar frente al Banco del Ejército de la Ciudad de México en un día de pago cómo algunos individuos se reunían con militares retirados jóvenes. Pude constatar por voz de algunos amigos que dichos individuos estaban invitando a los militares a pasarse a los cárteles con ofrecimiento de hasta diez mil dólares mensuales. Cuidado.
Quizá por eso Felipe Calderón pregona que los golpes que su gobierno le ha dado al narcotráfico han afectado las estructuras financiera y operativa.
Según un análisis del Centro de Inteligencia Antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los grandes cárteles basan su actividad en cuatro estructuras: operativa, seguridad, lavado de dinero y tráfico de influencias y narcopoder.
La operativa, la que dice Calderón que se ha afectado, “está conformada por las redes del narcotráfico en las fases de producción, transporte y distribución”.
La de seguridad “está integrada por autoridades policiacas y judiciales de nivel medio hacia abajo, así como delincuentes a sueldo que se encargan de dar protección a la organización, a los principales dirigentes de la estructura operativa y a eliminar a los enemigos y a la competencia de la organización”.
La de lavado de dinero (financiera) se subdivide en cuatro rubros: “A nivel internacional, mediante el manejo de acciones e inversiones en instituciones financieras de diferentes países, así como en empresas internacionales.
“A nivel nacional, mediante la inversión en sectores de carácter estratégico como son el financiero, empresarial y de servicios. Este nivel es más sensible para el Estado, en virtud de que permite que una organización narcotraficante tenga en razón de su poder económico, la capacidad de amenazar al gobierno o imponerle condiciones.
“A nivel local, con influencia en los sectores financieros, empresarial, comercial, de servicios y producción de cierta entidad federativa o población de importancia.
“El tráfico de influencia se manifiesta mediante la participación activa de funcionarios de niveles medios y superiores de los gobiernos federal y estatal, quienes favorecen a los miembros de este tipo de organizaciones criminales”.
El Ejército está, sin duda, dispuesto a terminar también la tarea y seguir golpeando las estructuras de la alta delincuencia. Pero el gobierno debe desechar de una vez por todas la idea muy arraigada en los civiles de que los soldados son desechables.
Por más que griten las organizaciones derechohumanoides, de dentro y de fuera, que el Ejército debe dejar las calles y volver a sus cuarteles, hasta ahora la realidad es sólo una: no hay otra fuerza que le haga frente al narcotráfico.
En el Ejército hay disciplina, nacionalismo y liderazgo, todo lo que le hace falta al actual gobierno.

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