Ana Laura magaloni y Alejandro Martí

Foro Nacional Seguridad con Justicia
Discurso de la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Académica del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Hace un año, señor Presidente, la Administración de su Gobierno, junto con todas las fuerzas políticas del país, llegaron a un acuerdo fundamental.
El Estado mexicano para reconstruir su autoridad frente al crimen y restablecer la paz en forma duradera no sólo requería de mayores instrumentos policiales y técnicos, también necesitaba un sistema de procuración e impartición de justicia capaz de operar dentro de los presupuestos de un Estado de Derecho.
Sólo un sistema con esas características podía darle la legitimidad duradera a las acciones del Gobierno en su lucha contra el crimen. A un año de esta decisión política, no sabemos aún cómo poner en marcha la Reforma a la procuración e impartición de justicia en México.
El propósito central de este Foro es, precisamente, propiciar un diálogo entre la sociedad y los principales tomadores de decisión para comenzar a ponerle nombre y apellido a los múltiples desafíos que presenta la denominada Reforma de Juicios Orales.
Quisiera hacer un reconocimiento a todos mis amigos de la Red Ciudadana por la Seguridad con Justicia, y, en particular, a Ernesto Canales y a Alejandro Martí, por haber hecho posible este espacio de discusión.
Está claro que los desafíos técnicos de esta Reforma son enormes. La experiencia de otros países permite constatar que las reformas a estas instituciones muy fácilmente se corrompen y comienzan a reproducir las mismas prácticas, que en principio, querían erradicar.
Sin embargo, yo estoy segura que en México estamos en condiciones para elaborar una estrategia de implementación lo suficientemente sólida como para hacer frente a todos y cada uno de estos desafíos.
Sí creo que es posible tener instituciones que funcionen bien, que tengan vocación de servicio público y que coloquen en el eje central a los ciudadanos, sea en su calidad de víctimas o de acusados.
Hoy por hoy, el desafío mayor está en el ámbito político; sólo es posible construir sistemas de procuración e impartición de justicia eficaces si se permite que estas instituciones desarrollen la autonomía y fuerza suficientes como para resistir cualquier intento de manipulación política o económica.
Esto e: frente a la aplicación de la ley penal no puede haber ya negociación posible ni favoritismos políticos; ésta es la condición política, indispensable para que estas instituciones florezcan y para que se desempeñen con vigor y profesionalismo.
A estas alturas, todos sabemos que el sistema no funciona, que éste es profundamente arbitrario e ineficaz para los ciudadanos comunes y corrientes, que víctimas y acusados se enfrentan a una maquinaria que es incapaz de dar una respuesta satisfactoria a sus demandas de justicia.
El sistema no está pensado para los ciudadanos; el sistema sólo sirve para aquél que se beneficie de su alta capacidad de manipulación: los delincuentes, los policías coludidos, los funcionarios y políticos corruptos y todos aquellos que tienen el interés y el poder económico para sobornarlo.
Este sistema fue diseñado para operar en un contexto de baja incidencia delictiva y de enorme centralización del poder.
En ese contexto, la procuración de justicia no requería ser una institución de investigación y persecución criminal profesional, ni mucho menos una institución al servicio de los ciudadanos. Más bien, se requería una institución que fuese una amenaza creíble de la capacidad del Estado para castigar a sus detractores o a quienes desafiaban a los amigos del poder.
Hoy, al entrar a una Agencia del Ministerio Público cualquiera, vemos las reminiscencias de ese viejo y obsoleto diseño institucional, el cual en un contexto de descentralización del poder y de alta incidencia delictiva, termina beneficiando a quien lo puede manipular y corromper.
El impacto que ello tiene en las vidas concretas de millones de ciudadanos es inconmensurablemente injusto, desesperante y ofensivo.
La reforma de juicios orales debe ser discutida desde este reto político. La realidad no es un dogma de fe; tampoco por sí sola y como por arte de magia puede resolver los muchos problemas que tiene nuestro sistema de justicia criminal.
La realidad, sobre todo, debe ser concebida como un método de trabajo suficientemente potente como para romper el equilibrio existente y detonar cambios institucionales profundos.
Al desaparecer las pilas y pilas de papeles de las averiguaciones previas y la rigidez y formalismos legales a ella aparejados, se abre un espacio para emprender una profunda reingeniería en nuestras instituciones penales.
Esta reingeniería puede resolver los cuellos de botella y la corrupción en las agencias del Ministerio Público, mejorar el manejo y administración de casos, y reordenar los incentivos de todos los operadores del sistema hacia una gestión competitiva y eventualmente impecable.
Un sistema de juicios orales bien implantado fortalece la capacidad del juez para ejercer su función de control de arbitrariedad en el proceso de investigación, así como para desempeñar el papel de árbitros de la batalla legal.
Finalmente, también un sistema de estas características puede servir para poner a la luz todos los graves problemas de la defensoría pública y propiciar la construcción de esta abandonada institución.
En este sentido, la dualidad es un instrumento que tiene el potencial de ser el choque externo que el sistema necesita para transformarse y para servir eficazmente a los ciudadanos.
Sin embargo, no hay que confundir el instrumento con los objetivos de la Reforma. Esta Reforma se trata de la construcción de instituciones sólidas, capaces de operar dentro de los presupuestos de un Estado de Derecho, con capacidad para construir confianza y legitimidad en la ciudadanía y, a la vez, para operar con la autonomía y fortaleza que requieren para vencer a los distintos grupos de interés que hoy se benefician con una procuración e impartición de justicia débil, manipulable, oscura y corrupta.
Señores, señoras, señor Presidente:
La reforma de juicios orales es, finalmente, una pieza clave dentro de una apuesta mayor: la de construir, todos juntos, un país con instituciones a la altura de los sueños más ambiciosos de sus ciudadanos.
Muchas gracias.

***
Alejandro Martí García, Presidente de México SOS y representante de la Red Ciudadana por la Seguridad con Justicia.
Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Señor Presidente de la Cámara de Diputados, (se confundio con en nombre)

Señor Secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont; Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora; señor Secretario Técnico del Sistema de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón; Gobernador Constitucional de Morelos, Marco Antonio Adame.
Felipe Borrego, Presidente del Consejo para la Reforma Judicial (Sic)

Doctora Ana Laura Magaloni.
Señoras y señores:
Hace algún tiempo escuché del padre italiano Javier de Nicoló, en Bogotá, el concepto de Niños Blandos. Este padre ha dedicado su vida al trabajo con niños de la calle en Bogotá.
Se trata, según lo define él, de niños que no sirven sino para ser usados por el crimen; desde los cinco años hasta los 16, cuando suelen terminar su vida, casi siempre de forma violenta, se convierten en agentes de delito del narcomenudeo y del sicariato.
Son infantes reclutados en los espacios públicos, que la sociedad le va cediendo por temor y de manera paulatina a la delincuencia.
Eso, señor Presidente, queridos amigos, es lo que no queremos que les ocurra a nuestros hijos, ni lo queremos para nuestro México; sin embargo, los diagnósticos nos dejan poco espacio a la esperanza.
Hoy vemos que en las comunidades en las que los índices de violencia se han elevado, las personas se alejan de las áreas riesgosas, cediendo así los espacios públicos y desestructurando las actividades comunitarias.
Antes, las colonias eran públicas; ahora son comunidades cerradas, muchas veces vigiladas por grupos privados, tornándose en espacios aislados para la acción misma de la autoridad.
Esto, digámoslo claro, es pérdida de libertad, porque afecta a la organización social, la confianza, trastoca las normas de convivencia y desarticulan las redes de interacción social; afectan los valores fundamentales de la estabilidad democrática.
Esta violencia e inseguridad que parecerían epidémicas, han afectado las normas de confianza que son sustanciales para la convivencia social y las han tornado en actitudes de desconfianza, sospecha y temor entre ciudadanos.
Esto significa que estamos perdiendo ciudadanía por motivos del crimen y la impunidad, pero también, y más grave aún, por la indiferencia, la ineficiencia, la corrupción y la omisión de muchos miembros de nuestra clase política. No negamos, con justicia, que existen excepciones.
Veámoslos desde otro ángulo. Por un lado, el ciudadano se segrega por el temor a ser victimizado por la delincuencia; y por el otro, se muestra refractario a participar en el ejercicio democrático de la elección, motivado por el desencanto de los políticos.
La ciudadanía está victimizada por dos frentes hostiles: el delito y la ineficacia de los políticos en el combate al crimen; así como el agotamiento del sistema de justicia penal.
Eso puede llevarnos al grave riesgo del desencanto ciudadano por la democracia y a que se abra a tentaciones de opciones autoritarias.
Hay un segundo dilema que enfrentamos los ciudadanos. El combate al crimen organizado nos ha ido revelando cómo éste ha logrado infiltrarse por años ya no sólo en las estructuras policiacas, sino en las políticas, propiciando la duda en la legitimidad de las instituciones.
Señoras y señores:
Esto no puede suceder más. No más gobiernos sin ciudadanos. Ésta debe ser la hora, hoy debe ser la hora del ciudadano.
Nos dijeron que era sano para la democracia quitarle poder al Presidente y trasladarlo al Congreso.
Y ahora vemos a nuestros representantes populares atrincherados en sus mezquindades políticas, secuestrando el futuro del país, regateando la posibilidad de construir auténticas políticas de Estado y pensando sólo en su rentabilidad política.
Vemos un Congreso integrado por legisladores distanciados de la sociedad, y resulta un contrasentido si tomamos en cuenta los millones de pesos que nos cuestan a los ciudadanos. Ahí existe otra fuente de hartazgo social.
Señores:
El objetivo es México. No más un México sin ciudadanos.
Quiero ser enfático en aclarar que no propongo ir en contra del sistema del Gobierno representativo, ni de gobernar por medio de asambleas populares, sino que los representantes, efectivamente, respondan al mandato ciudadano y que cumplan con sus exigencias.
Estoy refiriéndome al fortalecimiento de las herramientas ciudadanas para la rendición efectiva de cuentas y para la fiscalización de las tareas sustantivas que están relacionadas con la seguridad y el combate al crimen y la impunidad, todo dentro de un marco institucional y bajo regulaciones claras, con protocolos de acción y también de responsabilidades.
Los observatorios ciudadanos de desempeño, por ejemplo, legislativo o de procesos judiciales, deben generalizarse, porque de otra forma las inercias retrasarán el cambio.
Saludo con beneplácito al Observatorio Nacional Ciudadano recién constituido, así como el Observatorio Ciudadano de la Justicia instalado hace unos meses por el Consejo de la Judicatura.
En el año 2000, la ciudadanía dio el impulso a la transición democrática; cambió el partido en el Gobierno Federal, pero aún no se ha desmantelado el andamiaje político que alentó por años la impunidad y la corrupción.
Las estructuras siguen intocadas y lo siguen para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sistema de privilegios persiste y se reproduce, el equilibrio entre poderes no ha logrado construirse de manera eficaz, parcelando para cada uno de ellos su propio sistema de privilegios.
La pregunta que debemos plantearnos es: cómo el ciudadano puede tomar el control de las instituciones que delegó a los políticos mediante la democracia representativa.
Eso es lo viable.
Yo digo que sí, simplemente diciendo no más. Como ciudadanos, debemos trasladar el costo político de la ineficacia y la impunidad de nuestra clase política a quienes los han postulado, es decir, a sus partidos políticos.
Por ello, recientemente convocamos desde México SOS al Pacto Nacional Ciudadano, Mi voto por tu Compromiso, con la finalidad de comprometer a los candidatos a diputados federales a impulsar las reformas que hagan realidad la reelección de legisladores, presidentes municipales y jefes delegacionales.
En este sentido, estamos convocando a estos mismos candidatos a puestos de elección popular a establecer un compromiso de cara a la ciudadanía, con un mecanismo de rendición de cuentas. De esta manera, generaríamos un sistema de equilibrio que permitiría a la ciudadanía premiar o castigar electoralmente a los funcionarios y a sus partidos; premiar o sancionar electoralmente a los funcionarios y sus partidos de acuerdo con la calidad y compromiso en el desempeño de su cargo. Es hora de los compromisos.
Nuestros políticos deben actuar en nombre y representación de los ciudadanos. Trabajemos, entonces, en una cultura política democrática que no ignore la participación ciudadana.
Construyamos ciudadanía; expandamos la acción ciudadana, como una de las formas para terminar con la impunidad, ese mal que ha victimizado tanto a nuestro querido México, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a mi querido Fernando.
Quiero dirigirme a todas las madres, padres, esposas y esposos que han perdido a sus seres queridos en manos de esos engendros, hijos de la impunidad, o que aún están en manos de ellos, para decirles que entiendo su angustia, su rabia y su coraje; nada, nada se le compara, nada hace cesar ese dolor, y más cuando vemos que sus victimarios son liberados.
El juez alega públicamente que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, y las Procuradurías reclaman una deficiente valoración de los juzgadores. Éste es el gran problema de nuestro sistema de justicia penal, que no sólo es deficiente, sino caro y burocrático.
Ni los gobiernos ni los legisladores han sabido construir un eficiente sistema de justicia penal, el cual se basa en la lamentable tesis de que no gana quien tiene la razón, sino el que demuestra tenerla frente al juzgador; generando así también que muchos inocentes estén presos porque carecen de recursos, precisamente, y hay que decirlo con todas las palabras, porque son pobres.
Hagamos que nuestros mártires de la impunidad, que esos sacrificados y nosotros en nuestro terrible sufrimiento tengan un valor real; que no sea en vano tanto dolor, que sean el impulso que nos lleve a que nuestra exigencia de mayor seguridad y fin a la impunidad no sólo sea tomada en cuenta, sino que produzca acciones y determinaciones legales e institucionales.
Desde la sociedad civil saludamos este Foro Nacional sobre la Seguridad con Justicia, que hoy inicia. Las expectativas son altas y esperamos, sobre todo, que todos en conjunto y cada quien desde nuestra trinchera, saquemos adelante lo tan anhelado, que es una justicia penal y una justicia para todos los mexicanos.
Ése debe ser hoy el objetivo de ciudadanos y gobiernos: luchar por eso.
Las posibilidades están abiertas, la misma reforma en materia penal ha salido desde la ciudadanía como una respuesta a ese agotamiento del sistema penal vigente.
Señoras y señores:
No permitamos más pérdida a la ciudadanía. Construyámosla, ampliémosla, vigilemos, denunciemos. Ésta es la hora del ciudadano.
Muchas gracias.