A un año de la firma del Acuerdo

Presume Segob logros contra delincuencia
La dependencia aseguró que las acciones emprendidas por el Gobierno han reforzado las capacidades institucionales en el combate al delito
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (21 agosto 2009).- A un año de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la Secretaría de Gobernación afirmó que se han obtenido logros y se avanza por buen camino en el combate a la delincuencia.
En un comunicado emitido por la dependencia, en el cual hizo una rendición de cuentas con base en el Acuerdo Nacional, Gobernación puntualizó que se ha avanzado de forma decidida en el cumplimiento de las acciones inmediatas a las que el Estado mexicano se comprometió.
"Falta mucho por hacer, pero los logros obtenidos nos ratifican que vamos por camino correcto.
"Las acciones emprendidas han reforzado las capacidades institucionales en el combate al delito, han robustecido las áreas de investigación en las instituciones de seguridad y procuración de justicia y han incorporado con sentido social, la participación de la ciudadanía organizada", se indicó en el comunicado.
En la rendición de cuentas, Gobernación refirió que en comparación con 2008, existió un incremento de 44 por ciento en el presupuesto para la seguridad pública.
Los fondos federales a estados y municipios, indicó, se incrementaron en un 15 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2008 y alcanzaron mil 464 millones de pesos.
En la evaluación y profesionalización de fuerzas policiales y de procuración de justicia, informó, se logró evaluar a más de 19 mil elementos de las instituciones de seguridad pública.
Añadió que se logró fortalecer el marco normativo a través de la expedición, por parte del Congreso de la Unión, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley de Extinción de Dominio y las reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley General de Salud para combatir el narcomenudeo.
La Secretaría de Gobernación manifestó que también existió un avance en la información e inteligencia ya que ahora todas las instituciones federales de seguridad están interconectadas para el uso e intercambio de información.
Además destacó que se depuró y fortaleció la administración aduanera y se creó la Estrategia Nacional Integral contra el Secuestro, así como la implementación de acciones dirigidas a víctimas del delito y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana.
En días pasados diversos actores han reprobado las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad en el País.
El miércoles, REFORMA publicó que Alejandro Martí, Presidente de la fundación S.O.S., calificó como "un año perdido" el que transcurrió debido a que no ha bajado la delincuencia y denunció que la ciudadanía sigue estando olvidada por las autoridades.
En tanto, en la segunda evaluación realizada por México Unido Contra la Delincuencia se afirmó que el Gobierno federal, los Estados y las Asociaciones de Alcaldes reprobaron en el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado hace un año.
Según la evaluación, el Poder Ejecutivo obtuvo una calificación de 5.2, los Gobiernos estatales tuvieron 3 y las asociaciones de Alcaldes apenas alcanzaron 0.9 de calificación.
Por otra parte, Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano encargado de la evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, dijo que ninguna de las 31 entidades federativas del País ha cumplido su compromiso en materia de combate al secuestro.
Aseguró que no se han creado las unidades especializadas de combate a los plagios que fueron diseñadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y avaladas por las procuradurías de todos los estados.
Agregó que sólo nueve estados han creado mediante acuerdo o decreto alguna unidad antiplagio, pero ninguna con el diseño y los protocolos establecidos por la PGR.
Un ejemplo de esta situación es Chihuahua en donde se han cometido 129 secuestros en los primeros seis meses del año, la mayoría en la capital de la entidad y en Ciudad Juárez, según cifras de la Procuraduría General de Justicia estatal.

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Boletín Nº 141/09./Segob
México D.F., 21 de agosto de 2009.
COMUNICADO
El Estado Mexicano vive hoy un momento crucial: Frente a nosotros está la obligación histórica de transformar el sistema nacional de seguridad pública para recuperar la seguridad y la paz en nuestro país.
Nuestro país enfrenta el reto de construir un Estado de derecho efectivo, con instituciones de seguridad y de justicia capaces de proteger a todos los ciudadanos. Por este motivo, el 21 de agosto de 2008 suscribimos el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los gobiernos de las entidades federativas, las asociaciones de alcaldes, los integrantes del sector productivo, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, asumimos 74 compromisos para cumplirse en diferentes plazos, de los cuales 28 corresponden específicamente al Gobierno Federal.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a un año de su suscripción, ha representado un punto de inflexión para que los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil avancemos en la necesaria transformación de los sistemas de seguridad, justicia y legalidad de México.
En este sentido, la transformación de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del país, así como el fomento de la cultura de legalidad entre los ciudadanos, son tareas de largo plazo que requieren no sólo acciones inmediatas, sino un esfuerzo constante y el compromiso permanente.
En el Acuerdo firmado en agosto de 2008, el Estado Mexicano se planteó como objetivos generales:
Reforzar las capacidades institucionales en el combate al delito;
Afianzar la coordinación y eficacia de las instituciones de seguridad y procuración de justicia;
Fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito, y;
Generar esquemas de supervisión de las tareas de gobierno por parte de la sociedad.
En el primer aniversario del Acuerdo, rendimos las siguientes cuentas:
Evaluación y profesionalización de fuerzas policiales y de procuración de justicia
• Con base en el Modelo de Evaluación y Control de Confianza que fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno Federal ha evaluado a más de 19,000 elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, superando la meta fijada.
• El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un sistema de desarrollo policial que deberá ser aplicado en las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
• La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia diseñó un servicio de carrera para ministerios públicos federales, estatales y municipales.
Incremento de recursos presupuestarios para las instituciones de seguridad pública
• El Presupuesto Federal se incrementó en materia de seguridad pública en 44 por ciento con respecto al presupuesto aprobado en 2008.
• Los Fondos Federales a Estados y Municipios se incrementaron en más de 15 por ciento respecto de 2008, alcanzando mil 464 millones de pesos.
• El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un mecanismo para facilitar el gasto de los recursos federales.
Fortalecimiento del marco normativo en materia de seguridad
• El Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de la Policía Federal, la Ley de Extinción de Dominio y las Reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley General de Salud para combatir el narcomenudeo.
• Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Telecomunicaciones, permiten integrar el registro de telefonía móvil y fija en una base de datos.
Información e inteligencia para un eficiente combate a la inseguridad
• Todas las Instituciones Federales de Seguridad se encuentran interconectadas a Plataforma México, para el uso e intercambio de información en tiempo real.
• La Secretaría de la Defensa Nacional ha autorizado a las entidades federativas adquirir armamento automático y de calibre superior, que permita a los cuerpos policiacos incrementar sus capacidades en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Depuración y fortalecimiento de la administración aduanera
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha instrumentado nuevas estrategias de revisión con tecnología moderna en las aduanas del país, tales como equipos analizadores de infrarrojo, rayos gamma y rayos X.
• La totalidad de los integrantes de la Unidad de Inspección Fiscal y Aduanera fueron reemplazados con elementos evaluados y capacitados.
Combate al delito del secuestro
• El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó implantar la Estrategia Nacional Integral Contra el Secuestro, misma que establece la formación de unidades especializadas de policía, fiscales y agentes de ministerio público dedicados exclusivamente al combate de este delito.
• Con el apoyo de los gobiernos estatales, se han atendido mil 70 denuncias por secuestro, de las cuales 970 víctimas han sido liberadas y se ha detenido a mil 449 presuntos delincuentes, desarticulando 203 bandas criminales.
• Está pendiente la expedición por parte del Congreso de la Unión de una Ley General en materia de Secuestro, en apego a la reforma del artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Incremento en la capacidad de instalaciones de readaptación social
• Mediante sendos convenios firmados entre la Secretaría de Seguridad Pública federal y los estados de Sinaloa y Veracruz, la Federación ha destinado 1,051 millones de pesos para la conclusión de dos centros federales de alta seguridad en Guasave, con una capacidad para 900 internos y con un módulo de alta seguridad para secuestradores, y en Papantla, que tendrá cuatro niveles de seguridad con una capacidad para 1,600 internos.
• Los recursos otorgados por la Federación a las entidades federativas por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación social estatales, se incrementaron en un 25 por ciento con respecto al 2008.
Combate al narcomenudeo y lavado de dinero
• El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la estrategia integral para el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, teniendo como objetivo incrementar el número de sentencias condenatorias, decomisar los recursos que permiten a las organizaciones criminales financiar sus operaciones ilícitas y alinear las facultades de las diferentes instancias gubernamentales que participan en la materia.
• La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, en coordinación con las entidades federativas, aprobaron la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo.
• Las reformas contra el narcomenudeo, recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen la competencia concurrente entre la Federación y las entidades federativas para la prevención, persecución y sanción de las conductas relacionadas con el narcomenudeo. Asimismo, esta reforma es parte de una estrategia integral que busca dar atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud.
Atención a víctimas del delito y tratamiento de adicciones
• El Gobierno Federal desarrolló la Red Nacional de Atención a Víctimas, orientada a establecer un sistema organizado de información, operación, coordinación y evaluación que permita instrumentar acciones específicas en favor de la atención a víctimas del delito.
• La Red cuenta con promotores de primer contacto para apoyar tareas de detección temprana y derivación oportuna en más de 35 mil escuelas, 14 mil puntos regionales de prevención y 7 mil Unidades de Salud y Tratamiento Especializado.
• 302 Centros de Atención Primaria en Adicciones "Nueva Vida" iniciaron operaciones en 233 municipios del país, lo que complementa una estrategia integral para enfrentar el problema del narcotráfico en nuestro país.
Fortalecimiento de la denuncia ciudadana
• La Secretaría de Seguridad Pública federal ha ampliado la cobertura del Servicio de Atención de Emergencias 066 a 2 mil 388 municipios del país, y la del Servicio de Denuncia Anónima 089 a 2 mil 455.
Reconstitución del tejido social
• La Secretaría de Seguridad Pública promovió la incorporación de 15 mil 569 escuelas al Programa Escuela Segura en 210 municipios del país.
• Con la finalidad de evitar que las drogas lleguen a los niños y jóvenes, la Secretaría de Desarrollo Social ha recuperado mil espacios públicos en beneficio de más de 9 millones de personas; construyó más de mil 150 canchas deportivas; instaló más de mil 320 juegos infantiles; colocó más de 12 mil 870 luminarias y sembró más de 65 mil árboles.
• Asimismo, el "Programa Integral de Formación Cívica y Ética" se incluyó entre las materias obligatorias de las primarias del país y el curso de "Cultura de la Legalidad" en las escuelas secundarias de 20 entidades federativas.
Monitoreo, transparencia y rendición de cuentas
• La Secretaría de Seguridad Pública ha impulsado la conformación de observatorios ciudadanos en las entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y facilitar la rendición de cuentas en materia de prevención y combate al delito; a la fecha se han establecido en 28 entidades y en las 4 restantes se está trabajando con la sociedad civil para su instalación.
• Las instituciones de seguridad pública del Gobierno Federal han desarrollado 19 indicadores de medición tanto de resultados institucionales, como de impacto social.
• La Secretaría de la Función Pública instaló una línea telefónica -01-800-FUNCION- para la recepción de quejas y denuncias contra servidores públicos federales de seguridad pública y procuración de justicia y se instalaron buzones de quejas y denuncias en la red de oficinas de diversas dependencias federales.
En un año, México ha dado pasos firmes en el combate a la delincuencia.
Para el cumplimiento de nuestro objetivo como sociedad, es necesario ratificar día con día nuestro compromiso y perseverar en nuestros esfuerzos permanentemente. A un año de la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, avanzamos de forma decidida en el cumplimiento de las acciones inmediatas a las que nos comprometimos todos como integrantes del Estado Mexicano.
La voluntad de todos se ha traducido en el nuevo marco normativo plasmado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 2 de enero del 2009, facilita la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la lucha por un México más seguro, nos obliga al intercambio de la información, sienta las bases de la profesionalización de las corporaciones de seguridad pública del país y promueve que la actuación de las fuerzas de seguridad se sujete a la legalidad y absoluto respeto de los derechos humanos.
Falta mucho por hacer, pero los logros obtenidos nos ratifican que vamos por el camino correcto.
Las acciones emprendidas han reforzado las capacidades institucionales en el combate al delito, han robustecido las áreas de investigación en las instituciones de seguridad pública, han afianzado la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia y han incorporado con sentido social, la participación de la ciudadanía organizada.
En este año, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un importante papel para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos. Los primeros con campañas en favor de la denuncia del delito y de la prevención del consumo de drogas, y cumpliendo su labor de forma profesional. Los segundos, fomentando la cultura de la legalidad y participando en la conformación de los observatorios ciudadanos, para que las autoridades cumplan a cabalidad sus obligaciones.
La participación ciudadana es un elemento clave en la transformación de México. Como Nación, debemos seguir trabajando para que la ciudadanía recobre la confianza en sus autoridades y para que afiancemos nuestra convivencia cotidiana sobre una cultura de legalidad, de principios cívicos y éticos.
Sólo con una adecuada armonización y cumplimiento de las obligaciones asumidas por las autoridades y el compromiso manifiesto de la sociedad a través de una participación activa, juntos, sociedad y gobierno, podremos transformar a México y hacer de éste, el país seguro que todos deseamos.