¿Posicionamiento del PRI?

Acusa PRI política antisindical de FCH
Asegura Rojas que el Gobierno tiene un afán privatizador; el SME no tiene la culpa de la situación de LyFC, dice
Nota de Claudia Guerrero
Reforma On line, 11 octubre 2009.- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados acusó al Gobierno del Presidente Felipe Calderón de poner en marcha una política antisindicalista en materia laboral y una tendencia privatizadora en el sector energético del País.
En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas, aseguró que el único responsable de la crisis financiera que vive la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es el Gobierno federal y no el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
"El Gobierno federal es el responsable del desarrollo de la Nación y el primer obligado al cumplimiento de la legislación laboral. Por ello es preocupante la percepción social de su recurrencia a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y permisivas a sus aliados, así como de su persistencia en sus afanes privatizadores respecto de las empresas públicas de la energía.
"No se puede atribuir al sindicato ser el causante de los problemas fundamentales que enfrenta la LyFC, ni se puede reducir el problema de la empresa y su sindicato a las transferencias fiscales, tal como se enuncia en el Decreto. El gobierno está obligado a dar una explicación más amplia de su decisión con objeto de evitar que se escale el conflicto entre sindicato y Gobierno", señaló.
El coordinador reiteró que la fracción del PRI mantiene su defensa del sindicalismo mexicano y exhortó al Gobierno federal y a la Secretaría del Trabajo, a respetar las leyes laborales, la libertad y la autonomía sindical.
Además, denunció que la liquidación del organismo se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado, en la que se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional.
Sostuvo que algunos de los problemas de LyFC fueron generados por el gobierno al diferir la inversión pública de esa empresa.
"El atraso en tecnología y la obsolescencia de los equipos son resultado de esa limitante en materia de inversión. El propio gobierno ha mantenido una política de subsidios a los industriales para impulsar la competitividad, pero ha aumentado en forma desproporcionada las tarifas domésticas, afectando severamente los niveles de vida de las mayorías", denunció.
Rojas advirtió que la decisión es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, por lo que deberá asumir todas las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, lanzó un llamado para evitar la confrontación y el uso innecesario de las corporaciones policiacas que hoy ocupan las instalaciones de la extinta empresa.
"Es indispensable señalar que las difíciles circunstancias en que se expide el Decreto, aconsejan evitar conflictos sociales y el uso de la fuerza pública, por lo cual se debe recurrir a medidas prudentes. La confrontación y el uso de la fuerza sólo pueden conducir a mayores problemas sociales", manifestó.
El coordinador parlamentario adelantó que los diputados del PRI vigilarán que todas las medidas relacionadas con la liquidación de la empresa cumplan con el espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, el cual establece que corresponde al Estado la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
"La fracción del PRI luchará por modernizar y hacer más eficientes las empresas públicas, sin que esto signifique estrategias deliberadas para su desprestigio y eventual privatización. Modernización sin privatización.
"Debe garantizarse a los usuarios la prestación de ese servicio, las formas en que saldarán sus cuentas y el tipo de tarifas que se aplicarán a los consumidores en el futuro inmediato", agregó.
A nombre de su bancada, Rojas hizo un llamado al diálogo tanto al Gobierno federal, como a los sindicatos y las centrales obreras, para que respeten la ley y cumplan con su responsabilidad.
"La grave crisis económica y la delicada situación social no admiten confrontación o conflictos, sino actitud serena y entendimiento", aseveró.
El líder de la mayoría priista en la Cámara baja recordó que, ante los conflictos laborales, el Gobierno federal debe ser un árbitro imparcial y mediador respetuoso.
Por otro lado, demandó la revisión de las formas en que el Gobierno federal gestiona el sector eléctrico y sus resultados.
"Debemos conocer la realidad de la productividad —costos, precios, subsidios, tipos de generación, energías alternativas— de la principal empresa generadora de la energía eléctrica.
"El Gobierno debe aclarar sus esquemas de formación de precios de los bienes del sector energético, en virtud de que las tarifas de venta de electricidad de la LyFC, incluyendo los subsidios, son establecidos discrecionalmente y con criterios recaudatorios por la SHCP, ante su incapacidad para generar los ingresos recurrentes que requiere el sector público federal", agregó.