Justicia para las víctimas de los delitos: FCH

“..Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad…FCH
El presidente Calderón instó al Poder Judicial a no permitir que, por interpretaciones de la ley, los responsables de cometer delitos queden en la impunidad.
Durante una gira de trabajo por Veracruz con el fin de supervisar las obras de construcción del penal de máxima seguridad número 3, que se construye en Papantla, cuya inversión supera los 2 mil 600 millones de pesos, y albergará a más de 2 mil internos de alta peligrosidad, el Presidente dijo que al Poder Judicial “le corresponde cumplir la ley y vigilar que su interpretación no sea la rendija por donde nuevamente se escape la impunidad”.
Es evidente que lo dijo en clara alusión al proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que propone la liberación de la francesa Florence Cassez. “La obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado y castigado”, agregó.
El presidente estuvo acompañado en la gira por el gobernador Javier Duarte y los secretarios de Gobernación y de la SSP, Alejandro Poiré y Genaro García Luna.


Señaló el Presidente en Papantla, Veracruz:

Señoras y señores:

Cuál es el sentido de estos Centros de Readaptación Social.

En estos penales se dará cumplimiento a las sanciones que se establecen, para que quien delinque, con toda legalidad y justicia, el Poder Judicial le establezca una pena.
Aquí, en los Centros de Readaptación Social, a cargo del Gobierno Federal, se albergará a aquellos que delinquen y que el Poder Judicial, con apego a la legalidad y a la justicia, condene a una sanción.
Esa es la división de Poderes en el Estado moderno. Al Poder Ejecutivo le corresponde aplicar las sanciones que establezca el Poder Judicial que, a su vez, resuelve con base en las leyes que promulga el Poder Legislativo.
En ello, los tres Poderes tenemos un común denominador y una máxima común. Un deber común que es cumplir y hacer cumplir la ley.
En efecto, el deber de todo servidor público es cumplir la ley. Una regla máxima del Estado de Derecho que aplica por igual a quienes desempeñamos funciones administrativas, legislativas o judiciales.
Cumplir la ley es nuestro mandato común y, más específicamente, cumplir y hacer cumplir la ley.
El Estado de Derecho que tiene como fines propios el bien común, la justicia y la seguridad.
Lograr el acceso pronto y expedito a la justicia, garantizar la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguridad nacional, y definir y realizar en cada momento el bien común, son los fines propios del derecho y del Estado y, son además, obligaciones complementarias al mandato común de cumplir la ley en sí mismo.
Es decir, a quienes desempeñamos cargos de naturaleza ejecutiva, además de cumplir y hacer cumplir la ley, nos toca garantizar la seguridad y gestionar el bien común para los ciudadanos.
Y para este propósito nos toca hacer cumplir y poner en práctica las leyes que emanan del Poder Legislativo o las resoluciones que surgen del Poder Judicial.
Al Poder Legislativo, además de cumplir la ley, le corresponde reformar y perfeccionar el marco jurídico vigente para hacerlo cada vez más acorde con los fines propios del derecho: la seguridad, la justicia y el bien común
De ahí la importancia de resolver leyes urgentes, y que hoy están pendientes de aprobación, y que de aprobarse nos permitirían avanzar hacia tales fines de seguridad, justicia y bien común, pero que, por desgracia, aún están sin definición.
Por ejemplo, la Ley de Mando Único Policiaco en el país, la Ley de Seguridad Nacional, las reformas al Código de Procedimientos Penales Federal para poder aplicar plenamente a la Reforma en Materia de Justicia Penal; la Reforma en Materia de Cadenas Delictivas para acabar con la impunidad en las bandas delincuenciales que atentan contra los ciudadanos; las reformas a la Extinción de Dominio para golpearlos donde más les duele, que es en su patrimonio; las reformas a Ley de Lavado de Dinero y muchas, muchas otras, cuyo retraso, también, implica retraso en el anhelo de seguridad y en la exigencia de justicia de los ciudadanos.
Y, finalmente, al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica.
Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también, y, sobre todo, hacer justicia en México.
Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente, porque no se cumplen los fines del derecho.
Justicia, qué implica. La obligación elemental de que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado, y que nunca, la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.
Justicia donde, sí, por supuesto, se ponderen las garantías de los procesados pero, también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente.
Justicia, qué implica. Sanción y consecuencia jurídica a quien delinque y, con ello, resarcir, aunque sea en parte, a quien ha sufrido una vejación a través del delito.
Justicia, sin la cual no hay bien común. Justicia, porque la impunidad carcome las condiciones elementales de perfeccionamiento o de desarrollo integral del ser humano.
Justicia, sin la cual tampoco hay seguridad. Porque la impunidad es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique.
Justicia para los padres, a los que les han arrebatado a sus hijos. Justicia a los hijos que no volvieron a ver a sus padres secuestrados o asesinados. Justicia para las viudas. Justicia para los que sufren extorsión. Justicia para los que sufren secuestro.
Justicia para los que sufren violencia y que, con toda razón, a todos, a todos los servidores públicos nos exigen, no sólo cumplir la ley, sino además, hacer justicia, proveer seguridad y cumplir el bien común. Porque si no hay justicia, no habrá seguridad, ni tampoco el bien común de México.
Hay que recordar nuestras obligaciones elementales para poder estar, precisamente, genuinamente, al servicio de los mexicanos.
Que este Centro de Readaptación Federal cumpla ese propósito. Que vaya, precisamente, a que aquí se sancione a quien delinca. Y que aquí se rehabilite, para su integración a la sociedad a quien haya violentado la ley.
Y que sirva, también, precisamente, el justo castigo a quien delinque, como un estímulo poderoso para restaurar el orden, el derecho, la paz, la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos, sin los cuales, insisto, no hay bien común.
Muchísimas gracias.
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El discurso completo.

19 mar 2012 | Discurso

Papantla, Veracruz, 19 de marzo del 2012
Hoy, nos hemos reunido aquí, en Papantla, para supervisar juntos los avances en la ampliación y remodelación del Complejo Penitenciario Federal Número 3.
Me congratula, además, el observar que ya están listos algunos de los módulos más importantes. Está listo el módulo de ultra máxima seguridad, el módulo de máxima seguridad, el módulo de seguridad mínima, también, el módulo de seguridad media; módulo de seguridad máxima, ultra máxima y media, y mínima. Con lo cual, en muy breve tiempo, este nuevo Penal Federal de Papantla entrará en funcionamiento.
Por su tamaño, por sus características de seguridad, de control electrónico, de separación de módulos, de reglas, de disposiciones, de infraestructura, este penal es una obra emblemática del trabajo que estamos realizando para fortalecer la infraestructura penitenciaria Federal en todo el país.
El esfuerzo de infraestructura penitenciaria que estamos realizando en esta Administración, como en muchos otros esfuerzos de infraestructura en general, por cierto, lo podría resumir de la siguiente manera.
Antes de mi Gobierno, en los 30 años anteriores a mi Gobierno, se construyeron seis penales Federales; es decir, recibimos la Administración con seis penales Federales. Entregaré, al final de mi mandato, 22 penales Federales; es decir, la mayor obra de infraestructura penitenciaria a nivel Federal que se haya hecho en el país.
Se recibieron en custodia tres mil reos Federales, más bien, en custodia tres mil reos, de los cuales mil 200 eran del fuero común. Actualmente, hay en custodia Federal 18 mil 500 procesados o sentenciados, y concluiremos la Administración con más de 35 mil procesados o sentenciados en custodia Federal.
Como pueden ustedes imaginar, y como es del conocimiento público, al inicio de la Administración recibimos un sistema penitenciario a todas luces insuficiente. No podía dar cabida a los reos, tanto del fuero Federal, como del fuero local.
Y, por tanto, presentaba serias insuficiencias que, además, hacían de suyo imposible el objetivo deseado por todos, que es la rehabilitación y la reinserción social.
Durante años, los gobiernos de distintos órdenes, de distintos partidos, dejaron de invertir en la construcción y modernización de las cárceles, con lo que comenzaron a crecer los problemas de hacinamiento y sobrepoblación.
Y estos problemas derivaron en situaciones aún más graves, cada vez fue más difícil ofrecer un trato humano a los reos, así como realizar acciones efectivas de readaptación social. Y, peor aún, se generó un caldo de cultivo para la corrupción de las autoridades penitenciarias.
Las cárceles así, en esas condiciones, fueron configurándose, en algunos casos, como auténticas escuelas del crimen. Dejaron de cumplir su misión de fomentar la rehabilitación de quienes hubieran cometido algún delito, y se convirtieron en centros para la operación y la ampliación de redes criminales.
Esta situación era simplemente inaceptable. Y, por eso, desde el principio de mi Gobierno nos abocamos a revertirla.
Así nos propusimos incrementar la capacidad del Sistema Penitenciario Federal y construir instalaciones de vanguardia que cumplieran con las más altas especificaciones internacionales, como es el caso de este extraordinario complejo.
Estas instalaciones que se están construyendo aquí, y que están a más del 90 por ciento en su totalidad, y varios de cuyos módulos están plenamente listos, insisto, entre ellos el de ultra máxima y el de máxima seguridad, son el mejor ejemplo de lo que estamos haciendo para reformar y fortalecer las instituciones, como el segundo eje de la Estrategia General por la Seguridad Pública.
Es decir, no sólo estamos enfrentando a los criminales, avanzando y capturando a 22 de los 37 más buscados en el país. Algunos de ellos han fallecido al resistirse a la acción o a manos de otros delincuentes. Pero de los delincuentes más buscados ya se ha avanzado sobre más de la mitad de esa lista, que están fuera de acción.
El segundo eje es, reformar y fortalecer, depurar las instituciones de seguridad y justicia. Y por eso, hemos reformado, depurado y fortalecido instituciones como la Policía Federal, pero a la vez estamos construyendo nuevos penales, como es el caso de este Penal de Papantla, en el Estado de Veracruz.
Hay que decir que este terreno con alguna infraestructura que se encontraba en él, estaba orientado a ser un penal, también, estaba en desuso y nos pusimos a trabajar en su rediseño y modernización.
Y para ello hemos destinado una inversión muy importante, más de dos mil 600 millones de pesos, que nos permitirá contar con una penitenciaria, un Centro de Readaptación a la altura de las más modernas, las más avanzadas y las más eficientes del mundo.
Al concluir estas obras, el Centro Penitenciario tendrá una capacidad para más de dos mil internos, contará con un módulo de súper máxima seguridad y otro de ultra máxima seguridad o súper máxima, en el que se podrá tener en custodia hasta 500 reos de alta peligrosidad.
Se trata de un módulo único en su tipo en todas las prisiones del país y representa un hito en los servicios penitenciarios de México.
Aquí, se podrá tener en condiciones de absoluta seguridad a los reos más peligrosos, a los más violentos y a los que pongan en peligro la vida de otros compañeros o de servidores públicos.
Cumpliendo los más altos estándares internacionales, los más estrictos, se mantendrá aquí a esos delincuentes peligrosos, uno por celda, en condiciones que eviten la amenaza o la corrupción de quienes los cuidan y los vigilan. Permanecerán confinados la mayor parte del día, sin contacto con otros internos y sin contacto con los elementos encargados de vigilarlos, con excepción de los momentos de actividad física fuera de la celda.
Estos presos estarán vigilados individualmente 24 horas al día, 365 días al año, por los oficiales de dormitorio y, además, por un sistema de monitoreo en video.
Sus movimientos serán coordinados por medio de páneles a control remoto. Y este sistema de monitoreo en el Penal de Papantla será supervisado vía satélite hasta las instalaciones del Comando Central de la Policía Federal, en la Ciudad de México.
Se trata de instalaciones que nos permiten tener un control más estricto de quienes representan un mayor peligro para la sociedad, y que les impida tejer redes de complicidad criminal, sea con otros internos o sea con personas fuera del penal.
También, contará con un módulo de seguridad máxima. Me refiero, además, del súper máxima seguridad, con otro módulo de seguridad máxima que, también, está terminado con características similares y capacidad para otros 592 reos.
Tendrá módulos con distintos niveles de seguridad, en donde, además, habrá instalaciones de industria correccional para que los internos trabajen en actividades productivas, reciban, también, cursos, instrucción escolar, que les permitan obtener un empleo después de su liberación, y puedan, como deseamos todos, reintegrarse plenamente a la sociedad.
Se trata de instalaciones avanzadas, que representan un cambio de paradigma en el Sistema Penitenciario Federal.
Algo más importante. Este complejo va a permitir reubicar reos federales, que hoy se encuentran en penales estatales de Veracruz, o de otras zonas del país, con lo que vamos a ayudar a aliviar, en los estados, a los problemas de sobrepoblación y hacinamiento de las instalaciones de los penales estatales.
Obviamente, en los penales federales estarán, bajo custodia federal, los reos, no sólo los reos federales, sino especialmente, los más peligrosos.
Quiero compartir a ustedes lo que estamos haciendo, porque lo que vemos hoy en Papantla es sólo un ejemplo de lo que se está construyendo en todo el país.
En primer lugar. Hemos instrumentado las medidas necesarias para ampliar y modernizar la capacidad de centros penitenciarios que ya estaban en funcionamiento. Y con ello, hemos logrado casi triplicar los espacios existentes en los penales federales que ya teníamos.
Un ejemplo, lo ha comentado el Secretario de Seguridad Pública, es la rehabilitación del Complejo Penitenciario de las Islas Marías, que incrementó su capacidad, de dos mil a más de ocho mil reos, respecto a la que tenía en diciembre de 2006.
En segundo lugar. Estamos incorporando algunos Centros Penitenciarios Estatales al Sistema Penitenciario Federal. Como ya se dijo, también, aquí, ya incorporamos el de Villa Aldama, aquí, en Veracruz; también, el de Huimanguillo, en Tabasco; el de Guadalupe Victoria, en Durango; el de Guasave, Sinaloa; y el de Ciudad Juárez, en Chihuahua, que de ser centros penitenciarios estatales, o que estaban destinados, su infraestructura apenas en construcción a centros estatales, ahora son Centros Penitenciarios Federales. Eso nos permitió agregar capacidad de alojamiento en cinco mil personas más.
En tercer lugar. Estamos construyendo nuevos Centros Penitenciarios Federales basados en este modelo de Complejo Penitenciario Federal, mediante un modelo financiero innovador de contratos de prestación de servicios con el sector privado.
Hoy, son ocho ya las obras que están cerca de concluirse y, cuando estén en operación, nos permitirán incrementar en 20 mil los espacios de la red penitenciaria.
Insisto, con este trabajo en esta Administración, estaremos dando una solución definitiva al problema que significa la sobrepoblación de internos Federales, y tendremos la capacidad de tener bajo custodia a todos los internos Federales de las prisiones del país.
Es decir, por primera vez en la historia del México moderno, el Gobierno Federal tendrá bajo su custodia a todos los reos Federales, lo cual constituirá una mejora significativa, cuantitativa y cualitativa del Sistema Penitenciario Federal.
Amigas y amigos:
A pesar de las dificultades que hemos enfrentado, hoy los Centros Penitenciarios Federales son los más seguros y eficientes en el país. Desafortunadamente, todos hemos sido testigos que en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, hemos visto una serie de eventos lamentables que han tenido lugar en penales estatales.
En los últimos años se han fugado varios cientos de reos de penales estatales. Pero vale la pena señalar que, en lo que va de esta Administración Federal, no se ha fugado ni ha muerto ningún reo en custodia Federal. Un dato que es significativo.
Por eso, hoy más que nunca, es urgente que en los estados y municipios del país se trabaje aceleradamente en la ampliación y modernización de la infraestructura penitenciaria.
Y para apoyar a las entidades federativas en esta importante responsabilidad, el Gobierno Federal, por mi conducto, ha decretado, he firmado un acuerdo, mediante el cual se ofrecerá a las entidades federativas créditos preferenciales, subsidios, apoyos y asesoría para la construcción de infraestructura de seguridad, de reclusión y, también, de procuración de justicia para implementar, plenamente, la Reforma Penal en curso.
Esto es adicional a los recursos que estamos transfiriendo a estados y municipios, y que en este Gobierno han pasado de partidas Federales para seguridad destinadas a los estados, de cinco mil millones de pesos a más de 20 mil millones de pesos en cinco años.
Señoras y señores:
Cuál es el sentido de estos Centros de Readaptación Social.
En estos penales se dará cumplimiento a las sanciones que se establecen, para que quien delinque, con toda legalidad y justicia, el Poder Judicial le establezca una pena.
Aquí, en los Centros de Readaptación Social, a cargo del Gobierno Federal, se albergará a aquellos que delinquen y que el Poder Judicial, con apego a la legalidad y a la justicia, condene a una sanción.
Esa es la división de Poderes en el Estado moderno. Al Poder Ejecutivo le corresponde aplicar las sanciones que establezca el Poder Judicial que, a su vez, resuelve con base en las leyes que promulga el Poder Legislativo.
En ello, los tres Poderes tenemos un común denominador y una máxima común. Un deber común que es cumplir y hacer cumplir la ley.
En efecto, el deber de todo servidor público es cumplir la ley. Una regla máxima del Estado de Derecho que aplica por igual a quienes desempeñamos funciones administrativas, legislativas o judiciales.
Cumplir la ley es nuestro mandato común y, más específicamente, cumplir y hacer cumplir la ley.
El Estado de Derecho que tiene como fines propios el bien común, la justicia y la seguridad.
Lograr el acceso pronto y expedito a la justicia, garantizar la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguridad nacional, y definir y realizar en cada momento el bien común, son los fines propios del derecho y del Estado y, son además, obligaciones complementarias al mandato común de cumplir la ley en sí mismo.
Es decir, a quienes desempeñamos cargos de naturaleza ejecutiva, además de cumplir y hacer cumplir la ley, nos toca garantizar la seguridad y gestionar el bien común para los ciudadanos.
Y para este propósito nos toca hacer cumplir y poner en práctica las leyes que emanan del Poder Legislativo o las resoluciones que surgen del Poder Judicial.
Al Poder Legislativo, además de cumplir la ley, le corresponde reformar y perfeccionar el marco jurídico vigente para hacerlo cada vez más acorde con los fines propios del derecho: la seguridad, la justicia y el bien común
De ahí la importancia de resolver leyes urgentes, y que hoy están pendientes de aprobación, y que de aprobarse nos permitirían avanzar hacia tales fines de seguridad, justicia y bien común, pero que, por desgracia, aún están sin definición.
Por ejemplo, la Ley de Mando Único Policiaco en el país, la Ley de Seguridad Nacional, las reformas al Código de Procedimientos Penales Federal para poder aplicar plenamente a la Reforma en Materia de Justicia Penal; la Reforma en Materia de Cadenas Delictivas para acabar con la impunidad en las bandas delincuenciales que atentan contra los ciudadanos; las reformas a la Extinción de Dominio para golpearlos donde más les duele, que es en su patrimonio; las reformas a Ley de Lavado de Dinero y muchas, muchas otras, cuyo retraso, también, implica retraso en el anhelo de seguridad y en la exigencia de justicia de los ciudadanos.
Y, finalmente, al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica.
Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también, y, sobre todo, hacer justicia en México.
Justicia. Justicia para las víctimas de los delitos. Justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente, porque no se cumplen los fines del derecho.
Justicia, qué implica. La obligación elemental de que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado, y que nunca, la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia.
Justicia donde, sí, por supuesto, se ponderen las garantías de los procesados pero, también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia, precisamente.
Justicia, qué implica. Sanción y consecuencia jurídica a quien delinque y, con ello, resarcir, aunque sea en parte, a quien ha sufrido una vejación a través del delito.
Justicia, sin la cual no hay bien común. Justicia, porque la impunidad carcome las condiciones elementales de perfeccionamiento o de desarrollo integral del ser humano.
Justicia, sin la cual tampoco hay seguridad. Porque la impunidad es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable, que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique.
Justicia para los padres, a los que les han arrebatado a sus hijos. Justicia a los hijos que no volvieron a ver a sus padres secuestrados o asesinados. Justicia para las viudas. Justicia para los que sufren extorsión. Justicia para los que sufren secuestro.
Justicia para los que sufren violencia y que, con toda razón, a todos, a todos los servidores públicos nos exigen, no sólo cumplir la ley, sino además, hacer justicia, proveer seguridad y cumplir el bien común. Porque si no hay justicia, no habrá seguridad, ni tampoco el bien común de México.
Hay que recordar nuestras obligaciones elementales para poder estar, precisamente, genuinamente, al servicio de los mexicanos.
Que este Centro de Readaptación Federal cumpla ese propósito. Que vaya, precisamente, a que aquí se sancione a quien delinca. Y que aquí se rehabilite, para su integración a la sociedad a quien haya violentado la ley.
Y que sirva, también, precisamente, el justo castigo a quien delinque, como un estímulo poderoso para restaurar el orden, el derecho, la paz, la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos, sin los cuales, insisto, no hay bien común.
Muchísimas gracias.