Un expediente actualizado/Ricardo Ravelo

Un expediente actualizado/Ricardo Ravelo

Revista Proceso # 1855, 20 de mayo de 2012
De acuerdo con las indagatorias iniciadas por la PGR en 2008, en Estados Unidos se sabía que desde la Sedena y la SIEDO varios militares vendían protección a la célula del Cártel de Sinaloa encabezada por los hermanos Beltrán Leyva. Ese año cayeron incluso militares de alto rango gracias a revelaciones de testigos protegidos, en especial las de Jennifer. Pero tuvieron que pasar cuatro años para que fueran arrestados los generales de más peso coludidos en ese entramado, como Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia.
Por lo menos tres de los militares de alto rango detenidos la semana pasada: Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, quienes son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, brindaron protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva desde 2007, cuando el grupo criminal formaba parte del Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

La información se conocía en Estados Unidos desde entonces, incluso la PGR robusteció las indagatorias en 2008 con las declaraciones de un exmilitar que se acogió al programa de testigos protegidos con la clave Jennifer incluidas en la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008.

Según Jennifer, altos jefes del Ejército estaban coludidos con otros militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y brindaban protección e información al Cártel de Sinaloa, en particular a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de pagos millonarios.
En sus declaraciones, el testigo protegido mencionó a los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas. Sin embargo, en 2008 la PGR sólo actuó contra Fernando Rivera Hernández, Roberto García García, Milton Carlos Cilia Pérez y Miguel Colorado, todos ellos militares que trabajaban en la SIEDO por sus vínculos con la célula encabezada por Arturo Beltrán Leyva.
Arturo Beltrán operaba en Morelos, Guerrero y el Estado de México con la protección de los altos mandos del Ejército, declaró Jennifer. Desde la SIEDO, dijo, ellos brindaban protección e información estratégica a los capos sinaloenses.
También expuso que el contacto entre ambos se inició en septiembre de 2007 a las 8:30 de la noche en una cantina cercana al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. En ese encuentro estuvieron el capitán Fernando Rivera Hernández, entonces director de inteligencia de la dependencia; José Antonio El Licenciado Cueto, quien fungió como enlace entre narcos y policías y el propio declarante, quien trabajaba para los Beltrán Leyva.
La charla se aceleró con los tragos. El quid era que los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en contactar a altos mandos del Ejército para que los protegieran. Incluso se habló de que el primer pago sería de 150 mil dólares y ofrecieron un adelanto “para sellar el pacto”, relató Jennifer.
Rivera Hernández aceptó, incluso ofreció conectar a los hermanos Beltrán Leyva con militares “muy bien relacionados” en la Sedena. Jennifer, El Licenciado y otro personaje identificado en la averiguación previa como El 19 chocaron sus copas con Rivera Hernández y le dijeron: “Capitán, éste es tu día de suerte”.
Así se comenzó a tejer la madeja de complicidades que hoy mantiene a los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas bajo investigación por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Tres días después hubo un segundo encuentro, esta vez en un restaurante ubicado frente a la embajada de Estados Unidos, en Reforma, que terminó en la cantina Los Remedios, en Río Tíber.
Fernando Rivera me comentó que él era director de inteligencia de la SIEDO y que estaba realizando investigaciones de narcotráfico, en especial de los cárteles de Sinaloa y del Golfo (…) Le pregunté si en alguna ocasión había recibido dinero del narcotráfico y le pedí que nos ayudara a cambio de dinero, que podíamos darle 300 mil dólares, según el testimonio de Jennifer.
Fernando Rivera le contestó que sí, que en una ocasión Arturo Beltrán Leyva le ofreció mediante otra persona 450 mil dólares a cambio de que fuera más suave en una investigación. Jennifer le preguntó también “si en alguna ocasión le habían entregado una maleta, a lo que Rivera contestó: ‘No. Eso es lo que estoy esperando?”
El pacto
De acuerdo con el testimonio de Jennifer, incluido en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 y PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el pacto entre los hermanos Beltrán Leyva y los militares quedó sellado. A cambio de los pagos mensuales, el personal militar de la SIEDO y otros generales debían informarle a Arturo Beltrán todo lo que pasara en la dependencia.
Los sinaloenses exigieron a los funcionarios reportar fechas y horarios de los operativos contra la célula de los hermanos Beltrán Leyva y les pidieron escoltar a los operadores de esa organización cuando salieran a realizar trabajos fuera de su estado.
El pacto incluía también entregarle a Arturo Beltrán y socios copias de averiguaciones previas; nombres, fotografías y número de celulares de los agentes federales designados a los operativos y cateos, así como los domicilios y nombres de las personas investigadas y de los sicarios capturados, a quienes debían aleccionar sobre lo que tenían que declarar.
Al escuchar la lista de requerimientos, Rivera, señalado como el principal enlace con narcotraficantes, exigió más dinero, 500 mil dólares y no menos, expuso Jennifer. Comenzó la discusión. El capo llamó por teléfono a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Rivera se comunicó con sus “contactos de arriba”. Al final Édgar Valdez le ordenó: “Mantente en 300 mil dólares”. Rivera aceptó trabajar con los hermanos Beltrán por 150 mil dólares mensuales. El pago llegaba puntual.
Según la investigación conocida como Operación Limpieza, con la que se inició en la PGR la purga de funcionarios ligados al narcotráfico, el dinero que pagaba la organización criminal salpicó incluso al titular de la SIEDO en esa época: Noé Ramírez Mandujano. El funcionario purga una condena en el penal de Tepic, Nayarit, por sus nexos con el narcotráfico.
El entonces procurador Eduardo Medina Mora se enteró de la ligazón de intereses que vinculaban a civiles y altos mandos del Ejército con la célula de los Beltrán Leyva el 19 de septiembre de 2007, cuando asistió a la Conferencia Nacional de Procuradores en Jiutepec, Morelos. Ese día lo acompañaba Ramírez Mandujano.
Un agente del Buró Federal de Investigación (FBI) que se identificó como “Juan Jesús” comentó a Medina Mora que trabajaba en coordinación con la DEA y tenía contactos con un agente mexicano –que resultó ser Jennifer–.
“Juan Jesús” pidió a Medina Mora y a Ramírez Mandujano que enviaran a la DEA y al FBI fotografías de los integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) que trabajaban en la SIEDO porque el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de que en la PGR “había filtración de información al narcotráfico”.
Cuando Medina Mora envió las fotografías, Jennifer, que en ese momento fungía como informante, comenzó a reconocer a los exmilitares y mandos de la PGR, entre otros a Fernando Rivera, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como los encargados de filtrar información a los hermanos Beltrán a cambio de pagos millonarios.
En la investigación, Jennifer dijo también que estos militares estaban coludidos “con gente de más arriba” y que tenían buenas relaciones en la Sedena. Ahora se sabe que los otros militares presuntamente vinculados a esta red de complicidades son los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas.
Las detenciones
El martes 15 el general Tomás Ángeles Dauahare acudió a la PGR a declarar. Horas más tarde, fue detenido por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Después se enteró que también estaban implicados Dawe González y Escorcia Vargas.
A los tres militares se les acusados de brindar protección a la organización de los hermanos Beltrán Leyva y a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el operador de los capos sinaloenses recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Los señalamientos contra los generales no sólo previene del testigo Jennifer, el mayor Arturo González Rodríguez también los acusa. Jennifer dice que ese oficial castrense espiaba al presidente Felipe Calderón y vendía armas a Los Zetas y al Cártel de Sinaloa (Proceso 1678).
González Rodríguez, el segundo testigo de cargo de los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas, aparece mencionado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 junto con el capitán Mateo Juárez como uno de los dos militares que proporcionaban información al Cártel de Sinaloa sobre las actividades del presidente Felipe Calderón dentro y fuera del país desde el interior de la Sedena.
Según el expediente citado y con base en las declaraciones de Jennifer, ambos militares, quienes formaron parte del equipo de seguridad del presidente, también informaban a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva sobre los operativos e investigaciones que realizaban las secciones Segunda y Séptima del Ejército.
Jennifer también relató que González Rodríguez y Mateo Juárez entrenaban a los gatilleros de los hermanos Beltrán Leyva, y que les vendían armas decomisadas por el Ejército a varios cárteles, sobre todo a Los Zetas. El mismo testigo dijo también que González Rodríguez reclutaba a militares y los habilitaba como sicarios de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el declarante, González Rodríguez, quien se desempeñó como integrante del Cuerpo de Guardias Presidenciales en el actual sexenio, comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa en 2006 a cambio de un pago de 100 mil dólares mensuales. El capitán Juárez, a su vez, era ayudante del mayor y también recibía remuneración por sus trabajos, dijo Jennifer.
Al arranque del gobierno de Felipe Calderón, Ángeles Dauahare fue considerado como un militar de amplias confianzas del titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván. Antes incluso de que el presidente Calderón diera a conocer a los miembros de su gabinete, se mencionaba al general Ángeles Dauahare como uno de los prospectos para la Sedena.
El 16 de septiembre de 2007, fue él quien encabezó la columna del desfile. Ese fue uno de los máximos honores otorgados por general Galván Galván a su amigo.
Aun cuando ya estaba retirado de sus actividades castrenses por su avanzada edad, se le vio cerca de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI a la Presidencia de la República.
A principios de este mes incluso participó en un foro organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí, donde criticó acremente las acciones de la administración calderonista contra el narcotráfico. Los familiares del general afirman que él no aspiraba a ningún cargo en el gobierno. Alejandro Ortega, abogado de Ángeles Dauahare sostiene que las imputaciones contra su cliente “son de oídas”.
Leticia Zepeda, esposa del general Ángeles Dauahare, dice que “lo traicionaron los suyos”; “el Ejército traicionó a mi marido. Galván Galván tiene muchos años de conocer a mi marido, él sabe que es inocente”.
Para Adriana Ángeles, hija del militar, la detención de su padre “tiene tintes políticos. Hay personas a las que les estorba, se ponen nerviosas, les pesa mucho mi papá. Eso nos queda clarísimo”, dice.
Consultada por Proceso el viernes 18, una fuente de la PGR que conoce bien el expediente del caso, afirma que la investigación contra los generales no es nueva y que recientemente el presidente Felipe Calderón ordenó reactivar la investigación tras recibir señales de Estados Unidos.
Comenta también que los militares detenidos no son los únicos implicados en la protección a narcotraficantes. “Hay muchos funcionarios de primer nivel referidos y muchos militares que aun están en funciones. El caso va para largo”.
–¿Cuál es el interés de Estados Unidos en este caso? –se le pregunta a la fuente consultada.
–La seguridad del país. Si el Ejército está infiltrado, el país está en riesgo ante el crimen organizado. Temen que haya un desgajamiento mayor del Estado Mexicano.